Por
Marat
-¿Estamos
solo ante un recorte a la libertad de expresión o la represión
tiene un contenido más profundo? ¿Cabe hablar de una "represión
política de clase"? ¿Cómo definirla?
Es indudable que el PP es un
partido con vocación censora, de origen y pulsiones franquistas, que
a lo largo de su historia ha mostrado en sobradas ocasiones una
auténtica falta de voluntad para aceptar la crítica política, por
lo que su comportamiento de recortar la libertad de expresión, de
opinión y de manifestación forman parte de su concepto del orden
social y la de seguridad ciudadana.
Pero, si no contextualizamos el
momento histórico en el que vivimos y en el que se producen dichos
ataques, si no abrimos el foco para entender causas más profundas
que explican lo que sucede, estaremos hablando de represión en
genérico, sin comprender lo que realmente está ocurriendo.
Hay una tendencia
pequeñoburguesa, de apariencia pseudoradical que alude a la
represión sin más, tratando de articular todas las represiones bajo
un mismo concepto en una apelación a la libertad que recuerda
demasiado al liberalismo político. Por ese camino podríamos acabar
debatiendo solo de libertad de prensa y de información y de libertad
de expresión en redes sociales.
Lo cierto es que los ataques a
la libertad de expresión, de opinión, de manifestación, de
reunión, se vienen sucediendo de forma generalizada en la mayoría
de los países del mundo. Estas agresiones se han incrementado de
forma exponencial desde el inicio de la crisis capitalista que, en lo
social, se ha plasmado en un incremento del desempleo, en la
precarización de gran parte del existente, en recortes en derechos
sociales y prestaciones y en salarios, así como en el
empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora.
Frente a ello, la clase
trabajadora reaccionó con manifestaciones populares, protestas,
huelgas, etc. para impedir lo que David Harvey denominó como
acumulación por desposesión que ha producido una brutal
transferencia de las rentas del trabajo a las del capital.
Para lograr la recuperación de
su tasa de ganancia, que ya se está produciendo, en gran parte del
mundo capitalista y en España en concreto, el capital necesitaba
quebrar las resistencias de los asalariados y el medio más útil que
ha encontrado es la criminalización de la protesta social, a través
de una represión política de clase, de una clase, la capitalista
sobre otra, la trabajadora.
Cabe hablar de represión
política porque, para cumplir los objetivos de incremento de la tasa
de beneficio del capital existe por parte de éste, de su Estado, y
de determinados instrumentos de poder social de la burguesía, existe
una estrategia punitiva, coactiva y disuasoria que responde a un
planteamiento político. Y, sin lugar a dudas, es de clase porque se
ejerce por parte de la clase dominante sobre las subalternas,
principalmente la trabajadora.
Creo que éste sería el punto
de arranque desde el que situar lo que es represión política de
clase, antes de expresar en qué dimensiones se manifiesta y de qué
modo se despliega.
-¿En
qué aspectos concretos se plasma la represión política de clase?
¿Solo en cuestiones de legislación como el nuevo Código Penal y la
Ley de Seguridad Ciudadana o va mucho más allá de lo jurídico?
En primer lugar quisiera hacer
una observación en relación a la Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, aprobada en 2015 y ahora
en debate parlamentario, para su supuesta derogación por parte de
algunos grupos parlamentarios.
Me resulta cuando menos
sospechoso que progres y progreliberales hayan insistido tanto en
hablar solo de esta ley y callar respecto al nuevo Código Penal, en
primer lugar porque aunque la Ley Mordaza se haya concentrado mucho
en castigar con multas, algunas de ellas brutales (hasta 600.000 €),
las libertades de expresión, manifestación, reunión y opinión, lo
cierto es que el Código Penal reprime también dichos derechos en un
número importante de sus artículos y lo hace con penas de prisión.
Sospecho que, en la medida en
que el mundo de los juristas progres, los ciudadanistas y los
universitarios pequeñoburgueses concentraron sus críticas sobre la
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y que el
movimiento sindical y eso que algunos se empeñan en llamar aún la
“izquierda”, y que no deja de ser colaboracionismo de clase con
mentalidad de monja oenegera, asumieron ese discurso, todas las leyes
desde las dos citadas a las reformadas de Enjuiciamiento Criminal y
la de Seguridad Privada, todo de se ha teñido de ley mordaza, como
si en el fondo la represión política de clase no existiera y el
problema se limitase a un recorte de libertades que más bien, por el
sobrenombre de Mordaza, fueran ante todo de expresión. Puro
liberalismo político que podría suscribir perfectamente un partido
como Ciudadanos.
