LA OTAN TOPA DE NUEVO CON SU PASADO TERRORISTA

Rafael Poch. La Vanguardia

“Gladio” reaparece en Luxemburgo

Un testigo inesperado ha dado esta semana un extraordinario giro al “proceso del siglo” que se sigue en Luxemburgo desde febrero. Se trata del caso “Bommeleeër”, literalmente el “colocador de bombas”: una serie de veinte atentados con bomba realizados en el tranquilo ducado entre 1984 y 1986 que fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. El historiador alemán Andreas Kramer ha dado un vuelco al caso: el autor de 18 de aquellas 20 bombas, fue su padre, un agente del servicio secreto alemán, BND, que actuaba por cuenta de una estructura secreta de la OTAN, ha dicho.

Es así como la trama “Gladio”, relativamente bien conocida en países como Italia y Bélgica, asoma ahora en Luxemburgo. El testimonio de Kramer exculpa a los dos acusados del caso, Marc Scheer y Joseph Wilmes, ex miembros de la brigada móvil de la gendarmería y coloca en el primer plano de las sospechas al padre de Kramer, Johannes Kramer, fallecido en 2012 y definido por el hijo como “un prototipo de nazi”. También apunta al ex jefe de los servicios secretos de Luxemburgo (SREL), Charles Hoffmann.

Kramer es uno de los 90 testigos del proceso entre los que figuran el primer ministro Jean-Claude Juncker, el ex primer ministro y ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, el ex ministro de justicia Mar Fischbach y los príncipes Juan y Guillermo, hermanos del Gran Duque Enrique de Luxemburgo.

Los atentados de Luxemburgo, contra la cumbre de la Unión Europea del 2 de diciembre de 1985, contra una sede judicial y una larga serie de torres eléctricas, fue obra de un grupo de 40 personas, diez de ellas luxemburguesas, incluido el jefe de la “Brigada Móvil” de la Gendarmería local, Ben Geiben, en conexión con los servicios secretos alemanes (BND) y británicos (MI6), explicó Kremer.

“Mi padre era un terrorista, se trataba de puro terror y de asesinatos, calculaba conscientemente la muerte de personas”, declaró Kramer ante los jueces. Su padre le explicó sus hazañas porque quería que el hijo ingresara también en el BND. “Me amenazó de muerte en caso de que explicara algo, me lo tomé muy en serio”, dice el hijo.

Kramer sostiene que su padre participó en el atentado con bomba más grave de la historia alemana de posguerra, el del 26 de septiembre de 1980 en la Oktober Fest de Munich, la fiesta de la cerveza, que dejó 13 muertos y 213 heridos y fue inverosímilmente atribuido a la acción de un solo neonazi que murió en la explosión. El artefacto era complejo, una granada introducida dentro de un extintor, y requirió una notable pericia técnica.

En Luxemburgo se trataba de cultivar la estrategia de la tensión, el gran ducado era reticente en la probación de legislación de seguridad y había que motivarlo, explicó Johannes Kramer a su hijo. La operación formaba parte de la estructura “stay Behind”, una red internacional conocida en Italia como “Gladio” que creó inicialmente grupos armados preventivos para acciones de sabotaje en la retaguardia europea en caso de una invasión soviética y que acabó siendo utilizado políticamente en Europa y nutriéndose de ultraderechistas.

La existencia de Gladio, una estructura de la OTAN, secreta dentro del secreto de la Alianza, que Kramer describe como “un servicio secreto dentro del servicio secreto”, fue reconocida en Italia por el primer ministro Giulio Andreotti en agosto de 1990.

En un informe de 326 páginas de la comisión de investigación del Senado italiano sobre los sangrientos actos terroristas que Italia conoció entre 1967 y 1987, en el marco de la estrategia de la tensión para impedir, entre otras cosas, la participación de los comunistas en el gobierno, lo que le costó la vida al primer ministro Aldo Moro (491 muertos y 1181 heridos en dieciocho años), la cámara concluyó finalmente, en junio del año 2000, que, “aquellas masacres bombas y acciones militares fueron organizadas, o promovidas, o apoyadas por hombres dentro de las instituciones del Estado italiano y, como se ha descubierto más recientemente, por hombres vinculados a las estructuras de la inteligencia de Estados Unidos”.

