Adrián Sotelo V. Rebelión
Las draconianas medidas de austeridad y precariedad social, impuestas en los países avanzados por el gran capital internacional y el Estado en los últimos años, han sido completamente insuficientes para "resolver" la profunda crisis de la Unión Europea, de la cual son corresponsables el FMI y el BM. Estos han encendido los focos rojos para "alertar" sobre la posibilidad real de que la economía mundial entre en recesión en este año de 2012, afectando severamente, por vez primera, al conjunto de la economía capitalista y ya no solamente a alguna de sus regiones macroeconómicas.
Según estos organismos, la crisis obedece a los déficits financieros que exhiben los países de la Unión Europea, en especial, los que constituyen la llamada eurozona. "Crece el riesgo de colapso", "Amenazada la leve recuperación de la economía mundial", "Europa: a un paso de la recesión", "En América Latina la desaceleración es mayor a la esperada", son algunas de las consignas proclamadas por los voceros de dichos organismos internacionales. Incluso, el megaespeculador de las finanzas internacionales, George Soros, alertó que existe un riesgo real de "desintegración" de la Unión Europea, a la par que criticó la gestión imperialista de Alemania en la crisis financiera y recomendó la intervención del Estado para "salvar" al capitalismo (véase: La jornada on line: http://www.jornada.unam.mx/2012/01/26/politica/002n1pol, 26 de enero de 2012).
El FMI y el BM coinciden en que la desaceleración de la economía mundial es todavía más profunda y articulada que la que ocurrió en la pasada crisis de 2008-2009, ya que en esa oportunidad afectó principalmente a la economía de Estados Unidos.
Hoy todos los pronósticos de crecimiento económico están disminuyendo, incluso, los relativos a la economía China, la cual a partir de 2011 también ha ingresado en el camino de la desaceleración —aunque más lenta y con menor intensidad—, lo que va a afectar de manera importante a países que se han vinculado, como los del Cono Sur de América Latina, a través de su comercio exterior con ese país.
Si bien en la crisis de 2008—2009 los países más afectados fueron aquellos que, como México y los de Centroamérica, estaban más fuertemente vinculados a la economía norteamericana la cual constituyó el centro de la crisis, en la actual coyuntura internacional todos salen afectados, pero ahora se agregan los que dependen en buena medida de las importaciones Chinas, como Brasil y Argentina. Estos, que venían presentando ascensos importantes en sus tasas de crecimiento económico, están resintiendo los efectos de la crisis y, al igual que en la coyuntura anterior, tendrán que impulsar políticas de recuperación del mercado interno que soporta la recesión mediante programas que por lo menos no disminuyan el poder de compra de la población. Pero este objetivo, en la actual situación, está muy lejos de conseguirse dado que uno de los recursos para contrarrestar la caída de las tasas de ganancia del gran capital en todo el mundo, particularmente en los países de la Unión Europea, en Estados Unidos y Japón, consiste justamente en reducir los salarios, aumentar las tasas de explotación del trabajo —mediante procedimientos como el incremento de su intensidad (a lo que coadyuvan el toyotismo y la automatización flexible del proceso de trabajo)—; el aumento de la jornada laboral y, finalmente, mediante la reducción de los salarios reales y los ingresos medios de la población por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Es decir, auspiciando la superexplotación, categoría esta última que se convierte en la tablita de salvación del gran capital internacional y la refuerza en los países dependientes.
Esta hipótesis gana credibilidad frente a los pronósticos pesimistas de los propios organismos internacionales que son corresponsables de la crisis del capitalismo contemporáneo. Es así como el FMI asienta que: "En 2012 la economía mundial crecerá 3,3%, 0.7 puntos menos que lo previsto en septiembre pasado. Por primera vez desde que comenzó a agudizarse la crisis de deuda pública en Europa, la eurozona caerá en recesión este año. Su producto interno bruto (PIB) se contraerá 0,5%, después de haber crecido 1,6 en 2011. En septiembre pasado, se había previsto que el PIB de los países del euro avanzaría este año 1,1%. América Latina y el Caribe crecerán este año, 3,6%, 0,4 puntos menos que lo previsto en septiembre. El PIB de México repuntará (¿?) en 2012, a una tasa de 3,5%, una décima menos que el cálculo de hace cuatro meses. Estados Unidos, la mayor economía del mundo y principal socio comercial de México, tendrá este año de 2012 un crecimiento de 1,8%, el mismo nivel considerado en septiembre pasado" ("Véase: "Crece el riesgo de colapso. Amenazada, la leve recuperación de la economía mundial: FMI", en: La Jornada on line: http://www.jornada.unam.mx/2012/01/25/economia, 25 de enero de 2012).
