RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (EMPRESARIAL) E IDENTIDADES NO DE CLASE

Por Marat

1.-CAPITALISMO ÉTICO

La Responsabilidad Social Corporativa (a partir de aquí RSC) es una doctrina económico-empresarial, llevada a cabo por grandes corporaciones, que se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental realizada por las empresas para optimizar su capacidad competitiva y valorativa; es decir, su reputación corporativa, algo que va más allá de su imagen de marca, sea marca de productos o marca “umbrella”.

Algo más tarde y en paralelo surgió la filosofía y economía del “bien común”, de Christian Felber, un concepto que parte de que existe tal cosa dentro de una sociedad dividida en clases con intereses antagónicos. Aquello de que la tarta crece para todos es falso. Si crece de un lado (beneficio empresarial) a nivel nacional, decrece del otro (nivel de vida de los trabajadores). Solo durante unos 28 años esto ha sido cierto bajo el capitalismo: el período de reconstrucción de los países destruidos tras la II Guerra Mundial, en el que era necesario poner en marcha un Estado del Bienestar que permitiera una rápida recuperación del beneficio empresarial y de la acumulación capitalista, hasta el primer pinchazo: la crisis del 73, tras la que se han ido sucediendo una tras otras fases de la misma crisis, aunque con diferentes manifestaciones, en un proceso que es propio de un capitalismo en su etapa senil.

La economía del bien común vistió de largo en España con motivo del 15M y partía de la idea de que hay una necesaria colaboración entre empresas por un lado y entre éstas y trabajadores, por el otro con el fin de mantener y acrecentar el bienestar social de todos.

De ahí arrancaría su producto más depurado, el de la “economía colaborativa”. La idea de que el trabajador no es empleado de la empresa sino colaborador. El modelo de negocio de Uber, Cabify, Deliveroo o Glovo. Y ya saben ustedes lo que significa eso de falsos autónomos, salarios de miseria y sobreexplotación laboral (la explotación se da ya con condiciones contractuales reguladas y 8 horas de trabajo).

Volvamos al concepto inicial de la RSC.

Como investigador de estudios políticos, de opinión y de mercado conocí bien la RSC. Investigué sobre ella en varias ocasiones y en ningún caso puedo decir que las motivaciones éticas estuvieran entre los objetivos de las empresas que la ponían en marcha. El beneficio y el modo de vender la burra en un mercado crecientemente complejo en el que las marcas tenían una creciente dificultad de diferenciación en lo que ellas llaman valores, en el que, por motivos de la crisis avanzaba la marca blanca o de la distribución y en el que muchas corporaciones eran crecientemente cuestionadas por su comportamiento moral, les obligaba a ello. Temían una deslegitimación del sistema económico y se aprestaron a evitarlo, ya fuera con estrategias ideológicas de un capitalismo ético, con movimientos de los indignados, diseñados desde el globalismo liberal y dirigidos por miembros de una clase media en riesgo de descenso de status, dispuestos a abrirse paso como servidores del Estado capitalista a partir de la impugnación de los partidos clásicos y mediante el desvío de la cuestionamiento del capitalismo hacia la crítica hacia sus instituciones políticas tradicionales, y en los últimos tiempos mediante una estrategia de diferenciación identitaria que rompiese el antagonismo capital-trabajo, sustituyéndolo por demandas de libertades personales cada vez más microindividualistas y finalmente más enfrentadas entre sí.

En la teoría de la RSC hay un factor clave, el de los actores (“stakeholders”) que se relacionan con la empresa. Esos actores son, entre otros, los siguientes:

• Los internos, desde los directivos, propietarios y accionistas hasta los empleados de la empresa.
• Los externos, dentro de los que están las administraciones, los medios de comunicación, el entorno social próximo (vecinos), sindicatos, ONGs, asociaciones de consumidores, etc.

De entre los estudios de RSC que realicé a lo largo de 3 años destacaré los que hice para dos grandes empresas (que no nombraré por motivos que debieran parecerles obvios), muy interesadas en proyectar una imagen de responsabilidad social “sensible”, moderna y “adaptada a los tiempos”, una de energías no renovables y otra de energías renovables.

