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27 de abril de 2020

INGRESO MÍNIMO VITAL vs. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA


Por Marat

1.-ASISTENCIALISMO SÍ, PERO DENTRO DE UN ORDEN
La oposición que ha mostrado la Conferencia Episcopal Española al proyecto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que pretende poner en marcha el Gobierno, aprovechando la crisis económica que ha desatado el coronavirus puede, de entrada, llevar a muchos a presuponer que hay una posición correcta y otra incorrecta en relación con la introducción de dicha especie de Renta Básica, aunque sin pretensión de ser Universal (para toda la población).

Veamos qué es lo que decía el portavoz de la más alta instancia de los obispos españoles, Luis Argüello, sobre el IMV. Adelanto ya que su oposición es al carácter “permanente” de la medida y no a su condición asistencial de emergencia y para un tiempo dado. Guarden este detalle porque, más adelante, acabará llevándonos a las auténticas razones de la oposición de la conferencia Episcopal a la IMV.


"Es muy importante que las personas puedan ejercer sus capacidades con un puesto de trabajo. La necesidad perentoria de una renta mínima en este momento no debería ser una coartada para una especia subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el pensar en poder tener un trabajo, desarrollar sus capacidades y en la relación con otras personas"

Independientemente del tufillo reaccionario, despectivo y de darwinismo social, tan querido por la ultraderecha, que conlleva la expresión “ciudadanos que vivan de manera subsidiada”, lo que propone la IMV de carácter permanente es un subsidio- no nace de los derechos adquiridos a través del trabajo, por lo que no es contributivo: no cotiza para una pensión de jubilación contributiva-, del mismo modo que lo que practica la Iglesia Católica con su legión de pobres, sostenida permanentemente por sus ONGs y Cáritas (desde 1957), es caridad. El IMV, al no estar ligado al salario que nace del trabajo, es un acto potestativo del gobierno, una medida asistencial, caritativa si prefieren mayor grado de crudeza, que puede ser anulada por otra decisión posterior del mismo o de otro gobierno pero que, además implica un paso muy importante hacia la perdida de conquistas sociales que la clase trabajadora logró arrancar en el pasado al Estado capitalista con sus luchas. Para una mejor comprensión de lo que significa el IMV sugiero la lectura de este documento del Espacio de Encuentro Comunista (EEC), que explica con gran acierto las implicaciones sociales del mismo

Aquí hay que hacer una salvedad fundamental. El trabajador en paro o en activo (muchos salarios siguen siendo de miseria, no digamos en la economía sumergida), el que no cobra desempleo, porque se le ha agotado o nunca alcanzó la posibilidad de cobrarlo, no puede permitirse el lujo de cuestionarse si es un subsidiado o no, no puede rechazar una ayuda puramente asistencial, porque eso es la IMV, sea ésta laica y del Estado o privada y religiosa. La primera obligación del ser humano es sobrevivir, por muy humillante que sea recibir ese tipo de ayudas en una sociedad en la que el dedo acusador que señala al “perdedor” ha asumido los valores del éxito social, propios de la ideología dominante del capital, incluso por parte de quienes pudieran mañana estar en la misma situación que hoy desprecian y condenan. 

Es habitual que la gran mayoría de la gente busque confirmar sus propias posturas a partir de la negación de quienes las atacan y, viceversa, que ataque determinados posiciones según quién las defienda. Desafortunadamente el ser humano no ha evolucionado intelectualmente demasiado desde que nuestros ancestros se bajaron de los árboles.

Casi siempre los puntos de vista se sostienen más sobre cuestiones morales que sobre la corrección o incorrección de los mismos en base al análisis de la realidad. Desgraciadamente la opinión pública se construye no solo en base a la manipulación informativa de todos los canales, oficiales y “alternativos”  (“mi medio me miente mejor”), sino también mediante toneladas de chorreante y viscosa moralina, esa elaboración propia de curas y profesores de ética y tan del gusto en los últimos decenios de la mojigatería beata y viejuna de la izquierda.