Pero lo cierto es que a la
tuitera Casandra le han aplicado el artículo 578 del Código Penal,
que condena con penas de prisión de 1 a 3 años por enaltecimiento
del terrorismo.
Continúo. El artículo 315.3
del Código Penal está pensado directamente para criminalizar a los
piquetes en una huelga. Dice así:
“315.3 Quienes actuando en
grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a
otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados
con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o
con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.
Este es el artículo por el que
se juzgo a los 8 sindicalistas de Airbus por su participación en
piquetes informativos durante la Huelga General de 2010. Hay que
decir que no fueron declarados inocentes sino absueltos por falta de
pruebas, lo que no es sino un modo indirecto de mantener la
criminalización de la acción de los piquetes.
Ni que decir tiene que los
piquetes empresariales que amenazan con despidos ante una huelga de
sus empleados jamás han sido condenados. Es su Estado, sus leyes y
su justicia porque el Estado y el conjunto de sus aparatos tienen un
carácter de clase en cuanto a los intereses de la burguesía a la
que defienden
A Alfon se le condenó a 4 años
de cárcel, en régimen FIES. con el artículo 568 del antiguo Código
Penal, ratificado en el reformado del 2015, por tenencia de
explosivos, cuando su abogado dio datos más que suficientes de que
aquellas pruebas habían sido fabricadas por los policías que le
detuvieron. Razón real de su condena: ejemplarizar en carne joven e
inocente el compromiso de un joven comunista con la lucha de la clase
trabajadora en la Huelga General del 14N de 2012 cuando se dirigía a
un piquete.
Andrés Bódalo fue condenado a
penas de prisión en base a los artículos 550 y 551.2 del nuevo
Código Penal
Art. 550.1: “Son reos de
atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia,
opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o
funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el
ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.”
Art. 551.2: “Cuando el
acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la
vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular,
están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes
o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de
explosivos.”
En el caso, de la supuesta
agresión de Bódalo al teniente de alcalde de Jodar, del PSOE, no
pasó nada de esto y además no hubo agresión, tal y como señalan
vídeos en los que se puede ver la protesta a las puertas del
Ayuntamiento.
Podríamos continuar hablando
de artículos del nuevo Código Penal que reprimen y criminalizan la
lucha social, tales como el 553, el 554, el 556, el 557, el 557, el
557 tercero, el 558, el 559 y el 560, pero creo que sería bueno que
ustedes mismos se tomen el esfuerzo de buscarlos y saquen
conclusiones por sí mismos
En estos días se han producido
ya las peticiones fiscales contra varios sindicalistas de la CNT en
Cataluña. Uno es el caso de una protesta a las puertas del Casino de
Poble Nou, en una debate electoral durante la campaña de las
elecciones municipales del 2015. El piquete que participaba en la
protesta fue atacado por agentes provocadores, que eran Guardias
Urbanos vestidos de paisano. Por el corte del suministro eléctrico
de la televisión catalana durante ese debate se pide a un
sindicalista penas de 2 y 4 meses de cárcel y al otro 6 meses de
prisión. La Guardia Urbana, junto con el Ayuntamiento de los progres
de Ada Colau se presentarán como acusación particular. A la hora de
reprimir, reaccionarios, liberales y progres sirven a los intereses
de clase de su Estado capitalista.
Otro de los casos es el del
Corte Inglés, en el que varios sindicalistas de CNT serán juzgados
por una campaña de boicot contra esta cadena de establecimientos por
su participación en procesos penales contra sindicalistas en el
contexto de la huelga general del 29M del 2012 y por su represión
antisindical contra sus empleados, En esa campaña fueron detenidos 3
sindicalistas a los que se pide penas de 5 años de cárcel.
A partir de las huelgas
generales, que arrancan del 2011, cerca de 600 sindicalistas de las
más diversas organizaciones pueden ser encausados y se les pide
penas de prisión y multas elevadas. Desde los nombrados, hasta
sindicatos de la minería, pasando por trabajadores de Coca-Cola, de
la Universidad Autónoma de Barcelona, de Arcelor, jornaleros
andaluces, etc. etc. están conociendo una persecución brutal, de la
que no se habla desde los medios de comunicación del capital y muy
poco desde los alternativos porque, la gran mayoría de estos, o se
han apuntado al ciudadanismo o al identitarismo posmoderno.
