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SUMAR Y PODEMOS JUNTOS A LAS GENERALES ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
PROPUESTA DE EXIGENCIAS AL POSIBLE PRÓXIMO GOBIERNO DE AMPLIAS ALIANZAS
HASTA LOS COJONES DEL ASUNTO LUIS RUBIALES Y DE TODO EL SHOW
TIEMPO DE PESIMISMO (NO EXAGERAR LOS ADJETIVOS), TIEMPO DE ESPERANZA
SUMAR Y PODEMOS JUNTOS A LAS GENERALES ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
8 de febrero de 2014
FRONTEX, LOBBISMO Y PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE FONTERAS
Durante los últimos años, la agencia ha asumido mayor autonomía
y ha ampliado su capacidad de decisión en lo que se refiere a los operativos de
control de las diversas fronteras. El presupuesto inicial de la agencia fue de
seis millones de euros, mientras que en 2013 contó con más de noventa millones
de euros para financiar su actividad. La autonomía de la que dispone le permite
tener capacidad de decisión en cuanto a las investigaciones, proyectos y
operaciones que desarrolla. Estas operaciones están financiadas directamente
con fondos públicos provenientes de de la Unión Europea y la
agencia es la que elige a los proveedores y recomienda a la Comisión Europea
y a los estados miembro, las empresas indicadas pera desarrollar las
estrategias de control. De este modo, FRONTEX actúa de nexo entre los estados
miembro y la industria privada dedicada al sector de la seguridad.
El director ejecutivo de FRONTEX, Ilkka Laitinen, un antiguo
guardia de fonteras finlandés, también es miembro del consejo asesor de la Security
and Defense Agenda (SDA), un
lobby integrado por grandes empresas de seguridad e I+D como Eads, Thales o la
española Indra. Paralelamente, estas mismas empresas forman parte de la Organización Europea para la Seguridad (EOS), un lobby formado por más de 30
empresas y cuya presidencia fue asumida recientemente por Santiago Roura,
director general de Indra.
ALTA SEGURIDAD
El lobby EOS organizó en Bruselas durante 2012 una mesa redonda
sobre alta seguridad. El objetivo principal del encuentro era discutir de qué
manera una política industrial europea de seguridad integrada podía dar
soporte, con garantías de éxito, a la aplicación de la Estrategia de Seguridad
Interior de la UE
y aumentar la competitividad de la industria europea de seguridad. Según la EOS el éxito del evento no tan
solo “demuestra la voluntad de la Comisión Europea
y el Parlamento Europeo de colaborar con el sector privado para la puesta en
práctica de la política de la UE
hacia una sociedad más segura, sino también el apoyo al desarrollo de una
industria europea más fuerte, basada en el liderazgo en tecnología y la
creación de puestos de trabajo para impulsar el crecimiento económico”.
Entre los invitados destacados el Comisario de Industria de la Unión Europea , el
Italiano Antonio Tajani, y la
Comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Cecilia Malmström.
Como responsable de las políticas migratorias de la UE , Malmström criticó la
efectividad de las cuchillas de la valla de Melilla en 2013, pero aseguró que “respetan totalmente la legalidad europea”.
Al evento asistió
el actual Director de Desarrollo de FRONTEX, Erik Berglund, autor del informe Necesidades identificadas por
FRONTEX. El informe, publicado en 2008 en la página de la Comisión Europea ,
defiende que las fronteras deben permanecer abiertas para el comercio y la
circulación de las personas y cerradas para las actividades criminales, entre
las que incluye la denominada “inmigración
ilegal”. El informe también explica brevemente el programa EUROSUR.
PROGAMAS DEL FRONTEX
Durante el encuentro de 2012 se discutió ampliamente el programa
EUROSUR, presentado por la UE
el 22 de octubre de 2013 como respuesta pública al naufragio masivo de
Lampedusa ocurrido diecinueve días antes. El anuncio de este nuevo programa
produjo titulares como “EUROSUR entra en
vigor para evitar tragedias como la de Lampedusa” o “EUROSUR: nuevas herramientas para salvar las vidas de los inmigrantes”.
El programa EUROSUR es el nuevo Sistema Integral de Control de Fronteras
Exteriores de la UE.