La segunda, que caracterizaré como una empresa con directivos jóvenes progres de perfil que calificaré como yuppisolar, demostró que aparte de vivir fundamentalmente del apoyo económico de la Junta de Andalucía (alrededor de 38 millones €), jamás había estado preparada para lidiar con un conflicto laboral. En cuanto se le planteó una huelga de trabajadores por reivindicaciones a las que fueron incapaces de atender por su propia tendencia a no tomarles en consideración, respondieron con represión laboral, más que sindical.

Más allá del impacto de la competencia china de entonces, factores internos como los oscuros tejemanejes económico-financieros de su Consejero Delegado de decenas de millones de euros hicieron quebrar en 2014 a una empresa líder a nivel nacional e internacional dentro de su sector. RSC 0.

La primera, líder en España del sector energético no renovable era entonces, y me consta que es ahora, una mafia.

Creada a finales de los 80 del pasado siglo pasado a partir de las fusiones de empresas energéticas preexistentes que habían mantenido desde la época de Alfonso XIII y, más tardíamente de la II República y de la dictadura franquista primero como monopolio estatal y luego público-privado hasta su salida a bolsa y su privatización definitiva por el gobierno de Felipe González, la nueva corporación resultante heredó vicios del pasado, a los que incorporó los del presente, y fue perdiendo las virtudes que pudo tener entonces.

Desde su debut en bolsa y su conversión en una multinacional energética de tamaño medio sus Presidentes y Consejeros Delegados han sido nombrados a través de un pacto entre las burguesías catalana, vasca y española, La Caixa, el BBVA, otros grupos empresariales y el gobierno español. Los nacionalismos son una cosa y los intereses de la burguesía otra. Sus directivos cobran cifras exorbitantes entre los 7 y los 198 millones de euros. Menos mal que para los enfrentamientos entre nacionalismos que vayan más allá de los posibles traidores burgueses nos quedan las izquierdas guays, las no “tricornio”, las que unen a la clase trabajadora dividiéndola en patrias.

En cuanto a la situación de los trabajadores de esa gran corporación existe una transición de la época de un franquismo paternalista en la que los trabajadores más antiguos mantienen una protección social, aunque a la baja, mucho mejor que la de los nuevos trabajadores (precarios, temporales y de ETTs) que se fueron incorporando tras su privatización y salida a bolsa.

El sindicalismo mayoritario está absolutamente corrompido en esa gran empresa, sea a través de sobres, de viajes corporativos o sindicales subvencionados o de ayudas a proyectos de tipo personal.

Espero que nadie cometa el error de pensar que muestro algún tipo de añoranza hacia el franquismo (me limito a caracterizar las relaciones laborales de la época, producto de un intento de paz social tras la derrota militar de una República burguesa con sensibilidad social hacia la clase trabajadora) o de considerar que hay o debe haber una contraposición entre supuestos trabajadores “privilegiados” contra el resto. Ese es el discurso del analfabeto político, el desclasado y el sometido a la ideología dominante de la burguesía.

En España, allá donde están asentados los principales centros de la corporación, el director general se comporta como un auténtico virrey autoritario tanto en las relaciones laborales como en el modo en el que concibe las relaciones con los que antes denominamos como stakeholders.

Al movimiento vecinal le compran cuando lo permiten, cuando no, como en cierta localidad del sureste de la península, cuando la asociación de vecinos planteó batalla, hicieron lo posible y lo imposible contra el líder vecinal, a los periodistas locales también, a los políticos regionales y locales les ofrecen colaboraciones público-privadas.Solo se les han opuesto algunos grupos ecologistas, no todos, ni mucho menos, por el impacto ambiental de su actividad y los riesgos de la misma, no solo sobre el entorno sino desde la limitada seguridad de los propios centros.

A nivel internacional, al menos en Latinoamérica, donde mejor conozco su actuación han comprado políticos de gobierno de todos los colores para adquirir sus empresas nacionales o para lograr condiciones privilegiadas e incluso ilegales de actuación en el territorio, han destruido hábitats de pueblos indígenas, han dañado la biodiversidad.

