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MANIFIESTO CONVOCANTE DE LA CONCENTRACIÓN
Las circunstancias que nos traen hoy aquí, para manifestar nuestro rechazo y oposición a la privatización de los aeropuertos españoles, no son sino la expresión de un panorama mucho más amplio donde sencillamente se pretende hacer imperar la economía más salvaje.
A cuenta de esta crisis, manifiestamente urdida y premeditada, estamos asistiendo al deplorable espectáculo de cómo en toda Europa los gobiernos, independientemente de sus ideologías y sus bases sociales, se están plegando unánimemente al servicio del totalitarismo mercantil.
A escala mundial, se está facilitando a los poderosos la apropiación y el lucro ilimitado, permitiendo la depredación del medio ambiente, propiciando la privatización de los bienes colectivos y consintiendo la extorsión laboral y económica de los seres humanos.
Vemos como la producción de alimentos, de energía, de bienes, mal utiliza las materias primas y los recursos naturales. Bajo criterios puramente economicistas se manipula la naturaleza y se contamina el agua, el aire y la tierra de todos, y cuando finalmente se producen desastres, se pretenden esquivar todas las responsabilidades personales y los costes de los daños se acaban cargando sobre las propias comunidades que los sufren.
La riqueza colectiva, fruto del trabajo y la inversión de generaciones, acumulada en forma de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, embalses, redes de distribución, energía, comunicaciones), continuamente se pretende expoliar por ventajistas sin escrúpulos, consiguiéndolo frecuentemente.
No podemos seguir consintiendo la gestión del mundo en beneficio de una élite depredadora, contra el interés general. Estos personajes prosperan en la rapiña y la usura. Son quienes se enriquecen con las guerras, fomentándolas, alquilando tropas, fabricando y vendiendo armas. Quienes se benefician con la pobreza, esquilmando los recursos de países subdesarrollados, trasladando la producción a donde la mano de obra es barata o directamente esclava. Son aquellos que se lucran con la enfermedad, especulando con la asistencia sanitaria, fármacos, tratamientos y patentes. Tienen como principales víctimas a los más débiles, incluyendo a niños a quienes se priva de toda posibilidad de un futuro mejor.
Pero lo más grave es que estos depredadores actúan impunemente, gracias a la pasividad cómplice de una parte cualificada de la población, que ha alcanzado la conformidad refugiándose en el desconocimiento interesado, en la comodidad, en el ocio mediático, en el “hedonismo virtual” que proporciona la contemplación fugaz del lujo que disfruta un puñado de “iconos de masas” elegidos en la cultura imperante del “porque yo lo valgo” y a quienes la élite dirigente permite “triunfar” para fomentar la distracción y el entretenimiento general.
En la lógica de este sistema de mercado salvaje, la condición del ser humano se está empobreciendo y empequeñeciéndose, hasta el extremo de reducirse la organización social y la interrelación personal a una alternancia de roles contrapuestos. El totalitarismo mercantilista prospera porque consigue que no nos veamos ya como personas, sino como productores o consumidores, trabajadores o usuarios, prestamistas o deudores, actores o espectadores, profesionales o clientes, siguiendo un juego de intereses enfrentados que nos acaban alejando de toda idea de bien común y de solidaridad.
Pero es precisamente ahí donde radica la debilidad del sistema mercantilista. No es cierto que todo tenga un precio, y con lo que no tiene precio, no se puede negociar. La dignidad y la responsabilidad de las personas siempre ha de estar por encima de las circunstancias económicas.
Respecto del debate entre público y privado que nos ocupa, es incontestable decir que estos son términos esencialmente contradictorios, independientemente del empeño y la voluntad de tergiversación que desde el poder se quiera emplear para llegar a hacerlos compatibles.
Considerando que el fin último de la gestión privada es “sacar beneficios”, es decir, ganancias que se embolsan individuos particulares, plantear que la gestión privada de intereses y servicios públicos es posible manteniendo o mejorando sus condiciones, es sencillamente una aberración.
Cualquier beneficio, por definición, se detrae del sistema productivo después de restar costes. Así que para incrementar los beneficios hay que actuar sobre uno o varios de estos tres factores: Aumentar el negocio, reducir costes o subir los precios. Aumentar el negocio requiere invertir, lo que aplaza de forma importante la obtención del beneficio. Bajar los costes implica reducción de medios, sueldos, personal, calidad. Subir los precios no es precisamente sinónimo de mejorar la gestión. Así que cualquier duda sobre la imposibilidad práctica de la gestión privada de bienes, intereses y servicios públicos, debiera quedar despejada por la simple aplicación del sentido común.
Queremos reivindicar, a colación, el significado que reviste la condición de empleado público como garantía de independencia de los servicios públicos frente a los múltiples intereses mercantiles, partidistas o de grupos de presión, y en el caso de Aena concretamente frente a los muchos que pululan en el negocio aeroportuario. El empleado público está al servicio del conjunto de la sociedad, independientemente de quien gestione o gobierne, esto es posible porque el acceso al empleo público se realiza mediante una oposición pública y porque los criterios de gestión pública se enfocan prioritariamente al mantenimiento del servicio y no a la pura obtención de beneficios. La condición de empleado y servidor público, su inherente independencia, también está ahora en jaque.
La función de mediación y arbitraje de Aena como garante de las reglas del juego de la competencia entre empresas, y como valedora de los derechos del pasajero, sólo ha sido posible desde su carácter público. La eficiencia de sus empleados públicos, la gestión en red solidaria y la reinversión colectiva de los beneficios de Aena han permitido poner el servicio público de los aeropuertos españoles al máximo nivel mundial, y también que se hayan dotado los aeropuertos de organización e infraestructuras capaces de afrontar su desarrollo a décadas vista, habiéndose logrado sin ningún coste para el contribuyente, sufragándose todos los gastos únicamente con las tasas cobradas a las compañías aéreas.
