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18 de mayo de 2018

LA CLASE TRABAJADORA PUEDE TOMAR LA INCIATIVA EN LA LUCHA SI SE ORGANIZA

Por Marat
Tras un período de larga sequía en la que los conflictos eran particulares, específicos de empresas concretas y circunscritos a colectivos limitados en su número, hemos ido viendo cómo ha ido multiplicándose su número, aumentando el número de sus afectados y participantes y generalizándose de un modo amplio.

Mucho antes hubimos de pasar por el sarampión ciudadanista, inclusivo y desclasado de los sectores menos concienciados en la lucha de clases. Acabamos de pasar el séptimo aniversario de un 15M que se ha ido convirtiendo en huérfano de padres y defensores.

Luego habría de llegar su subproducto, Podemos, que de prometer asaltar los cielos acabó por convertirse en una nueva alternativa, junto con Ciudadanos, de intercesores para el mantenimiento del status quo político legitimador del sistema capitalista.

El 8M del feminismo de la sororidad de todas las mujeres, independientemente de la clase social a la que unas y otras perteneciesen, logró un éxito mediático y solo parcialmente ideológico pero de escasa repercusión en su capacidad de convertir su pretendida huelga en una paralización del país. Su resultado final es la conversión del feminismo burgués en un intento fallido de enfrentamiento de sustituir la lucha de clases por la de géneros -la lucha de clases está volviendo a llenar las calles y a parar centros de producción- y a generar un enfrentamiento interno del todas contra todas: trans contra sectores feministas y viceversa, partidarias de legalizar la prostitución contra partidarias de abolirla, partidarias de la gestación subrogada contra enfrentadas a la venta de sus úteros,...Desde la realidad del caos actual de un feminismo que no es capaz de resolver sus propias contradicciones, la afirmación de que “la revolución será feminista o no será” empieza a ser tan cierta como la esperanza de que la revolución sea televisada, salvo que no sea revolución sino involución y que, no esté protagonizada por la clase trabajadora sino por su vieja enemiga, la burguesía.

En otro plano identitario, el de las patrias, el procés catalán va llegando hasta sus últimas consecuencias, las de su regresión ideológica hacia la xenofobia, el supremacismo y el ridículo de ver cómo los pretendidos procesistas de izquierda son solo nacionalistas que ponen toda cuestión de clase al servicio de un bien superior: el de la burguesía que dirige el proyecto hacia la supervivencia de los miembros de la misma instalados en las instituciones que les han permitido acumular capital por la vía de la acumulación por desposesión y de la autosubvención institucional.

Por mucho que intenten los defensores del independentismo catalán lanzar balones fuera sobre el agotamiento de su procés en base al nacionalismo español centralista y reaccionario lo cierto es que los intereses de clase de unos y otros se acercan mucho más de lo que se separan cuando votan juntos PdeCat, PP, Ciudadanos y PNV para defender el sagrado derecho a la propiedad de la vivienda o cuando PP y PdeCat lo hacen para evitar una legislación que incremente el control sobre los partidos (la corrupción no se toca. Cada territorio es un cortijo de quien lo controla) o cuando lo hacen directamente para proteger al corrupto . No tiene sentido continuar señalando casos que demuestran hasta qué punto una cosa es la bandera, tras la que hacer formar a sus mesnadas, y otra muy distinta la cartera.

Pero la realidad se impone.
Los expertos y gurús económicos del capital ya no discuten sobre la llegada de la próxima crisis. Su s únicas divergencias son las de cuándo llegará y si su efecto será mayor, igual o menor que la fase actual de la que dicen los gobernantes que estamos saliendo y que no es sino una fase más de la que se inició con la crisis de acumulación del pasado siglo, en 1973 y que no ha hecho otra cosa que replicarse en fases sucesivas como una gran matrioska que crece exponencialmente.

