26 de febrero de 2012

¿POR QUÉ ALEMANIA ALIENTA LA REFORMA LABORAL DE RAJOY PARA BAJAR LOS SALARIOS?

Enrique Negueruela. Nueva Tribuna.


¿Qué razón puede haber para qué Merkel y Sarkozy encabecen una cruzada para disminuir los costes salariales en países con una proporción PIB/coste menor que en el suyo?

El objetivo fundamental de la reforma laboral que ha decretado Rajoy no es otro que bajar los salarios de los trabajadores, tanto públicos como de empresas privadas. Además hemos visto el empeño que ha puesto Merkel en la disminución salarial afirmando que era preciso trabajar más horas por menos salario.

En esta línea inició Rajoy su primera medida que no fue otra que congelar el salario mínimo. El Salario mínimo no guarda relación con la pensión contributiva mínima, es inferior en un 16% a la pensión con cónyuge a cargo (1.711 €/año) y solamente un 3,6% superior si no tiene cónyuge (315 €/año). Subir las pensiones y congelar el salario mínimo solamente se puede explicar desde una perspectiva electoralista. Obviamente no es que las pensiones deban reducir su cuantía al salario mínimo, sino al revés. La importancia de esta congelación está en la función que realiza el SMI de establecer el suelo de la negociación colectiva y de la fijación de los salarios. Con un conjunto de grupos o categorías salariales, su incremento eleva a todas y cada una de ellas, salvo que exista una política de redistribución de la masa salarial, cosa que no suele ocurrir.

La explicación puede deberse a la necesidad de establecer un cinturón en el sur de la UE que frene los incrementos salariales tanto en Alemania como en Francia

La distribución en 2010 de la masa salarial en el Estado, a partir de los datos de Hacienda de la estadística de Salarios y pensiones en fuentes tributarias, provocó que el 43,5%, algo más de dos de cada cinco asalariados percibiese menos de 1.000 euros al mes. Estos 7,8 millones de personas percibieron el 13,3% de la masa salarial repartida. Uno de cada cuatro, el 25,4%, tuvo de media un salario de 1.240 euros/mes y el 23% de la masa salarial. Entre ambos grupos se encuentran siete de cada diez asalariados. Por el contrario, el grupo de mayor retribución, con un salario medio de 4.877 euros, representando uno de cada catorce asalariados, percibe uno de cada cuatro euros (el 7% de los asalariados percibe el 25% de la masa salarial). Este abanico salarial es demasiado amplio y debería estrecharse en la medida en que el SMI pudiera servir de factor corrector. Congelado por Rajoy el salario mínimo, la pretensión de reajuste salarial, obviamente se dirige hacia esos siete de cada diez que perciben menos de 1.500 euros mensuales. Esta es la situación de los asalariados que no parece nada halagüeña.

Si relacionamos el SMI con la renta per cápita para ver en qué parte de la riqueza se le garantiza a un asalariado y lo comparamos con otros países de la UE que también tienen SMI, la comparación revela un nivel de injusticia muy superior al de nuestro entorno. El SMI garantiza más del 50% del PIB per cápita en Francia (58%), Bélgica (54%), Eslovenia y Malta (52%), Inglaterra y Grecia (51%) y Holanda (50%). Un segundo grupo que garantiza más del 40% está integrado por Polonia (48%), Irlanda (47%), Croacia (41%) y Portugal (40%). Por encima del 35%, se encuentran Hungría (39%) y España y Letonia (38%). En el último grupo se encuentran Lituania (31%), Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía y Estonia (30%) y, finalmente, la República Checa (26%). Todavía no hay datos en Eurostat de cómo se sitúan Grecia y Portugal después de la disminución forzada de su SMI.

La amenaza de deslocalización es uno de los frenos a las reivindicaciones salariales de los trabajadores

En 2010 la renta per cápita española era muy similar a la media de la UE, 24.500 euros frente a 24.400 de media europea. Sin embargo los costes laborales por hora de trabajo eran inferiores en proporción a otros países.