Es harto llamativo que sea precisamente ahora, con las obras de Madrid y Barcelona ya finalizadas, redefinidas las competencias profesionales de su personal, e iniciando Aena su recuperación económica, cuando se quiera dejar bien atada, por décadas, la privatización de la gestión de los dos mayores aeropuertos españoles. Y es que lo cierto es que se ha aprovechado la coyuntura económica y un estado de cuentas fuertemente condicionado por la amortización de las infraestructuras, y se ha fijado para los aeropuertos el precio más bajo posible, asegurando así la mayor ganancia para los oportunistas allegados.
Hay que recalcar, que con el objeto de desviar la atención de la opinión pública, sobre esta enorme operación especuladora y de expolio, premeditadamente el gobierno español ha abocado a los controladores aéreos a una situación de conflicto, y teniendo completamente prevista tal circunstancia, ha procurado maximizar su impacto mediático, para suscitar el respaldo de la opinión pública a la promulgación del estado de alarma y la militarización del espacio aéreo, con la excusa de resolver el problema que el propio gobierno había generado, buscando además que esto le permitiese intentar coaccionar la respuesta contra la privatización del resto de los trabajadores aeroportuarios, cuya oposición ya se conocía.
También entendemos que con este episodio se ha pretendido y casi conseguido camuflar el inicio de la privatización del negocio público de la lotería y el flagrante ataque que el ejecutivo español ha perpetrado contra sus ciudadanos más desfavorecidos, traicionando las propias bases sociales que lo sustentan, al retirar el subsidio a los parados de larga duración, y legitimando la solución de conflictos laborales por decreto, estableciendo un grave antecedente con el propósito de dificultar o imposibilitar las protestas en el futuro, de cualquier otro sector que para el caso se considere estratégico.
Es urgente atajar este comportamiento antidemocrático de nuestros gobernantes que al parecer se han olvidado completamente de a quienes representan y en nombre de quienes ejercen el gobierno.
Hemos de advertirles, con toda la firmeza necesaria, que NOSOTROS NO NOS VENDEMOS, y debemos señalarles y exigirles que tampoco aceptamos que ellos se dejen comprar.
Mediante el ejercicio de la dignidad y la responsabilidad hemos de recuperar el protagonismo colectivo y solidario de la sociedad frente a las imposiciones de la dictadura del mercado.
Hacemos un llamamiento a la ciudadanía consciente, a las organizaciones y agentes sociales comprometidos, a los informadores no alienados, a los trabajadores activos y parados, a los pensionistas, a los estudiantes, a los personajes públicos e intelectuales que aún se mantienen lúcidos y críticos.
A seguir perseverando contra el derrotismo y la insolidaridad que nos pretenden imponer desde el poder.
A provocar el necesario cambio de opinión y de actitud que nuestra sociedad requiere, para salir del letargo y la apatía que la paraliza.
A continuar la lucha contra la implantación global del totalitarismo mercantilista, que pretende reducir a las personas a funciones meramente productivas y consumidoras y que contempla a los individuos como simples valores estadísticos.
Por la implantación de medidas sociales de lucha contra la crisis económica:
Lucha real contra el fraude fiscal y laboral.
Medidas administrativas para el “reflote” de economía sumergida y su incorporación al sistema de cotización.
Préstamos públicos a precio de coste para autónomos y pequeñas empresas.
Contrarreforma del IRPF, recuperando temporalmente los anteriores tipos impositivos de las rentas más altas.
Regulación de la Bolsa para proteger la inversión e impedir maniobras especulativas.
Reparto del empleo, mediante la reducción de la jornada de trabajo, la abolición de las horas extras “habituales” y la jubilación voluntaria a los 60 años.
Legalización e incorporación efectiva al sistema de cotización de los trabajadores inmigrantes de la economía sumergida.
Aumento de las pensiones mínimas y establecimiento de un salario social, sufragándose mediante la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, impuesto especial al lujo, impuestos sobre los beneficios de la banca y las transacciones financieras (Tasa Tobin, ITF), y sobre el rendimiento en bolsa de las grandes empresas, que hoy se eluden mediante las SICAV (sociedades de inversión de capital variable). Recuperación de las ayudas al desarrollo. Abolición de paraísos fiscales.
Recuperación de la gestión pública de todos los servicios públicos, incrementando los efectivos en áreas de interés general que son deficitarias en personal, tales como: Investigación. Sanidad Asistencial y Preventiva. Educación. Prevención y Salud Laboral. Educación. Prevención, Gestión y Vigilancia Medioambiental. Inspección de Trabajo, Inspección Fiscal, Inspección de Consumo, Servicios Sociales, Administración de Justicia, Mantenimiento de Infraestructuras (carreteras, centros educativos), etc. Pudiéndose incorporar al servicio público, mediante las pruebas adecuadas, un gran contingente de parados subsidiados que hoy no son productivos, así como jóvenes universitarios que buscan su primer empleo.
POR ELLO, LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES APOYAMOS LA CONCENTRACIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE AENA QUE SE VA A CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 16 DE DICIEMBRE EL LA TERMINAL 2 SALIDAS A LAS 12 HORAS.
Porque otro mundo es posible y cada vez más necesario.
Primeros firmantes (lista abierta): CGT-AENA, Izquierda Anticapitalista
Puedes seguir la convocatoria y apoyarla en:
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