LA GRAN MENTIRA DE LA DACIÓN EN PAGO

Por Marat

En el “ingenio” que se mueve alrededor del 15-M han surgido un conjunto de iniciativas en lo social que definen el carácter de dicho “movimiento” y sus organizaciones comparsa o banderas de conveniencia. No redundaré en mi consideración acerca del mismo porque lo he hecho ya sobradamente en un buen número de artículos anteriores.

Sí quisiera detenerme de manera más profunda en una cuestión que ya he tratado con anterioridad y que tras su desbloqueo en el Congreso de los Diputados y la manifestación de “miles” de personas (10.000 entre las 41 organizadas en todo el territorio del Estado español) el pasado domingo 25 de Septiembre ha adquirido renovado protagonismo, mediático obviamente, porque el de apoyo en la calle, a tenor de la cifra, parece un tanto magro (una media de 250 personas por ciudad en la que se organizaron las manifestaciones, y 2.000 en Madrid, después de un gran despliegue propagandístico por toda la ciudad). Me refiero a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de la dación en pago de la vivienda. Esto es, que se pueda devolver el piso al banco para cancelar la deuda de la hipoteca en los casos en que esta no puede pagarse.

El pasado 19 de Junio decía en un artículo anterior (1) que esta “solución” que consiste en dejar a una familia con el cielo por techo bajo el argumento de que, al menos no les siguen cobrando la hipoteca....El Parlamento ha dado buenas palabras de estudiar el tema, hasta Esperanza Aguirre prometió en campaña plantearlo en la Comunidad de Madrid, desdiciéndose luego aludiendo a la falta de competencias del órgano institucional en la cuestión y Bankinter ha anunciado ya el primer producto hipotecario con estas características. ¡Quien les iba a decir a los revolucionarios que realmente en el mundo SÍ lo han sido que doblegar al capital iba a ser tan fácil! ¡Cuanto sobreesfuerzo baldío en el pasado, cuando las cosas parecen mucho más sencillas!, ¿verdad?
Reformismo puro y duro bien integrable en las estrategias del capitalismo es esto de la ILP de la dación en pago y cuya magnífica solución pasa por dejar en la p... calle al hipotecado. Se asume sin mayor problema que el derecho a una vivienda digna no está por encima del cumplimiento de las leyes que dicta el capital durante una crisis económica que castiga a los trabajadores y que él ha provocado”.

Es cierto, y no lo negaré, que el texto de la ILP de la dación en pago impulsado por las PAH (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) propone una forma de evitar el desahucio de la vivienda entregada en pago consistente en que “quienes no puedan pagar la hipoteca puedan permanecer en el piso pagando un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos. La medida del alquiler social persigue evitar mayores costes sociales y económicos, porque asistir y realojar a una familia desahuciada tiene un gran coste para la administración y el resto de la sociedad”(2), en loables palabras de preocupación por la solvencia financiera de la administración de la señora Colau, de la PAH de Barcelona.

Ahora bien, ¿sería tan amable la señora Colau de explicarnos cuanto es el 30% de los ingresos de quienes ya no perciben paro, o no lo han percibido nunca por ser autónomos, y de quienes no perciben tampoco ningún ingreso proveniente de ayudas sociales? ¿Ha estimado la señora Colau o la PAH cuántos miles de personas están en la situación de carecer de cualquier tipo de ingreso y de ser prontos candidatos a un desahucio? Espero que no se me responda con que para esos casos se prevé las acciones de calle contra los desahucios porque en ese caso pensaré que esos sloganes de “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos” son bastante falsos, al dividir y parcelar al colectivo global de los afectados por la hipoteca.

Pero no es esta cuestión, ni mucho menos la que me preocupa en relación con la famosa ILP de la dación en pago, como tampoco lo es, siendo importante, el hecho de que no se defienda la vivienda como derecho humano inalienable y no enajenable en circunstancia alguna, situándose siempre por encima de cualquier interés privado de lucro financiero o de otra índole económica (especulación inmobiliaria).

Lo que me interesa de la dación en pago es el modo en que se corresponde a los intereses estratégicos del gran capital; es decir, el modo en que la dación en pago viene a ser una fórmula que palia la crisis del capital financiero (bancario), asegurándoles una mejor cuenta de resultados.

Me explicaré, ya que no es fácil de entender el porqué planteo de este modo la cuestión y mucho menos cuando la postura adoptada ante la lectura del texto pueda ser la opuesta a la voluntad de entenderlo. Al fin y al cabo atacar al autor puede ser una vía más directa y rápida que leer lo que escribe. Estoy acostumbrado.

La tasa de morosidad y un balance anual que no cuadre o lo haga con riesgos de insolvencia es una de las peores maldiciones para la banca desde que comenzó la crisis capitalista en el último trimestre de 2007.

Una hipoteca impagada, o deuda del impositor bancario con su banco, se convierte en la contabilidad bancaria en deuda y la deuda acaba en la contabilidad de la entidad por convertirse en pasivo o, lo que es lo mismo, en deuda del propio banco, ya que las entidades bancarias deben recurrir a los préstamos de los bancos centrales, de otras entidades del mercado financiero internacional o de préstamos de sus propios gobiernos para su actividad habitual, y de un modo más acusado en tiempos de crisis financiera.