2.-EL COMPROMISO MORAL DE LA NUEVA ECONOMÍA CON LA IGUALDAD Y LAS IDENTIDADES

Sea a través de los anuarios de RSC de la gran empresa, sea a través de la venta ideológica como “oportunidad salarial y “libre organización del tiempo de trabajo” (en la práctica, esclavitud y tareas obligadas) de las empresas de “economía colaborativa”, el camino es hacia la servidumbre por la vía lenta (en las grandes corporaciones clásicas de mayor organización sindical) o de vía rápida hacia la esclavitud (las startups y plataformas digitales de trabajadores precarios) está servido.

Allá donde la nueva economía capitalista, vieja por su destino para la clase trabajadora, que regresa hacia condiciones del siglo XIX, no puede permitirse el lujo de ofrecer la “democracia industrial” de los años 20 y 30, ni la cogestión de los 70 del pasado siglo, como formas lograr la paz social en el centro de trabajo, porque atenta a la obtención del beneficio capitalista, ahora basado en el abaratamiento de la mano de obra, solo queda compensar la frustración laboral por la vía de la democracia “posantagónica”.

A partir de ahora el capital, la empresa, ya no va a plantear su búsqueda de la paz social en la empresa por la vía de la negociación sobre el salario, las condiciones de trabajo o las contractuales. Estamos ante otro momento histórico del capital, sus necesidades y su búsqueda de formas de religitimación y acumulación.

Resumiré de qué estoy hablando de un modo que pueda ser fácilmente comprensible para todos, a través de un párrafo que escribí hace unos días sobre esta cuestión en una red social:

“La nueva economía va a ser más ecológica porque es un nuevo nicho de mercado, más feminista porque no afecta a sus bases de explotación y acumulación capitalista y más responsable socialmente porque mejora la imagen de sus marcas. Capitalismo puro y duro disfrazado de humano”

No es el momento de plantear aún la relación ideológica entre nuevas formas de producción y de acumulación capitalistas e identitarismos ajenos al concepto, no porque no deban ser incorporados al proceso de emancipación humano que debe acompañar al antagonismo ente clases, sino porque estamos ante la necesidad de recuperar la centralidad de clase en la lucha contra toda forma de dominación del ser humano por otros seres humanos.

Cada ser humano debe ser lo que quiera y crea que necesita ser, siempre que ello no le sirva para enriquecerse a costa de otros. Tu libertad es parte de todas las emancipaciones como seres humanos. Si no las acompañas, al menos, no las entorpezcas.

En cualquier caso, conviene no perder de vista como determinadas identidades están siendo utilizadas contra la clase trabajadora y como medio de legitimación del capital y de qué manera hay sectores de dichas identidades que no tienen inconveniente alguno de aprovechar esas facilidades que el capitalismo les ofrece.

En el caso del feminismo, creo haber resumido algunas de esas cuestiones en otros momentos. De esta cuestión creo que puede informarles con mucha mayor autoridad que yo, la responsable del área de feminismo del Espacio de Encuentro Comunista (EEC), organización en la que milito en artículos como éste o éste o, por supuesto, éste.

Las propuestas de la Ministra de Igualdad Carmen Calvo sobre igualdad de las mujeres en las empresas se refieren al “poder de las mujeres” en ellas, no a la incorporación de más mujeres a las empresas. De lo que se trata no es de mejorar la emancipación de la mujer por la vía de incorporarlas al mercado de trabajo. Es de suponer que esta protegiendo a la mujer de clase trabajadora de ser explotada o sobreexplotada y que está buscando que sea la designada para directiva la que se sacrifique y se incorpore a los Consejos de Administración de las grandes corporaciones. Empresas como el Santander, Repsol, Aena, Ferrovial. Ni la brecha salarial se plantea desde abajo ni la incorporación de mujeres se refiere a las plantillas sino a la oportunidad de que no haya diferencias de género en quienes explotan a la clase trabajadora.

