4 de enero de 2013

LAS AGRESIONES A LOS TRABAJADORES CONTINÚAN

Iniciativa de Clase
El gobierno del PP da nuevas vueltas de tuerca sobre el dolor, la miseria y la pobreza que está provocando a la clase trabajadora, y seguirá dándolas hasta que se pase de rosca y acabemos derribándole, hartos de su cruel tiranía antisocial en beneficio del capital.

No contento con las innumerables medidas de “austeridad” que sólo aplica sobre una clase, la trabajadora, y con la rapiña practicada contra nuestras conquistas sociales con el fin de entregárselas como negocio a su clase, la gran burguesía capitalista, el PP ha dado ahora nuevos pasos en una orgía desenfrenada de recortes y planes de derribo de lo poco público que aún queda en pie. 

Después de que el anterior gobierno Zapatero elevase la edad de jubilación ordinaria hasta los 67 años, aunque con un período de transición que culminaría en 2027, cuando se haría plenamente efectivo el nuevo tope de edad, el actual gobierno Rajoy se propone ocuparse ahora de los flecos pendientes. De este modo, ahora se propone pasar de los 61 a los 63 años para las jubilaciones en caso despidos  y de los 63 a los 65 años para las que se producen voluntariamente. ¿Sus argumentos? Los manidos de siempre: la prolongación de la vida laboral es necesaria para garantizar el sistema de pensiones”. Es decir que, según la lógica del gobierno del PP,  en un país con 6 millones de trabajadores en paro, retrasar la entrada al mercado de trabajo, frenando el reemplazamiento generacional de trabajadores mayores, que se han merecido sobradamente el descanso, aunque con unas jubilaciones crecientemente recortadas, supone garantizar el sistema de pensiones. Justo lo contrario de lo que la simple sensatez indica. El objetivo de estos bomberos pirómanos que nos gobiernan es ir provocando el hundimiento del sistema público de pensiones para luego decirnos que ya no se pueden sostener y que nos queda la caridad pública o las pensiones privadas para subsistir en la vejez. Es el mismo criterio que aplican en Madrid o en Catalunya, con CiU, para acabar con la sanidad pública: sabotear su viabilidad arruinándola.

La Asamblea Regional (parlamento regional) de la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado los presupuestos más austeros en la historia de esta autonomía. Entre ellos destaca el pretendido ahorro de 200 millones, sobre el recorte ya previsto de 533 millones, en la Sanidad Pública Madrileña mediante la privatización de 6 hospitales y 28 centros de salud, cuando es sabido que ésta resulta más cara por paciente. Mientras tanto, un consorcio multinacional sanitario privado llamado Capio (del que son accionistas, entre otros, Rodrigo Rato, el marido de Cospedal o la hermana del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha) entra a saco en el sistema regional de salud madrileño y de la Comunidad Valenciana para engordar su cifra de negocios. El lema tan querido por la derecha de “el que quiera salud que se la pague” se está haciendo verdad. Ya son muchos los españoles que ven afectada su salud por los procesos de privatización emprendidos en la sanidad. 

En la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad entre el ministerio del ramo y las Consejerías Autonómicas correspondientes ya se han impuesto nuevos recortes como el pago de las ambulancias por los pacientes, el recorte al cribado neonatal, necesario para detectar enfermedades endocrino-metabólicas en los recién nacidos o el copago de los aparatos ortoprotésicos. Resulta obvio que se pretende penalizar a los enfermos mientras se desmantela el sistema sanitario. Los pacientes de enfermedades raras, por su parte, han visto retirada de la financiación de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud buena parte de los pocos fármacos de los que actualmente disponen.

Las previsiones de ajustes del gobierno, siempre fiel servidor de los dictados de La Troika, que a su vez actúa de consejera delegada de los grandes capitalistas europeos y mundiales, son de 39.000 millones de € para 2013 y, en un alarde de fiereza recortadora, de 50.000 millones para 2014, lo que junto a los ya efectuados en 2012, superará los 102.000 millones de €. Para que los que conocimos la peseta nos hagamos idea, casi 17 billones de pesetas. Y esto sólo por lo que se refiere al Gobierno central. Si en 2012 el gobierno del PP efectuó ajustes por unos 13.000 millones de €, además de los brutalmente llevados a cabo por las Comunidades Autónomas, de las que depende buena parte de la cobertura social de la población española, y ello ha supuesto una agudización de la crisis capitalista y gran sacrificio y empobrecimiento de los trabajadores, ¿qué grado de devastadora miseria nos cabe esperar si no derribamos a este gobierno y a su amo, el capital, cuando en sólo dos años se nos apliquen recortes por un total de 89.000 millones de € más? 

