SUMAR Y PODEMOS JUNTOS A LAS GENERALES ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
PROPUESTA DE EXIGENCIAS AL POSIBLE PRÓXIMO GOBIERNO DE AMPLIAS ALIANZAS
HASTA LOS COJONES DEL ASUNTO LUIS RUBIALES Y DE TODO EL SHOW
TIEMPO DE PESIMISMO (NO EXAGERAR LOS ADJETIVOS), TIEMPO DE ESPERANZA
SUMAR Y PODEMOS JUNTOS A LAS GENERALES ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
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27 de abril de 2020
INGRESO MÍNIMO VITAL vs. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Por Marat
1.-ASISTENCIALISMO SÍ, PERO DENTRO DE UN ORDEN
La oposición que ha mostrado la
Conferencia Episcopal Española al proyecto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que
pretende poner en marcha el Gobierno, aprovechando la crisis económica que ha
desatado el coronavirus puede, de entrada, llevar a muchos a presuponer que
hay una posición correcta y otra incorrecta en relación con la introducción de dicha
especie de Renta Básica, aunque sin pretensión de ser Universal (para toda la
población).
Veamos qué es lo que decía el
portavoz de la más alta instancia de los obispos españoles, Luis Argüello, sobre
el IMV. Adelanto ya que su oposición es al carácter “permanente” de la medida y no a su condición asistencial de
emergencia y para un tiempo dado. Guarden este detalle porque, más adelante,
acabará llevándonos a las auténticas razones de la oposición de la conferencia
Episcopal a la IMV.
"Es muy importante que las personas puedan ejercer sus capacidades
con un puesto de trabajo. La necesidad perentoria de una renta mínima en este
momento no debería ser una coartada para una especia subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el pensar
en poder tener un trabajo, desarrollar sus capacidades y en la relación con
otras personas"
Independientemente del tufillo
reaccionario, despectivo y de darwinismo social, tan querido por la
ultraderecha, que conlleva la expresión “ciudadanos
que vivan de manera subsidiada”, lo que propone la IMV de carácter
permanente es un subsidio- no nace de los derechos adquiridos a través del
trabajo, por lo que no es contributivo: no cotiza para una pensión de
jubilación contributiva-, del mismo modo que lo que practica la Iglesia Católica con su legión de
pobres, sostenida permanentemente por sus ONGs y Cáritas (desde 1957), es caridad. El IMV, al no estar ligado al salario que nace del trabajo, es un
acto potestativo del gobierno, una medida asistencial, caritativa si prefieren
mayor grado de crudeza, que puede ser anulada por otra decisión posterior del
mismo o de otro gobierno pero que, además implica un paso muy importante hacia
la perdida de conquistas sociales que la clase trabajadora logró arrancar en el
pasado al Estado capitalista con sus luchas. Para una mejor comprensión de lo
que significa el IMV sugiero la lectura de este
documento del Espacio de Encuentro Comunista (EEC), que explica con gran
acierto las implicaciones sociales del mismo
Aquí hay que hacer una salvedad
fundamental. El trabajador en paro o en activo (muchos salarios siguen siendo
de miseria, no digamos en la economía sumergida), el que no cobra desempleo,
porque se le ha agotado o nunca alcanzó la posibilidad de cobrarlo, no puede
permitirse el lujo de cuestionarse si es un subsidiado o no, no puede rechazar
una ayuda puramente asistencial, porque eso es la IMV, sea ésta laica y del
Estado o privada y religiosa. La primera obligación del ser humano es
sobrevivir, por muy humillante que sea recibir ese tipo de ayudas en una
sociedad en la que el dedo acusador que señala al “perdedor” ha asumido los
valores del éxito social, propios de la ideología dominante del capital,
incluso por parte de quienes pudieran mañana estar en la misma situación que
hoy desprecian y condenan.
Es habitual que la gran mayoría
de la gente busque confirmar sus propias posturas a partir de la negación de
quienes las atacan y, viceversa, que ataque determinados posiciones según quién
las defienda. Desafortunadamente el ser humano no ha evolucionado
intelectualmente demasiado desde que nuestros ancestros se bajaron de los
árboles.
Casi siempre los puntos de vista
se sostienen más sobre cuestiones morales que sobre la corrección o
incorrección de los mismos en base al análisis de la realidad. Desgraciadamente
la opinión pública se construye no solo en base a la manipulación informativa
de todos los canales, oficiales y “alternativos” (“mi medio me miente mejor”), sino también
mediante toneladas de chorreante y viscosa moralina, esa elaboración propia de
curas y profesores de ética y tan del gusto en los últimos decenios de la mojigatería
beata y viejuna de la izquierda.
La interpretación de los hechos
sociales, políticos y económicos que no se corresponda con el análisis concreto
de la realidad concreta, y que no busque una explicación de los mismos en su realidad
material, en la realidad que se sustenta sobre el modo de producción capitalista, será una construcción puramente
ideológica, en el sentido que daba Marx a la ideología como “inversión de la
realidad”, como expresó en su obra conjunta con Engels, “La ideología alemana”.
2.- PELEA LAICO-RELIGIOSA POR EL
MERCADO DE LA POBREZA
La Conferencia Episcopal sangra por su herida. Es el carácter “permanente” del IMV lo que hace temblar
sus melífluas voces y sus carnes no endurecidas por el
trabajo.