El capitalismo no discrimina al movimiento LGTB+ porque constituye una gran oportunidad de mercado, sus eventos son un momento muy interesante para publicitarse y su capacidad de consumo es muy tenida en cuenta por marcas y productos. Otra cosa muy distinta es que la ideología dominante continúa oprimiendo a este colectivo pero ello no viene principalmente por la vía económica.

Por lo que se refiere al ecologismo, el capitalismo ha encontrado una de sus tablas de salvación. Desde la eliminación a corto plazo de los vehículos diesel y el negocio, aún limitado de los coches eléctricos, a la compra por petroleras o eléctricas de grandes empresas de energías renovables, las empresas de retirada de plásticos del mar que aún no se han dado a conocer pero ya piensan en el reciclaje para otros productos, incluido el mundo de la moda.

¿Qué decir de una empresa como ECOEMBES, privada, de concesión pública municipal, que apela a nuestro sentido de ciudadanía, con el fin de que la materia prima (basura) que recibe le venga. además de gratis, lo bastante preclasificada para abaratar sus costes productivos?

3.-EL CAPITALISMO Y SUS ENEMIGOS

El capitalismo tiene un enemigo declarado: la clase trabajadora, éste compuesta por mujeres, hombres, otros géneros e identidades o por ecologistas o personas nada sensibles hacia el respeto al medio ambiente.

Puede que la empresa en la que ustedes trabajan recicle papel, tenga una guardería para el cuidado de sus hijos mientras trabajan o promueva directivos de géneros alternativos. Y puede que haga todo lo contrario y se muestre cerradamente hostil a la responsabilidad social y la integración identitaria. Ustedes se sentirán si es más sensible hacia sus identidades más a gusto en ella y, de lo contrario, notarán su hostilidad. Pero no está ahí la clave que una el conjunto de sus circunstancias como trabajadores.

Se pueden vivir mil y una circunstancias o identidades. Se puede ser lesbiana o heterosexual en una empresa, feminista o machista, ecologista o marrano medioambiental, frugívoro o carnívoro empedernido, y ello no alterará ni el beneficio empresarial ni la dominación de la empresa sobre sus vidas pero lo que el capital tiene más dificultades para integrar es que seamos trabajadores porque la mayoría de los seres humanos lo somos y porque la empresa nos percibe, a la vez, a todos sus empleados como coste y como beneficio. Cuando la empresa nos percibe como coste reduce éste por la vía de despidos, rebajas o contenciones salariales, reducciones de las cotizaciones de la Seguridad Social, etc. Cuando nos percibe como beneficio intenta maximizar éste por la vía del incremento de la productividad, de la carga de trabajo y el ritmo de producción, de las horas de trabajo extras no pagadas, etc. Y eso lo hará independientemente de lo que seamos identitariamente.

Dicho esto, decidan ustedes si debemos poner antes las diferencias que lo que nos une como trabajadores y si debemos considerar que las opresiones importan más que el hecho de que somos explotados porque vivimos de un salario que enriquece al capital.

¿LEYES MORDAZA O ALGO MÁS? HABLEMOS DE REPRESIÓN POLÍTICA DE CLASE

Por Marat

-¿Estamos solo ante un recorte a la libertad de expresión o la represión tiene un contenido más profundo? ¿Cabe hablar de una "represión política de clase"? ¿Cómo definirla?

Es indudable que el PP es un partido con vocación censora, de origen y pulsiones franquistas, que a lo largo de su historia ha mostrado en sobradas ocasiones una auténtica falta de voluntad para aceptar la crítica política, por lo que su comportamiento de recortar la libertad de expresión, de opinión y de manifestación forman parte de su concepto del orden social y la de seguridad ciudadana.

Pero, si no contextualizamos el momento histórico en el que vivimos y en el que se producen dichos ataques, si no abrimos el foco para entender causas más profundas que explican lo que sucede, estaremos hablando de represión en genérico, sin comprender lo que realmente está ocurriendo.

