Daniela Ortiz y
Xose Quiroga. antigonia.com
La Comisión Europea invierte millones de euros públicos en la industria privada
para blindar las fronteras exteriores europeas
La Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras
Exteriores de los estados miembros de la Unión Europea (UE),
conocida popularmente como FRONTEX,
entró en funcionamiento el 1 de Mayo de 2005. La agencia fue promovida el año
anterior por el Consejo Europeo y se atribuye como objetivos principales la
mejora de la gestión de las fronteras exteriores de los estados miembro de la UE y la coordinación operativa
entre estos países. FRONTEX asiste a los estados en la formación de sus
guardias de fronteras, realiza el seguimiento de la evolución de las
investigaciones en materia de control y vigilancia de las fronteras externas y
coordina con los estados los vuelos de deportación conjunta.
Durante los últimos años, la agencia ha asumido mayor autonomía
y ha ampliado su capacidad de decisión en lo que se refiere a los operativos de
control de las diversas fronteras. El presupuesto inicial de la agencia fue de
seis millones de euros, mientras que en 2013 contó con más de noventa millones
de euros para financiar su actividad. La autonomía de la que dispone le permite
tener capacidad de decisión en cuanto a las investigaciones, proyectos y
operaciones que desarrolla. Estas operaciones están financiadas directamente
con fondos públicos provenientes de de la Unión Europea y la
agencia es la que elige a los proveedores y recomienda a la Comisión Europea
y a los estados miembro, las empresas indicadas pera desarrollar las
estrategias de control. De este modo, FRONTEX actúa de nexo entre los estados
miembro y la industria privada dedicada al sector de la seguridad.
El director ejecutivo de FRONTEX, Ilkka Laitinen, un antiguo
guardia de fonteras finlandés, también es miembro del consejo asesor de la Security
and Defense Agenda (SDA), un
lobby integrado por grandes empresas de seguridad e I+D como Eads, Thales o la
española Indra. Paralelamente, estas mismas empresas forman parte de la Organización Europea para la Seguridad (EOS), un lobby formado por más de 30
empresas y cuya presidencia fue asumida recientemente por Santiago Roura,
director general de Indra.
LA SDA y la EOS organizaron un encuentro
en Brusela en el año 2011. Al encuentro asistieron como ponentes miembros de la Comisión Europea,
FRONTEX y la industria de la seguridad. Durante el foro se planteó la siguiente
pregunta: ¿una renovada cooperación pública-privada puede contribuir a mejorar
la seguridad de la Unión
Europea?
ALTA SEGURIDAD
El lobby EOS organizó en Bruselas durante 2012 una mesa redonda
sobre alta seguridad. El objetivo principal del encuentro era discutir de qué
manera una política industrial europea de seguridad integrada podía dar
soporte, con garantías de éxito, a la aplicación de la Estrategia de Seguridad
Interior de la UE
y aumentar la competitividad de la industria europea de seguridad. Según la EOS el éxito del evento no tan
solo “demuestra la voluntad de la Comisión Europea
y el Parlamento Europeo de colaborar con el sector privado para la puesta en
práctica de la política de la UE
hacia una sociedad más segura, sino también el apoyo al desarrollo de una
industria europea más fuerte, basada en el liderazgo en tecnología y la
creación de puestos de trabajo para impulsar el crecimiento económico”.
Entre los invitados destacados el Comisario de Industria de la Unión Europea, el
Italiano Antonio Tajani, y la
Comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Cecilia Malmström.
Como responsable de las políticas migratorias de la UE, Malmström criticó la
efectividad de las cuchillas de la valla de Melilla en 2013, pero aseguró que “respetan totalmente la legalidad europea”.
Al evento asistió
el actual Director de Desarrollo de FRONTEX, Erik Berglund, autor del informe Necesidades identificadas por
FRONTEX. El informe, publicado en 2008 en la página de la Comisión Europea,
defiende que las fronteras deben permanecer abiertas para el comercio y la
circulación de las personas y cerradas para las actividades criminales, entre
las que incluye la denominada “inmigración
ilegal”. El informe también explica brevemente el programa EUROSUR.
PROGAMAS DEL FRONTEX
Durante el encuentro de 2012 se discutió ampliamente el programa
EUROSUR, presentado por la UE
el 22 de octubre de 2013 como respuesta pública al naufragio masivo de
Lampedusa ocurrido diecinueve días antes. El anuncio de este nuevo programa
produjo titulares como “EUROSUR entra en
vigor para evitar tragedias como la de Lampedusa” o “EUROSUR: nuevas herramientas para salvar las vidas de los inmigrantes”.
El programa EUROSUR es el nuevo Sistema Integral de Control de Fronteras
Exteriores de la UE.