Una ayudita temporal del Estado a
la ingente cantidad de nuevos pobres no le viene mal a la Iglesia. Tiene mucha tarea en su labor social. Con el coronavirus han crecido mucho más las
necesidades sociales que sus grandes recursos -tampoco es cosa de tirar de sus bienes
y propiedades sino de los ajenos-, obtenidos a través de los impuestos (7.191.387
declarantes marcaron con una X la casilla de asignación tributaria en su declaración
del IRPF en 2019) y de las donaciones ajenas, además de las exenciones del IBI
y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Nunca un Estado aconfesional
trató tan bien a una Iglesia, incluyendo los gobiernos “progres”, cuyos partidos
cacarean contra los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 en la oposición y mantienen
el “statu quo” cuando ocupan el Ejecutivo. Una cosa es que Jesucristo fuese
pobre y otra muy distinta que los obispos sean gilipollas, que no lo son.
284,4 millones de euros son los
que obtiene de modo directo la Iglesia Católica vía impuestos, sin contar con
la casilla de fines sociales en la declaración de IRPF. Estos mercaderes del
miedo a la muerte si no te pillan por un lado te pillan por el otro. Gente
inteligente. Cáritas recibió de esa cantidad (la de financiación directa de la
Iglesia), a través de la Conferencia Epsicopal, 6 millones de €, si bien tiene otras vías de financiación estatal, de
las Comunidades Autónomas y donaciones privadas.
Aproximadamente unas 30 ONGs católicas,
(el 35% del total de las ONGs que reciben subvenciones vía impuestos) incluyendo
Cáritas, recibieron en 2018 unos 115 millones de euros.
La Iglesia Católica tiene en el
país 48 hospitales que mantienen un concierto con el Ministerio de Sanidad en
eso que obscenamente se ha venido a llamar colaboración público-privada de la
sanidad, mientras se ha ido desmontando la sanidad pública. Ahora vemos sus
consecuencias en la escasez de recursos en los centros. Desconozco la cuantía
que se llevan los hospitales católicos con conciertos con el Estado pero
sospecho que la partida no será magra.
Sin embargo, la subvención de la
Iglesia Católica no se agota en estas cifras, ni mucho menos. Según Europa
Laica, “el
Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas
y exención de tributos once mil millones de euros anuales” lo que supone más
del 1% del Producto Interior Bruto”. No está nada mal para un país que
ha sufrido, después de Grecia, los mayores recortes sociales durante el
anterior período de la crisis capitalista.
Si una conclusión puede sacarse de
los datos del presente apartado es que la atención a la pobreza y la caridad
cristiana no consumen precisamente la mayor parte de los ingresos que la
Iglesia Católica recibe de uno u otro modo del Estado “aconfesional”, sino más
bien una fracción claramente menor.
Pero la “doctrina social de la
Iglesia”, con sus principios de “dignidad de la persona humana”, “primacía del
bien común” (concepto compartido por derecha e izquierda en una sociedad
dividida en clases y con intereses antagónicos), “principio de solidaridad”, “participación
social” –acompañados de los principios que dan una
de cal y otra de arena: “destino universal de los bienes y propiedad privada” y
“principio de subsidiareidad”-, son la coartada con la que la Iglesia Católica española pretende justificar su condición de subvencionada
permanente.
“¡Qué gran negocio son los pobres!”, escuché decir a un cura obrero
de Vallecas en un acto en el que participábamos ambos, organizado por una ONG
católica, dentro de la Campaña pro-Regularización de Inmigrantes de 1991, de la
que formábamos parte más de 100 organizaciones del Estado español. ¡Y qué
cierto es! Que se lo digan a las decenas de miles de licenciados en Trabajo
Social que han encontrado su empleo gracias a los pobres. En las partidas
destinadas a la erradicación de la pobreza hay que incluir los gastos en
Recursos Humanos e infraestructuras para su atención, además de centenares de
empresas que conciertan sus servicios con las ONGs para tal fin (incluyendo a
las ETTs que contratan, por míseros salarios, a quienes ofrecen en la calle la
posibilidad de hacerse socio de las mismas pagando una cuota anual). No parece que quede mucho para los menesterosos.
No dudo de que una parte de los
trabajadores sociales encuentren en su profesión una motivación ética y estén
convencidos de su utilidad para quienes viven las situaciones económicas más
precarias, del mismo modo que dudo mucho menos de la generosidad y buenas
intenciones de quienes hacen esta tarea voluntaria y gratuitamente, dedicando
parte de su tiempo libre, y muchas veces parte de su dinero, a ello pero no es
esa la cuestión.
Pero lo cierto es que la pobreza sigue creciendo en los países centrales del capitalismo. En ellos, los sectores de la clase trabajadora más castigados por la acumulación de las sucesivas crisis capitalistas van sumando golpes sobre sus ya deterioradas vidas. Y en los países en desarrollo y subdesarrolados la lucha contra la erradicación de la pobreza amenaza con ser tan dilatada en el tiempo como el viaje del PP hacia el centro político.
El mercado de la pobreza está en
disputa entre el Estado y la Iglesia Católica con la aparición de la IMV. Mientras el primero
busca sustituir sus obligaciones para con los parados (si no es capaz de garantizar
el trabajo para todos, su responsabilidad es dar una cobertura de desempleo ligada al trabajo y al salario y no una limosna en forma de raquítico subsidio
no contributivo que acabará llevando a una pensión no contributiva y de miseria), mediante una forma de asistencialismo (caridad) laico, la segunda teme que el
IMV permanente le quite gran parte de su “justificación” social y le arruine el
negocio.