Hay una tendencia pequeñoburguesa, de apariencia pseudoradical que alude a la represión sin más, tratando de articular todas las represiones bajo un mismo concepto en una apelación a la libertad que recuerda demasiado al liberalismo político. Por ese camino podríamos acabar debatiendo solo de libertad de prensa y de información y de libertad de expresión en redes sociales.

Lo cierto es que los ataques a la libertad de expresión, de opinión, de manifestación, de reunión, se vienen sucediendo de forma generalizada en la mayoría de los países del mundo. Estas agresiones se han incrementado de forma exponencial desde el inicio de la crisis capitalista que, en lo social, se ha plasmado en un incremento del desempleo, en la precarización de gran parte del existente, en recortes en derechos sociales y prestaciones y en salarios, así como en el empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora.

Frente a ello, la clase trabajadora reaccionó con manifestaciones populares, protestas, huelgas, etc. para impedir lo que David Harvey denominó como acumulación por desposesión que ha producido una brutal transferencia de las rentas del trabajo a las del capital.

Para lograr la recuperación de su tasa de ganancia, que ya se está produciendo, en gran parte del mundo capitalista y en España en concreto, el capital necesitaba quebrar las resistencias de los asalariados y el medio más útil que ha encontrado es la criminalización de la protesta social, a través de una represión política de clase, de una clase, la capitalista sobre otra, la trabajadora.

Cabe hablar de represión política porque, para cumplir los objetivos de incremento de la tasa de beneficio del capital existe por parte de éste, de su Estado, y de determinados instrumentos de poder social de la burguesía, existe una estrategia punitiva, coactiva y disuasoria que responde a un planteamiento político. Y, sin lugar a dudas, es de clase porque se ejerce por parte de la clase dominante sobre las subalternas, principalmente la trabajadora.

Creo que éste sería el punto de arranque desde el que situar lo que es represión política de clase, antes de expresar en qué dimensiones se manifiesta y de qué modo se despliega.

-¿En qué aspectos concretos se plasma la represión política de clase? ¿Solo en cuestiones de legislación como el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana o va mucho más allá de lo jurídico?

En primer lugar quisiera hacer una observación en relación a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, aprobada en 2015 y ahora en debate parlamentario, para su supuesta derogación por parte de algunos grupos parlamentarios.

Me resulta cuando menos sospechoso que progres y progreliberales hayan insistido tanto en hablar solo de esta ley y callar respecto al nuevo Código Penal, en primer lugar porque aunque la Ley Mordaza se haya concentrado mucho en castigar con multas, algunas de ellas brutales (hasta 600.000 €), las libertades de expresión, manifestación, reunión y opinión, lo cierto es que el Código Penal reprime también dichos derechos en un número importante de sus artículos y lo hace con penas de prisión.

Sospecho que, en la medida en que el mundo de los juristas progres, los ciudadanistas y los universitarios pequeñoburgueses concentraron sus críticas sobre la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y que el movimiento sindical y eso que algunos se empeñan en llamar aún la “izquierda”, y que no deja de ser colaboracionismo de clase con mentalidad de monja oenegera, asumieron ese discurso, todas las leyes desde las dos citadas a las reformadas de Enjuiciamiento Criminal y la de Seguridad Privada, todo de se ha teñido de ley mordaza, como si en el fondo la represión política de clase no existiera y el problema se limitase a un recorte de libertades que más bien, por el sobrenombre de Mordaza, fueran ante todo de expresión. Puro liberalismo político que podría suscribir perfectamente un partido como Ciudadanos.

Pero lo cierto es que a la tuitera Casandra le han aplicado el artículo 578 del Código Penal, que condena con penas de prisión de 1 a 3 años por enaltecimiento del terrorismo.

Continúo. El artículo 315.3 del Código Penal está pensado directamente para criminalizar a los piquetes en una huelga. Dice así:

“315.3 Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Este es el artículo por el que se juzgo a los 8 sindicalistas de Airbus por su participación en piquetes informativos durante la Huelga General de 2010. Hay que decir que no fueron declarados inocentes sino absueltos por falta de pruebas, lo que no es sino un modo indirecto de mantener la criminalización de la acción de los piquetes.