La tasa de morosidad bancaria es uno de los aspectos que más tienen en cuenta las sociedades de evaluación de riesgos a la hora de considerar el nivel de solvencia financiera de una entidad. La rebaja de la solvencia de un banco conlleva inmediatamente que el tipo de interés al que esa entidad financiera deba aprovisionarse de liquidez monetaria sea más elevada que antes de producirse dicha rebaja.

Resumiendo, que la dación en pago es una buena solución para la banca en tiempos de crisis, puesto que desaparece del apunte contable un pasivo derivado de la deuda de las hipotecas impagadas que de otro modo drenaría su solvencia financiera al elevar el costo al que debe pagar el banco su nuevo aprovisionamiento de fondos.

Conviene decir que al sector inmobiliario, promotores y constructores, no les viene nada mal que pueda llegar a salir adelante la ILP de la dación en pago. Como mínimo les garantiza que no les va a afectar a los empresarios que ya vendieron sus viviendas con el aval hipotecario del banco, al que el comprador de la vivienda deberá ahora su coste. Y puede contribuir a levantar ánimo del decaído sector del ladrillo, al tener un efecto psicológico de mayor confianza del futuro comprador que siempre podría arriesgarse con una cierta sensación de red pensando aquello de “si no puedo acabar de pagar mi hipoteca, al menos con la dación en pago no estaré endeudado toda mi vida”. Al ingenuo comprador no se le ocurrirá seguramente preguntarse qué entidad bancaria volvería a venderle otro piso, dados sus antecedentes como mal pagador. Esto en un país en el que el alquiler es tan caro o más que la compra y con unos derechos del inquilino realmente exiguos y precarios a futuro.

Pero lo mejor para los promotores y constructores es que quedan absolutamente protegidos de eventualidades y malos tiempos futuros. A ellos también se les aplica la dación en pago. Y es que ante la quiebra de promotores y constructores, el peor escenario para el banco es el concurso de acreedores, porque supone una declaración de pérdidas que ante la declaración de quiebra de la firma promotora-constructora el banco ha de asumir. Sea en obra terminada o en construcción. En el primer caso, al menos la opción del banco es convertirse en acreedor de sus usuarios o intentar explotar un negocio de dudoso beneficio presente (el inmobiliario), sea en el mercado de la vivienda o de oficinas y sector industrial. En cualquier caso, por lo explicado con anterioridad, es una solución, falsa, para el sector bancario pero mejor que la del mero embargo. Permite maquillar, a corto-medio plazo, parcialmente, sus resultados contables.

Se podrá aducir que el hecho de que la banca obtenga en la dación en pago una buen subterfugio para reducir su morosidad y evitar sus perniciosos efectos sobre su solvencia no es obstáculo para que se beneficie el hipotecado que no puede pagar su préstamo. Pero, díganme, ¿en qué se benéfica una familia que pierde su vivienda, y acaba viviendo en la calle, quizá incluso después de haber pagado cada mensualidad de su hipoteca durante 10, 15 o 20 años, sin haber faltado a un solo pago ni retrasarse siquiera en él? ¿En que se beneficia alguien que tras haber pagado una buena parte de su deuda con el banco acaba echando todo ese dinero al vacío para, en el mejor de los casos, vivir ahora pagando un alquiler de una vivienda que pasará a ser propiedad del banco y que, por tanto, el banco siempre tendría derecho a vender? De hecho, ahora casi las únicas hipotecas que las entidades bancarias conceden son sobre viviendas de su propiedad. ¿De qué le servirá la dación en pago a una pareja que después de perder su vivienda y que, careciendo de medios para pagar si quiera su usufructo en alquiler acabará debajo de un puente (no sé si habrá tantos en el Estado español) o en una chabola y, muy posiblemente, perdiendo incluso la tutela sobre sus hijos? ¿Se han preguntado estos señores de la PAH y el 15-M de qué modo perder el trabajo y la vivienda puede convertir a una persona en un paria, menos aún, en un mendigo, con una vida arruinada para siempre?

¿Es que acaso el hecho de que salga de la lista de morosos y deje de tener una deuda importará mucho en el caso de ancianos expulsados de su vivienda o de personas que no podrán ya salir del circuito de la marginalidad, al haber perdido los dos principales medios de arraigo social, como son el trabajo y la vivienda?

