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Uno de los argumentos más usados por
los grandes medios de comunicación occidentales a la hora de interpretar el
origen del estallido social en las calles de Turquía es la deriva islamista y
autoritaria del Gobierno de Recep Tayip Erdogan.
De esta manera, los ‘mass media’ centran toda la
atención en la disyuntiva islamismo-laicismo y autoritarismo-democracia,
llevando a cabo un análisis simplista y parcial de la realidad que vive estos
días el país euroasiático.
Y es que para poder analizar con mayor profundidad
la reciente revuelta popular en las calles de ciudades como Estambul o Ankara,
habría que adoptar algo más de perspectiva y poner la lupa en las políticas
socioeconómicas que el Ejecutivo viene desarrollando durante estos últimos
años.
El Gobierno de Erdogan, integrado por el Partido
Justicia y Desarrollo (AKP), irrumpe en el poder en el año 2002 en un contexto
de crisis económica (crisis financiera de 2001) donde acuerda un programa de
medidas de claro corte neoliberal con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
que pasan por la privatización del sector público, reformas laborales y
drásticos recortes sociales.
Un año después de llegar al Gobierno, en 2003, se
abre el camino a la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones
Turk Telekom [1]. Al año siguiente, en 2004, se ponen a la venta compañías de
licor, fábricas de acero y Aerolíneas Turcas [2].
Desde entonces, se inicia un proceso que no tiene
marcha atrás: En 2007, se da luz verde a la privatización de la compañía
pública de tabacos de Turquía, Tekel [3]. En 2008, es el turno de la red
eléctrica, con la venta de dos compañías de distribución en Ankara y
Sakarya-Kocaeli [4]. Además, ese mismo año se anuncia la venta del banco de
propiedad estatal Halkbank y la privatización del 15 por ciento de las acciones
de Turk Telekom.
En 2009, el Gobierno aprueba una legislación para
otorgar el agua de los ríos, los lagos y los estanques a las corporaciones
privadas. Esto significa que los recursos hídricos pueden transferirse a
corporaciones, que hasta el momento sólo controlaban los servicios de
distribución [5].
Debido a esto, la Confederación de los sindicatos
campesinos turcos, Çiftçi-Sen, junto con más de 100 otras fuerzas de oposición
social que defienden el reconocimiento del derecho al agua, forman una
plataforma llamada “No a la
comercialización del agua” y se manifiestan masivamente el 15 de marzo de
2009 en Estambul, en el marco del Foro Mundial del Agua [6].
En 2011, el Gobierno de Erdogan inicia las
negociaciones para la privatización [7] de 2.000 kilómetros de autopistas y
puentes del país. De esta manera el Ejecutivo turco pretende ceder al capital
privado hasta nueve carreteras de peaje y dos puentes sobre el Bósforo, vías de
comunicación muy importantes en el área de Estambul.
A través de la llamada “Administración de Privatizaciones” (OIB por sus siglas en turco),
Erdogan busca tirar adelante un paquete de privatizaciones en el país que
incluye el textil, la minería, el petróleo, la alimentación o el transporte
marítimo, entre otros [8].
En febrero de ese mismo año, 10.000 personas se
manifiestan en el centro de Ankara en rechazo a la reforma laboral del
Gobierno, que entre las medidas, destacan la reducción del salario mínimo para
los jóvenes, la posibilidad de traslado de los funcionarios y permite la
contratación de empleados sin seguro social [9].
Muchos de los allí presentes corean gritos de “Esto es Ankara, no el Cairo”, “Tayyip ha llegado tu turno” y “Tayyip, te deseamos un final feliz como a
Mubarak”.
Las directrices neoliberales aplicadas durante
estos últimos años han generado un aumento de la desigualdad social en el país.
Según la revista Forbes, en Estambul, capital financiera de Turquía, había un
total de 35 multimillonarios en marzo de 2008 (en comparación con 25 en 2007),
situándose en el puesto 4º en el mundo. Un informe para empresarios interesados
en invertir en Turquía elaborado por el banco español Banesto asegura que “el país está marcado por la existencia de
fuertes desigualdades de rentas” [10]. Muchos empleados en Turquía no
cobran más del salario mínimo de unos 570 dólares y el ingreso per cápita es
casi la mitad que los ingresos medios europeos.
Quizás este conjunto de factores ayude a explicar
el malestar social que ha dado origen a los disturbios que hoy vive Turquía,
más allá del enfoque liberal que se pretende dar desde la prensa de Occidente.
Referencias:
[3] http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_599968_0_-1,00.html
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