Consiste en un sistema de vigilancia e intercambio de
información diseñado para que los miembros de la red (FRONTEX y estados
miembro) puedan compartir en tiempo real, datos relacionados con las fronteras
a través de sus centros de coordinación nacional. Uno de los objetivos
fundamentales de EUROSUR es evitar la entrada de migrantes y refugiados a la UE a través de un proceso de
externalización de fronteras. Este proceso financia proyectos de colaboración
como el Plan África español, mediante el cual la UE ha implementado sistemas de vigilancia en las
costas de Mauritania o Senegal y ha establecido una red de Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE) en países del norte de África.
La mesa redonda sobre alta seguridad también contó con la
participación de Antonio González Gorostiza, miembro de la EOS y director de protección
de infraestructuras críticas de la empresa Indra. González Gorostiza fue
coordinador del proyecto Perseus, formado
por FRONTEX y multinacionales como Indra y Eads. El programa Perseus,
actualmente en fase de demostración, es un sistema de vigilancia e intervención
de la zona prefonteriza del Mediterráneo mediante una red de sistemas de alta
tecnología. Entre los años 2007 y 2013, el programa Perseus contó con un
presupuesto de 43 millones de euros para la fase de desarrollo. Este
financiamiento provino del FP7: Séptimo
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE. El FP7 es una
iniciativa destinada a financiar proyectos de investigación y desarrollo que se
publicita como una inversión en el desarrollo humano. Las subvenciones se
conceden siguiendo un “proceso de
convocatoria de propuestas y evaluación por expertos” y el presupuesto
otorgado por la
Comisión Europea proviene de fondos públicos. A través del
FP7, la UE
financia proyectos de investigación que se acaban traduciendo en sistemas de
control y favorecen a las grandes empresas que se encargan de la investigación
y su desarrollo posterior.
El FP7 ha financiado, entre otros, los proyectos integrales de
vigilancia e interoperabilidad fronteriza Seabilla,
desarrollado por las empresas Selex, Eads, Thales, TTI Norte e Indra, con un
presupuesto de quince millones de euros; Talos,
desarrollado por TTI Norte y la Industria Aeronáutica
de Israel (IAI), con un presupuesto de 3,9 millones de euros; y Operamar, desarrollado por Thales, Indra y Selex, con un
presupuesto de 669.000 euros. Varios de estos proyectos de I+D aparecen como
referencia en el documento de trabajo de la Comisión Europea,
publicado en enero de 2011, sobre determinación de la estructura técnica y
operativa del programa EUROSUR y la determinación de las medidas que se deben
adoptar para su puesta en funcionamiento. En este documento se hace referencia
a Perseus, Talos y Operamar afirmando que “estos proyectos han comenzado a dar
los primeros resultados, que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de
EUROSUR. El ministro de interior español Jorge Fernández Díaz mostró la
detención de una patera como parte de los primeros resultados de las pruebas
del proyecto Perseus durante una presentación pública realizada en Madrid el 24
de septiembre de 2013.
Durante el foro organizado por la EOS González
Gorostiza reconoció públicamente la intención de la Comisión Europea
de concluir la fase de investigación de Perseus, Talos y Operamar para poder
continuar con la fase de implantación. A finales de 2013, Thales, Amper, Eads y
las empresas españolas Indra y GMW han sido adjudicatarias de contratos con
diversos ministerios de interior de países de la Unión Europea para
el desarrollo del programa EUROSUR. El programa contará con un presupuesto de
244 millones de euros para el periodo 2014-2020.
EL PRESIDENTE DE LA
CEOE SE ENRIQUECE CON LA VALLA DE MELILLA
El presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, afirmó en unas
declaraciones a la cadena Cope en julio de 2012: “abrimos las puertas al
exterior y, durante una serie de años alrededor de medio millón de no nativos
entraron en España anualmente. Esto fue un problema y hoy, visto con
perspectiva, se ve claramente”. Estas declaraciones produjeron titulares en la
prensa como: “Abrir el país a los inmigrantes cuando el paro era del 8% fue un
problema” o “La inmigración agravó el problema del paro”.
El mismo Joan Rosell preside el fondo de capital riesgo Miura
Private Equity desde el año 2008. Bajo su presidencia la compañía adquirió a
mediados del año 2009, el 60% de la empresa de seguridad Proytecsa, encargada
del diseño y la instalación de la valla tridimensional de Melilla y del
mantenimiento del perímetro fronterizo. La remodelación de la valla llevada a
cabo en 2006 por las empresas Indra y Sallén supuso una inversión de veinte
millones de euros.
Consejo asesor de Miura
Private Equity. Joan Rosell al centro de la imagen.
