La crisis económica, si las movilizaciones de la ciudadanía no consiguen evitarlo, va a tener unas consecuencias tremendas. El capital, descolocado en un primer momento (el anterior presidente de la CEOE, Díaz Ferrand, pedía hacer un paréntesis en el capitalismo), se ha recuperado rápidamente y viendo la desorientación y la debilidad de la izquierda, ha tomado la iniciativa y en colaboración con la derecha política han emprendido una batalla por recuperar el terreno perdido en las últimas décadas. Hemos pasado de la necesidad de refundar el capitalismo a la revolución conservadora iniciada por el PP.
La derecha española está empezando a desmantelar el Estado del Bienestar. No es cuestión de que en tiempos de crisis sea necesario recortar, es que, mientras se transfieren actividades y recursos a la iniciativa privada, ya se anuncia (la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, lo decía hace unos días) que en el futuro no se va a poder mantener el actual sistema de servicios y prestaciones públicas. Esta afirmación solo se sostiene si se acepta la descapitalización del Estado, si se apuesta por mantener la tendencia de estos últimos 10 años en el reparto de la riqueza nacional, que ha llevado a incrementar en 6 puntos del PIB las rentas empresariales a costa de las salariales y la recaudación de impuestos.
Paralelamente se preparan leyes que recortan o eliminan derechos (aborto, píldora poscoital, políticas de igualdad); se diseña una reforma para hacer de la enseñanza un instrumento de formación de trabajadores, no de ciudadanos; se pretende resolver los posibles conflictos recurriendo al autoritarismo, se dota de “autoridad” al personal docente y sanitario…El tercer eje de este proyecto involucionista es la reforma laboral, una reforma orientada a facilitar la competitividad de nuestra economía en base a la reducción de costes laborales, una reforma de escaso recorrido (no podemos competir en costes con los países asiáticos) y apropiada para el sector más conservador, menos dinámico del empresariado español. Para facilitar esta rebaja se reduce la capacidad de defensa de los trabajadores, debilitando el carácter protector que debe tener el Derecho Laboral y restringiendo enormemente los ámbitos de negociación colectiva.
Pero a los empresarios todavía les parece poco, reclaman también limitar el derecho de huelga (que el Gobierno ha dicho que va a estudiar, a lo mejor considera que crea empleo) y retirar la prestación por desempleo a quien rechace un trabajo “aunque sea en Laponia”. Cuantos menos derechos y más miedo tengan los trabajadores más sencillo le resultará al empresario obtener beneficios, Lo importante, en palabras de Jesús Morte, presidente de los empresarios aragoneses, es el orden y la disciplina.
Las aportaciones de la CEOE, aceptadas por el Gobierno, para superar la crisis se limitan a recortar derechos e introducir el autoritarismo en las relaciones laborales. Los trabajadores junto con los estudiantes y cualquier colectivo que reivindique sus derechos somos díscolos y pendencieros a los que solo se puede tratar con mano firme, con autoridad. No es de extrañar que algún jefe de policía nos considere el enemigo.
Los populares, amparándose en la legitimidad de las urnas, se consideran con derecho a gobernar como les plazca y en esa deriva de criminalizar a quienes osen oponerse a su política, no dudan en retomar la campaña contra los sindicatos en cuanto estos han rechazado frontalmente la reforma laboral y han convocado movilizaciones. Una campaña en la que, a falta de otros argumentos, recurren permanentemente a la mentira y la demagogia, como es el atribuirle al Secretario General de UGT-Madrid un salario que no cobra. Parece ser que para la derecha, como en la dictadura, los sindicalistas tienen que demostrar su inocencia.
Aunque el objetivo no son CCOO y UGT, ni siquiera el movimiento sindical en general. No es una batalla contra los sindicatos sino contra los trabajadores, para limitar su capacidad de acción. Por eso, a pasar de las críticas que se les pueda hacer, de los errores y deficiencias de las organizaciones sindicales, hay que secundar sus convocatorias. No podemos olvidar que siguen siendo el instrumento más útil para la defensa de los trabajadores y la mayoría de la sociedad, especialmente en estos momentos en los que son el único dique de contención de las políticas liberales. No quiero pensar de lo que sería capaz la derecha sin contrapoder sindical.
