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Plataforma en Defensa
de las Libertades Democráticas (PDLD)
Fuente original: libertadesdemocraticas.org
La lucha de clases se agudiza en el centro del capitalismo
La crisis global y estructural del capitalismo se ha
convertido en la gran coartada de políticas destinadas a eliminar el conjunto
de conquistas históricas de la clase trabajadora: pensiones, sanidad y escuela
públicas, cobertura de desempleo, etc., etc.
Las políticas de austeridad y de recortes sociales han
tenido los grandes objetivos de poner en marcha una gigantesca transferencia de
las rentas del trabajo a las del capital y la apertura de nuevos mercados para
éste, a través de la privatización de los servicios públicos.
La necesidad de relegitimar los Estados capitalistas tras la
Segunda Guerra Mundial, junto con el temor a la extensión del llamado peligro
comunista en países como Francia o Italia, unido a las luchas de la clase
trabajadora durante casi 30 años hasta la crisis de 1973, que abriría el camino
hacia la privatización de los servicios públicos y la desregulación de los
mercados financieros, explica la aparición y desarrollo de los Estados del
Bienestar en ese período.
A partir de 1973 se inicia el fin de la época dorada y
expansiva del capitalismo que, con la crisis de las hipotecas basura de finales
de 2007 en Estados Unidos, entra en su etapa senil.
La voladura del Estado del Bienestar por parte de los
gobiernos liberales, conservadores y social-liberales abrirá un período de
fuerte contestación social en Europa y en España. De aquí arranca el principio
de la muerte del pacto social que los grandes sindicatos aún no han llegado a
percibir o, que si han percibido, no han sido capaces de, o no han querido por
intereses espurios, sustituir por un nuevo modelo sindical acorde con la
agudización de las luchas sociales y de clases.
Pero esa lucha de clases, aún negada bajo formas
reformistas, interclasistas, ciudadanistas y de apelación a la
desideologización desde un discurso de clase media, pone hoy en cuestión no
sólo el orden capitalista sino la legitimidad de sus Estados de clase en Europa
y genera una movilización social desconocida desde la Gran Depresión de los
años 30 del pasado siglo.
Es en este escenario en el que aparece la reacción de los
Estados capitalistas, temerosos de que las ordenadas y timoratas en
reivindicaciones, objetivos y formas sean, tarde o temprano superadas por una
creciente radicalidad en objetivos y procesos. Su reacción no es otra que la
del recorte de las libertades democráticas de manifestación, reunión,
expresión, asociación, etc.
No estamos ante una
suma de represiones concretas sino ante el paradigma de la vuelta al estado
policía. Fin del modelo de estado del bienestar y fin del modelo de estado de
“libertades”
Como en tantos aspectos de la realidad social, económica y
política, los árboles no suelen dejar ver el bosque. Nos resulta más fácil
reparar en determinada represión concreta, en la carga de los antidisturbios
sin placa en las manifestaciones, en aquella criminalización de la pasada
semana o de ésta, en el secuestro de un artículo o una revista, en la multa o
petición de cárcel para lo que se pretende un delito de opinión que en la
globalidad de toda la dinámica antidemocrática.
El actual gobierno del PP está empeñado de lleno en esa
batalla. El proyecto de reforma del Código Penal, que no tardará en ser
debatida parlamentariamente, prevé cuestiones como la elevación de grado del
concepto violencia que se expresaría en cuestiones como considerar la
resistencia pasiva como delito de resistencia a la autoridad, es previsible una
mayor vigilancia de la difusión por Internet de convocatorias de manifestación
a las que, de partida, tenderían con mayor facilidad a ser consideradas
violentas. Se penaliza con cárcel la acogida a inmigrantes sin papeles.
Igualmente se incorporan cuestiones como la figura del “sujeto plural” dentro
del delito de alteración del orden público, que podría vincularse con
manifestaciones y que permitiría criminalizar y castigar no sólo al individuo
sino a la propia organización. Además “se regula como supuesto atenuado la
entrada o invasión colectiva de oficina o establecimiento, cuando se altere
indebidamente su normal actividad, aunque no lleguen a producirse actos de
violencia o amenazas.” Para el caso de manifestaciones con cierto grado de
violencia se equipara la cometida contra personas y la cometida contra cosas.