Consiste en un sistema de vigilancia e intercambio de
información diseñado para que los miembros de la red (FRONTEX y estados
miembro) puedan compartir en tiempo real, datos relacionados con las fronteras
a través de sus centros de coordinación nacional. Uno de los objetivos
fundamentales de EUROSUR es evitar la entrada de migrantes y refugiados a la UE a través de un proceso de
externalización de fronteras. Este proceso financia proyectos de colaboración
como el Plan África español, mediante el cual la UE ha implementado sistemas de vigilancia en las
costas de Mauritania o Senegal y ha establecido una red de Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE) en países del norte de África.
La mesa redonda sobre alta seguridad también contó con la
participación de Antonio González Gorostiza, miembro de la EOS y director de protección
de infraestructuras críticas de la empresa Indra. González Gorostiza fue
coordinador del proyecto Perseus, formado
por FRONTEX y multinacionales como Indra y Eads. El programa Perseus,
actualmente en fase de demostración, es un sistema de vigilancia e intervención
de la zona prefonteriza del Mediterráneo mediante una red de sistemas de alta
tecnología. Entre los años 2007 y 2013, el programa Perseus contó con un
presupuesto de 43 millones de euros para la fase de desarrollo. Este
financiamiento provino del FP7: Séptimo
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE. El FP7 es una
iniciativa destinada a financiar proyectos de investigación y desarrollo que se
publicita como una inversión en el desarrollo humano. Las subvenciones se
conceden siguiendo un “proceso de
convocatoria de propuestas y evaluación por expertos” y el presupuesto
otorgado por la
Comisión Europea proviene de fondos públicos. A través del
FP7, la UE
financia proyectos de investigación que se acaban traduciendo en sistemas de
control y favorecen a las grandes empresas que se encargan de la investigación
y su desarrollo posterior.
El FP7 ha financiado, entre otros, los proyectos integrales de
vigilancia e interoperabilidad fronteriza Seabilla,
desarrollado por las empresas Selex, Eads, Thales, TTI Norte e Indra, con un
presupuesto de quince millones de euros; Talos,
desarrollado por TTI Norte y la Industria Aeronáutica
de Israel (IAI), con un presupuesto de 3,9 millones de euros; y Operamar, desarrollado por Thales, Indra y Selex, con un
presupuesto de 669.000 euros. Varios de estos proyectos de I+D aparecen como
referencia en el documento de trabajo de la Comisión Europea ,
publicado en enero de 2011, sobre determinación de la estructura técnica y
operativa del programa EUROSUR y la determinación de las medidas que se deben
adoptar para su puesta en funcionamiento. En este documento se hace referencia
a Perseus, Talos y Operamar afirmando que “estos proyectos han comenzado a dar
los primeros resultados, que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de
EUROSUR. El ministro de interior español Jorge Fernández Díaz mostró la
detención de una patera como parte de los primeros resultados de las pruebas
del proyecto Perseus durante una presentación pública realizada en Madrid el 24
de septiembre de 2013.
Durante el foro organizado por la EOS González
Gorostiza reconoció públicamente la intención de la Comisión Europea
de concluir la fase de investigación de Perseus, Talos y Operamar para poder
continuar con la fase de implantación. A finales de 2013, Thales, Amper, Eads y
las empresas españolas Indra y GMW han sido adjudicatarias de contratos con
diversos ministerios de interior de países de la Unión Europea para
el desarrollo del programa EUROSUR. El programa contará con un presupuesto de
244 millones de euros para el periodo 2014-2020.
EL PRESIDENTE DE LA
CEOE SE ENRIQUECE CON LA VALLA DE MELILLA
El presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, afirmó en unas
declaraciones a la cadena Cope en julio de 2012: “abrimos las puertas al
exterior y, durante una serie de años alrededor de medio millón de no nativos
entraron en España anualmente. Esto fue un problema y hoy, visto con
perspectiva, se ve claramente”. Estas declaraciones produjeron titulares en la
prensa como: “Abrir el país a los inmigrantes cuando el paro era del 8% fue un
problema” o “La inmigración agravó el problema del paro”.