Ni que decir tiene que los piquetes empresariales que amenazan con despidos ante una huelga de sus empleados jamás han sido condenados. Es su Estado, sus leyes y su justicia porque el Estado y el conjunto de sus aparatos tienen un carácter de clase en cuanto a los intereses de la burguesía a la que defienden

A Alfon se le condenó a 4 años de cárcel, en régimen FIES. con el artículo 568 del antiguo Código Penal, ratificado en el reformado del 2015, por tenencia de explosivos, cuando su abogado dio datos más que suficientes de que aquellas pruebas habían sido fabricadas por los policías que le detuvieron. Razón real de su condena: ejemplarizar en carne joven e inocente el compromiso de un joven comunista con la lucha de la clase trabajadora en la Huelga General del 14N de 2012 cuando se dirigía a un piquete.

Andrés Bódalo fue condenado a penas de prisión en base a los artículos 550 y 551.2 del nuevo Código Penal

Art. 550.1: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.”

Art. 551.2: “Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.”

En el caso, de la supuesta agresión de Bódalo al teniente de alcalde de Jodar, del PSOE, no pasó nada de esto y además no hubo agresión, tal y como señalan vídeos en los que se puede ver la protesta a las puertas del Ayuntamiento.

Podríamos continuar hablando de artículos del nuevo Código Penal que reprimen y criminalizan la lucha social, tales como el 553, el 554, el 556, el 557, el 557, el 557 tercero, el 558, el 559 y el 560, pero creo que sería bueno que ustedes mismos se tomen el esfuerzo de buscarlos y saquen conclusiones por sí mismos

En estos días se han producido ya las peticiones fiscales contra varios sindicalistas de la CNT en Cataluña. Uno es el caso de una protesta a las puertas del Casino de Poble Nou, en una debate electoral durante la campaña de las elecciones municipales del 2015. El piquete que participaba en la protesta fue atacado por agentes provocadores, que eran Guardias Urbanos vestidos de paisano. Por el corte del suministro eléctrico de la televisión catalana durante ese debate se pide a un sindicalista penas de 2 y 4 meses de cárcel y al otro 6 meses de prisión. La Guardia Urbana, junto con el Ayuntamiento de los progres de Ada Colau se presentarán como acusación particular. A la hora de reprimir, reaccionarios, liberales y progres sirven a los intereses de clase de su Estado capitalista.

Otro de los casos es el del Corte Inglés, en el que varios sindicalistas de CNT serán juzgados por una campaña de boicot contra esta cadena de establecimientos por su participación en procesos penales contra sindicalistas en el contexto de la huelga general del 29M del 2012 y por su represión antisindical contra sus empleados, En esa campaña fueron detenidos 3 sindicalistas a los que se pide penas de 5 años de cárcel.

A partir de las huelgas generales, que arrancan del 2011, cerca de 600 sindicalistas de las más diversas organizaciones pueden ser encausados y se les pide penas de prisión y multas elevadas. Desde los nombrados, hasta sindicatos de la minería, pasando por trabajadores de Coca-Cola, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Arcelor, jornaleros andaluces, etc. etc. están conociendo una persecución brutal, de la que no se habla desde los medios de comunicación del capital y muy poco desde los alternativos porque, la gran mayoría de estos, o se han apuntado al ciudadanismo o al identitarismo posmoderno.

La represión política de la clase burguesa contra los trabajadores se lleva a cabo mediante una legislación absolutamente restrictiva que impida y recorte al máximo su derecho a la protesta, pero también la ejercen esos fiscales y jueces a los que no les tiembla la mano pidiendo penas de cárcel o condenando a ellas. Del mismo modo que se ejerce desde unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actúan con completa impunidad al golpear, detener y cumplir con fiero celo con la legislación del Estado capitalista y algo más que celo. Para ser antidisturbios hay que estar hecho de una pasta especial.

Pero cuando hablamos de represión política de clase, no debemos detenernos en los aparatos del Estado, sea éste central, autonómico o local, ni en sus leyes. Hay más.