En el caso de México su situación es extremadamente complicada debido a que, junto a la tradicional dependencia histórico-estructural de la economía norteamericana, se agrega hoy la caída que viene observando en sus tasas de crecimiento, las cuales desde el desplome del PIB en 2009 en el orden de -6,3%, y la leve recuperación de 2010 (5,6%), en 2011 vuelve a descender para situarse en 4% y proyectar un descenso aún mayor en 2012 que se situará en alrededor de 3% o menos. Situación que, en las condiciones estructurales de la crisis de la economía mexicana fuertemente dependiente de las importaciones de Estados Unidos y de los flujos hacia este último país de sus exportaciones en más de 80%, redundará en menor creación de empleos productivos, en el aumento inusitado del desempleo y de la informalidad —que en la actualidad bordea alrededor del 60% de la población económicamente activa— y en mayor aumento de la pobreza y pobreza extrema, en un contexto de grave crisis social y de violencia que afectan fundamentalmente a las clases proletarias mayoritarias del país.
Mientras que los pueblos sufren las perniciosas consecuencias de la crisis del capitalismo, el capital y los gobiernos de la Unión Europea implementan una serie de medidas que consisten, entre otras, en el recorte de los déficit fiscales —con cargo en la disminución del gasto social— para recuperar la confianza de los inversionistas; "achicar" el tamaño de los gobiernos para hacerlos más "eficientes" y "competitivos"; alentar y presionar a los trabajadores para que prolonguen sus jornadas laborales, en muchas ocasiones sin la debida compensación salarial y en buscar, con la implementación de leyes y reglamentos sancionados jurídicamente por el Estado, penalizar el retiro temprano del mundo del trabajo con el objetivo de que el trabajador promedio obviamente produzca más valor y plusvalía para el capital.
La recuperación o la "salida" de la crisis no se consigue mediante medidas circulacionistas y monetarias que operan en la esfera de los mercados, tales como reducción del déficit y de la tasa de interés; redistribución de las inversiones públicas y privadas en beneficio de estas últimas mediante privatizaciones, fusiones y adquisiciones de las empresas del Estado, como está ocurriendo en países como Grecia, España o Portugal; reducción de las deudas soberanas a partir de su recolocación en otros instrumentos financieros como pueden ser los bonos gubernamentales que no hacen más que fortalecer el capital ficticio. Tampoco mediante recomendaciones tipo FMI-BM que plantean que las economías que tienen grandes déficit deben apoyarse en la "demanda externa", mientras que las que acusan superávit externos —como las de los países llamados "emergentes"—deben hacerlo en función de la "demanda interna". Estos son sólo paliativos cortoplacistas que no producen otro resultado sino el de postergar la crisis y proyectarla en el futuro con mayor intensidad. Y allí está como ejemplo la crisis de 2008 -2009 que, al amparo de estas políticas circulacionistas y neoliberales, efectivamente consiguió una cierta recuperación, pero muy débil, en 2010 para entrar de nuevo en la senda de la desaceleración en el curso de 2011 y en una marcada tendencia a caer en la recesión y el desplome estructural en el curso de 2012.
Los intentos de recuperación y salida, relativa, de la crisis sólo se consigue, en la economía capitalista global sustentada en un modo de producción y reproducción de capital, mediante la explotación de la fuerza de trabajo asalariado, incrementando la cantidad y el volumen de la plusvalía extraída, la cual se convierte en una fuente adicional de ganancias extraordinarias para el capital. Así, una mayor explotación constituye la verdadera y real fuente de valorización que puede incrementar, cuantitativa y cualitativamente, la composición orgánica del capital que redunde en una auténtica recuperación de la tasa promedio de ganancia en escala global con cargo en la desvalorización del capital constante y del aumento del variable, es decir, de la cuota de explotación del trabajo.
El desarrollo tecnológico, la aplicación de la ciencia y la técnica a los procesos productivos y de trabajo, las inversiones en fuentes de materias primas, recursos naturales y alimentos, en sí mismas, no producen ni un átomo de valor tal y como demostró Marx en sus obras fundamentales. Sólo la fuerza de trabajo colectiva de la humanidad, articulada a dichos desarrollos e instrumentos, puede producir ese resultado. Y lo más contradictorio de la actual crisis del capitalismo mundial es justamente la reducción cuantitativa y cualitativa de la fuerza promedio de trabajo por la que pugnan los empresarios y las políticas neoliberales del Estado —que el Banco mundial reconoce se habrá de reducir en 1 millón de efectivos de la fuerza laboral cada año en las próximas décadas en Europa. El resultado de este proceso a largo plazo es, evidentemente, —si no ocurre una profunda y radical revolución social— la reducción de la masa y de la magnitud relativa y absoluta de la plusvalía social que sumergirá al capitalismo en una crisis aún más difícil de superar.