El mismo Joan Rosell preside el fondo de capital riesgo Miura
Private Equity desde el año 2008. Bajo su presidencia la compañía adquirió a
mediados del año 2009, el 60% de la empresa de seguridad Proytecsa, encargada
del diseño y la instalación de la valla tridimensional de Melilla y del
mantenimiento del perímetro fronterizo. La remodelación de la valla llevada a
cabo en 2006 por las empresas Indra y Sallén supuso una inversión de veinte
millones de euros.
Consejo asesor de Miura
Private Equity. Joan Rosell al centro de la imagen.
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Según la información publicada en la página web de FRONTEX, el 8
de octubre de 2013 partió un avión desde el Estado español con destino a
Ecuador y Colombia haciendo escalas en Italia y Bulgaria. El coste de la
operación fue de 310.000 euros. En el vuelo viajaban personas sin permiso de
residencia para permanecer en el territorio de la UE. Lo que FRONTEX denomina
operaciones de retorno conjunto es un proceso de deportación masiva. Cuando un
país miembro de la UE
decide organizar un vuelo de deportación, informa a la agencia y ésta coordina
el vuelo junto al resto de países participantes. El avión partirá del país organizador
y hará escala en los países participantes antes de aterrizar el en país al que
se realiza la deportación.
En relación a los casos de devolución, expulsión y extradición,
el artículo 19 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la UE
expone un único punto que afirma: “Se
prohíben las expulsiones colectivas”. El Convenio Europeo de Derechos
Humanos en su protocolo número 4 expresa: “Quedan
prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”. Aún así, el
documento que establece el Fondo Europeo para el Retorno de la UE del período 2008-2013
justifica la deportación masiva al declarar: “Teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida en virtud
del protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, solo las personas que
son objeto de órdenes de expulsión individuales podrán ser retornadas a través
de operaciones de retorno conjunto, que pueden recibir financiación en virtud
de la presente decisión”. De esta manera un tecnicismo burocrático permite
la práctica de la deportación masiva en Europa.
Estos vuelos de “retorno
conjunto” son financiados por FRONTEX, según lo publicado en la página web
de la agencia. Al final del texto explicativo sobre este tipo de operaciones se
aclara: “Los gastos cubiertos por FRONTEX
pueden variar, ya que también se pueden utilizar otras fuentes de financiación
para los vuelos de retorno, por ejemplo, el Fondo Europeo para el Retorno”.
EL FONDO
EUROEO PARA EL RETORNO
El Fondo Europeo para el Retorno financia el Plan de Retorno
Voluntario, promovido por el Estado español como un plan de ayuda económica a
migrantes que desean volver a su país de origen de manera voluntaria.
En mayo de 2012 la Organización
Internacional de las Migraciones y la Cruz Roja ,
organizaciones encargadas de desarrollar parte el Plan de Retorno Voluntario,
anunciaron la suspensión del programa debido a la falta de recursos y la
existencia de una lista de espera constante de cerca de setecientas personas.
En las revisiones económicas de los programas de retorno
publicadas por el Ministerio de Interior español, la cifra total de gasto para
el año 2012 superó los 26 millones de euros. Durante ese año, el Estado español
invirtió más de tres millones de euros de este presupuesto en gastos de
manutención de personas detenidas en Centros de Internamiento de Extranjeros,
un millón de euros en costes de asistencia sanitaria de personas detenidas en
CIE, en trámite de retorno, dos millones en dietas de funcionarios en misión de
escolta durante procesos de deportación forzada y once millones de euros en
gastos de de viaje de las personas deportadas y en la gestión de los vuelos de
deportación. Ese mismo año el Ministerio adjudicó un contrato de once millones
de euros a las empresas Air Europa y Swift Air para un “servicio de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de
ciudadanos extranjeros y de funcionarios públicos entre distintos puntos del
territorio nacional y desde éstos a otros países”.
Dentro del artículo 6 sobre acciones comunitarias, del documento
que establece el Fondo Europeo para el Retorno, se indica como uno de los
destinos del presupuesto el “soporte, elaboración y actualización regular, en
cooperación con la Agencia
(FRONTEX), de un manual común de buenas prácticas en materia de retorno,
también en relación a los acompañantes”.
