8 de febrero de 2014

FRONTEX, LOBBISMO Y PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE FONTERAS

Daniela Ortiz y Xose Quiroga. antigonia.com

La Comisión Europea invierte millones de euros públicos en la industria privada para blindar las fronteras exteriores europeas

La Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores de los estados miembros de la Unión Europea (UE), conocida popularmente como FRONTEX, entró en funcionamiento el 1 de Mayo de 2005. La agencia fue promovida el año anterior por el Consejo Europeo y se atribuye como objetivos principales la mejora de la gestión de las fronteras exteriores de los estados miembro de la UE y la coordinación operativa entre estos países. FRONTEX asiste a los estados en la formación de sus guardias de fronteras, realiza el seguimiento de la evolución de las investigaciones en materia de control y vigilancia de las fronteras externas y coordina con los estados los vuelos de deportación conjunta.

Durante los últimos años, la agencia ha asumido mayor autonomía y ha ampliado su capacidad de decisión en lo que se refiere a los operativos de control de las diversas fronteras. El presupuesto inicial de la agencia fue de seis millones de euros, mientras que en 2013 contó con más de noventa millones de euros para financiar su actividad. La autonomía de la que dispone le permite tener capacidad de decisión en cuanto a las investigaciones, proyectos y operaciones que desarrolla. Estas operaciones están financiadas directamente con fondos públicos provenientes de de la Unión Europea y la agencia es la que elige a los proveedores y recomienda a la Comisión Europea y a los estados miembro, las empresas indicadas pera desarrollar las estrategias de control. De este modo, FRONTEX actúa de nexo entre los estados miembro y la industria privada dedicada al sector de la seguridad.

El director ejecutivo de FRONTEX, Ilkka Laitinen, un antiguo guardia de fonteras finlandés, también es miembro del consejo asesor de la Security and Defense Agenda (SDA), un lobby integrado por grandes empresas de seguridad e I+D como Eads, Thales o la española Indra. Paralelamente, estas mismas empresas forman parte de la Organización Europea para la Seguridad (EOS), un lobby formado por más de 30 empresas y cuya presidencia fue asumida recientemente por Santiago Roura, director general de Indra.

LA SDA y la EOS organizaron un encuentro en Brusela en el año 2011. Al encuentro asistieron como ponentes miembros de la Comisión Europea, FRONTEX y la industria de la seguridad. Durante el foro se planteó la siguiente pregunta: ¿una renovada cooperación pública-privada puede contribuir a mejorar la seguridad de la Unión Europea?

ALTA SEGURIDAD
El lobby EOS organizó en Bruselas durante 2012 una mesa redonda sobre alta seguridad. El objetivo principal del encuentro era discutir de qué manera una política industrial europea de seguridad integrada podía dar soporte, con garantías de éxito, a la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE y aumentar la competitividad de la industria europea de seguridad. Según la EOS el éxito del evento no tan solo “demuestra la voluntad de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo de colaborar con el sector privado para la puesta en práctica de la política de la UE hacia una sociedad más segura, sino también el apoyo al desarrollo de una industria europea más fuerte, basada en el liderazgo en tecnología y la creación de puestos de trabajo para impulsar el crecimiento económico”.

Entre los invitados destacados el Comisario de Industria de la Unión Europea, el Italiano Antonio Tajani, y la Comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Cecilia Malmström. Como responsable de las políticas migratorias de la UE, Malmström criticó la efectividad de las cuchillas de la valla de Melilla en 2013, pero aseguró que “respetan totalmente la legalidad europea”.

Al evento asistió el actual Director de Desarrollo de FRONTEX, Erik Berglund, autor del informe Necesidades identificadas por FRONTEX. El informe, publicado en 2008 en la página de la Comisión Europea, defiende que las fronteras deben permanecer abiertas para el comercio y la circulación de las personas y cerradas para las actividades criminales, entre las que incluye la denominada “inmigración ilegal”. El informe también explica brevemente el programa EUROSUR. 