Las líneas maestras de la política del Partido Popular están claras, solo nos falta saber con qué profundidad las pretende desarrollar. Los recortes que se deriven de los próximos Presupuestos Generales clarificarán el panorama, pero lo más importante será la capacidad de movilización ciudadana, no solo sindical, contra la estrategia involucionista de la derecha. No podemos olvidad que destruir es mucho más fácil que construir y que lo que perdamos ahora nos puede costar décadas recuperarlo.
Paralelamente se preparan leyes que recortan o eliminan derechos (aborto, píldora poscoital, políticas de igualdad); se diseña una reforma para hacer de la enseñanza un instrumento de formación de trabajadores, no de ciudadanos; se pretende resolver los posibles conflictos recurriendo al autoritarismo, se dota de “autoridad” al personal docente y sanitario…El tercer eje de este proyecto involucionista es la reforma laboral, una reforma orientada a facilitar la competitividad de nuestra economía en base a la reducción de costes laborales, una reforma de escaso recorrido (no podemos competir en costes con los países asiáticos) y apropiada para el sector más conservador, menos dinámico del empresariado español. Para facilitar esta rebaja se reduce la capacidad de defensa de los trabajadores, debilitando el carácter protector que debe tener el Derecho Laboral y restringiendo enormemente los ámbitos de negociación colectiva.
Pero a los empresarios todavía les parece poco, reclaman también limitar el derecho de huelga (que el Gobierno ha dicho que va a estudiar, a lo mejor considera que crea empleo) y retirar la prestación por desempleo a quien rechace un trabajo “aunque sea en Laponia”. Cuantos menos derechos y más miedo tengan los trabajadores más sencillo le resultará al empresario obtener beneficios, Lo importante, en palabras de Jesús Morte, presidente de los empresarios aragoneses, es el orden y la disciplina.
Las aportaciones de la CEOE, aceptadas por el Gobierno, para superar la crisis se limitan a recortar derechos e introducir el autoritarismo en las relaciones laborales. Los trabajadores junto con los estudiantes y cualquier colectivo que reivindique sus derechos somos díscolos y pendencieros a los que solo se puede tratar con mano firme, con autoridad. No es de extrañar que algún jefe de policía nos considere el enemigo.
Los populares, amparándose en la legitimidad de las urnas, se consideran con derecho a gobernar como les plazca y en esa deriva de criminalizar a quienes osen oponerse a su política, no dudan en retomar la campaña contra los sindicatos en cuanto estos han rechazado frontalmente la reforma laboral y han convocado movilizaciones. Una campaña en la que, a falta de otros argumentos, recurren permanentemente a la mentira y la demagogia, como es el atribuirle al Secretario General de UGT-Madrid un salario que no cobra. Parece ser que para la derecha, como en la dictadura, los sindicalistas tienen que demostrar su inocencia.
Aunque el objetivo no son CCOO y UGT, ni siquiera el movimiento sindical en general. No es una batalla contra los sindicatos sino contra los trabajadores, para limitar su capacidad de acción. Por eso, a pasar de las críticas que se les pueda hacer, de los errores y deficiencias de las organizaciones sindicales, hay que secundar sus convocatorias. No podemos olvidar que siguen siendo el instrumento más útil para la defensa de los trabajadores y la mayoría de la sociedad, especialmente en estos momentos en los que son el único dique de contención de las políticas liberales. No quiero pensar de lo que sería capaz la derecha sin contrapoder sindical.
Las líneas maestras de la política del Partido Popular están claras, solo nos falta saber con qué profundidad las pretende desarrollar. Los recortes que se deriven de los próximos Presupuestos Generales clarificarán el panorama, pero lo más importante será la capacidad de movilización ciudadana, no solo sindical, contra la estrategia involucionista de la derecha. No podemos olvidad que destruir es mucho más fácil que construir y que lo que perdamos ahora nos puede costar décadas recuperarlo.