En diciembre de
2013, la agencia FRONTEX publicó en su página web el Código de Conducta para
las operaciones de retorno conjunto. El artículo 6 referente a las medidas
coercitivas, prohíbe el empleo de sedantes para facilitar la expulsión salvo en
casos de emergencia para garantizar la seguridad del vuelo. Las operaciones de
retorno conjunto gestionadas por FRONTEX forman parte de una estrategia para
abaratar los costes de los procesos de deportación, además de anular la
posibilidad de resistencia de las personas deportadas mediante el uso de
sedantes y la presencia exclusiva en los vuelos, de tripulación, personal
médico, agentes de FRONTEX, policía y personas deportadas.
LA VENTA DE HISTORIALES CLÍNICOS, LA GUINDA DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG:
La información que
les hago llegar este sábado es especialmente grave por lo que implica. No se
trata sólo de que la venta de historiales clínicos constituya un ataque
demoledor al derecho a la privacidad de los pacientes clínicos, lo que, en
muchos casos, podría afectarles de forma muy lesiva a sus relaciones con el
mundo, sino de que dicha cesión a entidades privadas puede facilitar que tanto
empresas a la hora de contratar como mutualidades médicas utilicen dicha
información de forma muy discriminatoria, decidiendo las empresas quiénes son
susceptibles de integrar sus plantillas, en un mundo en el que el trabajo se ha
convertido en un bien tan escaso, o a quienes aceptar la solicitud de contrato
de una póliza sanitaria, por parte de las aseguradoras privadas de salud, en
función de sus previsiones de coste-beneficio por paciente. Ello es
especialmente grave cuando la sanidad pública está siendo destruida y saboteado
por una derecha con más que demostradas conexiones con intereses privados.
Por último, y en
relación con el último párrafo del artículo, en el que se amplían a “gobiernos
socialdemócratas” las responsabilidades en el diseño de las políticas liberales
en materia de sanidad es necesario aclarar a quien hace estas declaraciones, una
responsable de ATTAC, que socialdemócratas no son los partidos autodenominados
socialistas, como el PSOE. Éste y sus partidos hermanos europeos son
social-liberales, algo bastante más a la derecha de la socialdemocracia.
No seré yo quien
rompa una lanza por la socialdemocracia pero viniendo el término de ATTAC en la
que abundan los socialdemócratas, al menos en España, resulta llamativo. Con
alta frecuencia la expresión socialdemócrata se ha utilizado más como
descalificación política que como término definitorio de unas ideas y de una práctica
política “sensu stricto”.
Socialdemócratas
en la actualidad son, en Francia el Frente de Izquierdas, en Grecia Syriza, por
mucho que guste autodefinirse como izquierda radical, en España el PCE e IU y
en general las opciones en las que están organizaciones a la izquierda de los
Partidos Socialistas (PPSS), en muchos casos Partidos Comunistas (PCs), se
autodefinan como lo hagan. Lo son por sus programas políticos y por su acción
política, en aquellos espacios que no son los Estados centrales en los que
gobiernan.
La
socialdemocracia no podrá gobernar con programas socialdemócratas, en el caso
de que alcance los gobiernos centrales, porque un programa tal exige un pacto
con el capital de paz social a cambio de beneficios para la clase trabajadora
pero hoy el capital ni quiere ni necesita tal pacto. Y sin pacto social, un
intento de reformas progresistas está condenado al fracaso, al giro a la
derecha o a su radicalización, lo que supondría ya una política distinta a la
socialdemócrata al necesitar romper las reglas políticas del juego que imponen
las constituciones capitalistas y el poder económico, al modo en el que ha
sucedido en Bolivia o en Venezuela, por ejemplo.
Este tipo de
aclaraciones políticas suelen servir de muy poco porque los lectores y el público
en general carecen de la base formativa necesaria para entenderlas y porque se
llega a las lecturas con posiciones ya muy prefijadas, lo que hace que se interpreten
con filtros distorsionantes, pero es necesario seguir haciéndolas en un
contexto de tan graves carencias de cultura política.
Sin más, les dejo con el artículo aludido.