A estas alturas resulta más que sospechoso que
· En la revista del Colegio de Notarios de Madrid (3), una profesión parásita donde las haya, tan partidaria de la propiedad privada y con tantos intereses cruzados con la banca y el sector inmobiliario, se escriban artículos favorables a la dación en pago,
· En publicaciones online sobre hipotecas (4) se aluda al interés de la banca por impulsar la dación en pago con el fin de disminuir la morosidad y su impulso entre extranjeros que retornan a sus países
· El Congreso, tan poco proclive a la sensibilidad sobre los derechos sociales de las clases populares, haya admitido a trámite la ILP sobre la dación en pago
· Consultando por Internet aparezcan un sinnúmero de negocietes y webs inmobiliarias (5) que se ocupan muy favorablemente de apoyar la opción de la dación en pago
· Los medios de comunicación de masas den un protagonismo a todas luces exagerado e inmerecido a una Plataforma (PAH) y a un movimiento, el 15-M, con el que el que converge en sus acciones, y cuyo seguimiento social ha sido más que precario, incluso según datos aportados en el diario que más apoyo les presta (6)
· Cierto personaje portavoz de la PAH, dirigente de DRY (por mucho que digan que no los tienen) y reciente adquisición del PCE y de IU, bien posicionado para situarse en condiciones de salir en las listas al Congreso por esta coalición, provenga del negocio de la construcción e inmobiliario, tan imbricado con el bancario, en el que ha desarrollado en el pasado una provechosa carrera profesional. Les sugiero que lean la semblanza que el Diario de Alcalá hacía este verano de él (7)
· Otro líder murciano, proveniente del lejano maoísmo, ahora de acento marcadamente populista, y también muy 15-M y PAH consiguiese organizar en Mayo su performance en la oficina principal del Santander, entrando en grupo, con gran pancarta incluida, y sin que ningún miembro de la seguridad del banco apareciese por allí en ningún momento, ni a la entrada, ni a la salida, ni durante el desarrollo del espectáculo (8). Si aquello no estaba pactado con los directivos de la central del banco en Murcia algo muy parecido a tal cosa sucedió. Sería de interés saber a qué cuestiones entraron en ese pacto. Creo que ver el vídeo de principio a fin puede ser esclarecedor.

Habrá quienes intenten negar el argumento del interés de la banca en que se asuma legislativamente la dación en pago señalando que las Cajas de Ahorros, o lo que queda de ellas, se oponen a la ILP de la dación en pago. Pero la razón es obvia. Son las más perjudicadas por la burbuja especulativa del mercado hipotecario (cuota de mercado del 55% en el segmento hipotecario, que se eleva al 69% en el caso de la financiación de pisos protegidos) (9), y las que en peor situación se encuentran en cuanto a solvencia en estos momentos. Para ellas la ILP de la dación en pago llega tarde como balón de oxígeno. Sirva el ejemplo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para aludir a lo que no se ha parapetado tras el conglomerado de Bankia o Banca Cívica para salvarse de la quema. En el caso de la banca de tradición privada (BBVA, Santander,...) su situación, aunque comprometida, no es todavía desesperada, dentro del nuevo tsunami financiero que pronto se abatirá sobre Europa. Que un banco como Bankinter, en distintos momentos de su historia ligado a la familia Botín y de la que su expresidente, Jaime Botín, posee el 23,8% de su capital, fuese el primero en suscribir pólizas con la opción de la dación en pago, indica por dónde puede discurrir el futuro en la banca privada en cuanto a esta cuestión Y la dación en pago podría venirle como agua de Mayo en tierra de secano.

Lo que no se nos cuenta de esta estratagema de ayuda al sector de la banca e inmobiliario, diseñada bajo la apariencia de filantrópica preocupación por los afectados por la hipoteca y, más aún, como respuesta de los propios afectados a su desesperada situación y que se conoce como ILP de la dación en pago es que no sólo no resuelve el hecho de que el desahuciado se queda sin casa. Además es, en términos de capitalismo financiero, en las circunstancias actuales de descoyunte absoluto del sistema económico mundial, pan para hoy y hambre –social, no de intereses privados y especulativos- para mañana. Y ese mañana es muy pronto. De hecho, está llegando. Pero vivimos tiempos de aventurerismo económico y político de “condottieri” de la peor laya y condición moral.

La realidad es que en un capitalismo de economía financiarizada las grandes corporaciones no miden beneficios y pérdidas simplemente a través de las diferencias entre beneficios, por un lado, y costes e impagados, por otro.

La inversión y capitalización bursátil de las grandes corporaciones, sean de servicios, industriales o financieras, se asientan también en gran medida en las expectativas a futuro. Las empresas no valen sólo por su realización presente sino por sus lo que se espera que habrán de valer o ganar. Y ahí está la clave de la cuestión. La hipoteca impagada, por mucho que se materialice como cobro en la incautación de la mercancía por la que se prestó –la vivienda embargada o ejecución hipotecaria-, siempre será pérdida para las entidades financieras porque el valor de la primera no será sólo el del propio hogar enajenado al cliente bancario sino también el interés bancario que se dejó de cobrar en el caso de aún hipotético de la dación en pago, causa y origen del negocio de la usura moderna.

