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Ignacio
Ramonet. Le Monde Diplomatique
Se
acaban de cumplir cuatro años desde que, el 19 de junio de 2012, el
ciberactivista australiano Julian Assange, paladín de la lucha por
una información libre, se viera obligado a refugiarse, en Londres,
en las oficinas de la Embajada de Ecuador. Este pequeño país
latinoamericano tuvo el coraje de brindarle asilo diplomático cuando
el fundador de WikiLeaks se hallaba perseguido y acosado por el
Gobierno de Estados Unidos y de varios de sus aliados (el Reino
Unido, Suecia). La Justicia sueca exige que Assange acuda a Estocolmo
a presentar directamente su testimonio sobre las acusaciones de
agresión sexual hechas por dos mujeres a las que él habría mentido
sobre el uso de un preservativo.
Julian
Assange rechaza estas acusaciones y sostiene que las relaciones con
estas dos demandantes fueron consentidas, y afirma ser víctima de un
complot organizado por Washington. El fundador de WikiLeaks se niega
a ir a Suecia, a menos que la Justicia de ese país le garantice que
no será extraditado a Estados Unidos, donde podría ser detenido,
conducido ante un tribunal y, quizás, según sus abogados, condenado
a pena de muerte por “delito de espionaje”.
En
varias ocasiones, Assange también ha propuesto responder por
videoconferencia a las preguntas de los encargados suecos de la
investigación. Pero éstos han rechazado esa posibilidad,
argumentando que él huyó de Suecia aunque sabía que había una
investigación abierta contra él. El Tribunal Supremo sueco rechazó
de nuevo, el 11 de mayo de 2015, su demanda de que fuera anulada la
orden de detención que pesaba sobre él.
En
realidad, el único crimen de Julian Assange es haber fundado
WikiLeaks. En todas partes ha habido acalorados debates sobre si
WikiLeaks hizo prosperar o no la causa de la libertad de prensa, si
resulta bueno o malo para la democracia, si se debe o no censurar
esta plataforma. Lo que es seguro es que el papel de WikiLeaks en la
difusión de medio millón de informes secretos relativos a los
abusos cometidos por militares en Afganistán y en Irak, y de unos
250.000 comunicados enviados por las Embajadas de Estados Unidos al
Departamento de Estado, constituye “un hito en la historia del
periodismo” que ha marcado un antes y un después. WikiLeaks
fue creada en 2006 por un grupo de internautas anónimos, con Julian
Assange como portavoz, y asumió la misión de recibir y hacer
públicas filtraciones de información (leaks) garantizando la
protección de las fuentes (1).
Recordemos
las tres razones que, según Julian Assange, motivaron su creación.
“La primera, la muerte a escala mundial de la sociedad civil.
Rápidos flujos financieros por transferencias electrónicas de
fondos que se mueven más rápido que la sanción política o moral,
destrozando la sociedad civil a lo ancho del mundo. […]
En este sentido, la sociedad civil está muerta, ya no existe, y hay
una amplia clase de gente que lo sabe y está aprovechando que saben
que está muerta para acumular riqueza y poder. La segunda […]
es que hay un enorme y creciente Estado de seguridad oculto que se
está extendiendo por el mundo, principalmente basado en Estados
Unidos […] La
tercera es que los medios de comunicación internacionales son un
desastre, […] el
entorno de los medios internacionales es tan malo y tan
distorsionador que nos iría mejor si no hubiera ningún medio,
ninguno”.
Assange
aporta una visión radicalmente crítica del periodismo. En una
entrevista llega incluso a afirmar que “dado el estado de
impotencia del periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran
periodista. […] El
mayor abuso fue la guerra [de Irak y de Afganistán] contada por los
periodistas. Periodistas que participan en la creación de guerras a
través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su
cobarde peloteo a las fuentes gubernamentales”.
La
filosofía de WikiLeaks se basa en un principio fundamental: los
secretos existen para ser desvelados. Toda información oculta nace
con vocación de ser revelada y puesta a disposición de los
ciudadanos. Las democracias no deben ocultar nada; los dirigentes
políticos, tampoco. Si las acciones públicas de estos últimos no
son incompatibles con sus actuaciones públicas o privadas, las
democracias no deberían temer la difusión de “información
filtrada”. En este caso –y solo en este caso–, ello
significaría que son moralmente ejemplares y que el modelo político
que encarnan –juzgado como “el menos imperfecto de todos”–
podría de verdad extenderse, sin obstáculo ético alguno, al
conjunto del planeta. ¿Por qué tendrían que callarse los
periodistas en una democracia cuando un responsable político afirma
una cosa en público y la contraria en privado?
WikiLeaks
ofrece a los internautas la posibilidad de hacer públicos, a través
de su plataforma, grabaciones, vídeos o textos confidenciales sin
indagar en cómo han sido obtenidos pero cuya autenticidad verifica.
WikiLeaks vive de las donaciones de los internautas y de fundaciones
y no acepta ayudas públicas ni publicidad. Un buen número de
instancias públicas ha reconocido la utilidad de su trabajo. En 2008
recibió el Index on Censorship Award que otorga el semanal británico
The Economist, y en 2009, Amnistía Internacional le concedió el
premio al mejor “medio de comunicación nuevo” por haber
sacado a la luz, en noviembre de 2008, un documento censurado
relativo a un caso de malversación de fondos efectuado por el
entorno del antiguo presidente de Kenia, Daniel Arap Moi.