A pesar del optimismo que vende el gobierno del PP y de los últimos 4 años de fabricación mediática de ilusión, solo comprada por los sectores con capacidad de recuperar ciertos niveles de consumo, lo cierto es que la crisis capitalista ha dejado un coeficiente de Gini relativo a los índices de desigualdad económica realmente calamitoso en comparación a las fases de recuperación de los distintos momentos de esta crisis sistémica que se acerca a los 50 años de existencia.

No es de extrañar que esto suceda cuando el precio de la vivienda nueva se ha disparado ya por encima de 2007, año clave en la conformación de la burbuja especulativa, cuando las viviendas de alquiler han subido una media de un 7,8% según cifras del mes de abril, en ciudades como Madrid, cuando los sueldos (lo que los marxistas llamamos salario directo) continúan congelados, salvo en algunas grandes empresas y para los empleos de cualificaciones medias-altas, cuando la capacidad adquisitiva de las pensiones (el salario diferido) ha caído, como mínimo, cuatro puntos desde 2010, cuando siguen los recortes en Sanidad y Educación (salario indirecto). Estas son las previsiones de recortes de “los presupuestos más sociales de la historia”

Renace la conciencia de lucha pero aún desarticulada
Quienes pensaban que la clase trabajadora y su capacidad de intervención en medio del escenario general había desaparecido para siempre -progres posmodernos y liberales- deberán hacer un cierto acopio de paciencia y esperar un poco más, del mismo modo que los partidarios de mil identidades contrapuestas entre sí y los de las patrias. Aún queda aire dentro recinto que tantos sueñan cerrado para enterrar la lucha de clases. Ésta ni siquiera nace de la conciencia política sino de la necesidad de supervivencia física de una clase social que, como en tantos momentos de la historia, debe pasar su propio Rubicón para conocerse a sí misma.

De esa falta de conciencia para llegar a ser parte su debilidad. De la explosión de mil necesidades perentorias de supervivencia y del fin de la rabia contenida nace su potencialidad. Como clase, aúnen sí, necesita comprender que bajo el capitalismo, y de un modo agudo, en su fase senil actual, basada en la rapiña de lo que en el pasado conquistaron los trabajadores, ya no hay posibilidad de componendas. El futuro de capital y de trabajo está en saber qué clase aniquilará a la otra pero eso es parte de un largo camino por recorrer.


