OLIGARQUÍAS ELECTIVAS vs. REDEMOCRATIZACIÓN RADICAL. SOBRE LA DEMOCRACIA "REALMENTE EXISTENTE"

Jaime Pastor. Viento Sur

Una reflexión sobre el estado actual de la democracia “realmente existente” en nuestra área geográfica no puede hacer abstracción del contexto global en el que ésta sobrevive, sobre todo cuando nos encontramos en medio de una crisis sistémica y multidimensional como la que nos afecta en la actualidad.
Debemos partir, por tanto, de que este momento histórico es cualitativamente diferente del que caracterizó al desarrollo de este tipo de “democracias” en las sociedades de los países miembros de la OCDE después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el periodo excepcional que caracterizó a los “treinta gloriosos” posteriores cuando se pudo producir ese pacto interclasista que dio lugar a los distintos regímenes de bienestar en el mundo euro-occidental y, en ese marco, a la configuración de una democracia liberal relativamente estable. El “acontecimiento global” del año 68 expresó la voluntad de una nueva generación política de querer ir más allá del Estado de bienestar y de la política institucional de los viejos partidos de derechas y de izquierdas (incluidos los partidos comunistas); pero finalmente, a partir de 1973, una onda larga . neoliberal se fue imponiendo frente a aquélla con el fin de frenar la “sobrecarga de demandas” desde abajo y la crisis de “gobernabilidad” que afectaba a un capitalismo en crisis.
Así, desde los años 80 se mostraba cada vez con mayor dramatismo lo que Bob Jessop ha definido como “la paradoja de Offe”: “mientras que el capitalismo no puede coexistir con el Estado de bienestar, tampoco puede existir sin él” (2008: 334). En efecto, la tensión entre las necesidades del nuevo régimen de acumulación capitalista (con ataques al salario directo, indirecto y diferido de la fuerza de trabajo), por un lado, y la garantía del mantenimiento de un cierto grado de legitimación social entre la mayoría de la población (cada vez más limitada por esos mismos ataques), por otro, ha conocido distintas fases (resistencias con derrotas en los años 80, triunfalismo capitalista tras la caída del bloque soviético a comienzos de los 90, fin de la “globalización feliz” a finales de los 90) hasta llegar a la crisis actual. Pese a sus dificultades, el capitalismo logró dominar esa tensión sin grandes sobresaltos e incluso convirtiendo en “sentido común” su individualismo posesivo y consumista; pero el grado de financiarización que ha conocido ha acabado conduciendo al estallido de “burbujas” sucesivas cuyas consecuencias hoy recaen en las capas populares mediante nuevos “planes de ajuste” que, además de no ser suficientes para crear las bases de un nuevo “crecimiento” económico, no dejarán de generar un mayor déficit de legitimidad del sistema y de las democracias realmente existentes. Porque es ahora cuando el gran capital parece dispuesto, también en el “Norte”, a buscar una huida hacia delante frente a la magnitud de la crisis disponiéndose a prescindir incluso de unos Estados asistenciales cada vez más adelgazados justamente cuando los efectos del “descensor social” en marcha son más patentes.

DINERO, PODER Y “DESDEMOCRATIZACIÓN”
Este pronóstico se basa en que si bien durante el período de expansión económica la tendencia a la configuración de partidos “catch-all” y el neocorporativismo basado en la concertación patronal-sindicatos mayoritarios fueron relativamente funcionales al capitalismo, la intensificación de la ola neoliberal y, ahora, el estallido de la crisis sistémica han ido minando sus bases y, como consecuencia, más que a un proceso de profundización democrática a lo que estamos asistiendo es a otro inverso de “desdemocratización” o, “deconsolidación” de la democracia. Si por esto último entendemos, de nuevo con Offe, el “deterioro cualitativo en un proceso en el que se van socavando lentamente las instituciones y los principios democráticos” (2009: 108), no es difícil encontrar en nuestra realidad más cercana ejemplos de la tendencia a pasar de un “Estado social y democrático de derecho” a otro asistencial, oligárquico y securitario. Algunos, como Crouch, hace tiempo que pronosticaban ya que entrábamos en una “post-democracia”, mientras que otros se limitan a constatar que la democracia estaría “en suspenso” (Bassas, 2010), sobre todo a la vista del sometimiento tan brutal a la “dictadura de los mercados” que pretende instaurarse a escala global en el momento histórico actual.