La represión política de la
clase burguesa contra los trabajadores se lleva a cabo mediante una
legislación absolutamente restrictiva que impida y recorte al máximo
su derecho a la protesta, pero también la ejercen esos fiscales y jueces a los que no les tiembla la mano pidiendo penas de cárcel o
condenando a ellas. Del mismo modo que se ejerce desde unos cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado que actúan con completa impunidad
al golpear, detener y cumplir con fiero celo con la legislación del
Estado capitalista y algo más que celo. Para ser antidisturbios hay
que estar hecho de una pasta especial.
Pero cuando hablamos de
represión política de clase, no debemos detenernos en los aparatos
del Estado, sea éste central, autonómico o local, ni en sus leyes.
Hay más.
La prensa del sistema
criminaliza a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos,
llama privilegiados a mineros, conductores del metro o del AVE, o a
los estibadores, como si sus salarios no los ganasen por la
peligrosidad o responsabilidad de sus empleos o porque resultan
enormemente rentables para sus empresas. Los hace parecer
insolidarios frente a otros trabajadores, callando la auténtica
insolidaridad de los empresarios que están volviendo a elevar sus
tasas de ganancia a costa de salarios de miseria (el 47% gana menos
de 1.000 euros al mes, casi 6 millones de ellos, el 32% se encuentra
en riesgo de pobreza), con empleos precarios y despidos casi
gratuitos.
No solo la prensa del capital
reprime a los trabajadores. Los propios empresarios lo hacen también
ante cualquier atisbo de descontento o de querer cambiar las
situaciones injustas dentro de la empresa. Es frecuente en muchas
empresas que Recursos Humanos se encargue de aclarar al nuevo
empleado qué sindicatos cuentan con la aceptación de la empresa y
cuáles no, que se ejerzan represalias, mobbing e incluso despidos
contra trabajadores que quieren presentarse en candidaturas a las
elecciones sindicales, o que defienden la estrategia de la acción
directa a partir de la base organizada de sus secciones sindicales y
sus afiliados, por sindicatos de clase auténticamente combativos, en
lugar de hacerlo en las listas de los burócratas y pactistas.
Obligar a realizar horas extraordinarias no pagadas por parte de los
pequeños y medianos empresarios, esos patrióticos que tanto le
gustan a Podemos, es también una forma de represión política de
clase. En los últimos días hemos tenido el ejemplo del
telecocinero Jordi Cruz sobreexplotando a sus trabajadores casi por
la cara o del canalla del Presidente de la CEOE que afirma que se
aprende más trabajando gratis que en la Universidad. A ellos se ha
unido una caterva de malnacidos darwinistas sociales que han llegado
a sugerir que habría que pagar por aprender trabajando para un
empresario. A estos sí que habría que aplicarles la ley
antiterrorista.
Pero la mayor represión
política de clase que existe es no tener trabajo porque te obliga a
aceptar las condiciones que puedan ofrecerte, por miserables que
éstas sean, porque te obliga a venderte como un trabajador sumiso y
obediente, a callar ante los atropellos de tus derechos laborales. El
trabajador en paro es jurídicamente libre de vender su fuerza de
trabajo pero, una vez que lo ha hecho, ya no es dueño ni de las
condiciones en las que desempeña éste ni de su propio trabajo. Las
reglas le vienen impuestas porque la empresa no es un órgano
democrático sino un lugar en el que se ejerce la dictadura de una
clase sobre otra.
Y es que no es cierto esa
tontería que dice la Constitución de que tenemos derecho al
trabajo. Es un derecho meramente enunciativo y potestativo. A lo que
tenemos derechos, según indica el artículo 5 del Estatuto de los
Trabajadores, auténtica ley de relaciones laborales, o de
explotación del capital al trabajo, es a la ocupación efectiva del
puesto de trabajo, una vez, que existe un contrato; es decir, el
trabajador contratado tiene derecho al desempeño de unas funciones
acordes a su puesto de trabajo y a la categoría laboral contratada,
siempre dentro de la máxima de resultar rentable al empresario. Si
no hay contrato de trabajo, no hay derecho a ocupación efectiva
alguna.
La represión política de
clase es el modo intenso y violento, porque la violencia no es solo
física, de ejercer la lucha de clases desde el capital y sus
instrumentos políticos, policiales, mediáticos, empresariales,
jurídicos, legales e ideológicos -un aspecto sobre el que algún
día deberé concentrarme- contra la clase trabajadora.
Y, por supuesto, es represión
política de clase impedir al trabajador dar la respuesta
contundente, merecida y acorde con el ejercicio de la violencia que
supone por parte del capital, sus partidos, todos los que aceptan el
juego democrático-burgués, su legalidad y su Estado, ante su acción
de arrebatar conquistas sociales, derechos por los que se ha peleado
durante generaciones y formas de salario indirecto como la sanidad
pública, los subsidios de desempleo o las pensiones, hoy amenazadas.
