EL GOBIERNO PREPARA UNA LEY QUE PERMITA PRIVATIZAR TAREAS DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Vigilante jurado y policía, equiparados en pie de igualdad

Manuel Arias.Diario Progresista        

                                                       

Después de privatizar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, ahora le llega turno al Orden Público y la Seguridad. El Consejo de Ministros ha aprobado el informe presentado por el ministro de Interior, Jorge Fernández, sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que abre la puerta a transformar la seguridad ciudadana en un nuevo negocio privado. Además de permitir nuevas actividades a las empresas, el Gobierno establece la "complementariedad" entre seguridad pública y privada.

Sin complejos, como le gustaba alardear al anterior jefe de la derecha, el siempre recordado José María Aznar. El Gobierno pretende reforzar el papel de las empresas privadas de seguridad, abriendo la puerta –de par en par- para la transformación de una actividad tan tradicionalmente pública, como garantizar la seguridad, la vida y las propiedades de los ciudadanos convirtiéndolo en un lucrativo negocio para que sea explotado a conciencia por grupos empresariales.

El primer paso para sentar las bases de esta privatización es alterar el status tradicional que ambas entidades, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por una parte, y las compañías privadas de seguridad, por otra, mantenían desde 1992, cuando se aprobó  la normativa que regulaba los servicios privados de seguridad. En aquella Ley, se establecía la subordinación de lo privado a lo público. Ahora, el PP quiere poner en pie de igualdad los dos estamentos y establece la “complementariedad” en pie de igualdad, de un guarda jurado y un policía o guardia civil. Además, las empresas privadas tendrán acceso a las investigaciones y ficheros de la Policía, ‘en justa reciprocidad’ a que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan acceder a las investigaciones que realicen estas empresas.

Por si quedaba alguna duda, la reseña del Consejo de Ministros establece que “el nuevo texto incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y pública, considerando aquélla un recurso externo de ésta, mientras que la normativa aún vigente pone el acento exclusivamente en el principio de subordinación de la seguridad privada a la pública. En este contexto, los principios de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad constituyen los ejes rectores de esta nueva norma”.

Además, una vez establecida la equiparación, el ministerio de Interior, en su informe, establece lo que, a todas luces, parece anticipar una amortización de funcionarios públicos. Así, tras felicitarse por el extraordinario crecimiento que en los últimos años ha experimentado el sector privado, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011 y citados en el informe.

Tras recordar que estas cifras sitúan a  “España como uno de los países que lidera este sector”, el informe lamenta que nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la Unión Europea. Vamos, que blanco y en botella.

Nuevas "áreas de negocio"

Con la excusa de dotar de “mayor seguridad jurídica” a las empresas privadas, la nueva Ley, según el informe, fijará el ámbito material y la finalidad a la que sirve la seguridad privada y determina las actividades compatibles con las propias de la seguridad privada. Además, incorpora la investigación privada a las actividades de las empresas de seguridad y matiza el principio de exclusión de la seguridad privada en espacios públicos, excesivamente rígida y obsoleta. Traducido, los vigilantes jurados podrán actuar en cualquier lugar y podrán desarrollar labores de investigación, algo hasta ahora acotado a los servidores públicos.

Por si fuera poco, el informe señala, a título de ejemplo y no como enumeración exhaustiva, algunos de los nuevos negocios que se ofrecerán en bandeja de plata a las compañías privadas, detrayendo esta funciones, como parece obvio de unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que el informe, recordemos, juzga como excesivamente dimensionados.

Así, entre las nuevas actividades que la Ley permitirá realizar a las empresas privadas, además del amplísimo y nebuloso cometido ya citado de labores de investigación policial, figura la gestión y respuesta a las alarmas en domicilios y empresas, hasta ahora atendido por la Policía o Guardia Civil cuando el incidente podía cobrar alguna importancia, la vigilancia integral de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales y, como guinda, la vigilancia perimetral de las prisiones. Gracias al ministro Fernández, los barrios y urbanizaciones exclusivas ya podrán contar con su propia y exclusiva policía privada y, además, los malhechores arrestados en estas privilegiadas zonas, también podrán ser vigilados –caso de ser condenados a prisión- por estos cuerpos de seguridad privados.