La interpretación de los hechos sociales, políticos y económicos que no se corresponda con el análisis concreto de la realidad concreta, y que no busque una explicación de los mismos en su realidad material, en la realidad que se sustenta sobre el modo de producción capitalista, será una construcción puramente ideológica, en el sentido que daba Marx a la ideología como “inversión de la realidad”, como expresó en su obra conjunta con Engels, “La ideología alemana”.

2.- PELEA LAICO-RELIGIOSA POR EL MERCADO DE LA POBREZA
La Conferencia Episcopal sangra por su herida. Es el carácter “permanente” del IMV lo que hace temblar sus melífluas voces y sus carnes no endurecidas por el trabajo.

Una ayudita temporal del Estado a la ingente cantidad de nuevos pobres no le viene mal a la Iglesia. Tiene mucha tarea en su labor social. Con el coronavirus han crecido mucho más las necesidades sociales que sus grandes recursos -tampoco es cosa de tirar de sus bienes y propiedades sino de los ajenos-, obtenidos a través de los impuestos (7.191.387 declarantes marcaron con una X la casilla de asignación tributaria en su declaración del IRPF en 2019) y de las donaciones ajenas, además de las exenciones del IBI y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Nunca un Estado aconfesional trató tan bien a una Iglesia, incluyendo los gobiernos “progres”, cuyos partidos cacarean contra los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 en la oposición y mantienen el “statu quo” cuando ocupan el Ejecutivo. Una cosa es que Jesucristo fuese pobre y otra muy distinta que los obispos sean gilipollas, que no lo son.

284,4 millones de euros son los que obtiene de modo directo la Iglesia Católica vía impuestos, sin contar con la casilla de fines sociales en la declaración de IRPF. Estos mercaderes del miedo a la muerte si no te pillan por un lado te pillan por el otro. Gente inteligente. Cáritas recibió de esa cantidad (la de financiación directa de la Iglesia), a través de la Conferencia Epsicopal,  6 millones de €, si bien tiene otras vías de financiación estatal, de las Comunidades Autónomas y donaciones privadas.

Aproximadamente unas 30 ONGs católicas, (el 35% del total de las ONGs que reciben subvenciones vía impuestos) incluyendo Cáritas, recibieron en 2018 unos 115 millones de euros.



La Iglesia Católica tiene en el país 48 hospitales que mantienen un concierto con el Ministerio de Sanidad en eso que obscenamente se ha venido a llamar colaboración público-privada de la sanidad, mientras se ha ido desmontando la sanidad pública. Ahora vemos sus consecuencias en la escasez de recursos en los centros. Desconozco la cuantía que se llevan los hospitales católicos con conciertos con el Estado pero sospecho que la partida no será magra.

Sin embargo, la subvención de la Iglesia Católica no se agota en estas cifras, ni mucho menos. Según Europa Laica, “el Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos once mil millones de euros anuales” lo que supone más del 1% del Producto Interior Bruto”. No está nada mal para un país que ha sufrido, después de Grecia, los mayores recortes sociales durante el anterior período de la crisis capitalista.

Si una conclusión puede sacarse de los datos del presente apartado es que la atención a la pobreza y la caridad cristiana no consumen precisamente la mayor parte de los ingresos que la Iglesia Católica recibe de uno u otro modo del Estado “aconfesional”, sino más bien una fracción claramente menor.

Pero la “doctrina social de la Iglesia”, con sus principios de “dignidad de la persona humana”, “primacía del bien común” (concepto compartido por derecha e izquierda en una sociedad dividida en clases y con intereses antagónicos), “principio de solidaridad”, “participación social” –acompañados de los principios que dan una de cal y otra de arena: “destino universal de los bienes y propiedad privada” y “principio de subsidiareidad”-, son la coartada con la que la Iglesia Católica española pretende justificar su condición de subvencionada permanente.