La prensa del sistema criminaliza a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos, llama privilegiados a mineros, conductores del metro o del AVE, o a los estibadores, como si sus salarios no los ganasen por la peligrosidad o responsabilidad de sus empleos o porque resultan enormemente rentables para sus empresas. Los hace parecer insolidarios frente a otros trabajadores, callando la auténtica insolidaridad de los empresarios que están volviendo a elevar sus tasas de ganancia a costa de salarios de miseria (el 47% gana menos de 1.000 euros al mes, casi 6 millones de ellos, el 32% se encuentra en riesgo de pobreza), con empleos precarios y despidos casi gratuitos.

No solo la prensa del capital reprime a los trabajadores. Los propios empresarios lo hacen también ante cualquier atisbo de descontento o de querer cambiar las situaciones injustas dentro de la empresa. Es frecuente en muchas empresas que Recursos Humanos se encargue de aclarar al nuevo empleado qué sindicatos cuentan con la aceptación de la empresa y cuáles no, que se ejerzan represalias, mobbing e incluso despidos contra trabajadores que quieren presentarse en candidaturas a las elecciones sindicales, o que defienden la estrategia de la acción directa a partir de la base organizada de sus secciones sindicales y sus afiliados, por sindicatos de clase auténticamente combativos, en lugar de hacerlo en las listas de los burócratas y pactistas. Obligar a realizar horas extraordinarias no pagadas por parte de los pequeños y medianos empresarios, esos patrióticos que tanto le gustan a Podemos, es también una forma de represión política de clase. En los últimos días hemos tenido el ejemplo del telecocinero Jordi Cruz sobreexplotando a sus trabajadores casi por la cara o del canalla del Presidente de la CEOE que afirma que se aprende más trabajando gratis que en la Universidad. A ellos se ha unido una caterva de malnacidos darwinistas sociales que han llegado a sugerir que habría que pagar por aprender trabajando para un empresario. A estos sí que habría que aplicarles la ley antiterrorista.

Pero la mayor represión política de clase que existe es no tener trabajo porque te obliga a aceptar las condiciones que puedan ofrecerte, por miserables que éstas sean, porque te obliga a venderte como un trabajador sumiso y obediente, a callar ante los atropellos de tus derechos laborales. El trabajador en paro es jurídicamente libre de vender su fuerza de trabajo pero, una vez que lo ha hecho, ya no es dueño ni de las condiciones en las que desempeña éste ni de su propio trabajo. Las reglas le vienen impuestas porque la empresa no es un órgano democrático sino un lugar en el que se ejerce la dictadura de una clase sobre otra.

Y es que no es cierto esa tontería que dice la Constitución de que tenemos derecho al trabajo. Es un derecho meramente enunciativo y potestativo. A lo que tenemos derechos, según indica el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, auténtica ley de relaciones laborales, o de explotación del capital al trabajo, es a la ocupación efectiva del puesto de trabajo, una vez, que existe un contrato; es decir, el trabajador contratado tiene derecho al desempeño de unas funciones acordes a su puesto de trabajo y a la categoría laboral contratada, siempre dentro de la máxima de resultar rentable al empresario. Si no hay contrato de trabajo, no hay derecho a ocupación efectiva alguna.

La represión política de clase es el modo intenso y violento, porque la violencia no es solo física, de ejercer la lucha de clases desde el capital y sus instrumentos políticos, policiales, mediáticos, empresariales, jurídicos, legales e ideológicos -un aspecto sobre el que algún día deberé concentrarme- contra la clase trabajadora.

Y, por supuesto, es represión política de clase impedir al trabajador dar la respuesta contundente, merecida y acorde con el ejercicio de la violencia que supone por parte del capital, sus partidos, todos los que aceptan el juego democrático-burgués, su legalidad y su Estado, ante su acción de arrebatar conquistas sociales, derechos por los que se ha peleado durante generaciones y formas de salario indirecto como la sanidad pública, los subsidios de desempleo o las pensiones, hoy amenazadas.

