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Postergan
las declaraciones por teleconferencia que debían hacer desde España familiares
de asesinados por el franquismo
Como adelantó Tiempo Argentino, la semana pasada,
el 25 de abril debían comenzar los testimonios desde España de familiares de
víctimas asesinadas por el franquismo. La instancia es parte de la única causa
abierta en el mundo sobre aquellos delitos de lesa humanidad registrados
durante la Guerra Civil. Hablan Carlos Slepoy y Ana Messuti, dos de los
abogados de la querella. Presiones disfrazadas de burocracia.
Daniel
Enzetti.
Tiempo Argentino
La única causa abierta en el mundo que analiza
miles de crímenes ocurridos durante el franquismo en España volvió a
estancarse. Como adelantó Tiempo Argentino, el pasado 25 de abril, familiares
de asesinados durante la Guerra Civil debían declarar por teleconferencia desde
Madrid a la jueza federal María Servini de Cubría, que encabeza la
investigación. Pero los testimonios fueron suspendidos. En charlas mantenidas
con Tiempo, dos de los abogados de la querella, Carlos Slepoy y Ana
Messuti, manifestaron que la
postergación representa "un gran dolor para esas familias", y la
atribuyeron a trabas burocráticas que "las víctimas no se merecen".
La iniciativa busca dilucidar qué ocurrió con 115
mil desapariciones y 30 mil niños robados durante aquel período, investigación
constantemente boicoteada por el gobierno español.
La demora fue atribuida a problemas administrativos entre ambas cancillerías. Sin embargo, no se descartan presiones de gobierno español, ya que algunos de los imputados tienen vínculos familiares directos con actuales funcionarios madrileños.
Los imputados más comprometidos son Rodolfo Martín
Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro
Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio
Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. Se trata de
ministros, ex jueces y policías del régimen de Francisco Franco, acusados de
diferentes crímenes. Utrera Molina es el suegro del actual ministro de Justicia
de España Alberto Ruiz-Gallardón, imputado por haber integrado el gobierno que
sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado mediante garrote vil.
González Pacheco era un torturador notorio del franquismo, condecorado en
democracia.
Carlos
Slepoy
"España
no quiere investigar estos crímenes"
–¿Cuál fue la actitud española en los últimos
años frente a la investigación?
–En España, tanto el gobierno como la justicia se
han negado sistemáticamente a investigar los crímenes del franquismo. Tenemos
el ejemplo reciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero
de 2012, procedimiento insólito que por el delito de prevaricato se instruyó
contra el juez Baltasar Garzón. Garzón fue absuelto, pero ahí el tribunal
aprovechó en su sentencia para invocar la ley de amnistía, la prescripción, la
irretroactividad de la ley penal, el principio de legalidad y otros
"argumentos", los cuales supuestamente impedían conocer los hechos y
juzgar a sus responsables.
–Todo
estaba preparado la semana anterior para que un primer grupo de personas
declarara por videoconferencia desde Europa, y eso no fue posible. ¿Qué pasó?
–No lo tenemos claro, ni sabemos por qué no
llegaron esos testimonios ordenados por la jueza (María) Servini de Cubría. Lo
cierto es que el consulado argentino en Madrid no recibió instrucciones por
parte de la Cancillería argentina para realizarlas. Todo estaba dispuesto. Y la
magistrada lo había comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino
con la antelación suficiente. La frustración y el dolor han sido muy grandes.
–Existen
imputados que tienen vinculaciones con actuales funcionarios españoles.
¿Piensan que eso influye en la demora?
–No somos inocentes. Es obvio que existen
presiones de las autoridades españolas para desactivar la querella argentina.
Tanto porque muchos de sus integrantes son herederos ideológicos del
franquismo, como porque personajes relacionados con ellos son responsables
directos de los crímenes. Evidentemente temen que se dicten contra ellos
órdenes internacionales de detención, como hemos solicitado y esperamos que la
jueza acuerde próximamente. La actuación de la justicia argentina pone de manifiesto y desnuda universalmente la
impunidad reinante en España. Sin embargo, me gustaría agregar que esta
situación no debería plantear problemas de tipo político y de relaciones entre
ambos países, como algunos sostienen. No sólo porque debe ser honrada la
independencia del Poder Judicial, sino porque a Argentina le asiste no
solamente la legalidad, sino también la legitimidad que le otorga que, en
nuestro país, haya ya más de 370 condenados y más de 1000 procesados por
crímenes del mismo tenor que los cometidos por el franquismo. Sería un
contrasentido que se homenajee merecidamente al juez Baltasar Garzón y se sea sensible a estas presiones. Estamos
convencidos de que las autoridades políticas argentinas estarán a la altura que
reclama esta causa histórica.
Ana Messuti
"Sería
grave si hubiera otras razones"
–¿Qué sienten frente a esta postergación en
las declaraciones testimoniales?
–El enorme valor que para los familiares tenía
declarar ante un tribunal pone de relieve la importancia que aún despierta para
los ciudadanos la justicia penal. En lugar de desalentar esa actitud, ese
respeto por el tribunal de justicia, debería hacerse todo lo posible por
facilitar esa comunicación. Me refiero a la comunicación entre víctima y juez.
Es la única causa abierta en el mundo, porque la Argentina es uno de los pocos
países donde se están juzgando crímenes similares. La Argentina debería hacer
todo lo posible, a todos los niveles del gobierno, por facilitar esta causa.
Así como lo hace para facilitar los juicios que se están celebrando en el país.
Esta causa proyecta la justicia argentina a la jurisdicción universal. Y por
eso resulta inadmisible, dada la magnitud de dicha investigación, el número de
víctimas, y los años que han debido esperar para que se las escuche, que
dificultades de carácter burocrático retrasen el cumplimiento de la resolución
judicial de tomar declaraciones. La otra posibilidad, de que se retrase por
otro tipo de razones, es tan grave, dado que se vería afectado el Poder
Judicial mismo, que considero mejor no hacer conjeturas a ese respecto.
–¿Por
qué?
–Porque sería un duro golpe para la justicia
universal, para los avances que se han hecho tanto en la normativa como en la
jurisprudencia internacionales, que se pongan trabas a esta querella por
consideraciones ajenas a la justicia misma. El hecho de que estemos frente a la
única causa abierta en el mundo para investigar y juzgar los crímenes del
franquismo es elocuente por sí solo, y dice mucho de la justicia argentina. Los
hechos aberrantes de la última dictadura militar que se están juzgando en la
Argentina como crímenes de lesa humanidad o genocidio, son crímenes internacionales y de lesa humanidad,
al igual que los del franquismo. Cometidos en el marco de un plan deliberado y
sistemático de exterminio de determinados sectores de la población.
–Hay
una vieja excusa en los que boicotean este tipo de causas: justamente el paso
del tiempo. Y sobre todo en temas vinculados a la Guerra Civil, donde la gran
mayoría de los imputables están muertos.
–Hay quienes nos critican por abordar algo que
parece inabordable. No lo abordamos por gusto, ni los abogados, ni las
víctimas. Los abogados, y la jueza que ha admitido la querella, no hacemos más
que cumplir una obligación impuesta por las normas internacionales: no dejar
impunes los crímenes más graves. Las víctimas sienten la necesidad de cumplir
una obligación, frente a sus familiares asesinados, o frente a ellos mismos
como víctimas directas, de acudir a la justicia.
