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| Foto: EFE |
Juan
Carlos Arias. La Izquierda Diario
Manuela
Carmena, tras la vuelta de las vacaciones, ha continuado con la alteración del
programa que llevó a Ahora Madrid a la victoria en las elecciones municipales.
El respeto a la ley y a los grandes capitalistas por delante de atender la
emergencia social.
Desde los primeros momentos de su mandato, Carmena
ha tratado de tranquilizar a toda costa al capital financiero, asegurándoles
que no va a adoptar medidas que pongan en cuestión sus propiedades
inmobiliarias. A la vez ha ninguneado al movimiento anti-desahucios al dejarles
relegados en todo el proceso. En los últimos días se ha centrado en asegurar
que se hará frente “religiosamente” a la deuda total, sin dispensar trato
diferente para la deuda “ilegítima”, y que los grandes pelotazos urbanísticos
tendrán un final feliz.
Manuela Carmena ya señaló que el programa
electoral con el que resultó elegida en realidad eran solamente “una serie de
sugerencias”. Se rompía de este modo, el vínculo directo entre programa
electoral y acción política. Esta era una de las críticas que Podemos hacía
contra la “casta política bipartidista” y la práctica política habitual del
Régimen del 78. Lo mismo se trasladó desde la candidatura de Ahora Madrid. El
programa electoral pasaba a ser una especie de “contrato social” que vinculaba
al partido electo con la ciudadanía y que le comprometía a desarrollar medidas
de emergencia social en favor de las clases populares.
Prometía que la gestión de Ahora Madrid iba a
transformar la forma de “hacer política” y que podría ser percibida desde el
principio como un cambio político a favor de los pobres y los sectores sociales
más necesitados de la ciudad de Madrid.
De
la auditoría al pago total de la deuda
La deuda de la ciudad fue uno de los principales
temas de su programa. Casi 6.000 millones, de los que se consideraba que una
gran parte de los mismos tenían un carácter ilegítimo, cuando no ilegal. Por
eso se planteaba como imprescindible la realización de una auditoría de cara a
clarificar y proponer el no pago de la que no fuera legal o legítima. Una deuda
que saquea gran parte de los recursos necesarios para desarrollar políticas de
emergencia social.
Carmena acaba de asegurar que el Ayuntamiento de
Madrid pagará todas sus deudas, no habrá ningún tipo de impago. La deuda es
“ineficiente” y “políticamente irresponsable” pero no “ilegal”, según la
alcaldesa. Ya no se contempla la “ilegitimidad” de la misma que podría llevar a
su impago.
Todo pese a una serie de declaraciones previas del
Concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, según las cuales no se pagaría la
deuda “ilegal” y habría muchas dudas sobre cómo afrontar la “ilegítima”. Añadió
incluso que se establecerían mecanismos de participación ciudadana para
determinar que conceptos son” legítimos” o “ilegítimos”, lo que influiría en
decisión a adoptar por parte del gobierno municipal.
Sin embargo, la primera pregunta es si Carmena
estaría dispuesta a llevar a los tribunales, o a la Fiscalía, algunas de esas
deudas basadas en amplios sobrecostes por precios muy por encima de mercado. No
lo parece. Quizás es que como ex-jueza conoce a la perfección la defensa de la
justicia burguesa de los ricos, sus intereses y sus propiedades, sin que haya
resquicios para castigar a los responsables y recuperar los dineros malversados.
La segunda pregunta sería porque se incluyó en el
programa electoral esa posibilidad y se defendió como eje central de la campaña
si, pese a todo, y teniendo pruebas evidentes de una gestión fraudulenta, ahora
se renuncia a hacerlo. Quizás tenga algo que ver el hecho de que representantes
de Standard & Poor’s (S&P) vayan a mantener un encuentro con
responsables del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento para hablar,
entre otros temas, de la auditoría de la deuda.
Es decir que, como se ha visto claramente con el
caso griego, las presiones para pagar las deudas públicas adquiridas, derivadas
en muchos casos de la deuda privada, van a ser muy fuertes e insostenibles para
gobiernos reformistas que resultan incapaces de mantener incluso sus moderados programas.
La crisis estructural capitalista y las políticas impuestas por el capital
financiero impiden cualquier reforma por mínima que sea.