2 de febrero de 2012
LA USAID EN VENEZUELA
José Steinsleger. La Jornada
El castigado contribuyente de Estados Unidos (tan celoso de su bolsillo) podría preguntarse qué sentido tiene el despilfarro oficial de millones de dólares para acabar con el ultrademocrático presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde el fallido golpe de abril 2002, la ecuación no ha sido refutada: a mayor ayuda para fortalecer la oposición, mayor popularidad del líder bolivariano.
El castigado contribuyente de Estados Unidos (tan celoso de su bolsillo) podría preguntarse qué sentido tiene el despilfarro oficial de millones de dólares para acabar con el ultrademocrático presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde el fallido golpe de abril 2002, la ecuación no ha sido refutada: a mayor ayuda para fortalecer la oposición, mayor popularidad del líder bolivariano.
El año entrante Chávez cumplirá 15 años al frente del architolerante proceso que viró de raíz el falso republicanismo del país andino-caribeño. Y en la actualidad, cuando se apresta para la tercera reelección, los sondeos de opinión dan a Chávez más de 60 por ciento de popularidad.
¿Qué hizo la oposición con los 57 millones de dólares que recibió de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés)? ¿Cómo se financia hoy, cuando la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional prohíbe desde finales de 2010 el financiamiento externo para fines políticos?
La impetuosa investigadora y abogada estadounidense Eva Golinger nos recuerda que en enero 2002, cuando el señor Russell Porter llegó a Venezuela para dirigir la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (sic, OTI, división de la USAID dedicada a la promoción de transiciones en países estratégicamente importantes para Washington), su tarea era ayudar con una transición hacia la democracia (sic).
Venezuela contaba desde finales de 1998 con un gobierno democrático que apoyaba la mayoría del país. Mas no a la medida del imperio… ¿Se entiende? Y a pesar de que Mark Feierstein (actual titular para América Latina de la USAID), tras mucho investigar descubrió (sic) que Chávez era “…extremadamente popular entre sus partidarios, aunque muchos se sienten incómodos con él” (sic). ¿Se refería a los que anhelaban radicalizar la revolución, o a los que lucran con el discurso revolucionario?
Porter no quiso ser menos, y luego de consultar a la oposición, escribió en un informe de 2002 (luego del golpe): “Hay un consenso de que Chávez no terminará el año como presidente. Para preservar la democracia, un apoyo inmediato es necesario para los medios independientes y la sociedad civil… Una de las grandes debilidades en Venezuela es la falta de una sociedad civil vibrante” (sic).
Según informes públicos emitidos en España por la Fundación de Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior (FRIDE) –vinculada a la ingerencista National Endowment Democracy (NED)–, la USAID/OTI desembolsó 10 millones de dólares (2001-05) para financiar alrededor de 64 grupos y programas.
La USAID aumentó su presupuesto y reorientó la estrategia de su gestión enfocándola en la juventud (sector que no había sido explotado), con talleres sobre cómo utilizar redes como Twitter y Facebook. Desde 2006, USAID gastó más de 34 por ciento del presupuesto en el país (15 millones), hasta completar 57 millones de dólares en 2010.
El patrón de financiamiento ha sido más o menos igual al de otros países peligrosos (Ecuador, Bolivia, Nicaragua…): apoyar a líderes e instituciones calificadas de moderadas, pero que en la práctica buscan la desestabilización de los gobiernos democráticos.
Documentos desclasificados del gobierno estadounidense revelan que en los meses previos al golpe de 2002, seis oficinas del Departamento de Estado gastaron 695 mil dólares para financiar conferencias y seminarios que favorecían a la oposición. La NED tenía un programa de 900 mil dólares que trabaja con el Instituto Demócrata (NDI), el republicano (IRI) y el Centro de Solidaridad Laboral, para fortalecer a la central sindical CTV.
Los programas de la USAID/NED/OTI, o sellos no lucrativos como Transparencia Internacional, de Alemania (TI), y Development Alternatives Inc (DAI, contratista del Departamento de Estado), financian y asesoran a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación vinculados al antichavismo.
El bosque de siglas y grupos mercenarios que viven de la USAID es frondoso. Sólo el Plan Consenso País aglutina organizaciones como Alianza Bravo Pueblo (Antonio Ledezma), Fedecámaras (Hugo Fonseca y Jorge Botti), Asamblea de Ciudadanos (Maxim Ross), RCTV (William Echeverría), Sinergia (Jorge Reyes), Cedice (Aurelio Concheso), la Iglesia Católica ( Mikel de Iana), Gente de Petróleo (Nelson Benítez), Alianza Cívica (Elías Santana), COPEI (Eduardo Fernández), Un Solo Pueblo (William Ojeda), Coordinadora Democrática (Diego Urbaneja), Asamblea de Ciudadanos (Axei Carriles), Acción Democrática (Ramón Rangel), CTV (Alfredo Padilla), Liderazgo y Visión (Alonso Domínguez), Red Democrática Universitaria (Tomás Páez), Visión Emergente (Cipriano Heredia) y Bandera Roja (Carlos Hermoso).
