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Mariano Rajoy quiere regular por ley los servicios mínimos.
Para ello ha encargado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se ponga
manos a la obra. El anuncio llega tras la huelga de limpieza en Madrid y el
pronunciamiento de algunos dirigentes del PP como la alcaldesa Ana Botella para
reformar la actual normativa. Oposición y sindicatos no han tardado en criticar
este nuevo recorte de derechos que califican de "reforma encubierta"
y de "ataque" a la actual legislación. También recuerdan que la ley
de 1977 ya regula los servicios mínimos bajo la premisa de que sean negociados
por los agentes sociales.
En una semana con el foco puesto en la ley de seguridad ciudadana que este viernes aprobará el Consejo
de Ministros (*)y que penalizará los escraches, el presidente del
Gobierno se descolgó este jueves con un nuevo recorte de derechos al anunciar
una ley de servicios mínimos para, según dijo, conciliar el derecho a la huelga
y el derecho a la libertad de los ciudadanos.
El debate ha surgido tras la huelga de limpieza en Madrid,
en donde, según el ayuntamiento, no se cumplieron los citados servicios
mínimos. Mariano Rajoy responde así a las peticiones de algunos dirigentes de
su partido, principalmente del PP de Madrid, que vienen meses pidiendo a la
claras que se reforme la Ley de Huelga, vigente desde 1977. Entre ellos, el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (antes
los hizo Esperanza Aguirre); la delegada del Gobierno, Cristina
Cifuentes; o la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha salido
muy tocada por la huelga de basuras en la capital.
Sin embargo, la Ley de Huelga ya regula el procedimiento a
seguir para fijar los servicios mínimos obligando a que haya un acuerdo, una
negociación entre los poderes públicos y los agentes sociales. Si el acuerdo no
es posible, es la Administración la encargada de dictar un decreto de servicios
mínimos que en la mayoría de las ocasiones son abusivos en opinión de los
sindicatos.
En la huelga general del 14 de diciembre de 2012 lograron
pactarse los servicios mínimos del transporte (Iberia, Renfe) vía negociación
con el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. Pero no siempre
se llega a un acuerdo. En la Comunidad de Madrid, el conflicto y descontento
social creciente por los recortes han imposibilitado en varias ocasiones pactar
dichos servicios que, incluso en algunos casos, han sido a posteriori
declarados ilegales por los tribunales.
Las reacciones no se han hecho esperar tras el anuncio de
Rajoy. Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez,
acusó al presidente de querer hacer una "nueva
ley de huelga encubierta", pero "no
tiene valentía para decirlo" y por eso ha anunciado una ley de
servicios mínimos.
La dirigente socialista ha recalcado que los servicios
mínimos "vienen regulados en la ley
de huelga" y ha subrayado que "no
es el momento" para abordar cambios en esta regulación. En su opinión,
el anuncio de Rajoy tiene que ver con las declaraciones de "su
alcaldesa" en Madrid, Ana Botella
Desde la Izquierda Plural también se han mostrado muy
críticos. El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los
Diputados, José Luis Centella, ha reclamado al Gobierno que "si quiere acabar con la Ley de Huelga,
lo diga claramente". En opinión de Centella, el Ejecutivo "está intentando acabar con las huelgas
y criminalizar la protesta" y se está "saliendo claramente del derecho constitucional a la huelga".
LOS SINDICATOS TAMPOCO LA VEN NECESARIA
Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores
más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo
Por su parte, los sindicatos tampoco ven oportuno el anuncio
de Rajoy. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, lo ha calificado de "un
claro ejercicio antidemocrático" y ha recalcado que no es partidario
de tal regulación ya que se trata de un "calentón" tras la huelga
protagonizada por los trabajadores de la limpieza y jardinería de Madrid.
"Legislar a golpe
de calentones y jaleado por los sectores más ultras de su partido no es la
mejor manera de buscar un acuerdo sobre la regulación de los servicios
mínimos", ha advertido Toxo al presidente del Gobierno. Así pues, CCOO
cree "muy inoportuna" la iniciativa del presidente del Gobierno y no
parece que obedezca a la voluntad del Ejecutivo de encontrar bases de acuerdo
con los sindicatos. "Más bien, hay
que inscribir la iniciativa de Rajoy en su obsesión por controlar y limitar
derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en un claro ejercicio
antidemocrático de la acción de Gobierno", recalcan.
El secretario general de CCOO, recuerda que el movimiento
sindical se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a discutir "en
frío" todo lo relacionado con los servicios mínimos, o lo que es lo mismo,
la necesidad de atender los servicios básicos de la ciudadanía ante la
convocatoria de una huelga general.
"Lo
que no vamos a aceptar son golpes de pecho y proyectos autoritarios más
preocupados por eliminar o entorpecer un derecho constitucional como el derecho
de huelga, que por pactar la conciliación de intereses ante un conflicto
laboral", concluye Toxo.
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha
calificado de "sorprendentes"
las declaraciones del presidente del Gobierno y afirma que no es
"prioritaria". Asimismo, UGT ha advertido de que cualquier regulación
de un derecho fundamental exigiría la participación de los interesados, en este
caso de los sindicatos, pues imponer este tipo de normas sería "claramente antidemocrático e ineficaz
socialmente".
El sindicato confía en que no se reproduzca el
comportamiento del Gobierno con la reforma laboral y ha tildado de
"desacierto" plantear reformas legislativas "en caliente",
en respuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los
problemas sociales provocados por "la
mala gestión de los poderes públicos". Por último, ha remarcado que
para conciliar los distintos intereses entre los diferentes afectados, en caso
de huelga que afecte a los servicios públicos esenciales, lo mejor es la autorregulación,
para lo que ha puesto como ejemplo la experiencia con el sector "tan
importante" como el de los transportes.
NOTA DEL EDITOR DE
ESTE BLOG:
(*) De momento, el anteproyecto de Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana ha sido demorada, oficialmente por
cuestiones “técnicas”, en ser enviada al Consejo de Ministros para el viernes
de la próxima semana. Sigamos con el rechazo a esta ley fascista de un gobierno
fascista.