Habrá progres que digan que es un
avance que la caridad se sustituya por la asistencia. Cráneos privilegiados los
suyos. Esperemos que no sufran un esguince cerebral, por el bien del cociente
intelectual de la humanidad. Lo que se sustituye es el término con el que se
designa a un mismo tipo de comportamiento, sea éste ejercido por el Estado o
por la iglesia Católica.
Cuando el Estado deja de vincular
una parte de las coberturas de desempleo, las no contributivas, y el IMV lo es,
al salario (al que estuvo ligado históricamente) y lo hace al 80% del IPREM (Indicador
Público de Rentas de Efectos Múltiples), que es la mitad del salario mínimo, y
cuando el IMV no cotiza para una pensión contributiva, es una mera ayuda,
bastante escasa. Esta nueva especie de renta básica dirigida a determinados colectivos
es asistencialismo, “humanitarismo”, limosna, caridad. No parece que ello haga
mucho por el sentimiento de dignidad del perceptor, por mucho que lo necesite y
que no le quede otro remedio que aceptarlo. Y, muy importante, es un paso
previo a la voladura de las pocas conquistas sociales de la clase trabajadora que
aún quedan en pie y que el capitalismo prefirió en su día llamar Estado del
Bienestar.
Es justo reivindicar que
todo tipo de cobertura de desempleo esté ligado al trabajo y al salario, con el
fin de que no sea una concesión "altruista" sino un derecho nacido del hecho del
trabajo porque, cuando el Estado capitalista no es capaz de garantizar empleo
para todos, es su responsabilidad cubrir nuestras necesidades. La nuestra es
trabajar, cuando dispongamos de un empleo, ya que nadie debe de vivir del trabajo
de otros. Claro que eso afecta al propio empresario, el cuál vive del trabajo
de quienes lo hacen para él a través de la plusvalía que obtiene de aquellos.
Mientras exista el capitalismo la
erradicación de la pobreza será, no una utopía, sino una quimera porque la lógica
del beneficio conlleva la desposesión y la concentración creciente de la
riqueza.
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18 de diciembre de 2017
¿HABLAMOS DEL PARO CON CINCUENTA Y TANTOS? A QUIEN CONMIGO VA (5)
Por
Marat
Oficialmente
hoy he vuelto al paro, tras unos 50 días de contrato de mierda, con
un salario aún más de mierda.
Eso
en una empresa que antes colaboró con la Púnica del PP, y fue implicada en tal investigación, que ahora
ha trabajado en una encuesta sobre salud para el ayuntamiento de
AhoraMadrid, en la que las 6 horas eran de suplicio al mando de una
histérica que solo sabía gritarnos mientras encuestábamos, con 15
minutos de descanso de unas pantallas que nos quemaban los ojos y
unos cascos que incrementarán nuestras deficiencias auditivas.
Eso
por 693 €, que intentaron dejar en 590 € a los entrevistadores
que nos habían ofrecido la primera cantidad, que no perdimos porque tuvimos la entereza de exigir lo que era nuestro. No me quejo. Hay mucha gente cobrando
menos y en una situación, por el momento, peor que la mía.
Cualquiera
que con más de 50 años esté trabajando en el sector que sea no
dejará de saber lo que es la sobreexplotación (explotación es lo
que sufre un asalariado por el hecho de serlo y dejar una plusvalía
al patrón).
Sé
que los que me quieren dirán con soy un imbécil por jugarme la
posibilidad de encontrar de nuevo un trabajo al denunciar esto, ya
que a estas alturas es muy fácil saber quién soy. Es fácil
identificarme, cierto, pero en mi hambre mando yo y aún me
respeto lo bastante como para callar. Al fin y al cabo tampoco daño
a mi imagen pública. No soy un progre de esos que traicionarán a la
clase trabajadora presentándose a las elecciones del Circo Estatal
Parlamentario (cargos de representación). No es que me limite a no
creer en ellos. Es que son, desde un análisis mínimamente realista,
la posibilidad de elegir entre las facciones que representarán a
nuestros explotadores. En todo caso, soy lo bastante mayor para saber
lo que hago y para no tener una moral de esclavo.
Pero
no es de mí de quien quería hablar. Según un informe del BBVA,
nada sospechoso de bolchevismo marxista, “casi
cuatro de cada diez desempleados del Estado español mayores de 50
años, en concreto el 39,2%, lleva buscando empleo cuatro años o
más” . No me verán ustedes, como pretende la noticia, enfrentar a mayores frente
a jóvenes. Unos y otros pertenecemos a la misma clase del agobio, de
los desheredados, de los que no importamos más que como cifra, de
los que no somos interesantes para el capital, de los que los
partidos naturales de éste esperan que no votemos y de los que
quieren heredar a esos representantes del poder burgués dicen que
somos gente, y no clase, e intentan convertirnos en su demagogia para
no cambiar nada de nada y pedirnos que sí votemos para ponerle cataplasmas a todo esto.
En
este trabajo he conocido a mujeres y hombres que me decían cosas
como “ya estoy en
los márgenes del mercado laboral”, “es lo que me queda”, “para
la gente de mi edad no hay mas que esto” o “tengo que pagar mi
alquiler o me echan. No tengo opción”.
Son mi gente. Y no por viejo. Los jóvenes, si no vais de
politólogos, frikis y niños rata o pijos, sois de mi banda. No hay
diferencia entre vuestro futuro y el nuestro, el de los viejunos.
Peleamos por sobrevivir.
Con
suerte, una parte de nosotros -¡qué importa los que se queden en el
camino hacia su limosna!- alcanzaremos los 400-450 € de paro para,
finalmente, los que hayan completado el tiempo suficiente de
cotización, tras haber enlazado muchos trabajos precarios, y
demasiado tiempo desempleados, lograr los 426 € de salario mínimo
de inserción.