Solo un programa decidido y audaz de carácter
anticapitalista y revolucionario sobre la base de la movilización generalizada
de la clase obrera y las clases populares, podría llevar a cabo un programa de
emergencia social suficientemente profundo como para garantizar unas
condiciones de vida dignas para la mayoría de la población.
Otras
promesas electorales incumplidas
Otra gran promesa fue la lucha contra los
desahucios y su paralización. Se indicaba que los desahucios serían impedidos y
recuperado el parque de viviendas público que había sido malvendido a fondos
buitre para facilitar su especulación capitalista.
También la necesidad de revisar todos los
proyectos urbanísticos pendientes de aprobación definitiva por ser el origen de
gran parte de los pelotazos y comportamientos corruptos a combatir y el desagüe
por el que se arrojaban miles de euro de recursos públicos en obras faraónicas.
Ante la emergencia social existente plantearon la
necesidad de abrir los comedores escolares durante el verano. Al final esto no
fue así y se destinaron paquetes de comida a través de catering privados a los
domicilios, sin que haya quedado muy claro el resultado de esta política.
La realidad es que transcurridos más de 100 días
de gobierno no se ha adoptado, por el momento, y no parece que se vaya a
adoptar, ninguna medida contundente que haya satisfecho alguna necesidad real y
profunda que haga frente a la emergencia social de las clases populares y la
clase trabajadora.
La remunicipalización de muchos de los servicios
municipales que habían sido privatizados resultando más costosos e ineficaces
por ello era otra de las propuestas estrella. En muchos casos, habían servido
para desarrollar el capitalismo de “amiguetes”, puesto que las concesiones
habían sido manipuladas, generando casos de corrupción vía comisiones y
“mordidas” de diferente tipo. De momento no se ha producido ninguna
remunicipalización y más bien las palabras de la alcaldesa van en la dirección
de aumentar las exigencias de eficacia sobre las empresas subcontratistas. Nada
ha dicho sobre la posible situación precaria de muchos de sus trabajadores ni
de iniciar ningún proceso de remunicipalización. Solo indicó su posibilidad en
caso extremo de incumplimiento reiterado por parte de las empresas externas.
Otro hecho significativo ha sido la reducción
impositiva anunciada sobre el IBI que supuestamente favorecería a los sectores
más desprotegidos. Sin embargo, la bajada será finalmente un porcentaje lineal,
tal y como lo establece la legislación. Por lo tanto, esta bajada será aplicada
a todos los contribuyentes con uso residencial que con independencia de su
valor catastral verán reducida su factura, pero de un modo tan injusto, que
mientras un propietario de una vivienda en Carabanchel se ahorrará 15 euros, un
propietario del barrio de Salamanca se ahorrará 350 euros. Es decir, la medida
se convierte en regresiva.
La pregunta es en este caso si dadas esas
circunstancia no resultaría mejor no aplicar esa reducción que apenas beneficia
a los pobres, mientras los ricos verán muy reducida su contribución a las arcas
públicas. Si es cierto que se subirá para los usos no residenciales, en este
caso sí, en función del valor del inmueble. También se subirá el IAE y el ICIO,
todas estas subidas sí podrían favorecer en mayor medida a las clases
populares. Con todos estos ingresos se espera lograr un remanente de 50
millones de euros que esperemos vayan destinados a política sociales, aunque
con la rémora de la deuda que acaba de asumir será complicado. De hecho aunque
el gobierno municipal ha hablado de un incremento del 20% en gasto social, el
Concejal de Hacienda, ha indicado al más puro estilo capitalista liberal que se
hará frente a las necesidades “solo cuando sepamos con qué recursos contamos”,
bajo lo que denominó el “principio de suficiencia fiscal”.
El
respeto a la ley y a los intereses de los grandes capitalistas, por delante de
atajar la emergencia social
Manuela Carmena, en todas sus declaraciones no
para de insistir en dos aspectos básicos. Por una parte su insistencia en el
respeto más absoluto a la legalidad burguesa vigente.
Por otro sus continuos
mensajes tranquilizadores a los poderes económicos.
Lo último ha sido ejemplificado con sus
declaraciones ante un foro de empresarios organizado por ABC y Deloitte en el
Casino de Madrid. Estando presentes el presidente de la patronal CEOE, entre
otros empresarios muy influyentes, ha señalado: “tranquilos, no soy comunista”.
