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En junio de 2008, la UE aprobó la directiva de retorno para luchar contra la llamada “inmigración ilegal”, que dio un plazo de entre siete y 30 días para el retorno voluntario de los sin papeles y autorizaba a la detención de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses. La dureza de las medidas se justificó entonces con el anuncio de una futura legislación para la inmigración legal para darle un trato justo.
La realidad es que la propuesta, que pretende fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, está llena de exclusiones y derogaciones. Perjudica, por ejemplo, a los trabajadores temporales, a los desplazados, a los trasladados por empresas de terceros países, a los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato y a determinados puestos de aprendices.
Claude Moraes, eurodiputado laborista, advierte de que el riesgo “es la injusta diferencia que se establece entre los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países”. “Muchas compañías”, añade, “verán más conveniente trasladar sus sedes a países como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE para evitar tener que darles los mismos derechos que tienen los europeos”.
Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, el reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Un ejemplo: un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania, no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí. Deberá permanecer en el país donde haya trabajado, a no ser que la legislación de este último se lo permita.
Véronique Mathieu, eurodiputada del Partido Popular Europeo y ponente de la directiva, sostiene que la exclusión de los temporeros y los trabajadores trasladados dentro de su empresa “está justificada porque la Comisión ha presentado propuestas de directivas específicas para estas categorías”. En su opinión, “incluir a estos trabajadores en esta propuesta obligaría a modificar todo el proyecto inicial de la Comisión y aplazar aún más su adopción”. El Grupo socialista ha presentado enmiendas para eliminar estas exclusiones, pero han sido rechazadas por los populares y por los liberales.
La UE ve a los inmigrantes fundamentalmente desde la perspectiva de la seguridad: el Consejo elegido para aprobar una materia de derechos laborales y sociales ha sido el de Justicia e Interior, y no el de Empleo y Asuntos Sociales. Si el Parlamento Europeo aprueba mañana la directiva – para lo que es suficiente la mayoría simple – sin enmiendas significativas, la norma será adoptada definitivamente el próximo 21 de diciembre por el Consejo de Justicia e Interior. Si la propuesta no fuera aprobada, se abriría un nuevo procedimiento de discusión en el que tendrían audiencia patronales, sindicatos y organizaciones civiles y no gubernamentales.
La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias, que solo ha sido ratificado por 44 Estados, de los que solo hay tres europeos (Albania, Bosnia – Herzegovina y Turquía) y firmado por 15, dos de ellos europeos (Serbia y Montenegro).
La propuesta de directiva de permiso único es también contraria a la Convención del Consejo de Europa sobre trabajadores inmigrantes de 1977, en lo referente a condiciones de trabajo, seguridad social y vivienda. Esta convención ha sido ratificada y está en vigor en varios países europeos, como Francia, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía y Ucrania.
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