Y en cuanto a la realización del beneficio dentro del sistema –capitalista, sin genérica e indefinida alusión a lo que “el sistema” sea- ya tenemos experiencias sobradas a lo largo de la historia, y muy ilustrativas en carne propia para los legos en la misma, de cuál es el paliativo que ayuda a enjugar esas pérdidas: el factor trabajo, hoy también economía social y sector público ya en extinción –salario indirecto y derechos sociales- que se nos están escamoteando a los trabajadores a través del terrorismo sistémico. En ese poder totalitario del capitalismo salvaje de nueva era las corporaciones y los enloquecidos “condottieri” son el cerebro y el corazón que bombean órdenes inapelables a sus brazos políticos, cuya obediencia ciega es suicida pero imposible de rechazar, si no se enfrenta a la vez desde las instituciones y desde sus víctimas sociales, los asalariados y pequeños autónomos llamados a ser aplastados por una vuelta a las más crudas condiciones de vida de la clase obrera del siglo XIX y de los miserables descritos por Victor Hugo o por el propio Charles Dickens.

Para decirlo de un modo más directo y sencillo: los trabajadores seremos los que financiemos la dación en pago y el déficit – o lucro insuficiente- que ésta pueda provocar a los banqueros. Los mediadores de ese transvase de las rentas del trabajo y de un Estado del Bienestar ya agónico será el gobierno de turno porque no hay posibilidad de políticas alternativas dentro del capitalismo.

Y eso sucederá sin que los hipotecados que no pueden afrontar el pago de su vivienda puedan retenerla. A la p... calle y a dar gracias al 15-M y la PAH, que sí son mercancía, o títeres, en sus manos.

Los “oráculos” de saldo indignados suelen acusarme de hacer críticas y no ofrecer soluciones, como si las suyas lo fueran y no trampas para cazar osos. Parecería, según ellos, que la crítica política, social o económica se deslegitima sino se acompaña de contrapropuestas, cuando en la propia crítica ya se atisban al apuntar algo de lo que queremos a través de lo que no queremos.

Pero para ser práctico diré que infinitamente más justo y social me parece exigir del Parlamento, incluso a través de esas vías de “revitalización de la democracia”, que son las ILPS, por ser concesivo, o las que consideren pertinentes, una ley que declare
· que la vivienda es un Derecho Humano Fundamental,
· que nadie puede ser desposeído de la misma ante situación de no poder pagar su hipoteca y
· que en tanto persistan las condiciones económicas que le impidan a esa persona satisfacer su deuda la entidad financiera le aplicará una moratoria de aplazamiento de la deuda, cuya satisfacción posterior no podrá penalizarse mediante un incremento de los intereses de la deuda.

Sencillo, ¿verdad? Y sobre todo al servicio de los más débiles de la sociedad, nosotros los trabajadores, no el genérico ciudadano, que lo es conmigo también sin cambiar su condición de banquero, patrón o parásito rentista.

El problema que hoy vivimos no es de falta de “democracia”, término que cada vez me resulta más irritante por eufemístico y falseador de la realidad, y, si lo es, no lo es en primer lugar, sino de explotación, empobrecimiento creciente de amplias capas de asalariados y pequeños autónomos y de expolio del Estado Social en benéfico de los capitalistas y la plutocracia. El problema que hoy vivimos es de ausencia de justicia social y de las más ínfimas dosis igualdad . Y de esa situación sólo se sale a través de una revolución socialista y no de flash mobs, performances ni "ataques psíquicos a la bolsa” (10), propios del más patético y reaccionario gandhismo.

A MODO DE EPÍLOGO:
Dedicado a todos aquellos que proclaman su “bonito” slogan “no somos mercancía en manos de políticos ni banqueros” y que cargan sobre todo contra los primeros la culpa de la no salida de la crisis y de las medidas antisociales que exigen “los mercados”, y que lejos de “calmarlos” con ellas, exacerban aún más su desbocado viaje hacia el abismo.

Las palabras del broker Alessio Rastani, de la City de Londres, quizá les aclaren eso de las culpas de los políticos: “No es el momento de hacerse ilusiones: los Gobiernos no van a arreglar nada. Los Gobiernos no dirigen el mundo, lo dirige Goldman Sachs y a éste no le importa este rescate” (11). Sigan ustedes deslegitimando a la política institucional y a los políticos. Es cierto que, en las circunstancias actuales sirven de poco, pero si continúan convirtiéndoles en su particular muñeco del pim pam pum pronto exigirán un líder providencial, de esos con c....y autoridad. Y ese día quizá muchos de ustedes desfilen a su lado. Entonces sí que el capitalismo mundial habrá cerrado completamente su círculo: un despliegue absoluto montado en el caballo de Pavía.

Si quieren continuar con sus simbólicas performances les sugiero que pinten una diana, pongan en ella las fotos de los poseedores de las mayores fortunas de la lista Forbes y disparen sus “besos con labios multicolores” (12) contra ellas, ya que la guillotina se ha vuelto, por desgracia, un artefacto demasiado cruento para sus no violentas mentes.