En ese año aparecieron, en medio de múltiples luchas laborales, algunos protagonistas:
  • Los portuarios como sector histórico y muy organizado pero encapsulado en su capacidad de generar emulación en sectores de la clase trabajadora.
  • Las camareras de piso en hoteles, las Kellys, trabajadoras con gran capacidad de irradiación en sus luchas respecto a la idea del “orgullo de clase” y a la realidad de muchas otras mujeres trabajadoras precarias (obreras manuales, limpiadoras de hogar, cuidadoras de niños, ancianos y dependientes, la mayoría no regularizadas).
  • Los trabajadores de algunos sectores ligados a la los niveles menos cualificados de las TIC (Tecnologías de la Comunicación y la Información) que en las plataformas externalizadas de servicios de bancos, seguros, proveedores de servicios de telecomunicaciones, exigían una mejora de sus condiciones laborales y salariales.
  • Algunos sectores amenazados con la desregularización, como el del taxi, en el que cabe distinguir asalariados de empresas y pequeños autónomos por un lado y flotistas por el otro, atacados todos, pero de distinto modo, por los tiburones de Cabify y de Uber, entre otros.
Entre el final de 2017 y el momento actual de 2018 surgen nuevos conflictos, no todos situados en el marco de trabajadores activos y ocupados (la lucha de los pensionistas es clave por su relevancia, su capacidad de enfrentamiento al gobierno actual del capital y su resistencia) pero en el que su aparición en escena señala el fin del antiguo Estado welfarista (del Bienestar) y de su voluntad/capacidad de regulación del marco laboral:
  • Los anteriores protagonistas de los conflictos del pasado año que, por tiempo, seguirán entre nosotros batallando por sus derechos.
  • La ya citada pelea de los jubilados, nacida del agotamiento del sistema de financiación de las pensiones del Pacto de Toledo. La característica de este conflicto es que sus dirigentes se sitúan al margen del sindicalismo de concertación, que son la generación que protagonizó la lucha por la democracia durante la transición y que conforman un colectivo dirigente bien cohesionado y con capacidad de iniciativa y resistencia. Su riesgo está en agotarse si no doblegan a medio plazo al goberno.
  • Los trabajadores de plataformas de servicio y desregulación de las relaciones laborales: Amazon, Glovo o Deliveroo. Comprenden bien la pérdida de derechos que significa trabajar para esas nuevas formas de esclavitud y están dispuestos a la lucha. Falta en ellos la resolución y la capacidad de resistir un conflicto en el que puedan resistir vitalmente. Requieren una caja de resistencia especialmente fuerte y una conciencia del derecho a relaciones laborales establecidas que no les tienten al permanente nomadismo en la búsqueda de empleo. Ello debilitaría su lucha.
  • La lucha aún no reconocida públicamente de los empleados de la administración ante el mayor ERE de la historia. Entre 700.000 y 900.000 de ellos pueden perder sus empleos. Su potencialidad de conflicto requiere de componentes de experiencia y compromiso. Necesitan autoorganizarse y llegar a ser auténtica fuerza de presión, más allá de sí misma. Su riesgo es ser divididos por las competencias autonómicas o la relevancia numérica de lo que cada colectivo afectado representa a la hora de negociar.
  • Pero estén atentos porque su propia necesidad de supervivencia y su número pueden llevarles a hacer historia, si saben sortear las trampas que pronto les llegarán, entre ellas las de los sindicatos que nunca les defendieron pero que, escarmentados de su derrota en la batalla de las pensiones, están tomando posiciones
  • De momento, así fue el jueves 17 de Mayo ante la Asamblea de Madrid (parlamento regional)

Necesidad de organizar la lucha como respuesta frente al capital y su gobierno de turno:
Si algo define al conjunto de los colectivos de trabajadores emergentes o en fase de perdida de conquistas sociales es la precarización creciente de sus condiciones laborales y la desconexión de sus luchas que en gran medida se producen frente al viejo modelo de estabilidad, ya rechazado por el capital ,de los sindicatos del pacto social.

La correlación de fuerzas actual, la desorientación de las organizaciones que dicen ser de clase, no permiten proyectar pasos demasiado avanzados respecto a éxitos o siquiera estabilidades de lo conquistado en el pasado. Ese tren ya partió hace mucho tiempo, aunque muchos, por pereza intelectual o la profesionalización institucionalizada del conflicto -o en su condición de apagafuegos-, pretendan hacer creer que puede lograrse otras cosas.

Incluso los pasos modestos, si son sólidos, pueden significar grandes avances frente a los límites con los que se encuentra actualmente la lucha de clases desde el lado de los trabajadores.

Avanzar en una solidaridad de cada grupo de trabajadores con los de otros en combate es una necesidad imperiosa. Hay que superar el nivel de las declaraciones públicas para acoger en la pelea de cada sector obrero las de otros compañeros de clase implicados en parecidas circunstancias frente al capital. Es necesario superar los recelos y temores a que el aliento a una lucha ajena le dé tal protagonismo que oscurezca la propia. Si la acción del apoyo mutuo implica a todos, no desdibuja el protagonismo de cada reivindicación sino que lo fortalece al hacerle aparecer ante nuestros enemigos de clase reforzado por un frente común.

Es necesario desencapsular cada lucha parcial y particular de un entorno que le es limitado. Salvo el caso de los pensionistas, porque son muchos años y, sobre todo, porque todos aspiramos a alcanzar esa condición, el resto de las luchas carecen de los conflictos laborales y, de forma más general, planteados desde la clase trabajadora y sus necesidades, carecen de la capacidad para generalizarse. Por sí mismos no pueden hacerlo, requieren superar su inmediatez y la reivindicación propia del grupo afectado para convertirse en un bandera bajo la cuál puedan reconocerse otros muchos miembros de nuestra clase. Se trata de hacer ver qué hay más allá de una reivindicación concreta que permita que muchos más se reconozcan en ella.