PROGAMAS DEL FRONTEX
Durante el encuentro de 2012 se discutió ampliamente el programa EUROSUR, presentado por la UE el 22 de octubre de 2013 como respuesta pública al naufragio masivo de Lampedusa ocurrido diecinueve días antes. El anuncio de este nuevo programa produjo titulares como “EUROSUR entra en vigor para evitar tragedias como la de Lampedusa” o “EUROSUR: nuevas herramientas para salvar las vidas de los inmigrantes”. El programa EUROSUR es el nuevo Sistema Integral de Control de Fronteras Exteriores de la UE. Consiste en un sistema de vigilancia e intercambio de información diseñado para que los miembros de la red (FRONTEX y estados miembro) puedan compartir en tiempo real, datos relacionados con las fronteras a través de sus centros de coordinación nacional. Uno de los objetivos fundamentales de EUROSUR es evitar la entrada de migrantes y refugiados a la UE a través de un proceso de externalización de fronteras. Este proceso financia proyectos de colaboración como el Plan África español, mediante el cual la UE ha implementado sistemas de vigilancia en las costas de Mauritania o Senegal y ha establecido una red de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en países del norte de África.

La mesa redonda sobre alta seguridad también contó con la participación de Antonio González Gorostiza, miembro de la EOS y director de protección de infraestructuras críticas de la empresa Indra. González Gorostiza fue coordinador del proyecto Perseus, formado por FRONTEX y multinacionales como Indra y Eads. El programa Perseus, actualmente en fase de demostración, es un sistema de vigilancia e intervención de la zona prefonteriza del Mediterráneo mediante una red de sistemas de alta tecnología. Entre los años 2007 y 2013, el programa Perseus contó con un presupuesto de 43 millones de euros para la fase de desarrollo. Este financiamiento provino del FP7: Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE. El FP7 es una iniciativa destinada a financiar proyectos de investigación y desarrollo que se publicita como una inversión en el desarrollo humano. Las subvenciones se conceden siguiendo un “proceso de convocatoria de propuestas y evaluación por expertos” y el presupuesto otorgado por la Comisión Europea proviene de fondos públicos. A través del FP7, la UE financia proyectos de investigación que se acaban traduciendo en sistemas de control y favorecen a las grandes empresas que se encargan de la investigación y su desarrollo posterior.

El FP7 ha financiado, entre otros, los proyectos integrales de vigilancia e interoperabilidad fronteriza Seabilla, desarrollado por las empresas Selex, Eads, Thales, TTI Norte e Indra, con un presupuesto de quince millones de euros; Talos, desarrollado por TTI Norte y la Industria Aeronáutica de Israel (IAI), con un presupuesto de 3,9 millones de euros; y Operamar, desarrollado por Thales, Indra y Selex, con un presupuesto de 669.000 euros. Varios de estos proyectos de I+D aparecen como referencia en el documento de trabajo de la Comisión Europea, publicado en enero de 2011, sobre determinación de la estructura técnica y operativa del programa EUROSUR y la determinación de las medidas que se deben adoptar para su puesta en funcionamiento. En este documento se hace referencia a Perseus, Talos y Operamar afirmando que “estos proyectos han comenzado a dar los primeros resultados, que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de EUROSUR. El ministro de interior español Jorge Fernández Díaz mostró la detención de una patera como parte de los primeros resultados de las pruebas del proyecto Perseus durante una presentación pública realizada en Madrid el 24 de septiembre de 2013.

Durante el foro organizado por la EOS González Gorostiza reconoció públicamente la intención de la Comisión Europea de concluir la fase de investigación de Perseus, Talos y Operamar para poder continuar con la fase de implantación. A finales de 2013, Thales, Amper, Eads y las empresas españolas Indra y GMW han sido adjudicatarias de contratos con diversos ministerios de interior de países de la Unión Europea para el desarrollo del programa EUROSUR. El programa contará con un presupuesto de 244 millones de euros para el periodo 2014-2020.