El coste/hora de un trabajador en la industria alemana es un 39% superior a uno de España cuando su renta es solamente un 18% superior. En el conjunto de sectores, salvo el primario del que se carecen de datos, el coste/hora de Alemania es un 28% superior al coste/hora en España. Esa relación coste/PIB se mantiene en el conjunto de los sectores, con alguna excepción que conviene analizar, salvo el cote/hora en el sector energético. En hostelería es mayor en España en 14 céntimos de euro, un 1%, y en actividades sanitarias y servicios sociales en un 4,4%, 1,07 euros. No existen datos más desagregados que nos permitiesen comparar el sector sanitario y los servicios sociales por separado. La atención a la dependencia está mucho más desarrollada que aquí y obviamente tiene un coste/hora muy inferior a la sanidad. El segundo factor que opera son los “mini jobs” alemanes. Tanto en hostelería como en dependencia es en las actividades donde se dan con mayor profusión. Estas actividades no compiten, de momento, en el conjunto de la Unión porque son muy locales.

Si hacemos una comparación similar con Francia, el otro estado proclive aunque sin tanta presencia, el resultado es similar. El PIB per cápita francés es un 7,3% superior al nuestro. El coste hora de la mano de obra en la industria es un 34,2% superior y en el conjunto de los sectores es un 34,4% mayor. En todos los sectores, salvo el energético, su coste es mucho mayor. En general, es posible afirmar que el coste/hora de los asalariados españoles se sitúa por debajo de los costes medios de los países con un nivel similar de PIB per cápita.

Intentan, con el aplauso de Rajoy, forzar a los países del sur a ser el freno de la justa expansión salarial de los asalariados franceses y alemanes

La distribución de las rentas que aparece en el cuarto trimestre de 2011 quisiera llevarle la contraria a Merkel, Sarkozy y Rajoy. Por primera vez desde que hay series, la proporción de renta de los asalariados es inferior al excedente bruto empresarial. Este trasvase de rentas salariales de los asalariados al excedente bruto empresarial se ha venido realizando de forma más aguda desde el segundo trimestre de 2010, coincidiendo con el giro de la política social y económica.

Entre el 2º trimestre de 2010 y el 4º del 2011, la retribución de los asalariados ha cedido 4,2 puntos al excedente empresarial, pasando de ser el 54,1% a solamente el 49,9%. Esta situación es diferente tanto a la de la zona euro, donde las retribuciones de los asalariados suponen 10,6 puntos más que el excedente empresarial, como a la del conjunto de la UE donde la diferencia es de 11,4 puntos. Es a caballo de la crisis cómo se han ido invirtiendo los términos. En el primer trimestre de 2008 las retribuciones salariales eran 0,2 puntos superiores a la zona euro y solamente 0,7 puntos menos que la Unión.

Hasta ahora hemos visto cómo existe un gran número de trabajadores con salarios bajos, dos de cada cinco cobrando menos de 1.000 euros y siete de cada diez menos de 1.500 euros. También que el salario mínimo se sitúa, en relación con nuestra riqueza en los umbrales más bajos de la UE, en un nivel más próximo a algunos de los antiguos países del este que a los países con una renta similar a la nuestra, aunque hay otros del este que nos superan con creces. España es el sexto país, de los 20 que tienen SMI, por renta y el treceavo por la relación entre renta y SMI. Además comprobamos cómo la crisis ha sido utilizada para trasladar 4,2 puntos de rentas salariales a excedentes empresariales, situándose esta distribución muy por debajo de la media europea.

¿Qué razón puede haber para qué Merkel y Sarkozy encabecen una cruzada para disminuir los costes salariales en países con una proporción PIB/coste menor que en el suyo? La explicación puede deberse a la necesidad de establecer un cinturón en el sur de la UE que frene los incrementos salariales tanto en Alemania como en Francia. La amenaza de deslocalización es uno de los frenos a las reivindicaciones salariales de los trabajadores. Intentan, con el aplauso de Rajoy, forzar a los países del sur a ser el freno de la justa expansión salarial de los asalariados franceses y alemanes.

24 de febrero de 2012

PAPADEMOS APURA EL AJUSTE

Página/12
Después de que los acreedores internacionales dieran luz verde al rescate, el Ejecutivo griego debe responder con nuevos recortes. El país heleno está sumido en una crisis desde hace dos años.

El gobierno del primer ministro griego, Lucas Papademos, trabaja a toda velocidad para traducir en leyes el nuevo plan de rescate europeo, mientras miles de personas protestaban ayer de nuevo en las calles contra las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea (UE). El Parlamento debatió ayer la ley relativa a una quita forzosa, que permitiría al Estado obligar a acreedores privados a condonar las cantidades adeudadas si su participación en la quita voluntaria no es lo suficientemente generosa.