“¡Qué gran negocio son los pobres!”, escuché decir a un cura obrero de Vallecas en un acto en el que participábamos ambos, organizado por una ONG católica, dentro de la Campaña pro-Regularización de Inmigrantes de 1991, de la que formábamos parte más de 100 organizaciones del Estado español. ¡Y qué cierto es! Que se lo digan a las decenas de miles de licenciados en Trabajo Social que han encontrado su empleo gracias a los pobres. En las partidas destinadas a la erradicación de la pobreza hay que incluir los gastos en Recursos Humanos e infraestructuras para su atención, además de centenares de empresas que conciertan sus servicios con las ONGs para tal fin (incluyendo a las ETTs que contratan, por míseros salarios, a quienes ofrecen en la calle la posibilidad de hacerse socio de las mismas pagando una cuota anual). No parece que quede mucho para los menesterosos. 

No dudo de que una parte de los trabajadores sociales encuentren en su profesión una motivación ética y estén convencidos de su utilidad para quienes viven las situaciones económicas más precarias, del mismo modo que dudo mucho menos de la generosidad y buenas intenciones de quienes hacen esta tarea voluntaria y gratuitamente, dedicando parte de su tiempo libre, y muchas veces parte de su dinero, a ello pero no es esa la cuestión.

Pero lo cierto es que la pobreza sigue creciendo en los países centrales del capitalismo. En ellos, los sectores de la clase trabajadora más castigados por la acumulación de las sucesivas crisis capitalistas van sumando golpes sobre sus ya deterioradas vidas. Y en los países en desarrollo y subdesarrolados la lucha contra la erradicación de la pobreza amenaza con ser tan dilatada en el tiempo como el viaje del PP hacia el centro político.  

El mercado de la pobreza está en disputa entre el Estado y la Iglesia Católica con la aparición de la IMV. Mientras el primero busca sustituir sus obligaciones para con los parados (si no es capaz de garantizar el trabajo para todos, su responsabilidad es dar una cobertura de desempleo ligada al trabajo y al salario y no una limosna en forma de raquítico subsidio no contributivo que acabará llevando a una pensión no contributiva y de miseria), mediante una forma de asistencialismo (caridad) laico, la segunda teme que el IMV permanente le quite gran parte de su “justificación” social y le arruine el negocio.

Habrá progres que digan que es un avance que la caridad se sustituya por la asistencia. Cráneos privilegiados los suyos. Esperemos que no sufran un esguince cerebral, por el bien del cociente intelectual de la humanidad. Lo que se sustituye es el término con el que se designa a un mismo tipo de comportamiento, sea éste ejercido por el Estado o por la iglesia Católica.

Cuando el Estado deja de vincular una parte de las coberturas de desempleo, las no contributivas, y el IMV lo es, al salario (al que estuvo ligado históricamente) y lo hace al 80% del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), que es la mitad del salario mínimo, y cuando el IMV no cotiza para una pensión contributiva, es una mera ayuda, bastante escasa. Esta nueva especie de renta básica dirigida a determinados colectivos es asistencialismo, “humanitarismo”, limosna, caridad. No parece que ello haga mucho por el sentimiento de dignidad del perceptor, por mucho que lo necesite y que no le quede otro remedio que aceptarlo. Y, muy importante, es un paso previo a la voladura de las pocas conquistas sociales de la clase trabajadora que aún quedan en pie y que el capitalismo prefirió en su día llamar Estado del Bienestar.

Es justo reivindicar que todo tipo de cobertura de desempleo esté ligado al trabajo y al salario, con el fin de que no sea una concesión "altruista" sino un derecho nacido del hecho del trabajo porque, cuando el Estado capitalista no es capaz de garantizar empleo para todos, es su responsabilidad cubrir nuestras necesidades. La nuestra es trabajar, cuando dispongamos de un empleo, ya que nadie debe de vivir del trabajo de otros. Claro que eso afecta al propio empresario, el cuál vive del trabajo de quienes lo hacen para él a través de la plusvalía que obtiene de aquellos.     

Mientras exista el capitalismo la erradicación de la pobreza será, no una utopía, sino una quimera porque la lógica del beneficio conlleva la desposesión y la concentración creciente de la riqueza.