Nuestra respuesta de clase debe crecer en unidad y en elevación de las luchas:

Tras la huelga general del 14 de Noviembre, las luchas de los trabajadores se han incrementado. La sanidad pública madrileña ha dado un ejemplo de combatividad, no sólo al resto de los sistemas autonómicos de salud del país, sino al conjunto de la clase trabajadora española.

Por su parte la enseñanza en todos sus ciclos ha continuado sus movilizaciones, está vez acompañada de otros sectores como los de la recogida de basuras, del sector de limpieza, del metro y la EMT de Madrid, de los investigadores, los trabajadores de Telemadrid, los de la banca o los de Paradores de Turismo.

Como antes los mineros y en los años 80 del pasado siglo los trabajadores del metal y de la naval, entre otros, los sectores que hoy se levantan frente a los brutales ataques contra nuestra clase son aquellos que se resisten a ser aplastados y a perder las pocas conquistas sociales que tanto nos costó lograr a través de lucha obrera y sindical.  

Ello supone una elevación del nivel de conflicto frente a las políticas antisociales de este gobierno y, aunque de modo aún difuso y débil en la conciencia de clase, también de orientación de las luchas con un perfil crecientemente anticapitalista.

Sin embargo no debemos olvidar que la mayor parte de las huelgas y resistencias de los trabajadores se están produciendo en el agonizante sector público o parapúblico (subcontratas de la administración).

Ello sucede porque la presión del empresariado sobre los trabajadores del sector privado se ha ido haciendo tan intenso mediante chantajes, amenazas, despidos,...-dentro de un régimen de atroz despido libre y ya casi gratuito- que cualquier atisbo de protesta se hace especialmente difícil en las circunstancias actuales.

Pero en INICIATIVA DE CLASE creemos que existen condiciones para elevar el nivel de enfrentamiento general del conjunto de los trabajadores contra este gobierno y su amo, el capital.

No parece que el camino para conseguir este objetivo sea el elegido por los sindicatos en Iberia como tampoco el pacto alcanzado en Paradores de Turismo sobre el alcance de los despidos en la red hostelera. La desconvocatoria hace semanas de la huelga prevista por los sindicatos representantes de los trabajadores de tierra y TCP de la compañía, sustentado en la posibilidad de abrir un diálogo con la empresa y en el deseo de no dañar a los clientes de la compañía muestra dos males sindicales actualmente todavía muy vigentes: el apego, desde hace tiempo injustificado, a un sindicalismo de concertación que el capital ha dado por muerto y un ciudadanismo sindical que proviene de la vieja trampa introducida en el interior del movimiento obrero del supuesto antagonismo entre intereses de trabajadores y de ciudadanos, a pesar de que la gran mayoría de los segundos sean también parte de los primeros. Por el camino actual apenas se logrará en el mejor de los casos compartir sindicalmente la gestión de los daños inflingidos a los trabajadores, ya que si no se experimenta la lucha frontal no será posible saber en qué medida la estrategia de minorizar los daños de las regulaciones y expedientes de empleo y de los descensos de los salarios es más eficaz que el combate decidido contra las agresiones del capital. Sin presión máxima de los trabajadores, allí y cuando se puede ejercer, no hay nada que arrancar al capital porque éste sólo respeta el lenguaje que conoce y él mismo impone, el de la fuerza.

Es necesario superar ya esos viejos vicios de un sindicalismo reformista y sin futuro y apostar por un tipo de protestas y movilizaciones que eleven la capacidad de presión de la clase trabajadora y sean capaces de retirar tanto los continuados EREs de las empresas, muchos de ellos, sin siquiera justificación de problemas de viabilidad de las mismas, como las medidas de salvaje austeridad impuestas por el gobierno del capital, el del PP.   