Es necesario construir argumentarios que muestren que lo que en cada momento afecta a cada sector de trabajadores pronto lo hará a otros (desregulación laboral), que la situación de bajos salarios la sufre la gran mayoría de los empleados y no solo los que en cada momento reivindican su mejora, que las batallas ganadas en cada empresa son un acicate para otros que pronto se verán empujados a la pelea,....

La clase trabajadora necesita un rearme ideológico que pasa, inevitablemente, por percibirse a sí misma como un conjunto desde su condición de asalariada, de agredida por el capital y sus gobiernos y de necesitada de reivindicar sus derechos para no quedarse en un mero agregado estadístico (clase en sí) y ser dueña de su futuro. Y en el inmediato, antes de alzar el vuelo hacia otras conquistas superiores, la clase trabajadora necesita no solo pan sino respeto. No logrará éste último sin creer merecerlo.

Pero las ideas no viven sin organización. Entre los burócratas vendeobreros y la sospecha permanente y agresiva contra toda forma articulación de los trabajadores hay enormes posibilidades de coordinarnos y de dotarnos de formas organizativas flexibles pero eficaces, democráticas pero útiles para nuestros objetivos.

Pero ello exige compromiso, trabajo de quienes se impliquen en las tareas que en cada ocasión surjan. La democracia obrera en las relaciones entre compañeros exige la corresponsabilidad con lo que en cada momento se apruebe y el sacrificio personal antes que el medre particular.

Hay una contradicción esencial en cada combate de clase que no debe ser olvidado: si ante cada agresión del capital debe responderse de modo proporcional y, al menos tan contundente, como la amenaza potencial, es necesario el realismo que tiene en cuenta el nivel de enfrentamiento que en cada momento están dispuestos a asumir los afectados por dicha agresión.

En la tensión dialéctica de ambas cuestiones se encontrará el camino de la lucha en cada ocasión, siempre que se sea capaz de superar los obstáculos y no de convertirlos en imponderable para la claudicación.

Nada me queda por decir, salvo aquella alusión de Lenin a la célebre frase de Gohete: «la teoría es gris amigo mío, pero el árbol de la vida es eternamente verde».

10 de mayo de 2018

EL GOBIERNO BUSCA DESPEDIR DE LA ADMINISTRACIÓN ENTRE 700.000 Y 900.000 TEMPORALES INTERINOS. EL MAYOR ERE DE LA HISTORIA.

NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG

Reproduzco a continuación el texto elaborado por el Área de Movimiento Obrero del Espacio de Encuentro Comunista (EEC). La gravedad del ataque contra un amplio sector de trabajadores de las administraciones públicas me obliga a ello, sin añadir ninguna otra consideración por mi parte. 


EL GOBIERNO BUSCA DESPEDIR DE LA ADMINISTRACIÓN ENTRE 700.000 Y 900.000 TEMPORALES INTERINOS. EL MAYOR ERE DE LA HISTORIA.
Área de Movimiento Obrero del ESPACIO DE ENCUENTRO COMUNISTA (EEC)
En septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta una sentencia que reconoce que los trabajadores temporales interinos tienen derecho a indemnización en caso de extinción de contrato al igual que los trabajadores del sector privado.

La llama la encendió una extrabajadora interina del Ministerio de Defensa que denunció la exigencia de una indemnización por despido objetivo como el resto de trabajadores. El caso de esta trabajadora no es el único. Hay más de 700.000 trabajadores en esta situación, un tercio de ellos con una antigüedad superior a seis años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido con esta sentencia que los diferentes gobiernos estatales y autonómicos han estado durante años contratando en fraude de ley, encadenando nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada, que en realidad son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en la directiva 99/70/CE sobre trabajo de duración determinada. No se han convocado las plazas en el plazo que la ley lo exigía, por lo que ha dado lugar a un aumento de los trabajadores temporales frente a los fijos. Entre 700.000 y 900.000 trabajadores temporales están contratados en fraude de ley.