En esas condiciones, sucintamente expuestas, el problema de encontrar mediaciones políticas que ayuden a construir una “democracia fuerte”, empleando la fórmula de Benjamin Barber, no es fácil de resolver, ya que las propuestas de reforma en un sentido más representativo, deliberativo o participativo no sólo chocan con la firme resistencia de las elites políticas a renunciar a sus privilegios sino que, sobre todo, tropiezan con la estrecha asociación de las mismas con el poder del dinero.
Porque nunca como hoy “poder estatal y poder de la riqueza se conjugan tendenciosamente en una sola y misma gestión erudita de los flujos de dinero y de poblaciones. Juntos se aferran en reducir los espacios de la política” (Rancière, 2006: 135).
Es evidente, además, como ocurre en el caso español, que los sistemas de democracia partidaria que se han ido conformando ponen la búsqueda de la “gobernabilidad” por encima del criterio de asegurar la representatividad plural de la población. Así ocurre con los sistemas electorales por los que se opta con el fin de, por ejemplo, reforzar el bipartidismo y las listas cerradas, o exigiendo mociones de censura “constructivas” para derribar gobiernos; o, en fin, estableciendo “cuartas cámaras” como los Tribunales Constitucionales, controlados por los grandes partidos y convertidos en garantes de un fundamentalismo constitucional resistente a la evolución de las realidades sociales y políticas internas, mientras se pliegan ante las que vienen del exterior, ya sea de la Unión Europea o de un derecho mercantil privado al servicio de los poderes económicos transnacionales. Por no hablar de la supervivencia de una institución antidemocrática como la monarquía en viejas y nuevas democracias europeas que, pese a no gobernar, mantienen un poder simbólico y fáctico nada despreciable en momentos de crisis.
Por eso reivindicar hoy un parlamento, elegido por sufragio universal directamente proporcional mediante listas no bloqueadas de partidos, como sede efectiva de la soberanía popular, es una demanda elemental que sin embargo parece ya “utópica”, en el sentido negativo del término. Lo mismo ocurre con la apuesta tan necesaria por superar uno de los principales déficit de la transición política española: la construcción de una república federal, plurinacional, pluricultural1 y solidaria, libremente pactada desde el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos que forman parte del Estado español; un proceso que debería extenderse a escala europea frente a una despótica Unión Europea, convertida en instrumento disciplinario neoliberal similar al papel que ha jugado y todavía juega el Fondo Monetario Internacional en otras regiones y, ahora, en la misma Europa.
El paso de la “gobernabilidad” a la “gobernanza” (neologismo que ha acompañado al auge neoliberal), con el consiguiente peso creciente de los grupos de presión ligados al capital financiero y las empresas transnacionales (que son, en realidad, quienes están detrás de ese sujeto abstracto tan recurrido ahora con la crisis: “los mercados”) ha contribuido, además, a la extensión de una de las grandes lacras del sistema político actualmente dominante: la corrupción, cada vez más generalizada bajo el “efecto riqueza”, bajo sus distintas formas. ¿Qué respuestas tendríamos si algún partido con peso parlamentario asumiera una lucha consecuente contra el poder de los corruptores, rechazando cualquier tipo de presión sobre los representantes y proponiendo reformas que restringieran drásticamente los gastos durante las campañas electorales, que evitaran la consolidación de una “clase política” mediante la limitación del tiempo de permanencia en los cargos electos, el establecimiento de fórmulas de rendición de cuentas, rotación y revocación de representantes, de retribuciones salariales equivalentes a la del sueldo medio de un empleado público y de prohibición de volver a presentarse a quienes hayan sufrido condena por corrupción? ¿Qué pasaría si una Iniciativa Legislativa Popular a favor de la creación de una nueva Cámara mediante el viejo y sin embargo olvidado sistema del sorteo (Cancio, 2009) –y, por tanto, basado en el principio de que cualquiera pudiera participar en el gobierno– llegara a algún parlamento electo para su aprobación? Me temo que, más allá de la demagogia con la que, en el mejor de los casos, contestaran afirmativamente a algunas de esas propuestas, la gran mayoría de la “clase política” se opondría a las mismas en nombre de la preservación de una “libre competencia no falseada” y de la “meritocracia” del político profesional.
