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Miguel Ángel García Díaz es miembro de CCOO y UPyD. Conviene ir conociendo la cantidad y la "calidad" de la mierda que CCOO tendría que limpiar si le importase el respeto de la clase trabajadora |
SUMAR Y PODEMOS JUNTOS A LAS GENERALES ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
PROPUESTA DE EXIGENCIAS AL POSIBLE PRÓXIMO GOBIERNO DE AMPLIAS ALIANZAS
HASTA LOS COJONES DEL ASUNTO LUIS RUBIALES Y DE TODO EL SHOW
TIEMPO DE PESIMISMO (NO EXAGERAR LOS ADJETIVOS), TIEMPO DE ESPERANZA
SUMAR Y PODEMOS JUNTOS A LAS GENERALES ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
9 de junio de 2013
EL REPRESENTANTE DE CC OO AVALA EL RECORTE DE LAS PENSIONES
DICTAMEN DEL LLAMADO COMITÉ DE EXPERTOS
El representante de CC OO en el grupo de
trabajo que ha propuesto la próxima reforma de las pensiones defiende su voto
positivo aunque pide más tiempo para aplicarla.
Redacción Web. Diagonal
"He suscrito este informe porque considero que incluye todas las cuestiones fundamentales que afectan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Con advertencia de los riesgos del sistema y porque deja de forma clara que el diseño del sistema está en la política", las palabras de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, buscaban anticiparse a las críticas ante su voto positivo al informe que un grupo de trabajo ha remitido al Gobierno para introducir el factor de sostenibilidad en el sistema de la Seguridad Social. Las decisiones políticas seguirán siendo fundamentales para el cálculo de las pensiones futuras: "el coeficiente de longevidad" introducido en la fórmula, "es sólo un factor más", respondían los miembros del grupo de trabajo en rueda de prensa, que han insistido en que el sistema seguirá basándose en decisiones que se tomarán "en el mismo lugar en el que se toman ahora", como ha recalcado uno de los cinco miembros de trabajo en rueda de prensa.
El sindicato ha afirmado en un comunicado que el voto de su representante en el comité y la mera existencia del informe "no vincula ni al Gobierno ni a los agentes sociales", y ha asegurado que se siente vinculado a los acuerdos de febrero de 2011 que ya preveía la introducción del factor de sostenibilidad para el año 2027.
A pesar de su voto positivo, que contrasta con la negativa del representante de UGT, Miguel Ángel García, ha emitido un voto particular para que la aplicación de la reforma se lleve a cabo en 2019 y no en 2014, por dos motivos: "El fondo de reserva siendo pesimista tiene recursos para asumir el déficit de cinco años, una segunda cuestión, una reforma estructural tiene que tener tiempo suficiente para que se conozca, los cambios se tienen que valorar. Creo que es mejor que la sociedad se acostumbre a este cambio para que lo pueda incorporar de forma menos traumática", ha declarado García.
"Los medios [de comunicación] tienen un papel muy importante", a la hora de trasladar a la ciudadanía el contenido del informe, ha valorado Víctor Pérez Díaz, presidente del comité, quien ha asegurado que ninguno de los integrantes del grupo ha cobrado "ni un euro ni un céntimo de euro" por su participación en esta mesa. "Es el conjunto de la sociedad el que tiene que implicarse en este proceso". A su juicio, políticos y agentes sociales tienen que trasladar el problema a la ciudadanía. El proceso a seguir a partir de ahora lleva el texto al Pacto de Toledo y después a su discusión en las cámaras de representantes, con vista a que esta nueva reforma de las pensiones sea aprobada antes de final de año. Las líneas generales de la reforma buscan acelerar la introducción del factor de sostenibilidad y sustituye el cálculo en base al IPC por otra fórmula, el Factor de Revalorización Anual, una ecuación que introduce el componente demográfico entre otros factores. Con ello, se introduce un Factor de Equidad Intergeneracional, que liga la pensión inicial a la esperanza de vida.
El coeficiente propuesto "no va a generar pensiones más bajas, lo más probable es que las pensiones medias vayan aumentando", se ha defendido Rafael Domenech, economista jefe para Economías Desarrolladas del BBVA, "solo necesitamos que la economía crezca en términos reales para que las pensiones crezcan", aunque Domenech ha reconocido que "hay un riesgo de que descienda la pensión media real con respecto al salario medio real". Según datos de la Agencia Tributaria de noviembre de 2012, el salario medio real descendió en 2011 un 3,6% respecto al año anterior, y la evolución de los salarios desde el comienzo de la crisis ha alcanzado ya una caída 10%. En ese mismo periodo, las pensiones crecieron, aunque este incremento se ha atenuado con la puesta en marcha de políticas de recorte que han afectado especialmente a los perceptores de este tipo de rentas.
NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG: Conviene conocer los vínculos de ese comité de expertos nombrado por el Gobierno del PP para la reforma de las pensiones con el mundo de las aseguradoras privadas y sus fundaciones liberales: http://www.periodistadigital.com/economia/instituciones/2013/06/08/esttos-son-los-12-expertos-que-han-hecho-el-informe-sobre-las-pensiones.shtml
8 de junio de 2013
LO QUE NO CUENTAN LOS MASS MEDIA SOBRE EL ESTALLIDO SOCIAL EN TURQUÍA
Libred
Uno de los argumentos más usados por
los grandes medios de comunicación occidentales a la hora de interpretar el
origen del estallido social en las calles de Turquía es la deriva islamista y
autoritaria del Gobierno de Recep Tayip Erdogan.
De esta manera, los ‘mass media’ centran toda la
atención en la disyuntiva islamismo-laicismo y autoritarismo-democracia,
llevando a cabo un análisis simplista y parcial de la realidad que vive estos
días el país euroasiático.
Y es que para poder analizar con mayor profundidad
la reciente revuelta popular en las calles de ciudades como Estambul o Ankara,
habría que adoptar algo más de perspectiva y poner la lupa en las políticas
socioeconómicas que el Ejecutivo viene desarrollando durante estos últimos
años.
El Gobierno de Erdogan, integrado por el Partido
Justicia y Desarrollo (AKP), irrumpe en el poder en el año 2002 en un contexto
de crisis económica (crisis financiera de 2001) donde acuerda un programa de
medidas de claro corte neoliberal con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
que pasan por la privatización del sector público, reformas laborales y
drásticos recortes sociales.
Un año después de llegar al Gobierno, en 2003, se
abre el camino a la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones
Turk Telekom [1]. Al año siguiente, en 2004, se ponen a la venta compañías de
licor, fábricas de acero y Aerolíneas Turcas [2].
Desde entonces, se inicia un proceso que no tiene
marcha atrás: En 2007, se da luz verde a la privatización de la compañía
pública de tabacos de Turquía, Tekel [3]. En 2008, es el turno de la red
eléctrica, con la venta de dos compañías de distribución en Ankara y
Sakarya-Kocaeli [4]. Además, ese mismo año se anuncia la venta del banco de
propiedad estatal Halkbank y la privatización del 15 por ciento de las acciones
de Turk Telekom.
En 2009, el Gobierno aprueba una legislación para
otorgar el agua de los ríos, los lagos y los estanques a las corporaciones
privadas. Esto significa que los recursos hídricos pueden transferirse a
corporaciones, que hasta el momento sólo controlaban los servicios de
distribución [5].
Debido a esto, la Confederación de los sindicatos
campesinos turcos, Çiftçi-Sen, junto con más de 100 otras fuerzas de oposición
social que defienden el reconocimiento del derecho al agua, forman una
plataforma llamada “No a la
comercialización del agua” y se manifiestan masivamente el 15 de marzo de
2009 en Estambul, en el marco del Foro Mundial del Agua [6].
En 2011, el Gobierno de Erdogan inicia las
negociaciones para la privatización [7] de 2.000 kilómetros de autopistas y
puentes del país. De esta manera el Ejecutivo turco pretende ceder al capital
privado hasta nueve carreteras de peaje y dos puentes sobre el Bósforo, vías de
comunicación muy importantes en el área de Estambul.
A través de la llamada “Administración de Privatizaciones” (OIB por sus siglas en turco),
Erdogan busca tirar adelante un paquete de privatizaciones en el país que
incluye el textil, la minería, el petróleo, la alimentación o el transporte
marítimo, entre otros [8].
En febrero de ese mismo año, 10.000 personas se
manifiestan en el centro de Ankara en rechazo a la reforma laboral del
Gobierno, que entre las medidas, destacan la reducción del salario mínimo para
los jóvenes, la posibilidad de traslado de los funcionarios y permite la
contratación de empleados sin seguro social [9].
Muchos de los allí presentes corean gritos de “Esto es Ankara, no el Cairo”, “Tayyip ha llegado tu turno” y “Tayyip, te deseamos un final feliz como a
Mubarak”.
Las directrices neoliberales aplicadas durante
estos últimos años han generado un aumento de la desigualdad social en el país.
Según la revista Forbes, en Estambul, capital financiera de Turquía, había un
total de 35 multimillonarios en marzo de 2008 (en comparación con 25 en 2007),
situándose en el puesto 4º en el mundo. Un informe para empresarios interesados
en invertir en Turquía elaborado por el banco español Banesto asegura que “el país está marcado por la existencia de
fuertes desigualdades de rentas” [10]. Muchos empleados en Turquía no
cobran más del salario mínimo de unos 570 dólares y el ingreso per cápita es
casi la mitad que los ingresos medios europeos.
Quizás este conjunto de factores ayude a explicar
el malestar social que ha dado origen a los disturbios que hoy vive Turquía,
más allá del enfoque liberal que se pretende dar desde la prensa de Occidente.
Referencias:
[3] http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_599968_0_-1,00.html
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