NOTAS:

(1) http://marat-asaltarloscielos.blogspot.com/2011/07/publico-dacion-en-pago-y-ecologistas.html
(2) http://politica.elpais.com/politica/2011/09/16/actualidad/1316176577_820142.html
(3) http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1551&seccion_ver=0
(4) http://tushipotecas.com/noticias/la-banca-impulsa-la-dacion-en-pago-con-extranjeros-para-frenar-la-mora/gmx-niv84-con32104.htm
(5) http://www.idealista.com/news/etiquetas/dacion-pago?xtor=SEC-87-GOO-[news] y también http://www.mundohipoteca.es/2008/12/que-es-la-dacion-en-pago-una-posible-solucion-a-la-hipoteca.html y http://www.dacion-en-pago.com/ El listado es interminable. Basta con que ustedes se tomen la molestia de comprobar quiénes son los impulsores del negocio nacido alrededor de la dación en pago, a qué intereses se vinculan y qué tipo de empresas están detrás.
(6) http://www.publico.es/espana/398262/varias-marchas-en-todo-el-pais-reclaman-el-derecho-a-la-vivienda
(7) http://www.diariodealcala.es/articulo_c/general/2326/dos-personajes
(8) http://www.youtube.com/watch?v=vCnh4crQB58
(9) http://www.eldiariomontanes.es/rc/20110922/economia/cajas-creen-dacion-pago-201109212154.html
(10) http://www.kaosenlared.net/noticia/miles-ideas-accion-para-15-octubre
(11) http://www.publico.es/dinero/398537/en-un-ano-millones-de-personas-perderan-sus-ahorros
(12) Idem nota 10: http://www.kaosenlared.net/noticia/miles-ideas-accion-para-15-octubre

REFORMA CONSTITUCIONAL Y REFERÉNDUM

Por Marat

1.-ÉSTA NO ES NUESTRA CONSTITUCIÓN:
La Constitución del Reino de España fue aprobada en Referéndum el 6 de Diciembre de 1978 y entró en vigor 23 días después, el 29 de Diciembre del mismo año.

Dicho ordenamiento es consecuencia del pacto político alcanzado entre los sectores posibilistas del régimen franquista -UCD, AP (luego PP)- , las izquierdas reformistas –PSOE y PCE y una parte del nacionalismo no españolista (Pacte Democràtic per Catalunya, luego reconvertido gran parte del mismo en CiU).

La Constitución española de 1978 refleja fielmente la apuesta por un modelo de transición, la “reforma política”, destinada a evitar a los herederos del franquismo los “riesgos” de una ruptura política que hubiera podido realizar un juicio al pasado en el que muchos de ellos hubieran salido mal parados.

Su objetivo era asegurar la estabilidad de los puntales ideológicos en los que se asentaba:
· La propiedad privada, la herencia y el modelo de economía capitalista o economía de mercado: artículos 33 y 38
· La monarquía como forma de jefatura del Estado, en virtud de la Ley de Sucesión franquista de 1947, que llevaría a su proclamación como Rey a Juan Carlos de Borbón el 22 de Noviembre de 1975, sólo dos días después de la muerte del dictador.
En ningún momento, la forma de Jefatura del Estado fue consultada a los ciudadanos, por lo que la “constitucionalidad” de dicha Jefatura es más que dudosa. La inclusión del Título II (De la Corona), con su lista de artículos desde el 56 al 65, ambos incluidos, obligaba a ratificar la Monarquía dentro de la propia Constitución, si se aprobaba ésta.

Algo tan importante como la figura del Jefe del Estado se convertía en ilegítima de origen al ser la instauración de la monarquía una mera transposición de la voluntad política de Francisco Franco a la nueva institucionalidad política.

El intento de “bendecir” popularmente su restauración, incluyendo la figura de la Corona dentro de una Constitución que no podía ser refrendada por partes sino en bloque, fue una más de las píldoras que la izquierda reformista se tragó no sin su dosis de entusiasmo cortesano.
· La “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2).
De este modo, los herederos del franquismo conjuraban los “sempiternos peligros separatistas” de la Nación española. La vía para hacerlo fue la de negar el derecho de autodeterminación de los pueblos en el Estado español.

Con mayor o menor voluntad creció por entonces entre los constituyentes el “espíritu del consenso”, auténtica beatería política que hizo bascular un giro a la derecha hacia el centro gravitacional de un escenario político respecto al que cualquier postura disidente se ha considerado desde entonces anatema.

Ese “espíritu de consenso” ha sido la coartada que ha permitido durante todos estos años que la izquierda reformista haya renunciado a la acción transformadora, que el derecho soberano de los pueblos que no se sienten parte del Estado español haya sido criminalizado, que la familia real haya vivido parasitariamente de los Presupuestos Generales del Estado y de sus múltiples chanchullos o negocietes, que los sindicatos mayoritarios hayan cedido en los sucesivos retrocesos de los derechos de los trabajadores, que la Iglesia Católica haya sido tratada con el privilegio de religión oficial del Estado, que el capitalismo haya ido arrancando parcela a parcela los derechos sociales a las amplias mayorías de esta sociedad, las clases trabajadoras.


2.-Y AHORA ES MENOS AÚN NUESTRA CONSTITUCIÓN:
Pero esta Constitución que acaba de ser reformada por el “consenso” de los dos grandes partidos del arco parlamentario tenía un único punto progresista: una parte –no todo él- del articulado del Capítulo Tercero (De los Principios Rectores de la Política Social y Económica) del Título Primero (De los Derechos y Deberes Fundamentales) de la misma.

