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Por Marat
El escándalo de corrupción que en los últimos días azota al partido del Gobierno es el suma y sigue de una larguísima lista que se pierde en el tiempo.
Caso Naseiro en los 90, Terra Mítica, Gürtel, caso Fabra, Jaume Matas en Baleares, financiación del PP de Madrid a través de la fundación Fundescam, ligada al mismo, a la que al ex Presidente de la CEOE Díaz Ferrán alimentaba económicamente, caso los Tarajales en Canarias, el secreto a voces de los terrenos de la estación del AVE en Yebes (Guadalajara), ligado a la familia política de Esperanza Aguirre, Ignacio González (Presiente de la Comunidad de Madrid) y su duplex de lujo posiblemente conectado con la trama Gürtel, caso Bárcenas y sus sobres con dinero en negro a los principales miembros de la cúpula del PP,....
Ya no sorprende a casi nadie cada nueva corruptela y, si bien provoca rabia e ira sociales, especialmente en un tiempo de recortes salvajes y de empobrecimiento creciente de la clase trabajadora, corre el peligro de convertirse en “continuum” monótono al que la sociedad se va acostumbrando, más allá de las expresiones puntuales de profunda y justificada irritación, de las opiniones demoscópicas y de alguna manifestación espontánea más o menos numerosa.
Este fenómeno no es exclusivo del PP. Se da, en mayor o menor medida, en todos los partidos que han ocupado espacios de gobierno. Hablo de gobierno y no de poder porque éste se encuentra en otro lugar, que es el espacio del capital. El PSOE ha tenido sus grandes casos de corrupción y la lista, con ser menor que la del PP, es más que dilatada. CiU es básicamente un partido corrupto, cuyos tentáculos podridos se extienden por amplios sectores de la vida catalana. La situación se reproduce en un número importante de casos por la geografía española entre pequeños partidos de ámbito local, siendo quizá el más significativo el de Uniò Mallorquina, que ha actuado largo tiempo como partido bisagra en todas las salsas de coalición, y como gran amigo de constructores.
Seguramente, en aras a ser justos, la mayor limpieza exista en IU, que tiene algunas acusaciones, no siempre probadas, sobre sus espaldas y, sin lugar a dudas, en el ámbito de la izquierda radical vasca, de la que desconozco caso alguno de corrupción.
En la primera de dichas organizaciones creo que esa escasez de corruptelas se debe a su bajo nivel de participación en gobiernos autonómicos y locales y probablemente a una cierta moralidad pública de sus representantes.
En el caso de la izquierda abertzale creo sinceramente que la ausencia de casos de corrupción denunciados tiene que ver, a lo largo de su historia, y más allá del tiempo en que fueron desalojados de las instituciones de la CAV por la Ley de Partidos, con el hecho de que aquella no puede permitirse tal cosa, si de verdad quiere demostrar que sus formaciones políticas son realmente algo diferente al resto. Y, hoy por hoy, lo está demostrando.
Pero creo que no se trata aquí de proclamar quién es más decente o más sucio en el asunto de los dineros porque nada que hoy sea de un modo puede garantizarse que mañana no sea de otro.
En todo caso, y antes de entrar a considerar porqué está tan extendida la corrupción política, me gustaría detenerme en el asunto de las razones por las que el PP y CiU son esencialmente –es decir, por esencia o carácter- partidos corruptos y porqué el resto no lo es en la misma medida o tiene un escaso número de escándalos económicos.
La cultura política y los valores de la derecha tradicional entiende la política con la misma base moral que sustenta a la económica capitalista. El derecho de apropiación de bienes que debieran ser colectivos como bienes privados. Se asienta en una especie de “iusnaturalismo” que justifica el darwinismo social, económico y político como derecho del más fuerte.
De ahí que tienda a extender sobre toda la sociedad la naturaleza de su propia vileza. Es frecuente escuchar estos días, como eco de los casos Bárcenas o González (Presidente de la Comunidad de Madrid) entre votantes del PP expresiones del tipo “El que no roba es porque no puede o porque es tonto”.