Voy
a decirles algo a los simpáticos amigos progres del capital: esa
porquería que intentan vender como Renta
Básica Universal es una gran mentira, basada en el toma unos 400
€ y búscate la vida, ya sin coberturas sociales.
Lo
que los trabajadores de cualquier edad, jóvenes y mayores, hemos de
defender es la protección
frente al desempleo, el empleo estable, los salarios dignos y las
pensiones. Nos las hemos ganado con nuestras luchas por nuestra
dignidad,
nuestro futuro, el de nuestros hijos y, en muchos casos, el de
nuestros nietos. No es
nuestra tarea entrar al juego de la burguesía, como hacen los
vendedores de crecepelo para calvos y explicar cómo cuadraríamos
las cuentas sin expropiar al capital ni irritarle en exceso. Y dicho
esto, saber que lo que ayer conquistamos lo perdimos hoy y que nada
puede garantizar esas victorias como el gobierno de nuestra clase. Y
ese no lo obtendremos por las urnas ni la aceptación de las reglas
del juego parlamentario sino organizándonos para asaltar el Estado
burgués, destruirlo y crear uno de nuestra clase. Sin tribunos que
hablen en nuestro nombre ni representantes que pacten el nivel de
explotación que vamos a continuar consintiendo.
Y
mientras tanto, los pequeñoburgueses progres que digan que son
revolucionarios o lo que les apetezca, que adopten gatitos, besen
coles, peleen por acabar por el techo de cristal de las burguesas
profesionales que explotarán a las trabajadoras, mientras les piden
sororidad, o se dediquen a intentar justificar la prostitución como
libertad de la mujer oprimida.
Nuestro
papel como trabajadores es organizarnos, concienciarnos, formarnos y
establecer solo nuestra hoja de ruta, sin atender a cantos de sirena
como los anteriores o los de las patrias porque la lucha de los
explotados no conoce fronteras y quienes se las ponen son nuestros
opresores y sus cómplices, lleven el disfraz que lleven.
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7 de abril de 2017
LO QUE NO TE CUENTAN LOS “PROGRES” CUANDO HABLAN DE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL
Por
Marat
1.-De
repente, desde todos los rincones se empezó a hablar de Renta Básica
Universal
Hasta hace bien poco el debate
sobre la Renta Básica Universal (a partir de ahora RBU) se hallaba
limitado a determinados sectores de la “izquierda”, esa que desde
sus evoluciones ideológicas, a la que algunos hemos dado en llamar
los “progres”, sus publicaciones, ciertos ámbitos más o menos
académicos y poco más.
Cierto que en algún momento el
debate se hizo mucho más amplio y alcanzó a gran parte de los
medios de comunicación de masas -ya no tan de masas como hace
algunos años- porque
Podemos, el partido que emergió con fuerza en las elecciones
europeas de 2014, lo presentó como uno de sus temas estrella en su
programa de entonces. Y el impacto alcanzado desde entonces por dicho
partido le dio el impulso necesario para convertirse durante un
breve período en una cuestión de moda mediática, sobre todo porque
los medios masivos y los partidos de la derecha lo desecharon como
utópico y fiscalmente insostenible. Pero como Podemos
pronto lo abandonó, para sustituirla por una Renta Garantizada, ya
no Universal -intentar seguir el número de cambios programáticos
de este partido sí que es, no una utopía sino una quimera- el
interés de los medios y partidos por el concepto decayó de nuevo,
volviendo a quedar reducido a un ámbito poco más amplio del que
tenía primero.
Pero, de pronto, en las últimas
semanas el asunto de la
RBU ha vuelto a ser un tema recurrente y ampliamente tratado por los
medios de masas y no por algún ignoto éxito de comunicación
“progre”, aunque no faltarán intentos por parte de este sector
“ideológico” de reivindicar la paternidad de dicho “éxito”,
sino por algo que tiene mucha más notoriedad. La Cumbre de Davos
(el Foro Económico Mundial) de 2017, esa especie de asamblea anual
que reúne a los principales líderes económicos y políticos
mundiales, junto con sus pléyade de intelectuales y expertos a
sueldo, ha decidido apadrinar esta cuestión, considerándola como
una medida necesaria, aplicable y quizá inevitable. Scott Santens,
fundador del Economic
Security Project expuso la idea en
la web oficial del Foro Económico Mundial. No sé a ustedes,
pero a mí que la crème
de la crème del
capitalismo mundial se vuelva, de repente, tan generoso me escama y
es el motivo por el que he querido compartir con ustedes este
artículo que ahora escribo.
Quizá debamos comenzar por
tratar de ver más allá en cuanto a lo que realmente hay detrás de
la RBU y por explorar la orientación político-ideológica de sus
diferentes promotores.
2.-¿Qué
hay detrás de la RBU?
Los diferentes partidarios de
la RBU destacan de ella la necesidad de dotar a los “ciudadanos”
(la población en general) de un ingreso permanente que haga frente
tanto al desempleo
crónico y estructural como a
la desaparición de millones
de empleos en los próximos años por efecto de la digitalización y
la robotización. Según un estudio conjunto de Citibank
y la Universidad de Oxford, el 57% de los empleos en los países de
la OCDE puede desaparecer en los próximos años
La RBU se presenta así como
una apuesta contra la pobreza, tanto de quienes sufren la
lacra del desempleo como de quienes no la sufren pero tienen unos
empleos con salarios que les sumen en la pobreza.