EL PRESIDENTE DE LA CEOE SE ENRIQUECE CON LA VALLA DE MELILLA
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, afirmó en unas declaraciones a la cadena Cope en julio de 2012: “abrimos las puertas al exterior y, durante una serie de años alrededor de medio millón de no nativos entraron en España anualmente. Esto fue un problema y hoy, visto con perspectiva, se ve claramente”. Estas declaraciones produjeron titulares en la prensa como: “Abrir el país a los inmigrantes cuando el paro era del 8% fue un problema” o “La inmigración agravó el problema del paro”.
El mismo Joan Rosell preside el fondo de capital riesgo Miura Private Equity desde el año 2008. Bajo su presidencia la compañía adquirió a mediados del año 2009, el 60% de la empresa de seguridad Proytecsa, encargada del diseño y la instalación de la valla tridimensional de Melilla y del mantenimiento del perímetro fronterizo. La remodelación de la valla llevada a cabo en 2006 por las empresas Indra y Sallén supuso una inversión de veinte millones de euros.

Consejo asesor de Miura Private Equity. Joan Rosell al centro de la imagen. 




Intento de deportacion en Barajas from Antigonia, nexo informativo on Vimeo.

LA AGENCIA FRONTEX COORDINA DEPORTACIONES MASIVAS 
La UE utiliza un tecnicismo burocrático para eludir el Convenio Europeo en materia de Derechos Humanos en materia de deportaciones
Según la información publicada en la página web de FRONTEX, el 8 de octubre de 2013 partió un avión desde el Estado español con destino a Ecuador y Colombia haciendo escalas en Italia y Bulgaria. El coste de la operación fue de 310.000 euros. En el vuelo viajaban personas sin permiso de residencia para permanecer en el territorio de la UE. Lo que FRONTEX denomina operaciones de retorno conjunto es un proceso de deportación masiva. Cuando un país miembro de la UE decide organizar un vuelo de deportación, informa a la agencia y ésta coordina el vuelo junto al resto de países participantes. El avión partirá del país organizador y hará escala en los países participantes antes de aterrizar el en país al que se realiza la deportación.

En relación a los casos de devolución, expulsión y extradición, el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE expone un único punto que afirma: “Se prohíben las expulsiones colectivas”. El Convenio Europeo de Derechos Humanos en su protocolo número 4 expresa: “Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”. Aún así, el documento que establece el Fondo Europeo para el Retorno de la UE del período 2008-2013 justifica la deportación masiva al declarar: “Teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida en virtud del protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, solo las personas que son objeto de órdenes de expulsión individuales podrán ser retornadas a través de operaciones de retorno conjunto, que pueden recibir financiación en virtud de la presente decisión”. De esta manera un tecnicismo burocrático permite la práctica de la deportación masiva en Europa.

Estos vuelos de “retorno conjunto” son financiados por FRONTEX, según lo publicado en la página web de la agencia. Al final del texto explicativo sobre este tipo de operaciones se aclara: “Los gastos cubiertos por FRONTEX pueden variar, ya que también se pueden utilizar otras fuentes de financiación para los vuelos de retorno, por ejemplo, el Fondo Europeo para el Retorno”.

EL FONDO EUROEO PARA EL RETORNO
El Fondo Europeo para el Retorno financia el Plan de Retorno Voluntario, promovido por el Estado español como un plan de ayuda económica a migrantes que desean volver a su país de origen de manera voluntaria.
En mayo de 2012 la Organización Internacional de las Migraciones y la Cruz Roja, organizaciones encargadas de desarrollar parte el Plan de Retorno Voluntario, anunciaron la suspensión del programa debido a la falta de recursos y la existencia de una lista de espera constante de cerca de setecientas personas.

En las revisiones económicas de los programas de retorno publicadas por el Ministerio de Interior español, la cifra total de gasto para el año 2012 superó los 26 millones de euros. Durante ese año, el Estado español invirtió más de tres millones de euros de este presupuesto en gastos de manutención de personas detenidas en Centros de Internamiento de Extranjeros, un millón de euros en costes de asistencia sanitaria de personas detenidas en CIE, en trámite de retorno, dos millones en dietas de funcionarios en misión de escolta durante procesos de deportación forzada y once millones de euros en gastos de de viaje de las personas deportadas y en la gestión de los vuelos de deportación. Ese mismo año el Ministerio adjudicó un contrato de once millones de euros a las empresas Air Europa y Swift Air para un “servicio de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de funcionarios públicos entre distintos puntos del territorio nacional y desde éstos a otros países”.

