Entradas
Rafael Poch.
La Vanguardia
El juicio contra la red neonazi alemana
NSU, responsable de la peor ola de atentados terroristas registrada en el país
en los últimos veinte años, comenzó ayer en Munich. Va para largo, se espera
que dure hasta 2015. La principal pregunta de este asombroso y sospechoso caso
no va a obtener respuesta en este juicio. Se trata del nivel de complicidad de
estructuras estatales con esta trama, autora, a lo largo de trece años, de diez
asesinatos, nueve de ellos racistas, dos grandes atentados con bomba en barrios
de emigrantes y quince atracos.
¿Cuánto
Estado hay escondido detrás de eso? Desde sus inicios, este grupo nacido en
Jena (Alemania Oriental) en los años noventa estuvo rodeado de confidentes
policiales, colaboradores e infiltrados del servicio secreto interior, el BfV,
una policía política orientada a la lucha contra el comunismo que desde su
fundación en 1950 se nutrió de muchos ex nazis.
Alrededor
de los tres oficialmente únicos miembros de NSU, siglas de “Clandestinidad nazi” revolotearon por lo menos 25 confidentes e
infiltrados del BfV, sin embargo el Estado no se enteró de su existencia hasta
pasados diez asesinatos, quince atracos, dos atentados con bomba y 11 años.
Miembros del BfV estuvieron en el escenario y momento del crimen, por lo menos
en un caso: el 6 de abril de 2006, cuando el NSU asesinó a Halit Yozgat en un
cibercafé de Kassel. Policías rondaron el lugar de los hechos, el 9 de junio de
2004, instantes después de la explosión de una bomba en la Keupstrasse de
Colonia que hirió a muchos emigrantes.
A
lo inusual de estas circunstancias se suma la desaparición o destrucción de
material de archivo, negligencias tras el descubrimiento del primer taller de
bombas del grupo, las mentiras y ocultamientos en las declaraciones de
funcionarios de la seguridad a la comisión de investigación del Bundestag. Todo
eso, que es tan extraño, es la lista habitual allí donde se ha sospechado que
los servicios secretos de Europa occidental han estado involucrados en crímenes
y acciones terroristas.
“Hablar de chapuzas, errores y patinazos no es
creíble”, dice Paul Wellson experto en este caso
del parlamento de la región de Turingia, donde se encuentra Jena. “Lo que hay que preguntarse es qué
relaciones hay entre los servicios secretos alemanes, la criminalidad
organizada y la extrema derecha”, dice.
Esa
misma pregunta se está planteando desde febrero en el juicio del siglo de
Luxemburgo: 24 atentados con bombas en 1984 y 1985 atribuidos a la red stay-behind de
la OTAN, un caso que está siendo completamente ignorado por los medios
alemanes, pese a que uno de los testigos ha identificado a un agente del
servicio secreto alemán (BND) como el autor de 18 de aquellas bombas y coautor
de la masacre de la Fiesta de la Cerveza de Munich de septiembre de 1980, el
mayor atentado con bomba de la historia de la posguerra alemana, un caso no
resuelto que dejó 13 muertos y más de 200 heridos.
“En el caso NSU tenemos que preguntarnos qué papel
jugó el Estado”, dice el profesor suizo, Daniele Ganser,
el máximo especialista en las tramas negras de los años setenta y ochenta
vinculadas a la OTAN. “A diferencia del
caso de Luxemburgo, aquí no se trata del BND sino del BfV y lo que hay que
aclarar es si fue chapuza, fallos garrafales que pueden suceder, o si hubo
manipulación”. “En ese segundo caso”,
dice Ganser en declaraciones a La Vanguardia, “se trataría de cosas que ocurrieron con participación del Estado, o
bien con estructuras paralelas”. “La
pregunta es por qué esto no se puede aclarar y si hubo alguien que tuvo
protección gubernamental”, concluye.
Aunque
se estima que NSU tuvo quizá un centenar de cómplices y ayudantes, en el juicio
de Munich solo hay cinco acusados. El principal es Beate Zschäpe. Oficialmente
NSU se reducía a solo tres miembros, dos de los cuales, Uwe Mundlos y Uwe
Böhnhardt, según la versión oficial, se suicidaron al verse cercados por la
policía en noviembre de 2011. Zschäpe, única superviviente del trio, compareció
serena y se puso de espaldas a las cámaras de televisión. Está acusada de
complicidad en toda la serie de atentados. Merkel ha calificado este caso de “vergüenza para Alemania”.
Desde
1990 los neonazis han asesinado a 152 personas en Alemania, vagabundos,
izquierdistas y sobre todo emigrantes. Es, con mucho, el principal foco de
violencia política, pero el aparato de Estado se muestra indulgente, mucho más
pendiente de la izquierda, y “ciego del
ojo derecho”, como se dice. Las manifestaciones neonazis continúan siendo
protegidas por la policía y sus adversarios criminalizados, igual que hace
treinta años. Mientras tanto, una quinta parte de la población alemana tiene
raíces extranjeras, pero, “en el debate
público los emigrantes prácticamente solo figuran como grupo problemático”,
dice el periodista Andrea Dernbach del berlinés Tagesspiegel.