Sus defensores insisten en la
eficacia de la medida por ser un ingreso que se
recibe “ex ante” y no “ex post”,
como hasta ahora los diversos subsidios contra el desempleo, así
como otras ayudas y prestaciones, a cuya gestión pública se acusa
de ineficaz, burocrática y condicionada a una serie de
requisitos, con el fin de comprobar que los destinatarios de los
mismos son realmente quienes los necesitan. El Estado actuaría
como proveedor de la RBU y sustituiría a dichos subsidios.
Pero, además de presentarse
como un medio para combatir la pobreza, se alude a la RBU
como un medio para
garantizar la libertad de la gran mayoría de la población
porque, en palabras de uno de sus más
conocidos defensores,
Daniel Raventós, “quien
no tiene la existencia material garantizada no es libre”.
De
este modo, el individuo cobra
autonomía porque se hace responsable de su propia vida y del uso que
haga de esa renta.
Es
importante señalar que la RB sería, para sus postulantes,
Universal,
por cuanto la recibirían todas las personas, desde que nacen hasta
que mueren. El objetivo sería extender la RBU para todos los
habitantes del mundo. En
palabras del historiador Rutger Bregman, uno de sus promotores, autor
de “Utopía para
realistas”, donde
da a conocer esta forma de prestación universal, “la
obtendrían todos: ricos y pobres”
Así mismo es individual,
pues la recibe cada persona, independientemente de que sea hombre,
mujer o niño, si bien en diferente cuantía según su edad. No está
ligada, por tanto a un hogar o núcleo familiar. Es igualmente
independiente del estado civil o de las propiedades e ingresos que
tengan otros miembros de la familia del beneficiario.
Según el sector “progresista”
de los promotores de la RBU, está sería incondicional; es
decir, que se recibiría sin depender de condiciones previas, tales
como aceptar o no un empleo remunerado u otras cuestiones. También
será independiente de tener o no empleo, ingresos, ahorros o
propiedades, sean éstas en la cuantía que sean. No obstante, entre
su corriente de derecha, a la que más tarde me referiré, hay
quienes plantean esta prestación como posible complemento a otros
ingresos de la ligados al salario o al
autoemprendimiento de la personas. Ello afecta, en la práctica,
la incondicionalidad de la RBU.
Derivado de lo anterior, cabe
extraerse que no existe un acuerdo entre la comunidad de
partidarios y promotores de la RBU en cuanto a que el carácter de
ésta sea suficiente para permitir mantener por sí mismo un
nivel de vida digno. Para los “progresistas” debe serlo pero
no parece que sea así para los sectores más declaradamente
liberales y conservadores.
No voy a entrar en el debate
sobre la viabilidad financiera o no de la RBU porque eso me llevaría
a jugar en campo ajeno, debatiendo no de los presupuestos políticos
subyacentes en la misma sino de otra cuestión muy distinta -lo que
hay detrás de la propuesta de la RBU-, que quienes son partidarios
de aquella no parecen estar tan interesados en discutir de un modo
abierto y claro.
Pero, aunque no voy a debatir
sobre si es posible o no mantener la sostenibilidad financiera de la
renta básica, sí quiero entrar en la idea de ahorro de los
subsidios tildados de ineficaces para combatir la pobreza y de
burocratizados en su gestión.
Los señores Raventós,
Arcarons y Torrents, en un artículo titulado “La
renta básica incondicional y cómo se puede financiar. Comentarios a
los amigos y enemigos de la propuesta”, publicado
en Sin Permiso, de la que el señor Raventós es uno de sus más
destacados responsables, y en el blog de la Red de Renta Básica,
apuntan algunas vías sobre cómo financiarla. Me detendré en la
primera de ellas.
En el cuadro 1 de dicho
artículo presentan un conjunto de prestaciones o subsidios, bajo el
epígrafe de Ahorros. Luego entenderemos porque lo denominan así.
Incluyen, entre otros, los siguientes subsidios:
-
Pensiones
-
Prestaciones de desempleo
-
Subsidios de exclusión social
-
Becas
-
Subsidios y ayudas a la familia
-
Subsidios y ayudas a la vivienda
-
Clases pasivas del Estado
Junto
con otros conceptos que no se exponen por
ser de cuantía menor, el montante total en este cuadro es de 92.222,
26 millones de euros. Hay que reseñar que las cifras
correspondientes a dichas prestaciones se corresponden con los
perceptores de los mismos que disponen
de rentas superiores a los 10.000 euros anuales que no tenían
obligación de hacer declaración del IRPF por la baja cuantía de
sus ingresos. Aclaran los autores del artículo que la RBU “sustituye
toda prestación pública monetaria de cantidad inferior”
(a la cuantía mensual de la RBU) y “deberá
ser complementada cuando sea inferior a la prestación pública
monetaria”. Pues
bien, la cifra de 92.222, 26 millones de euros es “ahorro” para
la RBU porque ésta sustituiría a las percepciones monetarias de
quienes están incluidos en dichos conceptos.
En
plata, para entendernos tras el enrevesado argumentario
financiero que el artículo emplea, lo que esto significa es, entre
otras cosas, que estaríamos
sacando a una parte de la población del sistema de pensiones y de
prestaciones por desempleo.
Eso sin contar con que lo mismo pasaría con el derecho a percibir
becas de estudios
y subsidios y ayudas bien a las familias, bien a la vivienda.
