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| Bachelet saluda sonriente al golpista Leopoldo López |
Marcos Roitman Rosenmann. La Jornada
Derrocar gobiernos
democráticos, al menos en América Latina, requiere un elaborado plan donde se
busca deslegitimar las políticas populares bajo el argumento de ser portadoras
de odio social e ideologías ajenas a la idiosincrasia nacional, identificándolas
con el marxismo, el comunismo o el socialismo. Dichas ideologías atentarían
contra la propiedad privada, la paz, la familia cristiana, la religión católica
o la libertad individual, poniendo el peligro la unidad de la patria. Los
responsables de tal situación no son otros que los partidos de izquierda, al
querer instaurar un orden totalitario cuyo propósito sería aniquilar la
oposición y amordazar la prensa. Así se desarrolla el lenguaje de la
desestabilización y se urde la trama del golpe de Estado. El postulado es
maniqueo. La patria está secuestrada en manos de revolucionarios, sin
principios ni moral. Es necesario acudir al rescate. De esta forma se llama a
movilizarse, tomar la calle, protestar y rebelarse contra el gobierno.
Invirtiendo las tornas, los conspiradores se apropian del discurso democrático
y comienzan a practicar la violencia callejera, la descalificación política y
la provocación. Buscan tensar la cuerda y obligar al gobierno a tomar
decisiones que puedan presentarse ante la opinión pública como parte de la
intolerancia y la negativa al dialogo. Buscan cabezas de turco caídas “en defensa de la libertad, víctimas de las
hordas
chapistas”. Hay que provocar, convocar manifestaciones no autorizadas, hacer declaraciones desconociendo el poder legítimo, practicar el sabotaje, asaltar locales públicos, bloquear calles, paralizar el transporte, poner bombas en centros neurálgicos, etcétera.
En este contexto,
la oposición se proclama salvaguarda de los valores nacionales, defensora de la
paz, la familia, la libertad individual, la propiedad privada, la libre empresa
y la economía de mercado, y sus dirigentes serían la avanzadilla de una cruzada
contra el
“chavismo” y el comunismo marxista, que derrocará el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se presentan como héroes vilipendiados y mártires redentores. Es el precio a pagar para recuperar la ansiada libertad.
Revertir procesos
democráticos como el que vive Venezuela desde 1999 conlleva una hoja de ruta en
dos frentes, en el campo de la política interna y el escenario internacional.
En el plano exterior, se organizan simposios, conferencias y debates,
proyectando una imagen de Venezuela sumida en el caos económico, el odio de
clases y la ingobernabilidad. Asimismo, recaudan fondos para promover la desestabilización.
En otro orden de cosas, los opositores realizan visitas a sus aliados de la
derecha mundial, presidentes de gobiernos, líderes conservadores o
representantes de las internacionales. Se busca la complicidad y restar apoyos
al gobierno constitucional de Venezuela, frenar inversiones, acuerdos o
simplemente torpedear las relaciones institucionales. Nada se deja al azar. Por
ejemplo el presidente saliente de Chile,
Sebastián Piñera, recibió a Capriles y la entrante Bachelet se deja fotografiar
con Leopoldo López. La prensa y los medios de comunicación también juegan
su papel. Desvirtuar al máximo la realidad con el fin de crear una opinión
internacional favorable al golpe de Estado, haciéndose eco del discurso
desestabilizador. En esta ocasión, como en otras, no importa manipular la
información, mostrando material fotográfico o videos de archivo
correspondientes a la represión en Chile, Grecia o Egipto y ponerlos como si
acontecieran en Venezuela.
En esta coyuntura
no puede faltar la intervención de Estados Unidos, gendarme de la zona. El
vicepresidente de Estados Unidos, Joe
Biden, señala su preocupación por los acontecimientos en Venezuela y el
secretario de Estado, John Kerry,
asiente al concretar que
hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que proporcione espacio político necesario para un diálogo y para que libere a los manifestantes detenidos. Como en los años ochenta del siglo XX, a quienes desestabilizan se les considera
“luchadores por la libertad”, término acuñado por la administración de Ronald Reagan para adjetivar a los mercenarios y la contra nicaragüense. Asimismo, su embajada alienta y promueve la intervención en asuntos internos. Para ello se vale de sus agregados culturales, militares, etcétera.
En el plano
interno, políticos, académicos, periodistas, empresarios, comunicadores,
instituciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos gremialistas
constituyen la avanzada. Ellos se convierten en la mano que mece la cuna. Son
portavoces y sujetos de la conspiración; su función, paralizar las actividades
productivas, desgastar al gobierno y boicotear las políticas sociales. Deben
crear una imagen sobrecargada de violencia e inseguridad ciudadana. En esta
labor fabrican rumores que favorecen el acaparamiento de bienes de primera necesidad,
fomentando el mercado negro, la desinversión y la especulación. Todo suma en
esta campaña destinada a desacreditar al gobierno del presidente Maduro y
provocar la repulsa de la comunidad internacional. Especialistas e
intelectuales son la guinda del pastel. Se consideran "disidentes", víctimas del socialismo del siglo XXI.
Hablan de totalitarismo, corrupción y nepotismo. Bien retribuidos, se les da
voz y pasea por las cadenas de televisión privadas, las radios y los periódicos
afines de todo el mundo. Sus palabras consiguen caricaturizar la realidad y
ridiculizar a sus dirigentes, calificándolos de megalómanos, locos o
iluminados. El siguiente paso de esta estrategia es pedir el retorno al pasado,
al capitalismo de usura, para sí recuperar sus privilegios. Para ello llamarán
a la unidad nacional en pro de un golpe de Estado que los legitime.
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