-¿A
qué se debe la persecución, encarcelamiento, represión de un
creciente número de personas? ¿Es sólo cuestión de la que la
derecha del PP es muy franquista o hay motivos más profundos? ¿Cuál
es el contexto?
Como señalaba al principio,
la persecución, la represión, el encarcelamiento de un creciente
número de personas en España, que son presos políticos, por mucho
que se pretenda negar, no se debe solo a que el PP sea un partido
reaccionario y temeroso de la libertad. Como decía Marx "Nadie
combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La
libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de
algunos, otras veces como derecho de todos". Y
éste es el privilegio que hoy defiende el capital, su libertad de
empresa, su libertad para sobreexplotar al trabajador. Persigue y
reprime al trabajador que se moviliza para dar escarmiento a toda la
clase en carne ajena, vaciar las calles, lograr el
acatamiento,imponer su ley. Solo de ese modo puede reproducirse
económicamente porque es
un mito indemostrable que la
tarta tenga un reparto equitativo y
que crezca para todos. Crece
para quienes pueden imponer su
poder organizado de oprimir a los demás.
Y esa es una posición de clase
contra clase. Lo contrario es caer en un democratismo pequeñoburgués
que defiende las libertades en genérico, sin concretar para qué han
de servir y quienes necesitan de ellas por encima de todos los demás
grupos sociales.
-¿Cómo
enfrentarse a estas políticas represivas?
-Si la clase dominante se
organiza para defender con leyes, policías, miedo y represión, sus
privilegios, es obvio que la dominada necesita hacerlo también
articularse para contraatacar y defender sus derechos, las conquistas
que le han sido arrebatadas y pasar a la ofensiva. Porque las ideas
no viven sin organización. Y necesita hacerlo al margen y de modo
independiente de todas las demás clases, sobre todo de las
intermedias, o autopercibidas como tales, que solo buscan salvarse de
la quema y reacomodarse para mantener el máximo de sus intereses,
siempre ligados a la pervivencia del capitalismo, aunque éste, por
la dinámica de su desarrollo y de la concentración del capital
tienda, finalmente, a hacerla desaparecer y proletarizarla.
Y necesita hacerlo de modo
combativo, sin ilusiones democráticas de cambios mediante los
instrumentos del parlamentarismo burgués. Quizá deba hacerlo, eso
está por ver -y ésta es una idea que lanzo como reflexión
particular que desarrollaré en un futuro- rearticulando nuevas
formas de organización que ya no sean ni las puramente partidarias
ni las puramente sindicales, sino un híbrido superador de ambas. Las
transformaciones sociales que están trayendo la descomposición de
las tradicionales formas organizativas y las que se están
produciendo en el mundo de la producción requieren de respuestas
adecuadas a los tiempos que nos está tocando vivir. Pero, mientras
esas formas organizativas no cambien, necesitamos sindicatos
auténticamente combativos y fuertes, que sean lo opuesto a esos
burócratas del pacto y la concertación sociales. Lo mismo cabe
pedir las organizaciones políticas de nuestra clase, las cuáles es
más que obvio que no están en absoluto a la altura de las
circunstancias sino envueltas en una caquexia terminal, casi siempre
investida de una arrogancia falsamente vanguardista que solo se
corresponde con su indigencia teórica y su alejamiento absoluto de
las necesidades y la realidad de los trabajadores.
Y, desde luego, es necesario
hacerlo de un modo unitario desde dentro de la clase, superando la
atomización en múltiples plataformas de solidaridad, una por preso,
y haciendo converger las luchas antirrepresivas de manera conjunta y
desde una perspectiva de clase, justo la que tienen nuestros
enemigos.
Y para acabar, algo que sé que
va a ser polémico porque tiene esa intención. Es hora de superar
cierto estilo sindical de un cristianismo cuasi gandhiano que permite
que a sus afiliados se les abrase a multas y a peticiones de cárcel,
llevándoles por unas vías que constituyen la estrategia de ponerles
a los píes de los caballos, cuando algunos de sus dirigentes se
protegen como aforados parlamentarios y limitándose a ponerse la
camiseta con el rostro de alguno de sus presos. A los militantes se
les cuida y protege. Pero si eliges el camino del sacrificio ponte a
la cabeza de él, asegurándote de que tú serás el primer
represaliado. Lo contrario es suicida y golfo.
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