El caso de los partidos de izquierdas es diferente. Su base moral, basada en los principios de honestidad en la función pública y en la consideración de que lo colectivo prima sobre lo particular dificulta la elevación de individuos económicamente corruptos a la categoría de representantes institucionales de las mismas, aunque puedan encontrarse casos en los que estos comportamientos se han dado (representantes en CajaMadrid, por ejemplo). Más allá de ello subsisten otras sombras sobre hechos no probados, en ocasiones propalados por los medios de la derecha (casi todos), o bien sobre comportamientos que, sin ser directamente delictivos, no se ajustan precisamente lo que cabe calificar como muestras de moralidad pública.
El caso del PSOE es muy particular. No es un partido de izquierdas. Cabría hablar de él como de una derecha más civilizada que el PP pero, desde el origen de la transición ha conocido casos de financiación ilegal (caso Fick, ligado a la Fundación Friedrich Ebert), más tarde, ya en la época de Felipe González quien, por cierto, es impulsor de un fondo de capital riesgo en horas bajas, se dio el caso Filesa, ligado a una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) de financiación ilegal del partido. Buena parte del dinero para fondos de reptiles y la creación de los GAL desde el Ministerio del Interior durante el gobierno de este ex presidente fue a parar a políticos de su partido y altos cargos del citado Ministerio. El escándalo de los ERE en el anterior gobierno andaluz fue otra de las sonadas deshonestidades del mismo. Dejando de lado los innumerables casos de corrupción en ayuntamientos gobernados por esta formación a lo largo de todo el período democrático, lo cierto es que la nómina de casos de corrupción del PSOE es alargada.
Su menor número –no por mucho- de encausados por tales prácticas que el PP, a pesar de haber gobernado bastantes más años, se debe sencillamente a que hay un menor número de personas que han sentido la tentación de corromperse, quizá por algún extraño reflejo de cuando fueron de izquierda, muy moderada, allá por los tiempos de su fundación y de la República y, sobre todo, porque los medios de la derecha han mantenido su ojo puesto sobre ellos con mucho más celo vigilante que sobre el PP, respecto al que siempre ha sido mucho más benevolente...hasta ahora.
Más allá de todo lo anterior, el componente individual de ser persona decente o indecente atraviesa a todas las opciones políticas y es un factor que tiene peso en el comportamiento de cada político en particular.
La pregunta que cabría hacerse ahora es porqué “El Mundo” abre ahora el frente del escándalo sobre la derecha del caso Bárcenas y, a la vez, el de Ignacio González, hombre ligado a Esperanza Aguirre, la cuál está cada vez más abiertamente enfrentada a la dirección nacional de su partido.
Una parte de la explicación quizá esté en la interpretación que da Ignacio Escolar, hacia quien no siento simpatía alguna, en su blog. Titula su artículo “Una voladura controlada del caso Bárcenas”. Y argumenta esa voladura es controlada en que el delito de financiación irregular ha prescrito porque caduca a los cuatro años y los sobres que tan generosamente daba Bárcenas a los dirigentes del PP de entonces dejaron de circular en 2009, además de que los beneficiarios del dinero negro ya no están en la cúpula de la dirección. Pero lo cierto es que la amnistía fiscal a la que se ha acogido el ex tesorero del PP para regularizar una parte de los 22,1 millones evadidos a Suiza, y ligados parcialmente al caso Gürtel, ha sido dictada por el señor Montoro, actual Ministro de Hacienda del Gobierno de este partido.
Por otro lado, los sobresueldos en negro a dirigentes del PP establecidos por Barcenas se produjeron en el período de la Presidencia del gobierno por Aznar y durante una parte del período de Presidencia del partido por Rajoy. Las bofetadas de la publicación de “El Mundo” parecerían dirigirse tanto a la anterior dirección, con Arenas como muñidor de poderes internos, como a la existente a partir de la jefatura del partido por el actual presidente del Gobierno.