Para
entendernos más claramente, de un modo sibilino, se está dando un
espaldarazo al ataque a las pensiones que
hoy se está realizando desde los sectores favorables a su
privatización. Sacar de las prestaciones a sectores de población,
se
trate de quienes pertenecen al régimen contributivo o al no
contributivo de la Seguridad Social es ir restringiendo aquellas.
Las pensiones, junto con las
prestaciones por desempleo u otros subsidios como la Renta Mínima de
Inserción y las becas de estudios forman parte de las conquistas
históricas de la clase trabajadora, se han convertido en derechos de
tipo objetivo que, aunque hoy estén siendo atacados por el sistema
capitalista, la clase trabajadora debe defender y no aceptar que nos
los quieran ir desmontando incluso por la vía “progre”.
Aunque
Phlippe Van Parijs, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso,
fundador
de la Red Europea de Renta Básica, de la que preside su comité
internacional, uno
de los líderes del sector “progre” a nivel europeo y mundial de
la RBU, tiende a negar
que se vayan a eliminar prestaciones del Estado del Bienestar, lo
cierto es que en un artículo
publicado en 2013 en dicha revista señala lo siguiente:
“Un
escenario posible es que, a medida que vayamos tomando conciencia de
los fenómenos de la trampa de la dependencia creados por los
dispositivos condicionales y del coste administrativo de estos
complejos sistemas, iremos optando por una racionalización que
incluya una renta básica. (…)
Una vez adoptado un dispositivo de este tipo, tendríamos en marcha
todos los mecanismos para el pago de la renta básica y podríamos
empezar a suprimir progresivamente tal o cual prestación,
aumentando así la cuantía de la renta básica.”
No aclara cuáles son esas
prestaciones o “dispositivos condicionales” pero condicionales
son las coberturas de desempleo y las pensiones de jubilación.
Rutger Bregman, perteneciente a
ese sector “progre”, afirma:
[La
RBU] “sí,
sustituiría
cierta parte del sistema de bienestar (…)
habría una parte que conservar, como el sistema sanitario o la
educación. Hay una parte de la derecha que quiere que la renta
básica sustituya a todo el sistema del bienestar, pero no es esa
renta básica por la que yo apuesto. Yo la veo como el gran logro del
sistema de bienestar, como un complemento a la educación o sanidad,
cosas que ya tenemos. Pero sí podría sustituir programas de
subsidios o de distribución de ingresos que están muy condicionados
y muy burocratizados”.
Un liberal partidario de la
RBU, Santiago Niño Becerra, tiene la virtud de ser mas sincero en
las pretensiones de utilizar este tipo de prestación universal para
terminar de volar el Estado el Bienestar. Dice lo siguiente:
“El
sistema de pensiones que hemos conocido es insostenible, por ello, y
entre otras razones, se impondrá la renta básica: una
especie de ingreso medio que absorberá subsidios y pensiones y a
partir de aquí que cada cual se las componga como pueda".
Tal sinceridad es de agradecer porque permite desmontar algunas
de as
falacias y los intereses ocultos que hay detrás de la RBU.
En
roman paladino, ¿qué quedaría
del
maltrecho Estado del Bienestar por el que han peleado varias
generaciones de trabajadores a
medio plazo cuando se implantase la RBU?
Pues parece que la sanidad y la educación y
muy poco mas porque da la impresión de que las coberturas del
desempleo y otros subsidios al parado y las pensiones serían
sacrificadas o se irían extinguiendo para no redundar o inflar
excesivamente el gasto en la sostenibilidad de la nueva renta. Pero
si el argumento de ir eliminando determinadas prestaciones de
servicio a cambio de incrementar las cuantías de la RBU se plantea
de este modo, ¿qué impide que en el futuro desaparezca el carácter
público de la sanidad y la educación?
El
propio carácter universal, incluyendo que la recibirían perceptores
de todas las edades, refuerza la idea de un flujo monetario que
sustituiría a las prestaciones de tipo social.
En
este contexto se estaría pasando de la idea de prestación de
servicio entendida como derecho objetivo con una plasmación legal,
constitucional
y
colectiva a un derecho potestativo, que ya no contempla la gratuidad
de los servicios sino las prestaciones de tipo individual y la
responsabilización del individuo respecto a la satisfacción de
determinadas necesidades. Desaparece de este modo una forma de
salario indirecto para la clase trabajadora que ha sido durante
tiempo consecuencia de una conquista histórica para entrar en el ahí
te las compongas con el dinero que te damos. El pago de la RBU no
dejaría de ser una especie de caridad pública, eso sí laica, que
algunos presentan como complemento salarial,
lo que recuerda a fórmulas distintas pero no tan lejanas, como la
famosa mochila austriaca de Ciudadanos.
Cuando
se une la idea individualista en la gestión de la propia vida del
perceptor a partir del uso libre que él decida hacer con la RBU a la
insistencia en la ineficacia de los servicios de cobertura actuales y
a la burocratización que conlleva, uno no puede dejar de notar el
tufillo liberal, incluso minarquista o libertariano del Estado
limitado o Estado mínimo y lo menos intervencionista posible.
Afirma el sector “progresista”
de los partidarios de la RBU que ésta permitiría que los
trabajadores no tuvieran porqué aceptar trabajos de mala calidad o
mal retribuidos, por lo que su capacidad de presión en la
negociación de los salarios se vería incrementada. Pero esto es
discutible en los casos en los que la RBU tiene un carácter de
percepción complementaria. Cuando la RBU es demasiado baja -y 625 €
no son precisamente una cuantía elevada- puede suceder todo lo
contrario, que el trabajador, para complementarla se vea obligado a
aceptar empleos muy mal remunerados, careciendo de poder presión
real, lo que, en la práctica, se convertiría en una especie de
subsidio indirecto a las empresas, al permitirles incrementar la
presión a los trabajadores en paro para aceptar sueldos realmente
miserables con los que complementar la RBU. Puede muy bien suceder
que, en la práctica, la RBU se convirtiese en un medio de
institucionalizar la precariedad.