Dentro del artículo 6 sobre acciones comunitarias, del documento que establece el Fondo Europeo para el Retorno, se indica como uno de los destinos del presupuesto el “soporte, elaboración y actualización regular, en cooperación con la Agencia (FRONTEX), de un manual común de buenas prácticas en materia de retorno, también en relación a los acompañantes”.

En diciembre de 2013, la agencia FRONTEX publicó en su página web el Código de Conducta para las operaciones de retorno conjunto. El artículo 6 referente a las medidas coercitivas, prohíbe el empleo de sedantes para facilitar la expulsión salvo en casos de emergencia para garantizar la seguridad del vuelo. Las operaciones de retorno conjunto gestionadas por FRONTEX forman parte de una estrategia para abaratar los costes de los procesos de deportación, además de anular la posibilidad de resistencia de las personas deportadas mediante el uso de sedantes y la presencia exclusiva en los vuelos, de tripulación, personal médico, agentes de FRONTEX, policía y personas deportadas.

LA VENTA DE HISTORIALES CLÍNICOS, LA GUINDA DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG:

La información que les hago llegar este sábado es especialmente grave por lo que implica. No se trata sólo de que la venta de historiales clínicos constituya un ataque demoledor al derecho a la privacidad de los pacientes clínicos, lo que, en muchos casos, podría afectarles de forma muy lesiva a sus relaciones con el mundo, sino de que dicha cesión a entidades privadas puede facilitar que tanto empresas a la hora de contratar como mutualidades médicas utilicen dicha información de forma muy discriminatoria, decidiendo las empresas quiénes son susceptibles de integrar sus plantillas, en un mundo en el que el trabajo se ha convertido en un bien tan escaso, o a quienes aceptar la solicitud de contrato de una póliza sanitaria, por parte de las aseguradoras privadas de salud, en función de sus previsiones de coste-beneficio por paciente. Ello es especialmente grave cuando la sanidad pública está siendo destruida y saboteado por una derecha con más que demostradas conexiones con intereses privados.


Por último, y en relación con el último párrafo del artículo, en el que se amplían a “gobiernos socialdemócratas” las responsabilidades en el diseño de las políticas liberales en materia de sanidad es necesario aclarar a quien hace estas declaraciones, una responsable de ATTAC, que socialdemócratas no son los partidos autodenominados socialistas, como el PSOE. Éste y sus partidos hermanos europeos son social-liberales, algo bastante más a la derecha de la socialdemocracia.


No seré yo quien rompa una lanza por la socialdemocracia pero viniendo el término de ATTAC en la que abundan los socialdemócratas, al menos en España, resulta llamativo. Con alta frecuencia la expresión socialdemócrata se ha utilizado más como descalificación política que como término definitorio de unas ideas y de una práctica política “sensu stricto”.


Socialdemócratas en la actualidad son, en Francia el Frente de Izquierdas, en Grecia Syriza, por mucho que guste autodefinirse como izquierda radical, en España el PCE e IU y en general las opciones en las que están organizaciones a la izquierda de los Partidos Socialistas (PPSS), en muchos casos Partidos Comunistas (PCs), se autodefinan como lo hagan. Lo son por sus programas políticos y por su acción política, en aquellos espacios que no son los Estados centrales en los que gobiernan.


La socialdemocracia no podrá gobernar con programas socialdemócratas, en el caso de que alcance los gobiernos centrales, porque un programa tal exige un pacto con el capital de paz social a cambio de beneficios para la clase trabajadora pero hoy el capital ni quiere ni necesita tal pacto. Y sin pacto social, un intento de reformas progresistas está condenado al fracaso, al giro a la derecha o a su radicalización, lo que supondría ya una política distinta a la socialdemócrata al necesitar romper las reglas políticas del juego que imponen las constituciones capitalistas y el poder económico, al modo en el que ha sucedido en Bolivia o en Venezuela, por ejemplo.


Este tipo de aclaraciones políticas suelen servir de muy poco porque los lectores y el público en general carecen de la base formativa necesaria para entenderlas y porque se llega a las lecturas con posiciones ya muy prefijadas, lo que hace que se interpreten con filtros distorsionantes, pero es necesario seguir haciéndolas en un contexto de tan graves carencias de cultura política.


Sin más, les dejo con el artículo aludido.

