15 de marzo de 2017

EL SUPREMO AVALA LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ESQUIROLEAR UNA HUELGA

Diego Lotito. La Izquierda Diario

El Tribunal Supremo avala, contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que se subcontraten servicios en una huelga. Impedirlo, dice la resolución, supone una protección "exorbitante" del derecho a la huelga.

La sentencia es precursora, qué duda cabe. Establece que los clientes de una empresa que no formen grupo económico con ésta pueden neutralizar la acción de una huelga subcontratando los mismos servicios.

Para el tribunal, impedir esto, como había resuelto la Audiencia Nacional en el mismo caso y ha entendido hasta ahora la jurisprudencia, supone una protección "totalmente exorbitante" del derecho a la huelga.

La resolución judicial fue dictada en noviembre de 2016, estableciendo un fallo opuesto al que previamente había emitido la Audiencia Nacional otorgando la razón al sindicato CGT en una demanda contra la empresa Altrad Rodisola, especializada en el montaje y alquiler de andamios.

El caso: Altrad Rodisola
Altrad Rodisola es una empresa especializada en montar andamios y aislamientos en obras de construcción en el sector químico y nuclear. El grupo francés Altrad, del que forma parte Altrad Rodisola, es un grupo presencia en una docena de países europeos, además de China, Estados Unidos o regiones como el norte de África y tiene un volumen de negocio de 861 millones de euros y unos beneficios netos de 49 millones de euros.

En 2015 la empresa comenzó un proceso de reestructuración para reducir costes, modificando arbitrariamente las condiciones laborales de la plantilla. El 20 de agosto de ese año los sindicatos organizados en la empresa convocaron a una huelga indefinida en la planta de Tarragona, acatada por el 90% de la plantilla de cerca de 130 trabajadores.

Durante el período que duró la huelga, varios de los trabajos que estaban paralizados por lo huelga fueron realizados por empresas subcontratadas por sus clientes, Dow Chemical y Basell Poliofelinas, que para prestar dichos servicios manipularon y modificaron andamios y materiales de Altrad.

Los sindicatos denunciaron estas acciones como una abierta vulneración del derecho de huelga. CGT llevó la denuncia a la Audiencia Nacional y la sala de lo Social le dio la razón al entender que, si la plantilla no hubiera estado en huelga por la defensa de sus condiciones de trabajo, dichos trabajos no hubieran sido realizados por otras empresas.

La decisión de la Audiencia Nacional se ajustó a la doctrina que hasta ahora ha dicho que estos servicios vulneran el derecho a la huelga. Pero sólo hasta ahora. Altrad presentó un recurso que encontró cobijo en el Tribunal Supremo, el cual dictó un fallo opuesto en la que sostiene que impedir la subcontratación supone una protección "exorbitante" del derecho a huelga.

Si se impidiese a los destinatarios de los trabajos, que no lo tuvieran prohibido por contrato, contratar con otras [empresas], llegaríamos a sostener que los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro, en caso de huelga en el primero, o que la empresa que tenga que realizar determinados trabajos no pudiera recurrir a otra empresa de servicios”, especifica el fallo.

En la sentencia que ahora viene a anular el Supremo, la Audiencia Nacional, por el contrario, había señalado que “los actos vulneradores del derecho de huelga pueden ser realizados por terceros empresarios distintos del titular de la empresa o centro de trabajo en cuyo ámbito se produce la huelga, si tales empresarios tienen una especial vinculación con aquél, como sucede en nuestro caso, en el que la demandada presta servicios para los mismos, y tal vulneración se produce mediante los actos del empresario principal que acude a contratar los servicios de una nueva empresa contratista para realizar los trabajos que debían ser desarrollados por los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga”.

Para la Audiencia Nacional, “la vulneración tiene como efecto neutralizar el legítimo derecho a la huelga” y la empresa “lo único que hizo fue comunicar a sus clientes la huelga para que pudieran subcontratar temporalmente los trabajos que Altrad hubiera desarrollado durante el transcurso de la huelga, sin oponerse a que fuera manipulado por terceros su propio material”.

Estos fundamentos son los que el Tribunal Supremo ha venido a cargarse con su nuevo fallo, eximiendo a la empresa de cualquier responsabilidad por el accionar de sus clientes subcontratando los servicios que no podía prestar por la huelga.

Para el tribunal que se encuentra en la cúspide del poder judicial español, “no existe una vinculación que justifique hacer responsable a Altrad de una conducta en la que no ha participado y en la que no ha podido intervenir para tomar la decisión”.