La venta de historiales clínicos, la
guinda de la privatización sanitaria
Toni
Martínez. La Marea
Los datos médicos de los pacientes británicos podrán
venderse y comprarse a partir de marzo. El pasado mes de mayo,
el diario The Guardian publicaba
una información en la que adelantaba los deseos del Gobierno británico de mercantilizar los historiales
clínicos de los usuarios de la
Sanidad pública. Además, la información ya
apuntaba a uno de los posibles compradores, la empresa aseguradora Bupa.
Esa venta incluirá información sensible acerca de las visitas al hospital, los
tratamientos psiquiátricos de
los pacientes, las estancias en los centros y datos personales como el código postal, sexo, edad y situación económica de los pacientes, según avanzaba The Guardian el pasado domingo.
Esta situación ha provocado la señal de alarma entre los
defensores del sistema nacional público de salud por las implicaciones que
podría tener en España. De hecho, la consultora
PricewaterhouseCoopers (PwC)
en su informe Diez temas candentes para la sanidad española en 2013,
ya dedica un apartado específicamente al open data en
salud.
En el informe de PwC, se asegura que “la liberación de los datos que se generan en el sector de la salud y
su reutilización, generarán beneficios para proveedores, pagadores,
administración, ciudadanos e investigadores”. En este sentido concluyen que
“la información debe estar disponible
como un todo y a un coste razonable” y apela a que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial”.
La comercialización de los historiales clínicos será posible
desde que se ponga en marcha un nuevo programa para facilitar
la historia clínica electrónica a todos los centros de salud y
hospitales del Estado. Se trata de uno de los ejes principales del Ministerio
de Sanidad, que ha hecho suya una de las demandas recurrentes de las aseguradoras privadas.
En junio del año pasado, la ministra Ana Mato ya anunció que había que asegurar
que los médicos dispongan de todos los datos de cada paciente, “venga del servicio que venga”.
El anuncio preocupa desde entonces a los defensores de la
salud pública y a los colectivos que velan por la protección de datos
personales. Si las empresas privadas acceden a datos hasta ahora considerados
confidenciales, pueden comprobar las enfermedades preexistentes de sus asegurados,
estimar los riesgos que presentan y valorar su rentabilidad, un cálculo que
incide directamente en la cuota de su póliza.
La interrelación entre la asistencia pública y privada ya es
un hecho. Hasta ocho hospitales de la red pública tienen como proveedores de
servicios sanitarios a empresas como Adeslas, DKV, Sanitas y Asisa, tal y como
recuerda el portavoz de CASMadrid, Ángel Navarro: “Ya se están filtrando datos de la salud de los ciudadanos,
y esto puede ser peligroso porque se pueden usar por parte de las empresas”,
asegura. En este sentido, Navarro explica que “la intención es que las mutuas
patronales acaben gestionando las bajas del sistema público de salud y ahora
los datos estarían en sus manos”.
España, como Inglaterra
Los defensores de la Sanidad pública alertan del peligro de que se
exporte el modelo británico también en este sentido. Vicente Losada, de la
plataforma auditoria ciudadana de la deuda No debemos no pagamos, sostiene que “el proceso que se está dando en el Estado
español es una reproducción literal del
proceso de privatización que se dio en el Reino Unido, con
consecuencias terribles”.
Para
Losada, “no es baladí que en Inglaterra
se estén planteando vender las historias clínicas de los pacientes a las empresas
privadas ya que uno de los grupos que está haciendo más presión es el Fórum PPP
(Public-Private Partnership), que hace cinco años llegó a España”.
Por
ahora, en el caso de las derivaciones en España, las clínicas privadas no
tienen el historial médico. La única información de la que disponen es el
nombre y apellidos del paciente y su DNI. Cuando le hacen una prueba
diagnóstica, le entregan en mano los resultados, aunque ya hay casos en los que
se envían al médico, lo que hace sospechar que se manejan más datos de los
pacientes.
Carmen Esbrí, del Observatorio de Servicios Públicos de la
organización ATTAC, critica el informe de PwC: “Es de una gravedad enorme ya que quieren clasificar a los
individuos como en una fábrica”. A su juicio, “está clarísimo que el trazado del modelo
que tenemos ahora está muy definido por los sucesivos gobiernos (incluso en
los socialdemócratas) porque esto no
hubiera irrumpido de manera violenta si no se hubiera permitido con leyes
anteriores”.
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