La historia de esta estructura es parcialmente conocida gracias al estudio del profesor suizo Daniele Ganser publicado en 2005, “Gladio los ejércitos secretos de la OTAN”. El juicio de Luxemburgo es sumamente interesante porque incluye las veinte bombas del gran ducado en una serie vinculada a algunos de los mayores actos terroristas realizados en Europa en los años setenta y ochenta.

Kramer dijo el jueves en su declaración que los atentados se coordinaban a través del “Comité Clandestino Aliado”(Allied Clandestine Committee) bajo la dirección del General alemán Leopold Chalupa. Aún vivo, Chalupa fue comandante en jefe de las tropas de la OTAN en Europa Central (CINCENT) desde 1983 a 1987. Kramer ha pedido que sea llamado a declarar junto con el ex secretario de estado de defensa Andreas von Bülow y otro agente del BND vinculado al “stay Behind” llamado Norbert Zuretzko.

Los abogados de la defensa, Gaston Vogel y Lydie Lorang consideran que esta trama explica el cúmulo de irregularidades y misterios que la instrucción del proceso ha conocido a lo largo de los años, en forma de decisiones judiciales ignoradas, desaparición de más de 80 pruebas, destrucción consciente de documentos por el SREL así como informaciones sensibles que la policía de Luxemburgo no entregó a los investigadores y que habrían exculpado a sus defendidos, meros chivos expiatorios.

Kramer dijo que los atentados de Luxemburgo crearon divergencias dentro de la OTAN que llevaron a interrumpir la serie de golpe en 1986 para concentrarse más en Bélgica.

Entre 1983 y 1985 Bélgica sufrió una insólita ola de atentados que ha pasado a la historia como las “masacres de Brabante”, gran parte de ellos a cargo de unas “Células Comunistas Combatientes” (CCC) que en realidad fueron organizadas por la extrema derecha y que utilizaron armas y explosivos procedentes de una acción clandestina de entrenamiento de las fuerzas especiales americanas en la localidad de Vielsalm en la que murió un oficial de la policía belga.

Particularmente actual e inquietante ha sido la impresión manifestada por Kramer en el juicio de Luxemburgo de que la estructura del “stay Behind” continúa activa en Alemania y que el escándalo de la célula neonazi NSU, cuyo juicio comienza el miércoles en Munich podría estar relacionado. El caso “Clandestinidad nazi” (NSU) es el asunto de terrorismo más grave registrado en la Alemania de los últimos veinte años y ha venido marcado por una misteriosa ineficacia de los servicios secretos. Durante más de una década el grupo responsable de diez asesinatos, nueve de ellos xenófobos, dos atentados con bomba y más de una docena de atracos entre 1998 y 2011, actuó impunemente sin que oficialmente fuera detectado.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, LUIS DE GUINDOS, TAMBIÉN VENDIÓ ‘PREFERENTES’

El diputado Antonio Hurtado muestra los
documentos en los que se demuestra que
Lehman Brothers, compañia de la que De
Guindos fue Presidente para España y
Portugal, vendió preferentes

Luis Díez. Cuarto Poder

Cuando el hombre de la pajarita subió a la tribuna de oradores, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantenía el dominio de la situación y parecía tranquilo. No esperaba que el hombre de la pajarita, Antonio Hurtado, diputado socialista por Córdoba y portavoz adjunto en la Comisión de Economía, fuese tan peligroso. Pero lo era. Hurtado desveló que cuando el ahora ministro De Guindos era presidente ejecutivo de Lehman Brothers vendió una gran cantidad de participaciones preferentes a muchos ahorradores estafados, algunos de los cuales seguían el debate desde el palco de invitados. El ministro frunció el entrecejo y elevó el tono en la réplica, pero no pudo desmentir a Hurtado. La estafa de las preferentes afecta a más de 100.000 personas en toda España.

Dijo el economista Hurtado: “He estado viendo unas 20 sentencias judiciales favorables a estas personas (los ahorradores engañados). Nunca con la intención de encontrarme con lo que me he encontrado y que creo que debe conocer la Cámara, porque para mí ha sido una sorpresa, desde la más absoluta sinceridad. De las 20 que he visto, me he encontrado que un tercio de ellas corresponde a la comercialización de preferentes de Lehman Brothers. Participaciones comercializadas a través de otras entidades, emitidas por Lehman Brothers, y comercializadas durante los años 2006 a 2008, siendo usted presidente ejecutivo de esa entidad (quebrada) en España y Portugal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted no está legitimado para hablar de herencia, porque usted ha sido parte del sistema financiero, parte de los causantes”.