¿Qué hizo la oposición con los 57 millones de dólares que recibió de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés)? ¿Cómo se financia hoy, cuando la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional prohíbe desde finales de 2010 el financiamiento externo para fines políticos?
La impetuosa investigadora y abogada estadounidense Eva Golinger nos recuerda que en enero 2002, cuando el señor Russell Porter llegó a Venezuela para dirigir la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (sic, OTI, división de la USAID dedicada a la promoción de transiciones en países estratégicamente importantes para Washington), su tarea era ayudar con una transición hacia la democracia (sic).
Venezuela contaba desde finales de 1998 con un gobierno democrático que apoyaba la mayoría del país. Mas no a la medida del imperio… ¿Se entiende? Y a pesar de que Mark Feierstein (actual titular para América Latina de la USAID), tras mucho investigar descubrió (sic) que Chávez era “…extremadamente popular entre sus partidarios, aunque muchos se sienten incómodos con él” (sic). ¿Se refería a los que anhelaban radicalizar la revolución, o a los que lucran con el discurso revolucionario?
Porter no quiso ser menos, y luego de consultar a la oposición, escribió en un informe de 2002 (luego del golpe): “Hay un consenso de que Chávez no terminará el año como presidente. Para preservar la democracia, un apoyo inmediato es necesario para los medios independientes y la sociedad civil… Una de las grandes debilidades en Venezuela es la falta de una sociedad civil vibrante” (sic).
Según informes públicos emitidos en España por la Fundación de Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior (FRIDE) –vinculada a la ingerencista National Endowment Democracy (NED)–, la USAID/OTI desembolsó 10 millones de dólares (2001-05) para financiar alrededor de 64 grupos y programas.
La USAID aumentó su presupuesto y reorientó la estrategia de su gestión enfocándola en la juventud (sector que no había sido explotado), con talleres sobre cómo utilizar redes como Twitter y Facebook. Desde 2006, USAID gastó más de 34 por ciento del presupuesto en el país (15 millones), hasta completar 57 millones de dólares en 2010.
El patrón de financiamiento ha sido más o menos igual al de otros países peligrosos (Ecuador, Bolivia, Nicaragua…): apoyar a líderes e instituciones calificadas de moderadas, pero que en la práctica buscan la desestabilización de los gobiernos democráticos.
Documentos desclasificados del gobierno estadounidense revelan que en los meses previos al golpe de 2002, seis oficinas del Departamento de Estado gastaron 695 mil dólares para financiar conferencias y seminarios que favorecían a la oposición. La NED tenía un programa de 900 mil dólares que trabaja con el Instituto Demócrata (NDI), el republicano (IRI) y el Centro de Solidaridad Laboral, para fortalecer a la central sindical CTV.
Los programas de la USAID/NED/OTI, o sellos no lucrativos como Transparencia Internacional, de Alemania (TI), y Development Alternatives Inc (DAI, contratista del Departamento de Estado), financian y asesoran a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación vinculados al antichavismo.
El bosque de siglas y grupos mercenarios que viven de la USAID es frondoso. Sólo el Plan Consenso País aglutina organizaciones como Alianza Bravo Pueblo (Antonio Ledezma), Fedecámaras (Hugo Fonseca y Jorge Botti), Asamblea de Ciudadanos (Maxim Ross), RCTV (William Echeverría), Sinergia (Jorge Reyes), Cedice (Aurelio Concheso), la Iglesia Católica ( Mikel de Iana), Gente de Petróleo (Nelson Benítez), Alianza Cívica (Elías Santana), COPEI (Eduardo Fernández), Un Solo Pueblo (William Ojeda), Coordinadora Democrática (Diego Urbaneja), Asamblea de Ciudadanos (Axei Carriles), Acción Democrática (Ramón Rangel), CTV (Alfredo Padilla), Liderazgo y Visión (Alonso Domínguez), Red Democrática Universitaria (Tomás Páez), Visión Emergente (Cipriano Heredia) y Bandera Roja (Carlos Hermoso).
Lo cierto es que más allá de lo que se opine sobre Chávez, los expertos de la USAID que entrenan y capacitan a la oposición democrática, aseguran el futuro exitoso de la revolución bolivariana. Pues los unos han probado ser más torpes y brutos que los otros. Y hasta la fecha, no han podido encontrar un solo líder que los represente.
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