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Miembros de asociaciones de fiscales, abogados y jueces, además de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, han participado en la conferencia
DANIEL RÍOS. Infolibre (*)
Alrededor de 60 personas se han reunido este viernes en Madrid para mostrar su rechazo a la reforma del Código Penal que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La acción ha contado con las intervenciones de representantes de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), el Foro de Abogados de Izquierdas, la asociación judicial Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Intersindical de Madrid.
Los conferenciantes han intervenido durante hora y media para denunciar lo que consideran un "golpe de Estado silencioso", en palabras de Óscar López Corral, de la PDLD. El representante de la Plataforma ha sido especialmente duro en su intervención, en la que ha comparado el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal –junto a algunas de las medidas tomadas por el Gobierno, como la Ley de Tasas para acceder a la Justicia– con la Ley Habilitante alemana de 1933, que otorgó todos los poderes a Adolf Hitler y lo convirtió de facto en dictador.
El representante de la PDLD también ha afirmado que la nueva norma supondrá una suerte de "comodín legal" para que el Estado reprima las protestas sociales. "Hasta ahora, en las manifestaciones que se han producido se han estado dando formas de represión que no estaban contempladas legalmente", ha señalado López Corral, que ha manifestado que se han incluido en el proyecto de Ley "nuevos tipos delictivos ad hoc con el fin de poder justificar esa represión". "Estamos avanzando hacia un Estado totalitario a través de mecanismos democráticos", ha asegurado el ponente.
El Código Penal, una norma "de clase"
En la misma línea se ha expresado Antonio Segura, miembro del Foro de Abogados de Izquierdas, que ha alertado de que la Justicia se está convirtiendo "en un elemento más del poder". Segura ha calificado al Código Penal de ser una norma "de clase", y ha comparado las posibles penas que se manejan para los eventuales culpables del caso Bárcenas con las que se plantean para un robo común de mucha menor cuantía, asegurando que estos últimos están sancionados con una pena "muy superior".
"No se nos escapa que el Código Penal está dentro de un puzzle de todo un sistema que la clase dominante utiliza", ha manifestado el letrado. Después de criticar el, a su juicio, talante conservador de la mayoría del poder judicial, también ha afirmado que "tenemos unos poderes legislativo y ejecutivo diseñados para que puedan tener cabida estas normas contrarias al pueblo soberano, del que emana la Justicia, un sistema parlamentario basado en una Ley Electoral que promociona un sistema mayoritario donde dos partidos se reparten la representación. Si no existiera ese sistema electoral tampoco sería fácil poder legislar un Código como este".
La nueva Ley "equipara la acción con el anuncio de la acción"
Mayor concreción ha aportado Carlos García Berro, de la UPF, que ha comentado varios de los artículos que el nuevo Código Penal modifica. El fiscal ha asegurado que "la paz social debe apoyarse en el artículo 10" de la Constitución" –que defiende que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político" la mencionada "paz social"– y no en la "represión".
De igual manera, García Berro ha detallado la nueva configuración de los delitos contra el orden público. El miembro de la UPF ha explicado que, mientras que en la actualidad el delito de desórdenes públicos tan solo es aplicable a individuos que actúen en grupo, en el nuevo Código Penal podrá imputarse esta acción a un único individuo si se considera que ha "amparado" su acción en un colectivo, una definición que ha calificado de poco concreta. En la misma línea, el fiscal ha señalado que, mientras la legislación actual recoge varios casos explicitados como desórdenes públicos, la nueva norma es mucho menos concreta en ese sentido.
García Berro ha denunciado que el nuevo Código Penal "equipara la acción con el anuncio de la acción", y ha puesto como ejemplo la nueva redacción del artículo 557, que –según ha leído– reza que cometerán desórdenes públicos "quienes alteren la paz pública ejecutando actos de violencia contra las personas o contra las cosas", pero también quienes "amenacen a otros con llevarlas a cabo". "Desde luego, yo como fiscal en ningún momento podré justificar los excesos verbales que puedan cometer algunos manifestantes", ha puntualizado García Berro, pero "no es de recibo" que estos actos vayan a ser considerados delitos contra el orden público, ha dicho.
El representante de la PDLD también ha afirmado que la nueva norma supondrá una suerte de "comodín legal" para que el Estado reprima las protestas sociales. "Hasta ahora, en las manifestaciones que se han producido se han estado dando formas de represión que no estaban contempladas legalmente", ha señalado López Corral, que ha manifestado que se han incluido en el proyecto de Ley "nuevos tipos delictivos ad hoc con el fin de poder justificar esa represión". "Estamos avanzando hacia un Estado totalitario a través de mecanismos democráticos", ha asegurado el ponente.
El Código Penal, una norma "de clase"
En la misma línea se ha expresado Antonio Segura, miembro del Foro de Abogados de Izquierdas, que ha alertado de que la Justicia se está convirtiendo "en un elemento más del poder". Segura ha calificado al Código Penal de ser una norma "de clase", y ha comparado las posibles penas que se manejan para los eventuales culpables del caso Bárcenas con las que se plantean para un robo común de mucha menor cuantía, asegurando que estos últimos están sancionados con una pena "muy superior".
La nueva Ley "equipara la acción con el anuncio de la acción"
Mayor concreción ha aportado Carlos García Berro, de la UPF, que ha comentado varios de los artículos que el nuevo Código Penal modifica. El fiscal ha asegurado que "la paz social debe apoyarse en el artículo 10" de la Constitución" –que defiende que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político" la mencionada "paz social"– y no en la "represión".
De igual manera, García Berro ha detallado la nueva configuración de los delitos contra el orden público. El miembro de la UPF ha explicado que, mientras que en la actualidad el delito de desórdenes públicos tan solo es aplicable a individuos que actúen en grupo, en el nuevo Código Penal podrá imputarse esta acción a un único individuo si se considera que ha "amparado" su acción en un colectivo, una definición que ha calificado de poco concreta. En la misma línea, el fiscal ha señalado que, mientras la legislación actual recoge varios casos explicitados como desórdenes públicos, la nueva norma es mucho menos concreta en ese sentido.
García Berro ha denunciado que el nuevo Código Penal "equipara la acción con el anuncio de la acción", y ha puesto como ejemplo la nueva redacción del artículo 557, que –según ha leído– reza que cometerán desórdenes públicos "quienes alteren la paz pública ejecutando actos de violencia contra las personas o contra las cosas", pero también quienes "amenacen a otros con llevarlas a cabo". "Desde luego, yo como fiscal en ningún momento podré justificar los excesos verbales que puedan cometer algunos manifestantes", ha puntualizado García Berro, pero "no es de recibo" que estos actos vayan a ser considerados delitos contra el orden público, ha dicho.