En los servicios públicos y en el conjunto de las tres administraciones del Estado (central, autonómica y local) hay que ir ya hacia la convergencia de las movilizaciones, convergencia que no debe buscar sólo la multiplicación de la  fuerza en las luchas sino que requiere ser también programática, planteando una propuesta común y global de objetivos frente a las agresiones que colectivamente, pero desde instancias diferentes de las administraciones, se están lanzando frente a los empleados públicos con el fin de mantenerlos divididos en sus luchas.

Mientras tanto, el Estado, en sus diversas administraciones (central, autonómica y local) continúa privatizando servicios a través de la externalización de los mismos hacia empresas privadas.

A su vez, la muerte de los convenios colectivos de rama, una manifestación más del fin del sindicalismo de concertación, ha supuesto una dificultad más para que en el sector privado las empresas más fuertes apoyen con su lucha a las más débiles y ha conllevado una lucha profundamente desigual del trabajo frente al capital en defensa de los derechos del primero. 

Frente a ello deben buscarse alternativas que posibiliten salir de la atomización en las reivindicaciones parciales y de empresa privada y ganar terreno en una unidad de clase más amplia por áreas productivas y de forma general como clase trabajadora.

Las luchas de trabajadores del sector público y privado necesitan converger porque los derechos al trabajo y a un salario digno carecen de futuro sin la defensa del salario indirecto que representan los derechos a unas pensiones decentes y a una sanidad y educación públicas y gratuitas, entre otros. La lucha de los empleados públicos debe pasar a ser una lucha de toda la clase trabajadora en su conjunto, aunque para ello deban buscarse fórmulas imaginativas y ventajosas para que los empleados del sector privado puedan apoyar a los del público.

En lo sindical es evidente que se necesita una reflexión colectiva, más allá de las siglas, capaz de aunar esfuerzos, sin sectarismos ni dogmatismos, en la búsqueda de ideas para los nuevos desafíos que el proyecto liberal de conducir a la clase trabajadora al siglo XIX le plantea a ésta.

Es el momento de que el conjunto del movimiento obrero organizado se plantee el compromiso colectivo de avanzar de forma urgente hacia una Conferencia Sindical que replantee las estrategias a seguir por la clase trabajadora y sus organizaciones con el objetivo de pasar de una posición defensiva a otra de iniciativa en la defensa de nuestros intereses como clase.  

Sin ánimo de sentar cátedra, en INICIATIVA DE CLASE creemos que, como mínimo, sería pertinente que esta Conferencia Sindical se plantease cuestiones como nuevas vías hacia el sindicalismo tras la crisis del modelo de concertación (evitando apriorismos y respuestas fáciles), aprendizajes de luchas que han demostrado capacidad de resistencia en el tiempo (sanidad, trabajadores de UPS) o de imponer el éxito, siquiera parcial, de las luchas (empleados del Hospital La Princesa), escollos a vencer para incrementar la unidad de acción sindical dentro de un escenario organizativamente plural, estrategias para hacer frente a las tácticas del capital y sus gobiernos de creación de intereses divergentes entre los trabajadores, aprendizajes de luchas del movimiento sindical en otros países que afrontan la crisis capitalista, elevación del conflicto de clase más allá de los marcos nacionales y establecimiento de alianzas internacionales del movimiento sindical,...

Los desafíos venideros en los próximos años para la clase trabajadora son gigantescos. La necesidad de su inteligencia, unidad de acción y combatividad también lo son. 

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3 de enero de 2013

BORRANDO PAÍSES DEL MAPA: ¿QUIÉN HACE QUE FALLEN LOS “ESTADOS FALLIDOS”?

Michel Chossudovsky. La Haine   

El régimen estadounidense se dedica a destruir una larguísima lista de países
“En todo el mundo se ha propagado un peligroso rumor que podría tener implicaciones catastróficas. Según la leyenda, el presidente de Irán ha amenazado con destruir Israel, o, para repetir la cita incorrecta: ‘Israel debe ser borrado del mapa’. Contrariamente a la opinión general, esta declaración nunca fue hecha…” (Arash Norouzi, Wiped off The Map: The Rumor of the Century Enero de 2007)

“EE.UU. ha atacado, directa o indirectamente, a unos 44 países en todo el mundo desde agosto de 1945, muchas veces a algunos de ellos. El objetivo confeso de esas intervenciones militares ha sido efectuar un ‘cambio de régimen’. Los disfraces de “derechos humanos” y de “democracia” fueron invariablemente evocados para justificar lo que fueron actos unilaterales e ilegales.” Profesor Eric Waddell, The United States’ Global Military Crusade (1945- ), Global Research, febrero de 2007.