La
RBU se nos presenta como un sistema cerrado en el que su financiación
se sustenta en base a una profunda reforma del IRPF, en la versión
“progre” de Raventós, Domènech y Arcarons en la que todo lo que
entra sale en
una circularidad permanente.
Y, a la vez, es para ellos, el gran medio redistribuidor por el que
el
20% de la población más rica, los que
mucho dan poco necesitan (percepción más limitada de la cuantía de
la RBU) y los que poco dan, porque poco pueden (el
80% según Raventós),
mucho reciben (renta más cuantiosa).
Para
que los ricos y grandes capitalistas
aceptasen
grandes cotizaciones de IRPF habrían de obtener algún beneficio de
ello. Ya que la RBU que percibirían estaría muy por debajo de sus
cotizaciones, el interés de los señores de la Cumbre de Davos, de
muchos magnates de Silicon Valley y destacados CEO
de
grandes corporaciones multinacionales de la Nueva Economía ha de
estar en otro lado ¿Qué otro lado podría ser ese que el
de los nichos de nuevos mercados que se les abriría al privatizarse
los servicios públicos y ser sustituidos estos por la RBU para
evitar “redundancias de gasto”?
No
olvidemos que, para el capital, el beneficio es la base de su
existencia y que si éste no existe estamos ante la idea de gasto y
no
de capital productivo.
Conviene
desmontar las falacias que
se nos están contando por ahí acerca
de
la
RBU por lo que respecta a los exitosos experimentos de aplicación de
la misma.
En
el caso de Finlandia un
gobierno de coalición de derechas, el que está presente la extrema
derecha (Verdaderos Finlandeses), lo que se ha aplicado no es una RBU
sino
que se ha realizado una prestación a 2.000 parados (no a toda la
población en cualquier circunstancia laboral) una renta de 560 €
al mes (no es económicamente suficiente) durante un período de 2
años (no por tiempo ilimitado). Si
es cierto que es incondicional: recibirán, encuentren o no trabajo,
esa cantidad durante ese período limitado de tiempo pero no es
precisamente un sueldo Nescafé para toda la vida. De hecho, por su
escasa cuantía, su percepción limitada en el tiempo y su destino a
un colectivo de parados se parece más a una Renta Mínima de
Inserción, salvo en que durante ese período se seguiría cobrando,
aunque se encuentre trabajo, que a una RBU.
Llamativamente el experimento
finés se está haciendo en un contexto de recortes sociales en el
país y de debate social y político sobre la sostenibilidad de su
modelo de Estado del Bienestar.
El
caso de Alaska tiene de Universal el hecho de que lo recibe cada
habitante, trabaje o no e independientemente de su nivel de renta
(también es incondicional) pero se aplica en el Estado
norteamericano en el que menos desigualdad existe (por
lo que no parece destinado a paliar la pobreza),
incluso antes de la aplicación de su Renta Básica, es fluctuante en
cuanto a la percepción que se recibe porque, al estar ligado a un
fondo de inversión derivado de la industria petrolera (Fondo
Permanente de Inversión),
depende de los rendimientos que dicho fondo dé cada año y
se aplica en un territorio con muy poca población.
Veremos
cuál es la viabilidad de su Renta Básica cuando el petróleo de
Alaska se agote.
En
Kenia y en Namibia la están recibiendo colectividades pequeñas y
personas
especialmente pobres,
por lo que no es universal, durante un período de tiempo (en Kenia
por 10 años). En realidad están más cerca de subsidios a la
pobreza que de una RBU.
3.-
¿De dónde nace la RBU y
cuál es su ideología de
fondo?
Puestos
a buscarle paternidades, a la RBU le salen padres y antecedentes
hasta de debajo de las piedras. De
Tomás Moro a Thomas
Paine,
una especie de “liberal progresista” que
buscaba nivelar la desigualdad sin cuestionar la propiedad; de Josep
Charlier, un humanista que creía en la necesidad de legitimar la
propiedad privada de los
medios de producción, facilitando
el sostenimiento económico
de los trabajadores, a Milton Friedman, padre de la gran embestida
neoliberal de Tatcher y Reagan y mentor de las barbaridades
económicas de los Chicago Boys chilenos durante la dictadura de
Pinochet; de Antoine
Augustin Cournot,
un economista de la escuela marginalista, experto
en el análisis matemático y estadístico de la oferta y la demanda,
a James Tobin, un economista keynesiano -para entendernos,
un liberal intervencionista- asesor de la Fundación Ford, de varios
presidentes norteamericanos y de la Reserva Federal de dicho país;
del
“socialismo ético” de Fichte a
la política conservadora británica Juliet Rhys-Williams, y
tantos y tantos otros, ninguno cuestiona la propiedad. Tienen
en común el hecho de que ligan la libertad a la propiedad. Si acaso
su fundamento ético consiste en que la propiedad tenga una cierta
distribución o redistribución que impida la existencia de pobres,
lo que limitaría la base de sus fundamentos liberales, en la medida
en la que esa libertad no sería universal y para todos los seres
humanos.