Según el TS, la actuación de Altrad "consistió únicamente en comunicar a todos sus clientes que no podía realizar los trabajos comprometidos con ellas durante la realización de la huelga", y aún más, añade que Altrad "no tiene una vinculación con sus clientes que le permita codecidir con ellas la realización de esos trabajos por terceras empresas de la competencia, ni tampoco se benefició de ello, y sin que tampoco conste que hubiese colaborado”.

La sentencia, finalmente, establece que no puede adjudicarse a Altrad que “haya impedido o disminuido los efectos de la huelga, o menoscabado la posición negociadora”.

Defender el derecho a huelga
Los abogados de los grandes capitalistas ya se frotan las manos. En un artículo publicado en el diario Expansión, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, cree que la sentencia “es importante porque sienta que la huelga es instrumento que se ejerce en el marco del contrato de trabajo como una medida de presión sobre el empresario mediante la imposición del perjuicio que deriva de la no prestación del trabajo”.

Aunque las implicaciones legales de la sentencia aún están por verse, la interpretación alternativa de la jurisprudencia relativa al derecho a la huelga que hace el Supremo ha dado estatus legal al esquirolaje mediante el mecanismo de la subcontratación de servicios, abriendo un portal a todo tipo de maniobras patronal para vulnerar el derecho de huelga.

En ese marco, resulta insólito que CCOO considere que en la sentencia el Supremo “no corrige su doctrina sobre el derecho de huelga”. En un comunicado publicado en su sitio web, el sindicato asegura que “no es cierto que la sentencia admita, sin más, que ante una huelga convocada, se pueda suplir la actividad de los trabajadores acudiendo a subcontratas. La empresa que es objeto de convocatoria no puede acudir a esa forma de esquirolaje para desviar la producción, y en este punto la Sentencia no introduce ningún cambio. Tampoco admite que otras empresas, si están vinculadas con la que es objeto de huelga, puedan desviar la producción por cualquier vía”.

Esta visión tranquilizadora se corresponde con la actitud de pasividad y displicencia que caracteriza a CCOO (y sus socios de UGT), que desde el estallido de la crisis capitalista en 2008 han jugado un papel de contención de la lucha de clases, optando en cada momento crítico por buscar la “paz social” a costa de entregar cada vez más conquistas y derechos de la clase trabajadora.

Cuando los capitalistas están en crisis es cuando se caen las máscaras y ya no se toleran el derecho de huelga, como tampoco el de reunión, de libertad de prensa, etc. Este proceso de cercenamientos de las libertades democráticas más elementales es el que viene avanzando a paso rápido y con violencia en los últimos años en el Estado español, a golpe de leyes mordaza, procesos judiciales… y también de sentencias como la del Tribunal Supremo.

El derecho de huelga es, sencillamente, el derecho de la clase trabajadora a coaccionar sobre la producción y la circulación de las personas y mercancías como un derecho legal y legítimo. La defensa irrestricta de este derecho es una lucha elemental en la que deben embarcarse todas las organizaciones obreras, políticas y sociales que se jacten de defender las libertades democráticas. CCOO y UGT, lejos de sacar mensajes tranquilizadores, deberían denunciar duramente este nuevo ataque y convocar a la movilización en defensa del irrestricto derecho a la huelga y contra todo tipo de vulneración de este derecho fundamental.

Como escribiera Walter Benjamin, “según la concepción de la clase obrera –opuesta a la del estado–, el derecho de huelga es el derecho a usar la violencia para imponer determinados propósitos”. Hay que defenderlo con uñas y dientes.


13 de marzo de 2017

AFGANISTÁN-PAKISTÁN: EL CENTRO DEL TERROR

Guadi Calvo. Portal Alba

Mientras que Daesh se bate en una angustiosa retirada de la ciudad iraquí de Mosul, donde se juramentaron como Estado Islámico en 2014, tras resistir el asedio a que están sometidos desde comienzo de noviembre último, por tropas del ejército iraquí, junto comandos norteamericanos, kurdos y turcos; en Siria, el Ejercito Árabe Sirio junto a la aviación rusa y comando iraníes y del Hezbollah los han despojado de importantes núcleos urbanos y al parecer la última batalla se resolverá en al-Raqa, la capital siria del grupo del Califa Ibrahim, para lo que el presidente norteamericano Donald Trump, enviará 400 infantes, abriendo una nueva arista a la compleja guerra siria, pero posiblemente se extermine territorialmente al terrorismo integrista, aunque sin duda los atentados se multiplicaran tanto en Siria como en Irak, oleada que podría extenderse a Jordania y Líbano.