“Este es un memorando [del Pentágono] que describe cómo vamos a eliminar a siete países en cinco años, comenzando por Iraq, y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, para terminar, Irán”. Dije “¿Es confidencial?” Dijo, “Sí señor”. Dije: “Bueno, no me lo muestre”. (General Wesley Clark, Democracy Now, 2 de marzo de 2007)

¿Quién está “Borrando países del mapa”? Irán o EE.UU.?
Durante un período que es llamado eufemísticamente “era de posguerra” –que se extiende de 1945 al presente– EE.UU. ha atacado directa o indirectamente a más de 40 países.

Mientras los dogmas de la política exterior estadounidense se basan en la “difusión de la democracia”, el intervencionismo de EE.UU. –a través de medios militares y operaciones clandestinas– ha llevado a la desestabilización total y a la partición de naciones soberanas.

La destrucción de países forma parte de un proyecto imperial estadounidense, un proceso de dominación global. Además, según fuentes oficiales, EE.UU. tiene un total de 737 bases militares en países extranjeros. (Datos de 2005)

La noción de “Estados fallidos”
El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), con sede en Washington, en su informe Global Trends (diciembre de 2012) “predice” que 15 países en África, Asia y Medio Oriente se convertirán en “Estados fallidos” hasta 2030 debido a su “potencial para conflictos y males medioambientales”.

La lista de países en el informe de 2012 del NIC incluye a Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Chad, Níger, Nigeria, Mali, Kenia, Burundi, Etiopia, Ruanda, Somalia, DR Congo, Malawi, Haití, Yemen.

En su anterior informe de 2005, publicado al principio del segundo período de Bush, el Consejo Nacional de Inteligencia había predicho que Pakistán se convertiría en un “Estado fallido” en 2015 “ya que será afectado por la guerra civil, una talibanización total y la lucha por el control de sus armas nucleares”.

Pakistán fue comparado con Yugoslavia que fue despedazada en siete Estados después de una década de “guerras civiles” patrocinadas por EE.UU.-OTAN.

El pronóstico del NIC para Pakistán fue el de un “destino parecido a Yugoslavia” en un “país partido por la guerra civil, el derramamiento de sangre y rivalidades inter-provinciales” (Energy Compass, 2 de marzo de 2005).

Mientras se dice que los Estados fallidos “sirven de refugio para extremistas políticos y religiosos” (p. 143), el informe no reconoce el hecho de que EE.UU. y sus aliados han, desde los años setenta, apoyado de modo clandestino a organizaciones religiosas extremistas como un medio para desestabilizar a naciones-Estado seculares soberanas. Pakistán y Afganistán eran Estados seculares en los años setenta.

Un “estatus de Estado fallido” al estilo de Yugoslavia o Somalia no es el resultado de divisiones sociales internas, es un objetivo estratégico implementado mediante operaciones encubiertas y acción militar.

El Fondo por la Paz, con sede en Washington, cuyo mandato es promover “seguridad sustentable mediante la investigación”, publica (anualmente) un “Índice de Estados fallidos” basado en una evaluación de riesgos. Treinta y tres países son identificados como “Estados fallidos”.

Según el Fondo por la Paz, los “Estados fallidos” son también objetivos de terroristas vinculados a al Qaida.

“La clasificación anual de naciones por el Fondo por la Paz/Política Exterior para señales de problemas de Estados fallidos/frágiles tiene lugar mientras aumenta la alarma internacional por el establecimiento por extremistas vinculados con al Qaida de un refugio basado en un Estado en el norte de Mali para la expansión yihadista”.

Sobra decir que no se menciona la historia de al Qaida como un recurso de los servicios de inteligencia de EE.UU., su papel en la creación de divisiones faccionarias e inestabilidad en Medio Oriente, Asia Central y África subsahariana. Las actividades de las unidades yihadistas de al Qaida en la mayoría de esos países forman parte de un diabólico plan de inteligencia encubierta.