Dedicando gran parte de su discurso a justificarse ideológicamente y a
tranquilizar a la concurrencia sobre sus políticas municipales. Indicando
también la necesidad de las empresas capitalistas porque “en Madrid no sobra
nadie”. No tengáis miedo, necesitamos a las empresas, dais trabajo” ha dicho.
Se vanaglorió de que había aumentado la inversión
extranjera en Madrid, sobre todo en bienes inmuebles. Es decir, con una mano
quiere resolver el problema de la vivienda entendiendo que es un problema
social y un derecho, mientras por otra da pábulo a la especulación inmobiliaria
que precisamente es la causa y el objeto de los desahucios. Incluso el
Consistorio va a habilitar una oficina para facilitar estas inversiones. De
paso lanzaba a Esperanza Aguirre, presente en el acto, un llamamiento a la
colaboración y al entendimiento, cuando ya todos sabemos qué tipo de
entendimiento se puede tener con el PP.
En una línea ya surrealista y tremendamente
bonapartista, se negaba a criticar en el acto mencionado al PP de Rajoy y su
política sobre acogimiento de los refugiados, alegando que nos encontramos en
un período preelectoral, y dado que ella es la alcaldesa de todos los
madrileños y no podía apartarse de ninguno, por lo que tampoco podía emitir
opinión política sobre el proceso catalán. Es decir, el abandono de facto de la
defensa intransigente de los derechos de los oprimidos y en favor de los
poderes dominantes, haciéndolo pasar por un tamiz de supuesta moderación,
neutralidad y objetividad que solo beneficia al poder establecido.
Respecto al tema de la legalidad, solo habría que
recordar los problemas que se suscitaron en la Junta de Andalucía en la
anterior legislatura, gobernada en colación PSOE-IU, cuando la consejera de IU
responsable de la política de vivienda, pretendió forzar a la propiedad
inmobiliaria de las entidades financieras a poner las viviendas al servicio de
las necesidades sociales. Manuela Carmena, ex-jueza para más señas, no ha hecho
ningún movimiento que pudiera siquiera bucear en los resquicios legales para
afrontar la problemática social. En realidad en cuanto a la vivienda, lo ha
dejado en manos de los propios especuladores. Los propios banqueros que
voluntariamente nos aseguran que solucionarán el problema, junto con el posible
realojo por parte del Ayuntamiento, cuando las entidades financieras no cedan
vivienda. Ahora Madrid, es por tanto, incapaz de alcanzar siquiera medidas que
un gobierno de coalición PSOE-IU intentó poner en marcha.
En el mismo foro empresarial la alcaldesa abordó
otro aspecto fundamental del programa electoral y muy sensible a la fuerzas del
capital. Se trata de las grandes operaciones urbanísticas en proyecto y
desarrollo. Señaló que “van marchando”. Y más con un proceso electoral en pocos
meses. Carmena ha recomendado “prudencia”.
Es decir, de nuevo ha abandonado claramente todo
el programa respecto a las actuaciones urbanísticas que supuestamente iban a
impulsar un desarrollo de la ciudad diferente y en consonancia con los
intereses materiales y sociales de las clases populares.
100
días de gobierno, la bancarrota del programa reformista de Ahora Madrid
Después de tres meses desde las últimas elecciones
municipales todo apunta a una bancarrota del programa reformista en la ciudad
de Madrid. Como ha sucedido en Grecia, la renuncia de facto a las más mínimas
reformas que podrían paliar la situación de emergencia social de amplios
sectores de las clases populares, resulta un hecho repetido y continuamente
constatable en este tipo de gobiernos reformistas.
No es un fenómeno casual ni circunstancial, sino
que responde a la profunda impotencia política del reformismo ante situaciones
de grave crisis social, política y económica. El reformismo no puede operar si
no cuenta con el beneplácito de la clase capitalista, de la que es su ala
izquierdista. El reformismo, además fomenta la pasividad de las masas y trata de
reorientar los procesos de la lucha de clases para dominarlos y reducirlos a la
impotencia, para acabar derrotándolos.
Solo el desarrollo de una alternativa política y
una estratégica anticapitalista y revolucionaria basada en la movilización
social de la clase trabajadora con el apoyo de las clases populares, que
recogiera un programa amplio de conquista de derechos sociales, económicos y
políticos profundos que alterara la relación de fuerzas en su favor, permitiría
el desarrollo de un programa de vivienda, empleo, cultura, etc…auténticamente
transformador de la realidad social y superador del capitalismo.
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