En Libia, otro de los escenarios bélicos establecido por el Daesh en su guerra global, las huestes del Califa se están disolviéndose tras la pérdida de su capital Sirte, y según fuentes de inteligencia, mucho de eso combatientes pugnan por alcanzar el norte de Mali para sumarse a la nueva organización dirigida por al-Qaeda Global, Jamaat al-Nasr Islam wa al-muminin (Grupo para la victoria del Islam y de los fieles). (Ver: Sahelistán del Nilo al Atlántico).

El Daesh solo parece estar avanzado fuertemente tanto en Afganistán como en Pakistán, donde no deja de protagonizar ataques de manera continua contra cualquier tipo de objetivos.

Al igual que el Talibán, el Daesh afgano, Wilayat Khorasan saca provecho de la cada vez más tensa relación entre los dos hombres fuertes del gobierno afgano, el presidente Asharf Ghani y el presidente ejecutivo Abdullah-Abdullah, lo que no permite homogenizar políticas claras frente al terrorismo.

Ambas organizaciones integristas disputan territorialmente a las autoridades federales de Kabul, provincias enteras. Se calcula que casi un 43 %, está en manos de los grupos terroristas. Aunque es el Talibán quien controla la mayor parte de ese porcentaje. Sin duda Trump tendrá que resolver rápidamente su política en la región ya que la crisis está desbordando tanto a las autoridades de Kabul como a Islamabad.

El último miércoles, un comando del Daesh atacó el hospital militar Sardar Mohammad Daud Khan de Kabul, con un saldo de al menos 49 muertos, en su mayoría pacientes, médicos y enfermeros, además de los cuatro atacantes, que dejaron cerca de 70 heridos. El hospital se encuentra en uno de los sectores más seguros de la ciudad, ya que es vecino a varias embajadas occidentales, incluso la norteamericana, y a la base de la Unidad para la Respuesta de Crisis (CRU en inglés).

Los terroristas consiguieron infiltrase, vestidos como agentes sanitarios, cerca de las 9 de la mañana, hora de gran concentración de público. El primero de los terroristas hizo detonar su chaleco explosivo, junto a la entrada, mientras los tres restantes, armados con fusiles de asalto AK-47 y granadas, abrieron fuego de manera indiscriminada, para después atrincherarse en el interior edificio. Tras lo que se estableció un tiroteo de casi 7 horas, con las fuerzas especiales afganas, que ingresaron al Hospital descolgándose desde dos helicópteros a los techos del edificio.

El hecho remite gravedad extrema ya que nunca antes había sido atacado un hospital, el presidente Ghani, declaró: “que en todas las religiones se considera a los hospitales como lugares seguros, por lo que este ataque, es hacerlo contra todo Afganistán”. Mientras que la cúpula del Talibán emitió rápidamente un comunicado por el que deslindaban cualquier tipo de responsabilidades respecto a ese hecho.

Desde comienzo de año, tanto el Talibán como el Daesh vienen protagonizado cadenas de ataques en la capital afgana, y en muchos puntos del interior, que prevé que con el inicio de la primavera recrudecerán las acciones fundamentalistas.

Las administración Obama dejó en el país centro asiático unos 5.000 efectivos, concentrados en trabajo de asistencias a las tropas en el marco de la operación “Apoyo Decidido”, aunque a partir de la embestidas de estos últimos meses algunos expertos opinan que Estado Unidos, tendría que elevar el número de efectivos a 8.800, para mejorar el adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas afganas.

Este ataque al hospital se produjo días después de dos operaciones suicidas por parte del Talibán, también en Kabul, contra una estación policial y una oficina de los servicios de inteligencia, que dejaron en total 42 muertos y 122 heridos.

Este último sábado en la localidad de Nawshar, en la sureña provincia Zabul, al menos ocho policías fueron asesinados, cuando se encontraban durmiendo, por dos talibanes, infiltrados en esa fuerza. Tras el ataque los terroristas huyeron con armamento.

Primero fueron envenenados y luego tiroteados”, informó el portavoz del gobernador provincial, Gul Islam Sial. Este último hecho remite al sucedido el lunes 27 de febrero en un puesto policial de Lashkar Gah en la provincia de Helmand, cuando otro infiltrado en la fuerza policial ejecutó a once agentes mientras dormían, tras lo que huyó con armamento

A última hora del sábado el aeropuerto militar de la ‎provincia afgana de Jost, donde radica un gran número de tropas norteamericanas, fue atacado por tres hombres, que tras ser repelidos huyeron.
Según fuentes norteamericanas, ataques de infiltrados en fuerzas de seguridad han dejado el año pasado, entre enero y noviembre de 2016, en 56 hechos 151 muertos y 79 heridos.