“Estados más débiles” y “fallidos”: Una amenaza para EE.UU.
Según el Congreso de EE.UU., usando una lógica retorcida, los “Estados fallidos más débiles” constituyen una amenaza para la seguridad de EE.UU. Esto incluye “varias amenazas surgidas de Estados que son diversamente descritos como débiles, frágiles, vulnerables, fallidos, precarios, fracasados, en crisis o colapsados.”

Mientras las Guerra Fría concluía a principios de los años noventa, los analistas se percataron de un entorno emergente de seguridad internacional, en el cual Estados débiles y fallidos se convirtieron en vehículos para el crimen organizado transnacional, caminos para la proliferación nuclear, y puntos álgidos para conflictos civiles y emergencias humanitarias. Las potenciales amenazas para la seguridad nacional de EE.UU. que plantean Estados débiles y fallidos se hizo más evidente con el ataque de al Qaida contra EE.UU. del 11 de septiembre de 2001, que Osama bin Laden organizó desde el refugio asegurado por Afganistán. Los eventos del 11-S llevaron al presidente George W. Bush a afirmar en la Estrategia Nacional de Seguridad de EE.UU. de 2002 que “Estados débiles, como Afganistán, pueden plantear un peligro tan grande para nuestros intereses nacionales como los Estados fuertes”. (Weak and Failing States: Evolving Security, Threats and U.S. Policy, informe de CRS al Congreso de EE.UU., Washington, 2008)
Lo que no es mencionado en ese informe al Congreso de CRS es que los “puntos álgidos de crimen organizado y conflicto civil” son el resultado de operaciones encubiertas de inteligencia de EE.UU.

Está ampliamente documentado que la economía de la droga afgana, que genera más de un 90% del suministro mundial de heroína, está vinculada a una operación multimillonaria de lavado de dinero que involucra a grandes instituciones financieras. El narcotráfico desde Afganistán, es protegido por la CIA y las fuerzas de ocupación de EE.UU.-OTAN.

Siria: categorizada como “Estado fallido”
Las atrocidades cometidas contra la población siria por el Ejército Libre Sirio (ELS) patrocinado por EE.UU.-OTAN crean condiciones que favorecen la guerra sectaria.

El extremismo sectario favorece la desintegración de Siria como nación-Estado así como la caída del gobierno central en Damasco.

El objetivo de política exterior de Washington es transformar Siria en lo que el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) llama “Estado fallido”.

El cambio de régimen implica que se mantenga un gobierno central. A medida que se desarrolla la crisis siria, la jugada final ya no es “cambio de régimen” sino la partición y destrucción de Siria como nación-Estado.

La estrategia de EE.UU.-OTAN-Israel es dividir el país en tres Estados débiles. Informes recientes en los medios dan a entender que si Bashar Al Asad “se niega a dimitir”, la alternativa es un Estado fallido como Somalia.

Un posible “escenario de desintegración” del que habla la prensa israelí sería la formación de Estados separados e “independientes” suní, aluí-chií, kurdo y druso.
Según el general Yair Golan de las FDI [ejército de Israel] “Siria está en guerra civil, lo que llevará a un Estado fallido y el terrorismo prosperará en él”. Las Fuerzas de Defensa de Israel analizan actualmente “cómo se desintegraría Siria”, según el general Golan (Reuters, 31 de mayo de 2012)

“Temo lo peor… el colapso del Estado y que Siria se convierta en una nueva Somalia”.

“Creo que si este problema no es encarado correctamente, el peligro es la ‘somalización’ y no la partición: el colapso del Estado y la emergencia de señores de la guerra, milicias, y grupos combatientes”. (Ibíd.)

Lo que el enviado de la ONU no mencionó es que la desintegración de Somalia, fue deliberada. Formó parte de un plan encubierto militar y de espionaje de EE.UU., que ahora es aplicado a diversos países en Medio Oriente, África y Asia, que son categorizados como “Estados fallidos”.

La pregunta principal es: ¿quién está haciendo fallar los Estados fallidos? ¿Quién los está “eliminando”?

La desintegración planificada de Siria como Estado soberano forma parte de un plan integrado militar y de inteligencia regional que incluye a Líbano, Irán y Pakistán. Según las “predicciones” del Consejo Nacional de Inteligencia, se piensa que la desintegración de Pakistán ocurrirá dentro de los próximos tres años.