Intento de deportacion en Barajas from
Antigonia, nexo informativo on
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LA
AGENCIA FRONTEX
COORDINA DEPORTACIONES MASIVAS
La UE
utiliza un tecnicismo burocrático para eludir el Convenio Europeo en materia de
Derechos Humanos en materia de deportaciones
Según la información publicada en la página web de FRONTEX, el 8
de octubre de 2013 partió un avión desde el Estado español con destino a
Ecuador y Colombia haciendo escalas en Italia y Bulgaria. El coste de la
operación fue de 310.000 euros. En el vuelo viajaban personas sin permiso de
residencia para permanecer en el territorio de la UE. Lo que FRONTEX denomina
operaciones de retorno conjunto es un proceso de deportación masiva. Cuando un
país miembro de la UE
decide organizar un vuelo de deportación, informa a la agencia y ésta coordina
el vuelo junto al resto de países participantes. El avión partirá del país organizador
y hará escala en los países participantes antes de aterrizar el en país al que
se realiza la deportación.
En relación a los casos de devolución, expulsión y extradición,
el artículo 19 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la UE
expone un único punto que afirma: “Se
prohíben las expulsiones colectivas”. El Convenio Europeo de Derechos
Humanos en su protocolo número 4 expresa: “Quedan
prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”. Aún así, el
documento que establece el Fondo Europeo para el Retorno de la UE del período 2008-2013
justifica la deportación masiva al declarar: “Teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida en virtud
del protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, solo las personas que
son objeto de órdenes de expulsión individuales podrán ser retornadas a través
de operaciones de retorno conjunto, que pueden recibir financiación en virtud
de la presente decisión”. De esta manera un tecnicismo burocrático permite
la práctica de la deportación masiva en Europa.
Estos vuelos de “retorno
conjunto” son financiados por FRONTEX, según lo publicado en la página web
de la agencia. Al final del texto explicativo sobre este tipo de operaciones se
aclara: “Los gastos cubiertos por FRONTEX
pueden variar, ya que también se pueden utilizar otras fuentes de financiación
para los vuelos de retorno, por ejemplo, el Fondo Europeo para el Retorno”.
EL FONDO
EUROEO PARA EL RETORNO
El Fondo Europeo para el Retorno financia el Plan de Retorno
Voluntario, promovido por el Estado español como un plan de ayuda económica a
migrantes que desean volver a su país de origen de manera voluntaria.
En mayo de 2012 la Organización
Internacional de las Migraciones y la Cruz Roja,
organizaciones encargadas de desarrollar parte el Plan de Retorno Voluntario,
anunciaron la suspensión del programa debido a la falta de recursos y la
existencia de una lista de espera constante de cerca de setecientas personas.
En las revisiones económicas de los programas de retorno
publicadas por el Ministerio de Interior español, la cifra total de gasto para
el año 2012 superó los 26 millones de euros. Durante ese año, el Estado español
invirtió más de tres millones de euros de este presupuesto en gastos de
manutención de personas detenidas en Centros de Internamiento de Extranjeros,
un millón de euros en costes de asistencia sanitaria de personas detenidas en
CIE, en trámite de retorno, dos millones en dietas de funcionarios en misión de
escolta durante procesos de deportación forzada y once millones de euros en
gastos de de viaje de las personas deportadas y en la gestión de los vuelos de
deportación. Ese mismo año el Ministerio adjudicó un contrato de once millones
de euros a las empresas Air Europa y Swift Air para un “servicio de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de
ciudadanos extranjeros y de funcionarios públicos entre distintos puntos del
territorio nacional y desde éstos a otros países”.
Dentro del artículo 6 sobre acciones comunitarias, del documento
que establece el Fondo Europeo para el Retorno, se indica como uno de los
destinos del presupuesto el “soporte, elaboración y actualización regular, en
cooperación con la Agencia
(FRONTEX), de un manual común de buenas prácticas en materia de retorno,
también en relación a los acompañantes”.
En diciembre de
2013, la agencia FRONTEX publicó en su página web el Código de Conducta para
las operaciones de retorno conjunto. El artículo 6 referente a las medidas
coercitivas, prohíbe el empleo de sedantes para facilitar la expulsión salvo en
casos de emergencia para garantizar la seguridad del vuelo. Las operaciones de
retorno conjunto gestionadas por FRONTEX forman parte de una estrategia para
abaratar los costes de los procesos de deportación, además de anular la
posibilidad de resistencia de las personas deportadas mediante el uso de
sedantes y la presencia exclusiva en los vuelos, de tripulación, personal
médico, agentes de FRONTEX, policía y personas deportadas.
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