El gabinete griego prevé que la norma se apruebe hoy con los votos de 199 de los 300 diputados.
Las nuevas medidas de austeridad exigidas por los acreedores internacionales encuentran a los griegos sumidos en una creciente penuria desde hace dos años, con la economía en caída libre, el desempleo en niveles record y las finanzas del Estado en una situación peor que la que se creía, según datos conocidos ayer.

En otra muestra del descontento de una ciudadanía agotada y exprimida por el ajuste, más de 6000 personas se manifestaron ayer pacíficamente frente al Parlamento, en el centro de Atenas, para ventilar su bronca contra las nuevas medidas de austeridad que impulsa el gobierno de Papademos. La manifestación llegó un día después de que los países que usan el euro aprobaran el segundo rescate financiero para Grecia de los últimos dos años, que consta de otro préstamo de la UE y el FMI por 130.000 millones de euros y una condonación de la deuda por parte de bonistas por 107.000 millones de euros.

En respuesta al acuerdo de quita de deuda con bancos, aseguradoras y otros tenedores de deuda, la agencia Fitch rebajó aún más la nota de crédito griega, de CCC a C, el nivel más bajo de la tabla antes de la suspensión de pagos parcial. La agencia dijo que una cesación de pagos griega es “altamente probable en el corto plazo” y que considerará poner a Grecia en estado de “default restrictivo” (RD) una vez que se complete el canje de los bonos, una advertencia que ya había hecho en 2011.

Atenas sostiene que su nota de crédito será para entonces sólo un tecnicismo dado que el doble acuerdo que logró el martes le permitirá al país superar el mes próximo un reembolso de un vencimiento de su deuda por 14.500 millones de euros, evitando así un default desordenado y una expulsión de la Zona Euro. En virtud del acuerdo, Grecia debió ceder su soberanía y aceptar una vigilante presencia permanente de la UE y el FMI en Atenas, una especie de comisariato político que el bloque comenzó a ejercer ayer al convocar a una reunión dentro de ocho días para ver si Grecia cumplió con el ajuste requerido. La reunión, según informaron fuentes diplomáticas de Bruselas, tendrá lugar horas antes de la cumbre de mandatarios de la Eurozona prevista para el 1º y el 2 de marzo.

En cuanto a los griegos de a pie, en tanto, deberán pagar un enorme precio por su salvación. La nueva ley de ajuste enviada anoche al Parlamento contempla recortes del gasto adicionales por 3200 millones de euros acordados la semana pasada por el Ejecutivo, incluyendo un “tijeretazo” de 400 millones de euros en las ya depredadas pensiones y de más de 170 millones en educación y salud. El proyecto de ley también revisó drásticamente el presupuesto para 2012, estableciendo una nueva meta de reducción del déficit en un 6,7 por ciento del PBI, por encima del 5,4 previsto inicialmente.

Ayer, el Parlamento aprobó en comisión un proyecto de ley separado, que adopta la quita de deuda con los bonistas privados y que será votado hoy por el Legislativo en sesión plenaria. El premier Papademos se reunió ayer con el presidente Karolos Papoulias para informarle sobre el acuerdo de la Eurozona. No está claro si la combinación de crédito y quita de deuda será suficiente para evitar un default de Grecia, cuya economía podría contraerse aún más con la pérdida de poder adquisitivo o capacidad de inversión que seguramente resultará de los nuevos ajustes.

Incluso con el acuerdo con los bonistas, la deuda pública de Grecia se reducirá, en el mejor de los casos, desde su actual 170 por ciento del PBI a un 120 en 2020, volviendo al mismo nivel que tenía en 2009.

La asociación de comerciantes minoristas griegos dijo ayer que las medidas de ajuste costarán otros 100.000 puestos de trabajo en el sector sólo en la primera mitad de 2012, luego de la pérdida de 65.000 empleos en el segundo semestre del año pasado. Más de un millón de griegos, o el 21por ciento de la fuerza laboral, está desocupado, según los últimos datos, de noviembre pasado. El desempleo trepa hasta el 50 por ciento en los menores de 25 años. El gobierno también rebajará un 22 por ciento el salario mínimo de los trabajadores privados, que quedará en 580 euros.