No, no parece que “El Mundo” haya jugado a lanzar una bomba sin espoleta, máxime cuando también ha sido protagonista de la información sobre la supervivienda de lujo de Ignacio Gonzaléz, un protegido de Esperanza Aguirre, la cuál exige limpieza “caiga quien caiga” a la dirección de su partido, pero tiene la casa madrileña sin barrer.
Habría que retrotraerse a los desencuentros en el pasado entre Aznar, al cuál salpica un delito como el de los sobres que se construyó durante su presidencia del partido y del gobierno y Pedro J. Ramírez, director de dicho periódico.
Y aún así faltarían elementos del puzzle sobre los motivos de “El Mundo” para haber sacado una información como la de Bárcenas que golpea sobre el gobierno Rajoy en el peor momento de su popularidad.
El deseo del director de “El Mundo” de jugar a gran condicionador de la política española le han llevado hace unos meses a relanzarse sobre sus ya viejas querellas con un Rajoy al que siempre ha considerado demasiado blando –Maricomplejines- dentro de la derecha española
Aunque las denuncias de “El Mundo” sobre los sobres de Bárcena no parezcan apuntar a Rajoy, es a éste y a su gobierno al que le estalla en plena cara.
Pedro J., “El Mundo” y las motivaciones subyacentes:
Pedro J. Ramírez es un “constituyente”, un tanto diferente, pero no demasiado, a esos “constituyentes” que a finales del año pasado se agitaban mucho y hoy están tan callados. En un artículo del pasado Octubre se preguntaba “¿Cuántos traumas y desgracias tendrán que acaecer para que los líderes políticos admitan que el modelo constitucional del 78 está agotado?” Y, remedando los Episodios Nacionales de Pérez Galdós, hacía hablar por carta al Duque de Wellington para establecer con él un diálogo comparativo de la España casi inmediatamente previa a la destitución de Fernando VII (1823), aunque por breve período, con la actual.
En un juego entre presente y pasado, Pedro J. reflexiona en dicho texto del siguiente modo:
“Podrá discutirse hasta la saciedad si la pertenencia al euro está llevando a España a someterse a la llamada «dictadura de los mercados» más allá de lo razonable. También sigue abierta la polémica de si la España liberal no debió haberse separado más drásticamente de la Europa de los tronos, derrocando la Monarquía de su «rey felón».”
Pero no crean ustedes que la conversión “constituyente” de Pedro J. Ramírez es tardía o de converso de última hora. En absoluto.
Iroel Sánchez en su interesante blog “La pupila insomne” nos habla de Unidad Editorial, el grupo de comunicación que creó “El Mundo” y de las andanzas de su director. Haciéndose eco del libro “Pedro J. Ramírez al desnudo”, de José Díaz Herrera, reproduce el siguiente párrafo de la citada obra:
“desde Mariano José de Larra, no ha existido en España un periodista más conocido y con más poder que él, (…) ha puesto y quitado ministros y presidentes de Gobierno a su antojo, tiene en sus manos a banqueros y a grandes empresarios”. Según el biógrafo, “mientras los ejecutivos de Rizzoli-Corriere della Sera entraban a pares en la cárcel San Vitore de Milán -y salían con la misma facilidad-, Ramírez se empeñó en España durante 14 años en criminalizar a toda una clase política…”.
Y continúa luego Iroel Sánchez:
“Entre 1975 y 1980 trabajó en ABC y el 17 de junio de 1980 fue nombrado director deDiario 16. Le cesaron el 8 de marzo de 1989 y seis meses después puso en marcha el diario El Mundo[14]. Su papel en la caída del Gobierno de Felipe González tras numerosos escándalos de corrupción y los crímenes del terrorismo de Estado fue fundamental. Pedro J. Ramírez siempre estuvo en el ojo del huracán. Ha destapado tantos escándalos como ha protagonizado y nunca ha ocultado su interés por influir en políticos y gobernantes. Pocos dudarán en considerarlo el periodista más influyente de España[15]. El periodista y ex-presidente de El Periódico, Antonio Franco, dijo que “Pedro J. encarna muy bien estos periodistas que se erigieron como un símbolo para intentar ser los directores espirituales de la política de este país por encima de la gente escogida democráticamente”.