El sábado 11, en el norte de Afganistán, en la capital de la provincia de Kunduz, cerca de 30 alumnas debieron ser hospitalizadas, tras un ataque con gas venenoso contra su escuela. Mientras que, por un ataque similar a una escuela de Kabul, otras seis niñas fueron internadas.

Según testigos del atentado en Kunduz, dicen haber visto a un hombre vestido de negro, con su boca y nariz cubierta con un trapo, lanzar una botella, de la que inmediatamente se desprendió un gas, con un fuerte olor agrio, tras lo que las primeras afectadas comenzaran a caer desmayadas. Este ha sido el tercer ataque de estas características en Kunduz en la última semana. Las escuelas de mujeres son un blanco favorito por el terrorismo integrista ya que “filosóficamente” la educación femenina es prohibida.

El 2016 fue un año de intensa actividad insurgente donde se produjeron la mayor cantidad de víctimas civiles en una década, ese número tiende a aumentar para 2017.

Una frontera cada vez más caliente
Pakistán ha decidido cerrar indefinidamente los pasos fronterizos con Afganistán, de Torkham y Chaman, en la provincia suroccidental de Baluchistán, que había clausurado de manera provisoria tras el ataque a el templo sufí de Sehwan Sharif a mediados de febrero, mientras las autoridades de Kabul, no tengan resultados efectivos de combate contra el extremismo. Según Islamabad, desde territorios afgano, cruzan la frontera a Pakistán atacan y vuelven a sus santuarios.

Las autoridades pakistaníes habían abierto los pasos este último jueves para permitir el paso de ciudadanos de ambos países que habían quedado de uno y otro lado. Para volverlos a cerrar inmediatamente, tras resolver la cuestión. La actitud de Islamabad sigue generando más tensión entre los dos países vecinos.

Kabul ha debido atender a más de doscientas familias residentes cerca de la frontera tras los ataques de la artillería pakistaní a posibles centros terroristas fronteras adentro de Afganistán.

Tras la apertura del jueves de uno de los pasos en la provincia de Nangarhar, dos hombres, una mujer y un niño murieron aplastados, tras una estampida generada por cerca de 20.000 ciudadanos afganos, que en territorio de Pakistán esperaban desde una semana atrás permiso para cruzar. En la localidad de Torjam otros 24 mil afganos han cruzado a pie la frontera mientras que 700 paquistaníes hicieron el camino inverso.

Nadie sabe cuándo se volverán a abrir los pasos fronterizos vitales para el comercio de uno y otro lado, que ha generado ya perdidas por millones de rupias.

Es claro que el movimiento Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y el capítulo pakistaní del Daesh, sumado a otras organizaciones menores, también son responsabilidad de Islamabad. El fenómeno del wahabismo no se detiene en fronteras y se afianza cada vez más fuerte en las áreas tribales debido al abandono de los gobiernos centrales. Los cierres fronterizos no son más que un “marketing”, ya que todos saben que las bandas terroristas, transitan por los mismos pasos que lo han hecho los contrabandistas desde siglos, los que jamás fueron ni detectados, ni detenidos.

Tras los recientes ataques en territorio pakistaní el congresista estadounidense del partido Republicano Ted Poe, presidente de la Subcomisión de Terrorismo de la Cámara, presentó este último jueves, un proyecto que declara a Pakistán “Patrocinador estatal del terrorismo” y un aliado poco confiable, acusando a Islamabad de haber colaborado con enemigos de los Estados Unidos.

Si bien es cierto que Osama bin Laden o la red salafista afgana de la familia Haqqani, encontraron apoyo y seguridad en Pakistán, no es menos cierto que fueron las políticas norteamericanas en la región, desde hace casi cuarenta años, las que han entrenado, armado e incentivado a estas organizaciones, que fueron utilizadas según los intereses del Departamento de Estado. Cuestión de la que ningún presidente norteamericano desde Jimmy Carter hasta la fecha se ha hecho cargo.

A partir de la presentación del proyecto del representante Poe, el presidente Trump deberá publicar un informe dentro de los próximos 90 días, que demuestre o no, la implicación de Pakistán con el terrorismo.

Mientras todo esto sucede en Washington, en la mañana del domingo, mientras se escriben estas líneas se conoce que un nuevo ataque se llevó a cabo en la ciudad de Dera Ismail Khan, en la siempre conflictiva provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, donde una bicicleta con carga explosiva fue activada, dejando por lo menos siete muertos y un número todavía indeterminado de heridos, sin que todavía ninguna de las organizaciones terroristas se haya adjudicado el ataque.

Asía Central históricamente ha sido uno de los lugares más sensibles del planeta y todos sabemos que, de una u otra manera lo que allí suceda, tarde o temprano afectará al resto del mundo.