29 de junio de 2013

EL EXPERTO DE CCOO DEFIENDE POR ESCRITO EN EL CONGRESO EL RECORTE DE LAS PENSIONES

Miguel Ángel García, a la izquierda, en el acto organizado el pasado 11 de junio para presentar el informe del comité de expertos sobre las pensiones. / empleo.gob.es
Pascual García. Cuarto Poder

El jefe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO), Miguel Ángel García, ha ratificado punto por punto -en el Congreso, y por escrito,- su apoyo al informe elaborado por un grupo de expertos designados por el Gobierno del Partido Popular para analizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su posible reforma.  El apoyo de Miguel Ángel García al informe provocó en su día un auténtico terremoto en el sindicato, cuya dirección, tras convocar una reunión de urgencia de sus secretarios generales el pasado 10 de junio, asumió colectivamente el error de que un representante de CCOO lo hubiera avalado con su firma y subrayó que el sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo se opondrá a cualquier reforma que signifique una reducción del poder adquisitivo de las pensiones.

Lo cierto es que el apoyo explícito de la Comisión Ejecutiva a la actuación de García y su autonomía, por un lado, y, al tiempo, el distanciamiento del sindicato respecto a su voto no dejaron satisfecho a casi nadie, y un buen número de dirigentes de distintos sectores, afiliados y simpatizantes tomaron con sus críticas las redes sociales exigiendo una rectificación.

Tras esta pseudorectificación de la dirección el pasado 10 de junio, el tema podría parecer resuelto -y a ello habría contribuido muy notablemente la sordina que ha impuesto la dirección del sindicato sobre este asunto-, pero puede que la cosa no sea tan sencilla. Y es que la historia se repite y Miguel Ángel García ha ratificado sus posiciones ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto Toledo, aunque no de forma presencial, sino por escrito. En su comunicación, afirma que no ha comparecido en persona alegando “compromisos previos ineludibles”, si bien, fuentes de la dirección del sindicato reconocieron a cuartopoder.es que su no asistencia (ha sido el único experto que no ha acudido en persona al Congreso) se ha debido a la marejada interna (rolando a mar gruesa) que provocó el voto positivo de García al informe.

¿Y qué dice Miguel Ángel García en su escrito? Pues lo mismo que decía antes. “La orientación de mi voto se apoya en varias causas. La primera es que el Informe defiende un sistema público de pensiones de reparto, es decir, con fuerte solidaridad entre generaciones que además puede desarrollar un cierto grado de solidaridad a nivel personal, sectorial y territorial. Pero esta declaración no sería motivo suficiente para mi apoyo si considerara que el sistema de pensiones propuesto no tuviera la posibilidad de proporcionar a los trabajadores pensiones suficientes que les permitan mantener un bienestar cercano al que disfrutaban cuando estaban trabajando”.

Miguel Ángel García alude al aumento de la esperanza de vida y a la futura irrupción en el colectivo de pensionistas de la generación del baby boom para proponer -en esta ocasión sí respetando las posiciones del sindicato en materia de pensiones-  un aumento de los ingresos del sistema (no solo con cuotas sociales sino también con impuestos, como incorpora el informe gracias a su aportación, recuerda) para hacer frente a esa circunstancia hasta alcanzar niveles similares a la media de la Zona Euro.

Pero algunas otras líneas de su discurso siguen desafinando respecto al argumentario que, por lo menos hasta la fecha, mantiene CCOO. Por ejemplo, cuando habla sobre la posibilidad de desvincular la revaloración anual de la pensión del IPC. “La fórmula de actualización anual de la pensión implica un cambio respecto al uso del IPC para mantener el poder adquisitivo de la cuantía inicial, pero en sí misma no determina ningún resultado, porque está influida por el número de pensiones a pagar, el nivel de gasto total del sistema y los ingresos”, reitera García en su escrito.

“La fórmula de actualización propuesta – insiste en su explicación permitiéndose, de paso, meter una colleja a algún medio de comunicación- no es la más dura de la Unión Europea, como ha afirmado maliciosamente algún medio de comunicación convenientemente adiestrado, sino la más completa, al recoger todas las variables que afectan al desenvolvimiento del sistema de pensiones. Entre otras cuestiones, es la única que permite inyectar dinero adicional al sistema”.

Y para terminar, recuerda lo siguiente: “Mi diferencia con el Informe se sitúa en el momento de aplicación. He elegido 2019 porque es el momento en el que se agotaría el Fondo de Reserva de no normalizarse en un tiempo razonable la situación económica de España y porque, en mi opinión, un cambio como éste requiere del tiempo necesario para que la población lo conozca en profundidad y, así, evitar incertidumbres innecesarias en un tiempo ya demasiado difícil”. Y en esto también Miguel Ángel García va por libre y, a lo que parece, con el beneplácito de la dirección del sindicato (que se supone que se habrá leído el papel antes de registrarlo en el Congreso) a pesar de que la posición de su técnico choca, de bruces, con la expresada el pasado 10 de junio en una resolución de la Comisión Ejecutiva de CCOO. “A tenor de la imagen proyectada, la dirección confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibildad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032″. He revisado el párrafo varias veces y lo cierto es que no he conseguido encontrar, por ninguna parte, el dichoso 2019 que propone García, pero, claro, si veinte años no es nada, trece, ni te cuento.


Por cierto, el texto firmado por Miguel Ángel García no se ha colgado en la página web confederal, sino en la de Comfia (la organización de banca), que, según fuentes del sindicato, es quien apoya, junto a Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social y Políticas Públicas, estas posiciones, “minoritarias” -reiteraron estas fuentes- “en el sindicato”. Casualmente, el encargado de fijar posición -se supone que ahora sí definitiva- ante la Comisión del Pacto de Toledo será el propio Bravo, que comparece el próximo lunes en el Congreso. ¿Saldremos de dudas?