El periódico, que inventó la teoría de la autoría de ETA en el atentado del 11-M, con el fin de desviar la posible relación causa-efecto de la participación de España en la agresión de los países de la OTAN a Irak, decidida por Aznar y su gobierno en el magnicidio; el periódico del que fue uno de sus primeros accionistas Mario Conde, cuando era Presidente de Banesto; el periódico que tuvo en su nómina, o entrevistó de forma continuada a personajes oscuros y siniestros como el espía del CESID el ex coronel Perote, a Jesús Santaella, abogado de Mario Conde (bien conectado con las cañerías del CESID), al propio Mario Conde, al ex policía encausado en el asunto de los GAL, José Amedo, al ex Director General de Seguridad del Estado, implicado en los GAL, Julián San Cristóbal, al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en el asunto Sogecable, entre otros; ese periódico da la sensación de pretender sostener, a través de su director, a lo largo del tiempo, y con todas las contradicciones que quieran buscársele, el objetivo de acabar con el sistema de partidos gobernantes y con el conjunto del entramado institucional que en el que se ha basado el sistema político desde la transición.
Y no me parece un objetivo no deseable; todo lo contrario. Sostengo que acabar políticamente con el franquismo sin Franco que representa el PP es deseable para cualquier demócrata. En su caso, el PSOE ya ha hecho todo lo posible para irse destruyendo a sí mismo o, al menos, para ser una opción que algún día pudiera regresar al campo de las izquierdas.
En cuanto a la otra institución, la de la Monarquía, es deseable para cualquier republicano, demócrata y persona de izquierdas que las urdangarinadas del testaferro económico acaben por alcanzar a las responsabilidades plenas de quien está detrás del comisionista.
Pero uno debe ser consciente de con quienes se va a la cama para lograr dichos objetivos, si le merece la pena y si, al hacerlo, no estará comprometiendo mortalmente dichos objetivos porque ir con quien antes de denunciar la trama de los GAL y su conculcación del Estado de Derecho escribía
no parece muy recomendable.
Dicho lo anterior, no dudo que el asunto de los sobres de Bárcenas a dirigentes del PP sea cierto. Nadie en el resto de los medios de comunicación parece dudarlo.
El problema es cuando ese mismo diario se ha limitado, hasta el momento, a circunscribir las responsabilidades al mundo político. Y mucho más grave me parece cuando el resto de los medios no va más allá. Y aún más grave cuando la indignación frente al asunto y las opciones de izquierdas se limitan a una práctica que roza el populismo reaccionario y filofascista –por lo que oculta y por desviar toda responsabilidad sólo al ámbito político- al negarse a extraer una conclusión más que evidente. Que los sobresueldos no se han dado como premio a la abnegación y a la dedicación de los dirigentes del PP a su partido sino que donde hay humo hay fuego. Y éste se encuentra, como casi siempre, en el mundo económico.
Donde hay corruptos hay corruptores:
Nadie puede creerse que Luis Bárcenas haya hecho su fortuna multimillonaria en euros sin conocérsele hasta estos días, en que han empezado a aparecer una serie de negocios suyos, una actividad económica legal que la explique. Nadie puede creerse que Luis Bárcenas sea otra cosa que un comisionista de otros negocios, cuyas comisiones ha cobrado por ser el “conseguidor” de adjudicaciones de obras, conciertos privado-públicos, externalizaciones de servicios de las administraciones del Estado (sean éstas locales, autonómicas o centrales), realizadas por el PP, más o menos ilegales, más o menos oscuras, aunque no todas.
Negar este hecho es ser tonto sin remedio y analfabeto político u obedece a la mala fe de quien está dispuesto a negar lo evidente.