No terminó ahí la acusación, pues Hurtado recordó que antes del primer movimiento de la “puerta giratoria”, De Guindos amplió en 2003, como Secretario de Economía del último gobierno de Aznar, las desgravaciones fiscales para que se emitiesen muchísimas más preferentes, en contra de las advertencias del Banco de España. “¿Ha leído usted el último informe del Defensor del Pueblo? El Informe dice que en 2002, siendo usted secretario de Estado de Economía, el Banco de España advirtió que las participaciones preferentes tenían un peso muy elevado en los recursos bancarios y señaló que la comercialización estaba siendo inadecuada. Ese informe le llegó a usted, pero en 2003 adoptó una medida, no para evitar lo que le estaba informando el Banco de España, sino, justamente, lo contrario: ampliar las desgravaciones fiscales para que se emitiesen muchísimas más preferentes”.

Al ministro se le atragantó el sapo. En la réplica, Hurtado se interesó por las buenas prácticas de De Guindos en el otro lado de la puerta giratoria, y le preguntó si siendo presidente ejecutivo de Lehman Brothers había avisado a las entidades que comercializaban sus preferentes de que la entidad iba a quebrar, y si él había perdido dinero en ese producto bancario. Unas preguntas molestas que tampoco merecieron la respuesta del ministro, cuyo objetivo fue presentar el decreto gubernamental para que una comisión de arbitraje examine, caso por caso, los depósitos de los ahorradores en participaciones preferentes y determine si les devuelven el dinero o solo una parte.

Los afectados que asistían al debate no pudieron contenerse y estallaron en gritos de protesta–“¡Queremos nuestro dinero!”–, lo que obligó al presidente Jesús Posada a ordenar a los ujieres y policías que los desalojaran. Dos que imprecaron a sus señorías y a los miembros del Gobierno presentes, llamándoles “chorizos, ladrones, sinvergüenzas”, fueron fichados y no podrán entrar en el Congreso en dos años. Pese a la aparente tranquilidad del ministro, muchos periodistas saben que los “escraches” de los estafados por el sistema financiero rescatado por Bruselas le molestan muchísimo. El martes pasado, un grupo de “preferentistas” le esperó a las 9 de la mañana ante el Hotel Ritz para manifestar su protesta. Después, los escoltas del ministro se emplearon a fondo en revisar los bolsos de las periodistas y en exigir el carné de identidad a los informadores en una sala del interior del hotel desde la que seguían su intervención y la de su colega de Agricultura, Miguel Árias Cañete, en un “desayuno informativo”, no fuera a ser que hubiera escrachadores entre ellos.

Una de las personas afectadas por las preferentes que
fueron desalojadas de la tribuna de público del Congreso

La sesión plenaria del jueves estuvo marcada por los desalojos; el presidente Posada también desalojó de la tribuna de oradores a los diputados de ERC Joan Tardà, Alfred Bosch y Teresa Jordà porque, uno tras otro, insistieron en hablar en su “lengua materna”, el catalán, “en lógica correspondencia” con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga al sistema educativo catalán a impartir la clase en castellano si un alumno lo pide. Posada no aceptó “esa correspondencia” invocada por Tardà y pidió a los de ERC que intenten reformar el reglamento, como ya hicieron hace seis años sin ningún resultado.

Tampoco el Gobierno de Mariano Rajoy acepta la “correspondencia” del uso del catalán en la Administración General del Estado. El ejemplo más reciente es el de la viuda de un funcionario de Hacienda destinado en Barcelona que para solicitar su pensión remitió a la Delegación de Hacienda de Madrid el certificado de defunción de su cónyuge redactado en catalán y le fue rechazado. El diputado de CiU Carles Campuzano preguntó al Gobierno si “consideraba razonable” ese rechazo, máxime cuando las diferencias en este tipo de escritos son mínimas: “defunció por defunción, mort el día por muerto el día y tom por tomo”. Y el Gobierno le contestó el 21 de enero pasado: “La lengua de los procedimientos tramitados en la Administración General del Estado es y será el castellano”. O como diría Cristóbal Montoro, concernido en este caso: “¿Les queda claro?”