Entradas
Vigilante jurado y policía, equiparados en pie de
igualdad
Manuel Arias.Diario Progresista
Después de privatizar la Sanidad, la Educación, los
Servicios Sociales, ahora le llega turno al Orden Público y la Seguridad. El
Consejo de Ministros ha aprobado el informe presentado por el ministro de
Interior, Jorge Fernández, sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada,
que abre la puerta a transformar la seguridad ciudadana en un nuevo negocio
privado. Además de permitir nuevas actividades a las empresas, el Gobierno
establece la "complementariedad" entre seguridad pública y privada.
Sin complejos, como le
gustaba alardear al anterior jefe de la derecha, el siempre recordado José
María Aznar. El Gobierno pretende reforzar el papel de las empresas privadas de
seguridad, abriendo la puerta –de par en par- para la transformación de una
actividad tan tradicionalmente pública, como garantizar la seguridad, la vida y
las propiedades de los ciudadanos convirtiéndolo en un lucrativo negocio para
que sea explotado a conciencia por grupos empresariales.
El primer paso para sentar
las bases de esta privatización es alterar el status tradicional que ambas
entidades, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por una parte, y las
compañías privadas de seguridad, por otra, mantenían desde 1992, cuando se
aprobó la normativa que regulaba los
servicios privados de seguridad. En aquella Ley, se establecía la subordinación
de lo privado a lo público. Ahora, el PP quiere poner en pie de igualdad los
dos estamentos y establece la “complementariedad” en pie de igualdad, de un
guarda jurado y un policía o guardia civil. Además, las empresas privadas
tendrán acceso a las investigaciones y ficheros de la Policía, ‘en justa
reciprocidad’ a que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan
acceder a las investigaciones que realicen estas empresas.
Por si quedaba alguna duda,
la reseña del Consejo de Ministros establece que “el nuevo texto incorpora el principio de complementariedad entre la
seguridad privada y pública, considerando aquélla un recurso externo de ésta,
mientras que la normativa aún vigente pone el acento exclusivamente en el
principio de subordinación de la seguridad privada a la pública. En este
contexto, los principios de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública
sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad
constituyen los ejes rectores de esta nueva norma”.
Además, una vez establecida
la equiparación, el ministerio de Interior, en su informe, establece lo que, a
todas luces, parece anticipar una amortización de funcionarios públicos. Así,
tras felicitarse por el extraordinario crecimiento que en los últimos años ha
experimentado el sector privado, el sector está compuesto por casi 1.500
compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600
millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al
ejercicio 2011 y citados en el informe.
Tras recordar que estas
cifras sitúan a “España como uno de los países que lidera este sector”, el informe
lamenta que nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por
habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media
de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa
en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la Unión
Europea. Vamos, que blanco y en botella.
Nuevas "áreas de negocio"
Con la excusa de dotar de “mayor seguridad jurídica” a las
empresas privadas, la nueva Ley, según el informe, fijará el ámbito material y
la finalidad a la que sirve la seguridad privada y determina las actividades
compatibles con las propias de la seguridad privada. Además, incorpora la
investigación privada a las actividades de las empresas de seguridad y matiza
el principio de exclusión de la seguridad privada en espacios públicos,
excesivamente rígida y obsoleta. Traducido, los vigilantes jurados podrán
actuar en cualquier lugar y podrán desarrollar labores de investigación, algo
hasta ahora acotado a los servidores públicos.
Por si fuera poco, el
informe señala, a título de ejemplo y no como enumeración exhaustiva, algunos
de los nuevos negocios que se ofrecerán en bandeja de plata a las compañías
privadas, detrayendo esta funciones, como parece obvio de unos Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad que el informe, recordemos, juzga como excesivamente
dimensionados.
Así, entre las nuevas
actividades que la Ley permitirá realizar a las empresas privadas, además del
amplísimo y nebuloso cometido ya citado de labores de investigación policial,
figura la gestión y respuesta a las alarmas en domicilios y empresas, hasta
ahora atendido por la Policía o Guardia Civil cuando el incidente podía cobrar
alguna importancia, la vigilancia integral de polígonos, urbanizaciones y zonas
comerciales peatonales y, como guinda, la vigilancia perimetral de las
prisiones. Gracias al ministro Fernández, los barrios y urbanizaciones exclusivas
ya podrán contar con su propia y exclusiva policía privada y, además, los
malhechores arrestados en estas privilegiadas zonas, también podrán ser
vigilados –caso de ser condenados a prisión- por estos cuerpos de seguridad
privados.