Esa dimensión “progresista” de una parte del ordenamiento jurídico del Estado nace de un diseño mimético respecto a las Constituciones continentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, destinadas en aquella época a conjurar el “peligro” comunista en Europa y a facilitar un rápido crecimiento económico mediante la incorporación de las clases trabajadoras al consumo de masas.

En el caso específico español, la Constitución de 1978 venía también a plasmar el pacto social entre las derechas postfranquistas y las izquierdas reformistas, garantizando paz social a cambio de cierta redistribución de la riqueza económica del país.

En concreto, los artículos referidos a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica (27), al derecho al trabajo (35), las políticas fiscales redistributivas, el fomento del pleno empleo y unas condiciones de trabajo dignas (40), la protección mediante el sistema de Seguridad Social (41), el derecho a la protección sanitaria y la salud pública (43), el acceso general a la cultura y la promoción de la ciencia y la investigación técnica (44), el derecho a una vivienda digna (47), el acceso a pensiones adecuadas y a los servicios sociales (50), son los principales aspectos “reequilibradores” de una constitución que consagra al capital y a la propiedad privada como medios sustentadores del modelo económico “nacional”.

Pero nadie se equivoque sobre la fuerza de ley de estos derechos sociales constitucionales. Tanto los padres constituyentes como los expertos en derecho constitucional han insistido con frecuencia en relativizar la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos sociales en la Constitución de 1978, situándolos más bien en un valor enunciativo pero no taxativo, y ajustando su cumplimiento a las circunstancias sociales y económicas por las que el país atraviesa en cada momento. Dicho de otro modo: estos derechos orientan la acción de los gobiernos hasta donde estos mismos estén dispuestos a aceptar o, en el más voluntarioso de los casos, puedan cumplir.

Durante estos años de crisis capitalista inducida, los recortes sociales y la voladura del Estado del Bienestar (elevación de la edad de jubilación, reforma del mercado laboral, clausura de facto de leyes de protección social destinadas a las familias, privatización de la sanidad pública y cierres de unidades hospitalarias y ambulatorias, eliminación de partidas presupuestarias en las CCAA destinadas a protección social de los preceptores de rentas bajas, reducción de los salarios de los funcionarios, amenazas del candidato Rubalcaba con nuevas leyes de contratos basura para eternos becarios,...) hemos visto como esos derechos sociales constitucionales han sido sistemática y calculadamente violados sin que a los miembros del ejecutivo del PSOE o a los dirigentes autonómicos del PP o de CiU se les haya movido una ceja.

Lo que la reforma del artículo 135 de la Constitución ha venido a consagrar es la sanción legal de la depredación que los especuladores capitalistas han venido realizando sobre los derechos de los trabajadores desde que la crisis sistémica se instaló en la sociedad española.

Y es que esa agresión se produce sobre todo contra las clases trabajadoras y un sector de los trabajadores autónomos. Al hablar de víctimas de la crisis cabe hablar de clases y no de ciudadanos, esa palabra que tanto gusta a los “indignados” desideologizados y desideologizadores, tan inspirados por una “revolución islandesa” que nunca ha existido (http://www.elsentidodelavida.com/2011/03/desmontando-el-bulo-de-la-revolucion.html). Las razones más evidentes para que hablemos en términos de clase y no de ciudadanía se plasman en las draconianas relaciones laborales que se han venido instaurando desde los años 80 del pasado siglo y que se han visto ahora más aceleradamente deterioradas, en una expulsión del mercado de trabajo de millones de personas pertenecientes a la población activa, en la pérdida de protección social de los sectores más débiles de la sociedad y en una brutal transferencia de las rentas del trabajo a las del capital. Va siendo hora de que ciertos entornos dejen de echarnos encima sus inmundicia ideológica derechista camuflada de “revolución ciudadana”, por otra parte expresión tan del gusto de los liberales y la extrema derecha, como claman cotidianamente en sus foros.

Como el protagonista del cuento de Hans Christian Andersen, el "El traje nuevo del emperador", tras la Reforma de la Constitución, ésta ha quedado desnuda, evidenciando su carácter de ahora en adelante puramente liberal.

Un efecto colateral de esa reforma ha sido el de hacer saltar hecho añicos el tan cacareado consenso. El patético llamamiento de Josep Sánchez Llibre el pasado viernes 2 de Septiembre, desde la tribuna de oradores del Congreso, a su recuperación, tras denunciar que CiU había sido “expulsado” del mismo, era doblemente ridículo y mendaz cuando reconocía, a renglón seguido, que su grupo parlamentario era partidario del equilibrio presupuestario y de seguir los dictados marcados por la UE (léase Alemania) en materia de control del gasto público. Más allá de la vulneración de la autonomía financiera de las CCAA, resultaba evidente que la teatralización de CiU sangraba por la herida de unos acuerdos PSOE-PP que, por primera vez, despreciaban la compañía del partido de la burguesía catalana.

Su correlato simétrico fueron las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría (PP) y de José Antonio Alonso (PSOE) destacando la importancia del consenso entre los dos grandes partidos de la Cámara Alta. Olvidó Alonso decir que dicho acuerdo era la confirmación definitiva de la total homologación entre ambos partidos.