Por ello, dicho tribunal insta a que la ley española incluya más elementos disuasorios para evitar esta temporalidad, y expresa que los funcionarios interinos que encadenen fraudulentamente este tipo de contratos podrán ser considerados trabajadores indefinidos no fijos. La sentencia señala que la condición de indefinido no fijo es una condición aplicable al personal funcionario y estatutario víctima de un fraude en su contratación por las Administraciones Públicas, sin que ello suponga el reconocimiento de una categoría nueva para este personal. También declara que el personal estatutario y funcionario que ocupa una plaza vacante durante más de tres años, incumpliendo el art. 70 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), está en situación de “fraude de ley” y puede ser declarado indefinido.

La sentencia señala así mismo que el fraude debe ser sancionadocon una multa de 100 millones de euros- para que se cumpla el mandato de la Directiva 99/70 de la UE, reconociendo a los funcionarios y estatutarios declarados indefinidos una indemnización de 20 días por año trabajado desde 2012, y de un máximo de 35 días en el caso de los trabajadores cuya relación contractual con la administración fuera anterior al 2012.

Las consecuencias económicas para la administración de esta sentencia son incalculables. De ahí las muchas objeciones que se pusieron para adaptar la directiva europea a la legislación española, ante una previsible avalancha de demandas por despido de trabajadores temporales de la administración.
La tasa de temporalidad de la administración se encuentra entre el 20% y el 40% que varía según los sectores. Esta alta tasa de interinidad genera la necesidad de regularización. De ahí el Acuerdo de Mejora de Empleo Público de 29 de marzo -actualmente recurrido- firmado por el gobierno y los sindicatos de concertación (UGT, CCOO y CSIF). Estos últimos sin consultar a sus bases, como de costumbre en decisiones de gran envergadura para los trabajadores, al amparo del artículo 19 de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) de 2017, pretenden convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante 3 años por personal temporal; es decir, plazas en situación irregular, por lo que no se reconoce el fraude de ley

Pero las trampas del Gobierno español no acaban ahí:
  • Por un lado, el gobierno y los principales sindicatos firmaron el acuerdo de estabilización de empleo, en el que el gobierno se compromete a convocar 250.000 plazas ocupadas interinos para convertirlas en fijas con personal más barato al que no hay que pagar antigüedad.
  • Por el otro, el gobierno hace presión en Europa para que el criterio de la nueva abogada general de la UE, que no reconoce el derecho a indemnización de interinos, salga adelante, dando el pistoletazo de salida para poner en marcha el mayor ERE de la historia de nuestro país y probablemente de la UE.
Con este plan de estabilización, lo que se pretende es despedir entre 700.000 y 900.000 interinos de todas las administraciones (estatal, autonómicas, locales...) muchos de ellos con más de 20 años en la administración, años que han estado a la espera de la convocatoria de su plaza, que nunca salía con la excusa de la crisis, y que ahora se pueden ver despedidos de forma fulminante y gratis, si al final se revoca la sentencia que reconoce el derecho a indemnización de los interinos en el caso de cese.

El plan de estabilización firmado entre gobierno y sindicatos de concertación esconde el mayor ERE encubierto de la historia de este país, superando los ya conocidos de Seat y Telefónica con 10.000 afectados en cada caso.

El impacto de este ERE va a tener consecuencias no vistas antes, no solo por cantidad de trabajadores que se va a ir a la calle gratis después de trabajar muchos años en la administración, sino que también se verán afectados los servicios públicos. Históricamente, en la administración la plantilla de trabajadores ha sido escasa, pero si echa a la calle a cerca de un millón de trabajadores, un tercio de todos los empleados públicos de este país, a lo que se le añade la amortización de plazas fijas por jubilación, abre dos vías que le vienen de perlas al gran Capital. Por un lado, el compromiso del estado español con la UE de reducir el Estado a la mínima expresión, para que la carga del pago de salarios a empleados públicos a través de los PGE no afecte por la vía del gasto a las rentas del capital, lo que generaría un gran ahorro a los más tienen, fundamentalmente empresas. Por otro lado, con la reducción por el Estado de la plantilla de la administración, los servicios de gestión y titularidad pública no estarían garantizados, lo que abriría la puerta a la gestión de esos mismos servicios desde el ámbito privado.