Pero el problema está en que en esta materia ni siquiera bastaría con esas medidas de control para luchar contra la corrupción, ya que ésta se ha visto estimulada por un neoliberalismo que, bajo el creciente poder de esos “lobbies” transnacionales, ha ido privatizando amplias esferas de la economía y de servicios públicos y ha fomentado así burbujas como la inmobiliaria, de la que, como hemos comprobado suficientemente en el caso español, se ha beneficiado una larga lista de alcaldes y concejales. Haría falta, por tanto, revertir esos procesos mediante una desmercantilización creciente de aquellos sectores y bienes comunes tan necesarios para garantizar el acceso de la población a derechos sociales fundamentales. Nos topamos así, por tanto, con la estrecha asociación entre la “corrupción de la democracia” (Vidal Beneyto, 2010) y un capitalismo basado en la propiedad privada de los sectores estratégicos de la economía, incluyendo en ellos el de los medios de comunicación, cada vez más dominante en la construcción de una falsa realidad alienante. Por eso quizás el caso italiano, con la “berlusconización” del sistema político, sea el paradigma del horizonte que nos amenaza.

LAS REVOLUCIONES ÁRABES Y EL IMAGINARIO DEMOCRÁTICO

Walden Bello. Transnational Institute

Los levantamientos democráticos árabes han generado un brote de nostalgia en muchos de aquellos que fueron artífices de sus propias revoluciones democráticas años atrás. Al ver el desarrollo de los acontecimientos en la Plaza Tahrir de El Cairo en la cadena Al Jazeera y la CNN, muchos de los que se sumaron a las barricadas durante la Revolución del Poder Popular en 1986 en Filipinas, sintieron resurgir esa sensación de que, al decir de Marx, "todo lo sólido se desvanece en el aire".
Quienes en febrero de 1986 tiraron por la borda su seguridad personal y se lanzaron a las calles a enfrentar a las tanquetas armadas de Ferdinand Marcos también podrían relacionarlo con las palabras del activista egipcio de Internet Wael Ghonin sobre el momento psicológico clave en un levantamiento: “sabíamos que ganaríamos cuando la gente superó la barrera sicológica, cuando decidió que era mejor morir por una causa que vivir sin dignidad... Somos más fuertes que los hombres de Mubarak porque ellos temen por sus vidas y nosotros estamos dispuestos a ofrecer las nuestras".
La ruptura de la barrera sicológica del miedo estuvo acompañada de otro sentimiento que albergaban los manifestantes, tanto en la Plaza Tahrir como en Manila: la sensación de que el pueblo estaba verdaderamente determinando su propio destino, que estaban tomando las riendas de sus vidas en sus propias manos. Ese fue el momento democrático primigenio, el momento prístino de auto determinación, tan mal explicado en los tratados teóricos sobre la democracia.
Junto con la nostalgia, sin embargo, se hizo sentir también un sentido agudo de las oportunidades perdidas. Para muchos de los que participaron en las revueltas democráticas populares que inundaron Filipinas y América Latina en la década de 1980 y Europa del Este en 1989, la euforia del poder popular fue de corto aliento, y con el paso de los acontecimientos dejó lugar a la consternación, la desilusión y luego cinismo. El momento crítico fue cuando los administradores de la transición política transformaron el poder en bruto de la democracia directa que volteó las dictaduras, en democracia electoral representativa, buscando simplificar los mecanismos de gobierno democrático.