Mucho más coherente fue el portavoz del PNV, cuyo partido se abstuvo en su día en el referéndum para la aprobación de la Constitución. Josu Erkoreka aprovechó la ocasión para presentar una propuesta de reconocimiento del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco.

El veto de Llamazares a las enmiendas con las que los dos grandes grupos parlamentarios intentaban convencer a los nacionalistas catalanes de que, al menos, se abstuvieran al votar la reforma constitucional, fue la puntilla definitiva al ya muerto consenso.

Ridículo, como siempre, la hipócrita beatería Bono volvería a últimas horas del día sobre la “genialidad” del acuerdo PSOE-PP, tratando de escamotear lo ya indiscutible: que ambos partidos son sólo dos marcas con las que presentar un mismo producto de “beneficios” absolutamente iguales: el regreso a las Constituciones liberales del siglo XIX.


3.-EL REFERÉNDUM ES UNA TRAMPA:
La pretensión de realizar un Referéndum destinado a dar opinión a la ciudadanía y a oponerse a la reforma del artículo constitucional 135 es una trampa. Hay que decirlo alto y claro.

Y lo es por todas por todas las razones imaginables:
· Supone legitimar el resto del articulado constitucional (monarquía, economía de libre mercado, derecho a la propiedad privada y a la herencia, negación del derecho de autodeterminación), al dejarlo intacto y despreciar la importancia que dichos contenidos tienen para rechazar esta Constitución.
· Llega tarde, al haber sido ya aprobado en el Congreso y faltar simplemente su tramite y votación en el Senado. La inmensa mayoría de los referendos tiene un carácter propositivo, pocas veces derogatorio. Además frente a algo ya aprobado parece que lo oportuno es ir un paso por delante, no por detrás. Esto es algo que se plasmaría notablemente en la ausencia de entusiasmo con el que será recibido cualquier intento de seguir sosteniendo dicho objetivo.
· Es un camino cerrado al requerir, según el artículo 168 de la Constitución, de un 10% del total de cualquiera de las dos cámaras. Ese número de diputados no existe.
· Si se intentase la vía del artículo 92 de la Constitución o su variante, el artículo 161, para asuntos de especial trascendencia política, además de seguir llegando tarde, debería ser convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno y previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una idea excelente....para reforzar el papel de la Monarquía. No dudo de que saldrán partidarios “indignados”, de camuflada vocación monárquica (los mismos que argumentan que plantear el tema monarquía o república divide a su “movimiento”... “nacional”) proponiendo esta vía.
· Cualquiera de esos caminos cerrados hacia un referéndum contra una modificación ya aprobada significará desviar los esfuerzos de las luchas que deben centrarse en recuperar una movilización con contenido de clase y claramente opuesta al capitalismo que nos agrede y a su régimen constitucional que santifica la agresión, y realizar un gasto de energías inútil.
· El referéndum podría servir para revitalizar el alicaído y ya casi olvidado referéndum 15-O planteado por sectores liberales partidarios de meras reformas cosméticas y que recogían aquellos famosos puntos del “consenso de mínimos” del que ahora nadie habla. Otra vía para desviar el objetivo de las luchas políticas y sociales.
· En la delirante hipótesis de que dicho referéndum fuese aceptado, a toro pasado, por las instituciones políticas –cuesta imaginarlo, incluso pasado de grifa- quienes ya peinamos canas aún recordamos el modo en que el gobierno de Felipe González planteó el de la OTAN, con una pregunta tramposa, de cierta complejidad interpretativa y que ponía a los ciudadanos ante el reto de votar NO a la permanencia de España en la Alianza Atlántica desautorizando, a su vez, al gobierno de la nación.

Es comprensible que quienes aceptan el resto del articulado constitucional se planteen el citado referéndum. No van más allá. No lo pretenden y seguramente su propia ignorancia política tampoco les permita ver las consecuencias de sus posiciones políticas. No lo es que la izquierda sostenga esta petición, menos aún si es el segmento revolucionario, real o radical (como prefiera llamarse a sí misma), que rechazó en su día esta Constitución el que propone ahora dicho referéndum. Sólo se entiende dicha demanda por parte de la izquierda desde el más impresentable de los oportunismos y desde la fijación de continuar rindiendo pleitesía a cierta “indignación” cuya deriva ataca cada día más a la propia izquierda y al movimiento sindical.


4.-CUÁLES SON ENTONCES LAS TAREAS DE LA IZQUIERDA ANTE LA NUEVA SITUACIÓN:
La prioridad absoluta del equilibrio presupuestario, para que el Estado garantice los pagos de su deuda a sus acreedores, por encima de cualquier consideración de justicia social, redistribución, o siquiera humanitarismo hacia los más débiles de la sociedad, sitúa la cuestión en sus justos términos. Evita cualquier edulcoramiento de la realidad y muestra ésta con toda la nitidez de su crudeza.