Para el Espacio de Encuentro Comunista (EEC), las exigencias que debemos plantear en relación a esta cuestión desde una posición de clase son claras:
  • En primer lugar, la defensa de todos los puestos de trabajo ahora amenazados en el conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) de los empleados temporales interinos. La defensa de estos puestos no solo tiene la importancia del mantenimiento del puesto de trabajo de los afectados, sino que también supone defender la estabilidad de los puestos de los empleos futuros en la administración. No debemos caer en la trampa de creer que lograr mañana un puesto en una administración, que continuará con la precariedad y el interinato en el empleo nos garantiza nada. La estrategia del Estado capitalista no será nunca la de garantizar el empleo estable entre sus empleados sino la de ir adelgazando la administración pública con el fin de que los servicios de titularidad y gestión pública que ahora desempeña su personal se conviertan en el futuro en un suculento negocio para el sector privado. Defender que los puestos en fraude de ley se conviertan en empleos fijos y consolidados hoy, es defender que lo sigan siendo mañana en futuras convocatorias de empleo público.
  • En segundo lugar, la exigencia de que el Gobierno español cumpla con la sentencia de Septiembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todas sus consideraciones.
  • En tercer lugar, la exigencia del reconocimiento de oficio por parte de la Administración del fraude de ley para todos los empleados públicos temporales, ya sean funcionarios, laborales o estatutarios.
  • En cuarto lugar, la exigencia de la suspensión inmediata de ofertas de empleo público y convocatoria de oposiciones que “incluyan plazas de estabilización”, hasta que las plazas que ocupan los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en fraude de ley no se regularicen.
  • En quinto lugar, la exigencia de la articulación de los mecanismos legales que permitan habilitar procesos de concurso de méritos abierto basado en el cómputo de la antigüedad como único criterio objetivo de valoración. Toda medida que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas -entre 700.000 y 900.000 trabajadores y trabajadoras- no será aceptada.
No es solo a un gran número de empleados públicos a los que se va a golpear con este ERE encubierto. Es a toda la clase trabajadora en su conjunto. Al adelgazar la administración se ataca al concepto de “salario indirecto” (el de los servicios públicos) de los trabajadores, dado que el funcionamiento de aquella con menor personal redundará en un empeoramiento de dichos servicios públicos, como ya se ha visto en sectores como la sanidad o la enseñanza, por citar solo dos ejemplos.
Igualmente, con este ERE encubierto se está atacando a nuestro “salario diferido” (las pensiones). Todos aquellos empleados públicos que pasen a engrosar las listas del paro verán disminuidos sus períodos de cotización para el cálculo de sus pensiones.

Ello nos lleva desde el EEC a plantear que la lucha por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de los empleados públicos que hoy ven amenazados sus puestos de trabajo no solo les concierne a ellos sino a toda la clase trabajadora en su conjunto.

Es necesario organizar esta lucha, ligarla solidariamente en un frente común con otros trabajadores de los sectores privados que ven amenazados sus empleos y con la pelea de los jubilados en defensa de sus pensiones, organizarse como clase para dar la batalla desde la clase, que el sindicalismo combativo y que las organizaciones políticas que se dicen de clase se impliquen en ella decidida y resueltamente, impidiendo que el “sindicalismo de pacto social”, así como los partidos reformistas, puedan pactar a espaldas de los trabajadores para rebajar los objetivos de esta lucha y consumar una nueva traición a cambio de nuevos favores para sus burocracias.


No os lamentéis, organizaos. Nos va la vida en ello.