La interrogante de la democracia representativa
A algunos teóricos clásicos de la democracia les preocupaba esa transición. Rousseau desconfiaba de la democracia representativa porque entendía que reemplazaría el “interés general” o la “voluntad general” del pueblo por lo que él llamaba la “voluntad corporativa” de los representantes electos. Marx y Engels exhibieron una actitud ampliamente conocida de desprecio por la democracia representativa ya que, en su opinión, simplemente ocultaba los intereses económicos dominantes de la burguesía detrás de una hoja de parra de política parlamentaria. Quizás el más crítico fue el sociólogo político Robert Michels, que analizó cómo las elecciones evolucionan de una metodología a través de la cual los pueblos cambian a sus líderes, a un mecanismo mediante el cual los líderes manipulan a los pueblos para perpetuarse en el poder. Michels avanzó más en su consideración y afirmó que las democracias representativas no podían escapar a la “ley de hierro de la oligarquía”.
Los temores de estos teóricos clásicos de la ciencia política se transformaron en realidades en los sistemas de gobierno pos-levantamientos surgidos en las décadas de 1980 y 1990. Para los ciudadanos expectantes de las nuevas democracias en Filipinas y América Latina, la euforia del poder popular dejó paso a regímenes electorales parlamentarios de influencia occidental, en los cuales las elites económicas tradicionales pronto volvieron a tomar las riendas. La política competitiva floreció, pero con las facciones de la elite compitiendo entre sí por el derecho a reinar. La política progresista fue marginada dentro de sistemas dominados por agendas de las elites conservadoras o centristas. La corrupción aceitó los engranajes del sistema.
Ajustes estructurales a través de la democracia
No obstante, mientras las elites tradicionales secuestraban los sistemas parlamentarios resurgentes, Estados Unidos y las agencias multilaterales los subvirtieron para lograr implantar los programas de austeridad que los regímenes autoritarios anteriores, a los que habían apoyado previamente, ya no eran capaces de imponerle a la ciudadanía sensibilizada y movilizada. Pronto resultó evidente que Washington y las agencias multilaterales querían que los nuevos regímenes democráticos usaran su legitimidad para imponer programas de ajuste económico y políticas de manejo de la deuda reaccionarios. En Argentina, por ejemplo, las instituciones financieras internacionales presionaron al gobierno de Raúl Alfonsín tras la dictadura para que dejara de lado las políticas neo-Keynesianas e implementara reformas tributarias, liberalizara el comercio y privatizara las empresas del Estado. Cuando el gobierno se resistió, para disciplinarlo, el Banco Mundial suspendió los desembolsos de un préstamo de ajuste estructural.
En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori fue electo con una plataforma populista anti-Fondomonetarista. Pero una vez en ejercicio, procedió a imponer un programa neoliberal que incluía aumentos pronunciados en las tarifas públicas y medidas drásticas de liberalización del comercio. Como consecuencia de estas medidas, el país entró en una profunda recesión que provocó un gran descontento popular, lo que a su vez, fue usado como excusa por Fujimori para suspender la Constitución y restituir un gobierno de mano dura.
En Filipinas, una de las razones claves para que Washington retirara su apoyo a Ferdinand Marcos fue que comprendió que la falta de legitimidad de la dictadura la transformaba en un instrumento ineficiente para el pago de la deuda externa de US26 mil millones de dólares y para implementar el programa de ajuste estructural del Banco Mundial y el FMI. Ni siquiera la crisis económica que caracterizó el final del régimen impidió que el Banco y el Fondo exigieran al novel gobierno de la Presidenta Corazón Aquino transformar el pago de la deuda en su principal prioridad económica. El gobierno de Aquino se rindió, y promulgó una ley estableciendo la "apropiación automática" del monto total necesario del presupuesto nacional para pagar los servicios anuales de la deuda externa. Destinando así entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto al servicio de la deuda, se privó al Estado de un capital de inversión vital. Por eso, mientras los países vecinos protagonizaron una acelerada carrera de avances económicos durante los años del llamado Milagro del Sudeste Asiático, el crecimiento económico de Filipinas fue estrangulado y el país apenas pudo mantenerse a flote.