-¿A qué se debe la persecución, encarcelamiento, represión de un creciente número de personas? ¿Es sólo cuestión de la que la derecha del PP es muy franquista o hay motivos más profundos? ¿Cuál es el contexto?

Como señalaba al principio, la persecución, la represión, el encarcelamiento de un creciente número de personas en España, que son presos políticos, por mucho que se pretenda negar, no se debe solo a que el PP sea un partido reaccionario y temeroso de la libertad. Como decía Marx "Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos". Y éste es el privilegio que hoy defiende el capital, su libertad de empresa, su libertad para sobreexplotar al trabajador. Persigue y reprime al trabajador que se moviliza para dar escarmiento a toda la clase en carne ajena, vaciar las calles, lograr el acatamiento,imponer su ley. Solo de ese modo puede reproducirse económicamente porque es un mito indemostrable que la tarta tenga un reparto equitativo y que crezca para todos. Crece para quienes pueden imponer su poder organizado de oprimir a los demás.

Y esa es una posición de clase contra clase. Lo contrario es caer en un democratismo pequeñoburgués que defiende las libertades en genérico, sin concretar para qué han de servir y quienes necesitan de ellas por encima de todos los demás grupos sociales.

-¿Cómo enfrentarse a estas políticas represivas?

-Si la clase dominante se organiza para defender con leyes, policías, miedo y represión, sus privilegios, es obvio que la dominada necesita hacerlo también articularse para contraatacar y defender sus derechos, las conquistas que le han sido arrebatadas y pasar a la ofensiva. Porque las ideas no viven sin organización. Y necesita hacerlo al margen y de modo independiente de todas las demás clases, sobre todo de las intermedias, o autopercibidas como tales, que solo buscan salvarse de la quema y reacomodarse para mantener el máximo de sus intereses, siempre ligados a la pervivencia del capitalismo, aunque éste, por la dinámica de su desarrollo y de la concentración del capital tienda, finalmente, a hacerla desaparecer y proletarizarla.

Y necesita hacerlo de modo combativo, sin ilusiones democráticas de cambios mediante los instrumentos del parlamentarismo burgués. Quizá deba hacerlo, eso está por ver -y ésta es una idea que lanzo como reflexión particular que desarrollaré en un futuro- rearticulando nuevas formas de organización que ya no sean ni las puramente partidarias ni las puramente sindicales, sino un híbrido superador de ambas. Las transformaciones sociales que están trayendo la descomposición de las tradicionales formas organizativas y las que se están produciendo en el mundo de la producción requieren de respuestas adecuadas a los tiempos que nos está tocando vivir. Pero, mientras esas formas organizativas no cambien, necesitamos sindicatos auténticamente combativos y fuertes, que sean lo opuesto a esos burócratas del pacto y la concertación sociales. Lo mismo cabe pedir las organizaciones políticas de nuestra clase, las cuáles es más que obvio que no están en absoluto a la altura de las circunstancias sino envueltas en una caquexia terminal, casi siempre investida de una arrogancia falsamente vanguardista que solo se corresponde con su indigencia teórica y su alejamiento absoluto de las necesidades y la realidad de los trabajadores.

Y, desde luego, es necesario hacerlo de un modo unitario desde dentro de la clase, superando la atomización en múltiples plataformas de solidaridad, una por preso, y haciendo converger las luchas antirrepresivas de manera conjunta y desde una perspectiva de clase, justo la que tienen nuestros enemigos.

Y para acabar, algo que sé que va a ser polémico porque tiene esa intención. Es hora de superar cierto estilo sindical de un cristianismo cuasi gandhiano que permite que a sus afiliados se les abrase a multas y a peticiones de cárcel, llevándoles por unas vías que constituyen la estrategia de ponerles a los píes de los caballos, cuando algunos de sus dirigentes se protegen como aforados parlamentarios y limitándose a ponerse la camiseta con el rostro de alguno de sus presos. A los militantes se les cuida y protege. Pero si eliges el camino del sacrificio ponte a la cabeza de él, asegurándote de que tú serás el primer represaliado. Lo contrario es suicida y golfo.