Desde
su creación, WikiLeaks ha sido un festín permanente de secretos,
una auténtica fábrica de primicias. Ha difundido bastantes más
revelaciones que muchos prestigiosos medios de comunicación en
décadas… Entre los mayores escándalos que sacó a la luz
destacan: los documentos que denunciaban las técnicas utilizadas por
el banco privado suizo Julius Baer Group para facilitar la evasión
fiscal; el manual de procedimiento penal del Ejército norteamericano
en la base de Guantánamo; la lista de nombres, direcciones, números
de teléfono y profesiones de los miembros del Partido Nacional
Británico (BNP, de extrema derecha) en la que figuraban policías;
la lista pormenorizada de correos electrónicos intercambiados con el
exterior por las víctimas de los atentados del World Trade Center,
el 11 de septiembre de 2001; los documentos que probaban el carácter
fraudulento de la quiebra del banco islandés The New Kaupthing; los
protocolos secretos de la Iglesia de la Cienciología; el historial
de los correos personales enviados durante la campaña electoral por
Sarah Palin, candidata republicana a la vicepresidencia de Estados
Unidos, a John McCain desde su ordenador profesional (lo que la
legislación estadounidense prohíbe); los expedientes del juicio del
asesino Marc Dutroux, incluido el listado con los números de
teléfono, cuentas bancarias y direcciones de todas las personas
investigadas en este célebre caso de pedofilia; sin olvidar los
recientes “Papeles de Panamá”, difundidos el pasado mes
de abril.
Por
todo eso, al igual que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian
Assange forma parte de un nuevo grupo de disidentes políticos que
luchan por un modo distinto de emancipación y son actualmente
rastreados, perseguidos y hostigados no por regímenes autoritarios,
sino por Estados que pretenden ser “democracias ejemplares”…
El
pasado mes de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que depende
del Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que Julian
Assange se encuentra “detenido arbitrariamente” tanto por
el Reino Unido como por Suecia. Los expertos independientes
internacionales también señalaron que tanto las autoridades suecas
como las británicas deberían “poner fin a su detención”
y “respetar su derecho a recibir una justa compensación”.
Según ese jurado internacional, Julian Assange ha sido sometido a
diferentes formas de privación de libertad: “detención inicial
en la prisión de Wandsworth en Londres” en régimen de
aislamiento, “seguida del arresto domiciliario y, después, del
confinamiento en la Embajada de Ecuador”.
Aunque
el pronunciamiento del Grupo de Expertos Internacionales de la ONU no
es vinculante, supone una gran victoria moral en el campo de las
relaciones públicas para Julian Assange al darle la razón en su
larga lucha contra las arbitrariedades de las autoridades suecas y
británicas.
A
este respecto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa informó que
su Gobierno brinda asilo y protección al fundador de WikiLeaks
porque “Assange carece de garantías de respeto a sus derechos
humanos y a sus derechos en materia de Justicia”. Por su parte,
el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, declaró que Ecuador
“mantiene preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos
de Assange” y que Quito considera que hay, contra Assange,
algún tipo de “persecución política”, motivos por los
cuales Ecuador le sigue otorgando asilo.
Para
reclamar la libertad de Julian Assange, sus amigos de todo el mundo
organizaron, entre el 19 y el 24 del pasado mes de junio, en varias
capitales del planeta (2) (Atenas, Belgrado, Berlín, Bruselas,
Buenos Aires, Madrid, Milán, Montevideo, Nápoles, Nueva York,
Quito, París, Sarajevo), una serie de actos y conferencias con la
participación de importantes personalidades y grandes intelectuales
(Noam Chomsky, Edgar Morin, Slavoj Zizek, Arundhati Roy, Ken Loach,
Yanis Varoufakis, Baltasar Garzón, Amy Goodman, Ignacio Escolar,
Emir Sader, Eva Golinger, Evgeny Morozov).
En
Quito (Ecuador), el simposio fue organizado por el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina (CIESPAL) y contó con una intervención del propio Julian
Assange a través de videoconferencia. Durante cinco días se
debatieron temas como: El caso Assange a la luz del Derecho
Internacional y los Derechos Humanos, Geopolítica y Luchas desde el
Sur, Tecnopolítica y Ciberguerra y De los Pentagon Papers a los
Panama Papers.
El
académico español Francisco Sierra, director de CIESPAL, declaró:
“Creemos que, en realidad, el problema de Julian Assange es ese:
el de la libertad de información. Cuando no hay libertad de
información, de movimiento ni de reunión, no hay derechos humanos.
Y por tanto, el primer derecho, es el derecho a la comunicación, y
hay que poner en evidencia que el caso Assange es un problema grave
de derecho a la comunicación” (3).
Todos
estos acontecimientos solidarios a lo largo y ancho de la geografía
mundial se fijaron dos objetivos. En primer lugar: reivindicar los
derechos que le han sido negados a Julian Assange, como la presunción
de inocencia o la libertad de movimiento. Y en segundo lugar:
recordar lo que representa WikiLeaks, es decir, el reto tan actual
sobre la libertad de información y de comunicación en un mundo
permanentemente vigilado.
Notas
(1)
Véase Ignacio Ramonet, La Explosión del periodismo, Clave
Intelectual, Madrid, 2011.
(2)
www.freeassangenow.org
