María Laura Carpineta. Télam
Décadas de políticas xenófobas y de mano
dura, y un sistema penal anclado en el encierro, crearon en Estados Unidos la
mayor población carcelaria del mundo y una industria multimillonaria de
prisiones privadas.
Hace poco más de
15 años, la investigadora estadounidense y activista de los años 60, Angela
Davis, acuñó el término de “complejo
industrial carcelario” y lo comparó al poderoso y tan temido complejo
industrial militar estadounidense.
“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas,
hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a
grandes números de personas de las comunidades pobres, inmigrantes y
racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran negocio”, escribió la dirigente
comunista.
La mayor empresa
de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue
también la primera de esta innovadora industria.
Creada en 1983,
fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines de los años 60 fundó Hospital
Corporation of America, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía
privados de Estados Unidos.
Al año siguiente,
Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más
tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del
complejo industrial.
“La industria surgió en un contexto dominado por la
mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano
dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas
de que existía una oportunidad empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen,
director ejecutivo de la organización In the Public Interest.
Según relató por
teléfono desde su oficina en Washington, las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que
lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estaduales.
Las primeras
cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de
garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba
la creciente población carcelaria a los gobiernos.
Cumplían las
mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento
estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda
empresa, su objetivo último era el lucro.
Según Cohen,
desde el principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”.
Primero fueron
los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur
del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill
Clinton a la Casa Blanca,
el Estado nacional.
Clinton endureció
aún más la política criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo
dramáticamente la burocracia pública y abrió la puerta a que el Departamento de
Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de
inmigrantes indocumentados y criminales.
“Para mediados de los 90, CCA era una de las
empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green, directora de
la organización Justice Strategies, una organización especializada en política
criminal con base en Brooklyn, Nueva York.
Pero el mayor
boom para el incipiente complejo industrial carcelario llegó después de la
declaración de la “guerra contra el
terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la
inmigración del segundo mandato del republicano George W. Bush.
Para fines de
2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los
sistemas federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de
los 50 estados del país, según la
Oficina de Estadísticas de Justicia estadounidense.
El porcentaje
parece pequeño, pero lo que llama la atención es el ritmo al que creció la
industria en relación al aumento de personas detenidas en el país.
Entre 1999 y
2010, la población carcelaria en Estados Unidos creció un 18%, pero el número
de presos en cárceles federales y estaduales privadas aumentó alrededor de un
80%.
CCA posee 66
cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65
prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en
2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente.
A nivel federal
este crecimiento se basó en la privatización de gran parte del sistema de
detención de inmigrantes indocumentados, mientras que a nivel de los estados se
consiguió gracias al “cortejo” de las
autoridades locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales.
Un informe de
2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con
gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al
Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de
criminalidad disminuye.
Por ejemplo, en
Colorado, el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y
eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009.
Originalmente, el
gobierno de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones
privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado.
Sin embargo, en
2012 y tras el cierre de cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo
con CCA para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles
que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por
preso.
Como el complejo
industrial militar, la industria carcelaria adquirió sus dones de negociación a
fuerza de millones de dólares invertidos en lobby y consiguió parte de su
influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo
Estadounidense).
ALEC no es un
grupo de lobby formalmente.
Su slogan es “gobierno limitado, libertad de mercados,
federalismo”, su función es redactar y promocionar proyectos de ley y sus
miembros incluyen más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos
de grandes corporaciones (hasta hace unos años, CCA y el Grupo Geo).
La agrupación
está organizada por comisiones, como los del Poder Legislativo, y cada una está
liderada por un legislador en funciones y un empresario vinculado con esa área.
Medios
estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times y la revista The
Nation, vincularon a ALEC con leyes de mano dura, como la que permite a los
ciudadanos disparar cuando sienten que su vida está en peligro, y las
principales normas que permitieron la privatización del sistema penitenciario.
“Las empresas de cárceles no crearon las leyes,
pero ayudaron a que sean aprobadas… y tiene sentido. Si cotizas en Wall Street,
tienes que crecer. Y para que tus acciones suban, tu mercado tiene que
agrandarse”, sintetizó Judy Green.
Los últimos 30
años demostraron que la única forma que tiene el complejo industrial carcelario
de aumentar su mercado es con políticas criminales más duras.
NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG:
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