El Estado capitalista que en el pasado compensaba sus excesos con cierta dosis de reequilibrio social se ha quitado la máscara y se ha hecho simplemente liberal, sin ningún prefijo neo- que suavice o atempere el concepto. Las políticas de austeridad, recortes sociales y creciente desigualdad que se nos venían presentando como medidas coyunturales para “calmar a los mercados” se han transformado ahora en ley de leyes sancionada definitivamente para desposeernos de los derechos que un día conquistó el viejo movimiento obrero de nuestros padres y abuelos.

Ahora, frente a las crecientes dosis de descontento, rabia y pobreza que la desaparición del Estado Social traerán, el nuevo orden deberá recurrir a crecientes dosis de “legítima” represión. Ante ésta las ridículas invocaciones a un pacifismo y no violencia gandhianos se tornan reaccionarios discursos conservadores que tratan de hacernos olvidar quiénes ejercen el monopolio de la violencia y a qué intereses responden.

Cualquier “ingenua” alusión al carácter transitorio de las medidas, a la necesidad de las mismas para que el Estado ofrezca garantías de cumplimiento de sus compromisos, al estímulo a los “creadores” de empleo o a lo pasajero de la crisis debe ser visto en toda la falsedad de su planteamiento y en el efecto criminal que tales postulados y políticas tienen sobre los sectores asalariados.

Deséchese toda falsa esperanza. Ya no hay territorio socialdemócrata al que retroceder de nuevo para protegerse. Keynes ha sido asesinado por los capitalistas y enterrado por sus servidores políticos.

Frente a ello sólo cabe una estrategia de resistencias sociales y políticas que rearticulen respuestas de clase, forjando una unidad de acción desde la base, del conjunto de las izquierdas y del movimiento sindical, por encima de inútiles y estériles etiquetas. Nadie dentro del la izquierda y el sindicalismo tiene la exclusiva de la verdad ni la razón de la crítica hacia las prácticas del resto de las izquierdas y el movimiento sindical porque todos, sin excepción han fallado.

Los reformistas de la izquierda (aclaro que se excluye el PSOE porque las lecturas malintencionadas tienden a buscar intenciones donde no las hay) y el sindicalismo han fallado, al negarse a extraer las consecuencias correctas de lo que esta crisis representa y a abandonar sus prácticas pactistas y limitadas a defender las cuotas de poder de sus estructuras dirigentes.

Las izquierdas revolucionarias y los sindicatos combativos han fallado también. Su discurso como organizaciones cínicamente opuesto a la renuncia que han hecho a su identidad política, mezclándose con quienes niegan la lucha de clases, rechazan a los partidos y el sindicalismo y obligan a la izquierda a ocultar su ser si quiere continuar dentro de un movimiento ideológicamente todoterreno, cada vez más manifiestamente reaccionario.

Unas y otras izquierdas, uno y otro sindicalismo, deben abandonar sus prácticas deleznables, derechistas en unos casos, cínicas, claudicantes y oportunistas en otros, volver sobre la que nunca debió dejar de ser su identidad y apostar por un proceso de reconstrucción de una izquierda que lleva demasiado tiempo negándose a sí misma y que necesita una unidad de acción desde la base capaz de forjar una dinámica de acumulación de fuerzas y de recuperación de las luchas.

Que la izquierda recupere su propia esencia pasa también por distinguir entre lo urgente y lo imprescindible. Demasiadas urgencias le han llevado a una confusión ideológica lamentable, a apoyarse en bases y dirigentes absolutamente penetrados de ideologías liberales y, en muchos casos, abiertamente reaccionarias.

Sin un debate de clarificación ideológica, dentro del absoluto respeto y pluralidad, que deben ser impuestos a toda costa, rechazando la agresión a dichos principios, y sin una formación política de cuadros y bases de la izquierda sociológica y política no habrá futuro para ella misma y, en consecuencia, las “alternativas” continuarán llegándonos desde fuera de nosotros mismos y desde quienes se limitan a pedir un maquillaje del sistema capitalista o, peor aún, sólo de las instituciones políticas y no precisamente con una orientación progresista.

Todo esto no es más que un paso insoslayablemente necesario y obligado pero absolutamente insuficiente. La debacle y degeneración política, teórica e ideológica –y me siento tentado a decir que también moral- de la izquierda en su conjunto y de muchos de sus “santones actuales”, exige estos preámbulos, indispensables para iniciar el primer capítulo de una lucha de clases, a la que desde hace demasiados años sólo acude la parte enemiga de los trabajadores.

Mientras temamos aceptar que lo que somos debe proclamar sin tapujos la destrucción del sistema capitalista, el NO sin matices tanto a la Constitución del 78 como a su reforma y la forma republicana de Estado como plasmación coherente de nuestra razón de ser; mientras no actuemos en consecuencia a dicha declaración de principios, seguiremos dando vueltas a la búsqueda de nuestra propia identidad, asiéndonos a sucedáneos devaluados de la misma y temiendo siempre que quienes nada tienen de amigos nuestros nos tilden de viejos, dogmáticos y superados por la Historia, con su falsa presunción de que ellos son lo “nuevo”, cuando lo que representan hace bastantes decenios que tuvimos que combatirlo en Europa.