La venta de historiales clínicos, la guinda de la privatización sanitaria

Toni Martínez. La Marea

Los datos médicos de los pacientes británicos podrán venderse y comprarse a partir de marzo. El pasado mes de mayo, el diario The Guardian publicaba una información en la que adelantaba los deseos del Gobierno británico de mercantilizar los historiales clínicos de los usuarios de la Sanidad pública. Además, la información ya apuntaba a uno de los posibles compradores, la empresa aseguradora Bupa.

Esa venta incluirá información sensible acerca de las visitas al hospital, los tratamientos psiquiátricos de los pacientes, las estancias en los centros y datos personales como el código postal, sexo, edad y situación económica de los pacientes, según avanzaba The Guardian el pasado domingo.

Esta situación ha provocado la señal de alarma entre los defensores del sistema nacional público de salud por las implicaciones que podría tener en España. De hecho, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en su informe Diez temas candentes para la sanidad española en 2013, ya dedica un apartado específicamente al open data en salud.

En el informe de PwC, se asegura que “la liberación de los datos que se generan en el sector de la salud y su reutilización, generarán beneficios para proveedores, pagadores, administración, ciudadanos e investigadores”. En este sentido concluyen que “la información debe estar disponible como un todo y a un coste razonable” y apela a que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial”.

La comercialización de los historiales clínicos será posible desde que se ponga en marcha un nuevo programa para facilitar la historia clínica electrónica a todos los centros de salud y hospitales del Estado. Se trata de uno de los ejes principales del Ministerio de Sanidad, que ha hecho suya una de las demandas recurrentes de las aseguradoras privadas. En junio del año pasado, la ministra Ana Mato ya anunció que había que asegurar que los médicos dispongan de todos los datos de cada paciente, “venga del servicio que venga”.

El anuncio preocupa desde entonces a los defensores de la salud pública y a los colectivos que velan por la protección de datos personales. Si las empresas privadas acceden a datos hasta ahora considerados confidenciales, pueden comprobar las enfermedades preexistentes de sus asegurados, estimar los riesgos que presentan y valorar su rentabilidad, un cálculo que incide directamente en la cuota de su póliza.

La interrelación entre la asistencia pública y privada ya es un hecho. Hasta ocho hospitales de la red pública tienen como proveedores de servicios sanitarios a empresas como Adeslas, DKV, Sanitas y Asisa, tal y como recuerda el portavoz de CASMadrid, Ángel Navarro: Ya se están filtrando datos de la salud de los ciudadanos, y esto puede ser peligroso porque se pueden usar por parte de las empresas”, asegura. En este sentido, Navarro explica que “la intención es que las mutuas patronales acaben gestionando las bajas del sistema público de salud y ahora los datos estarían en sus manos”.

 

España, como Inglaterra

Los defensores de la Sanidad pública alertan del peligro de que se exporte el modelo británico también en este sentido. Vicente Losada, de la plataforma auditoria ciudadana de la deuda No debemos no pagamos, sostiene que “el proceso que se está dando en el Estado español es una reproducción literal del proceso de privatización que se dio en el Reino Unido, con consecuencias terribles”.

Para Losada, “no es baladí que en Inglaterra se estén planteando vender las historias clínicas de los pacientes a las empresas privadas ya que uno de los grupos que está haciendo más presión es el Fórum PPP (Public-Private Partnership), que hace cinco años llegó a España”.
Por ahora, en el caso de las derivaciones en España, las clínicas privadas no tienen el historial médico. La única información de la que disponen es el nombre y apellidos del paciente y su DNI. Cuando le hacen una prueba diagnóstica, le entregan en mano los resultados, aunque ya hay casos en los que se envían al médico, lo que hace sospechar que se manejan más datos de los pacientes.

Carmen Esbrí, del Observatorio de Servicios Públicos de la organización ATTAC, critica el informe de PwC: “Es de una gravedad enorme ya que quieren clasificar a los individuos como en una fábrica. A su juicio, “está clarísimo que el trazado del modelo que tenemos ahora está muy definido por los sucesivos gobiernos (incluso en los socialdemócratas) porque esto no hubiera irrumpido de manera violenta si no se hubiera permitido con leyes anteriores”.