Ya antes de la crisis económica y sus consecuencias sociales sobre los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad, que ha actuado como levadura de la ira social contra la corrupción política, la práctica habitual de las empresas importantes era la compra, o su intento, de voluntades para adjudicaciones de contratos con las administraciones. Y ésta no es una práctica que se limite a España o a los países de cultura hispana. En USA, la dedicación de congresistas a cumplir los intereses de los lobbies, mediante contratos con la administración es una pauta muy extendida. No se entiende de otro modo el poder del “complejo militar-industrial” o las continuas implicaciones del imperialismo en guerras fabricadas. En Francia, L´Oreal financió ilegalmente la campaña de Sarkozy a las presidenciales de 2007. Christian Wulff, Presidente de Alemania, dimitió el pasado año por favorecer a amigos empresarios.
El fenómeno de las prácticas corruptoras empresariales se ha generalizado en España, favorecido por la Ley del Suelo (1998) de Aznar, al posibilitar que todo suelo, salvo que estuviera expresamente prohibido por disposición jurídica, fuera desde ese momento urbanizable. Se disparó así la locura inmobiliaria y la compra de voluntades municipales para adjudicaciones. Ello, sin entrar a considerar, la importancia que tuvo esta ley en la aparición posterior de la burbuja inmobiliaria.
Igualmente hoy, la privatización de los servicios públicos y la externalización de aquellos que aún no han sido jurídicamente privatizados, pero sí su gestión ha abierto la veda a nuevas áreas de corrupción y a la práctica de mordidas de las empresas privadas dedicadas a cubrir esos nichos de mercado. Pasó en las contratas de limpieza y basura municipales, ha pasado en otros muchos sectores, y pasará en el caso de las empresas sanitarias que contratan con la ex sanidad pública. De momento ya tenemos a altos cargos del PP y de sus administraciones en las direcciones y accionariados de empresas “sanitarias” como Capio.
Pero hacia las empresas corruptoras nadie lanza sus amenazas de guillotina, nadie exige cárcel para sus directivos, nadie grita “el próximo parado que sea un empresario” y no creo que sea por un asunto de rimas.
¿Cárcel para los políticos corruptos? Por supuesto. ¿Inhabilitación de por vida para ejercer cargo público? Es lo mínimo ¿Devolución del dinero logrado por medios fraudulentos? Hay que exigirlo ya.
¿Cárcel para los empresarios corruptores? Me temo que el populista medio que exige democracia real ya seguirá mirando para otro lado. ¿Nacionalización de la empresa desde la que se haya ejercido la corrupción? Nooooo, que eso es comunismo y al gritón fantoche, que siempre se le olvida exigir penas legales para los capitalistas corruptores, no le gusta o “se le olvida”.
Hoy parece que la expresión corruptores se reserva sólo para los pedófilos en red.
El cinismo repugnante de cierta indignación que escamotea la responsabilidad del empresario capitalista corruptor está sembrando las bases sociales e ideológicas de un futuro fascismo que querrá acabar con la corrupción por la vía de acabar con todos los partidos, al extender la sospecha de que todos los partidos son tan corruptos como el PP, pero lo hará sin tocar las bases de un capitalismo que es esencialmente corrupto y corruptor desde su origen.
La desmemoria de esas izquierdas que se niegan a exigir responsabilidades que tiren de la manta y lleguen hasta el origen del hilo corruptor de las empresas las hace candidatas a ser mañana ellas las corruptas, al negarse a llegar a las conclusiones necesarias y evidentes: que no hay corrupto sin corruptor.
Mientras el capitalismo exista la corrupción será una pauta muy extendida. Eso no tiene vuelta de hoja porque para el empresario que puede, el atajo del camino corto, es ley de supervivencia dentro de la “competencia de mercado”. Pero sí es posible intentar la voluntad de actuar de modo ejemplarizante, poner a toda empresa y empresario corruptor al que se pille untando al político, bajo la picota de la ley; siempre que se desee tirar del hilo, claro está.
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| La consigna debe ser: ¡¡¡CÁRCEL TAMBIÉN PARA LOS EMPRESARIOS CORRUPTORES!!! |