En Europa del Este y la vieja Unión Soviética, la euforia de 1989 dejó pasó a tiempos aciagos en la década de 1990, mientras el FMI aprovechó el abandono del comunismo y la transición hacia economías capitalistas para imponer un "terapia de shock", o la imposición rápida y generalizada de los procesos de mercado. Este proceso llevó a triplicar el número de pobres que ascendió a 100 millones. Aunque en Europa del Este la mayoría de los regímenes democráticos liberales pudieron sobrevivir su asociación con el ajuste radical, en Rusia y sus ex dependencias en Asia Central, el capitalismo mafioso que la terapia de shock hizo florecer llevó a la gente a tolerar, cuando no a apoyar, el retorno o la persistencia de regímenes autoritarios como el de Vladimir Putin en Rusia. En 2010, según un análisis, un 80 por ciento de los habitantes de la ex Unión Soviética siguen viviendo o volvieron a vivir bajo regímenes autoritarios.
Reviviendo el imaginario democrático
El imaginario político se estrechó cuando se vació a la democracia de su carácter directo e inmediato y paso a ser dominada por la competencia de las elites, y al mostrarse incapaz de desprenderse de su asociación con las reformas de mercado radicales generadoras de pobreza.
El primer desafío significativo a la osificación del impulso democrático tuvo lugar en América Latina. Allí, en la primera década del nuevo siglo, el desencantamiento con el neoliberalismo, la emergencia de partidos políticos y movimiento populistas innovadores, y la movilización de la sociedad civil fueron factores que combinados abrieron paso a nuevas avenidas de intervención popular en los procesos políticos en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
La Revolución Árabe amplía este desafío al imaginario democrático para que genere instituciones que promuevan una intervención más directa de los ciudadanos, sostengan la participación popular en la toma de decisiones, bloqueen el socavamiento del proceso electoral a manos de intereses elitistas y la política del dinero, y restablezcan el vínculo primordial entre la libertad, la fraternidad y la igualdad que ha animado a todos los grandes levantamientos democráticos desde la Revolución Francesa.
La Revolución Árabe tiene dos cosas a su favor en términos de hacerle frente a este desafío de liberar el imaginario democrático. Primero, que la juventud que la instigó es menos propensa a respetar las prescripciones de la democracia representativa tradicional y probablemente sea más innovadora al considerar las posibilidades que ofrece la tecnología de la información para elaborar nuevas formas más directas de representación, como ya lo hicieron al usar la tecnología de la información para subvertir los mecanismos tradicionales de la represión y movilizar las multitudes que derrocaron a las dictaduras represoras.
En segundo lugar, las reformas neoliberales a favor del mercado están seriamente desacreditadas, algo que no sucedía en las décadas de 1980 y 1990. La liberalización de los flujos de capital ha provocado varias crisis, incluida la actual desaceleración económica mundial, mientras que la liberalización del comercio ha conllevado la sustitución de productores agrícolas locales e industrias locales por importaciones extranjeras. Más que nunca antes desde la revolución neoliberal de Reagan y Thatcher en la década de 1980, las soluciones de libre mercado radicales han perdido su credibilidad. No obstante, debido a la falta de marcos alternativos, las políticas neoliberales siguen siendo la opción automática entre los economistas y los tecnócratas.
Los demócratas revolucionarios del mundo árabe tienen frente a sí la oportunidad de dar a luz la siguiente etapa de la revolución democrática mundial. ¿Aceptarán el desafío, o se retirarán a sus vidas privadas, como algunos han señalado, dejando que las generaciones de políticos más viejos ocupen el centro de la escena con sus modelos occidentales arcaicos y gastados de democracia representativa?

Walden Bello. Analista del centro de estudios filipino Focus on the Global South, investigador asociado del Transnational Institute (TNI) y representante de Akbayan en el Congreso de Filipinas. Autor de más de 14 libros, Bello fue galardonado en 2003 con el Right Livelihood Award (también conocido como el premio Nobel alternativo) por “sus destacados esfuerzos para educar a la sociedad civil sobre las repercusiones de la globalización encabezada por las grandes empresas y sobre cómo poner en práctica alternativas”. La revista The Economist aludió en una ocasión a Bello como el hombre “que popularizó un nuevo término: desglobalización”.