Se me dirá, quizá, que se
trata de una propiedad que permita los medios de subsistencia. Pero
en el fondo, la discusión real no está ahí -en la idea de asegurar
los medios de existencia- sino en que el pensamiento subyacente
detrás de esa ligazón de libertad y propiedad para todos está en
la idea de colar de rondón la legitimación de la propiedad privada
de los medios de producción y su consecuencia, el sistema
capitalista. Y eso por mucho que algunos liguen la idea de la RBU al
concepto de “post-capitalismo”, cuando en realidad lo que no
quieren hablar es de sociedad socialista sino post-industrial, en la
que muchos países centrales del capitalismo llevan ya algunos
decenios instalados.
Para
entendernos, la RBU no es la negación de la propiedad privada
de los medios de producción, ni del capitalismo, sino
el bálsamo que impida los
estallidos sociales, consecuencia del incremento del paro estructural
durante el viaje del sistema productivo capitalista hacia la
digitalización y la robotización que ya se está produciendo desde
hace años. Y de paso, acelerar el desmonte del Estado del Bienestar
hacia un Estado que recuerda a las Leyes de Pobres de Inglaterra y
Gales pero en su aplicación más moderna y centralizada, para
convertir sus servicios de gasto en beneficio para el capital
productivo, como la que se
produjo en el Reino Unido a partir del siglo XIX. Pero
eso sí, en versión laica, estatal y revestida de argumentos pobres
y dignificadores de la persona. Todo muy moderno.
Y
en esto el llamado republicanismo moderno o democrático de tinte
progresista no se diferencia sustancialmente del oligárquico y del
liberalismo más de derechas. La ligazón libertad-propiedad en al
que se asienta la RBU no cuestiona el orden capitalista, ni la
propiedad privada de los medios de producción, por mucho que algunos
de ellos quieran presentarse
dentro de la corriente de un
“marxismo analítico”,
que es el menos marxista de todos los marxismos, porque niega la
dialéctica, que es la esencia de la razón revolucionaria marxista.
Se travisten a
la
medida de sus objetivos. Pero
lo cierto es que alguno de
ellos como Phlippe Van Parijs, al que se presenta como libertario de
izquierda, es en realidad, por la distorsión anglosajona
del término “libertario”, un libertariano (anarcocapitalista) en
su versión “izquierda”. Ésta
fue inaugurada en su día por
Murray Rothbard, uno de los fundadores del Partido Libertario en
Estados Unidos y partidario del acercamiento a la Nueva Izquierda
-comeflores, para
entendernos- de ese país en
cuestiones como el activismo y lo sociocultural.
Situar
al ser humano fuera de los
antagonismos de clase,
desproveerle de su sentido colectivo y embridarle en su necesidad de
lucha transformadora, mediante una ligazón individual a un Estado
que se libera de todos los compromisos que en su día reflejaron las
conquistas arrancadas por las lucha de la clase trabajadora, es
el objetivo inconfesado de la RBU. Sea en su versión de liberales de
derecha o de liberales de izquierda, la jugada es clara: acabar de
desarmar a la clase trabajadora, en un momento de gran confusión
ideológica y de penetración en el campo de esa cosa que ya no es ni
izquierda política y que ha devenido simplemente “progre”. Pero
eso sí, atendiendo al aparentemente diverso mercado político con un
argumentario que, en cualquier caso, pretende devolvernos al siglo
XVIII en cuanto a carencia de derechos sociales pero revestido de
libertad, emancipación y mucha robótica. Por
ese motivo, lo suyo no es la igualdad real, imposible mientras los
capitalistas sean los dueños de los medios de producción y el
Estado su representante de clase, porque impondrán su ley, sino la
mera igualdad de oportunidades liberal, la cuál jamás se ha
cumplido tampoco en la práctica dentro del capitalismo porque la
desigualdad es la base, por mucha RBU que nos vendan.
4.-
¿Qué líneas
deben
defenderse desde una posición
de clase?
Cuando hablo de defender una
posición de clase me refiero a la trabajadora porque la otra clase,
la capitalista, tiene muy claros sus interés, su programa político
y social y sus objetivos.
En primer lugar la defensa del
empleo que pasa, ineludiblemente, por el reparto del empleo, lo que
significa trabajar muchas menos horas para trabajar más personas. Y
no se trata de justificar nuestra exigencia de trabajo desde ninguna
demostración de viabilidad de la reducción de la jornada laboral.
Ese es el problema de los patrones. En cualquier caso, ellos saben
que es técnicamente posible porque la incorporación de
equipamientos tecnológicos permite elevar la productividad.
Junto a lo anterior, es
necesario defender salarios dignos, por el mismo argumento que acabo
de dar, incluso trabajando menos horas.
A
su vez, es necesario defender todas nuestras conquistas históricas
que aún continúan vigentes dentro del mal llamado Estado del
Bienestar porque son nuestras, las arrancamos con nuestras luchas y
las de quienes nos precedieron y no son, en absoluto, una concesión.
No habrá mejor defensa que
pelear por ampliarlas, bajo la amenaza de que su sistema se
desestabilice en caso contrario.
Y,
por supuesto, exigir que ya que el Estado capitalista y la clase a la
que representa no nos reconocen nuestro derecho al empleo con el que
ganarnos el pan, proteja a los parados
con prestaciones dignas, suficientes y por el tiempo que sea
necesario, mientras no nos saquen del desempleo.
No debemos olvidar que para
responder a todo ese desafío es necesario organizarnos como clase,
al margen de los intereses de quienes defienden el sistema
capitalista actuando como flautistas de Hamelín. Y por supuesto,
combatir ideológicamente a este tipo de vendedores de peines para
calvos.
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