El Estado social que ya se ha convertido en Estado liberal
al estilo del siglo XIX se convierte paulatinamente en Estado policía. Recortes
sociales y recortes de libertades son ya dos caras de la misma moneda. Los
segundos son necesarios para garantizar la disuasión o represión de la víctima
del saqueo capitalista, que no es otra que la clase trabajadora, los parados,
los pensionistas, los sectores más débiles de nuestra sociedad. Nos quieren
empobrecidos y derrotados y para ello nos necesitan mudos y desmovilizados.
El porqué de la
Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD)
Si estuviéramos sólo ante una escalada represiva del
gobierno del PP, bastaría con emplear la ley y a sus profesionales para
desmontar todo este atropello. Pero no. Lo que estamos es ante un proceso de
eliminación creciente de las garantías democráticas y ciudadanas de un Estado
que se vuelve progresivamente más autoritario, conforme su naturaleza de clase,
capitalista, que siempre tuvo, se hace ahora más evidente. Y ese proceso
involutivo se lleva a cabo mediante una reforma del aparato legal que sostiene
la acción del Gobierno y del Estado. Una vez instituido el nuevo corpus legal
que el Gobierno del PP utilizará como ariete represor contra la clase
trabajadora, el camino de la defensa jurídica de detenidos, penados, multados o
heridos en manifestaciones se volverá cada vez más tortuoso y estrecho. De ahí que
la movilización social contra sus proyectos autoritarios y policiales se haga
más urgente y necesaria.
Definir al Partido Popular como fascio-liberal puede sonar
fuerte por lo primero, no por lo segundo, ya que ha llegado al gobierno por vía
electoral. Pero su comportamiento cercenador de las libertades democráticas
hace que su deriva fascista se convierta en un escenario algo más que posible.
Pero junto a lo anterior, el Partido Popular es también un
partido nacional-católico, que niega a la mujer el derecho a su propio cuerpo
al pretender acabar con dos de los tres supuestos de la vigente ley del aborto,
suprime la educación para la ciudadanía y vuelve a convertir la religión en
materia evaluable. Es también un partido racista y xenófobo que establece
redadas contra sin papeles por el color de su piel, niega a estos el derecho a
la asistencia médica, lo que está causando muertes o los enjaula en un matadero
humano como los CIES. Igualmente es un partido clasista que avanza hacia el
horizonte de que el que no pueda pagarse una sanidad privada se muera, o que el
que no pueda permitirse una educación que acabará privatizada rebuzne o que el
que no pueda pagar una justicia antes gratuita que viva bajo el yugo de la
injusticia.
Hay un riesgo, quizá no demasiado evidente para todo el
mundo, pero sí grave por lo que puede entrañar como consecuencia negativa para
la lucha popular y de la clase trabajadora. Nos referimos a la posibilidad de
que, ante la burla, el recorte y el escarnio hacia las libertades que practica
este gobierno liberticida y del capital, sectores más o menos importantes de
las izquierdas y de quienes no pertenecen a estas corrientes políticas, lleguen
a reeditar el discurso de las libertades democráticas como un producto burgués
–“libertades burguesas”- que el
capital y sus gobiernos regularían a capricho en función de sus intereses y del
estado de la lucha de clases en cada momento histórico. Que esta visión llegase
a imponerse o cuando menos a calar de un modo profundo en la sociedad sería no
sólo una falacia sino una gravísima derrota para la clase trabajadora.
El capitalismo ha sido capaz de existir con libertades
democráticas y con dictaduras que las anulan, con estados de excepción y con
activos momentos de movilización social, pero la clase trabajadora difícilmente
puede luchar en el presente con posibilidades de éxito sin libertades de
expresión, asociación, reunión y manifestación, entre otras. Los derechos y las
conquistas sociales necesitan de esas mismas libertades para llevar a cabo la
pelea por su defensa y extensión sin el riesgo de volver a las catacumbas de la
clandestinidad en las que la represión ejercida sobre el movimiento popular
diezma las filas de los combatientes por una sociedad justa, igualitaria,
democrática, socialista.
Por otro lado, las libertades democráticas no les fueron
regaladas a nuestra clase. Conquistamos espacios de libertad en el pasado en
paralelo a los procesos en los que arrancábamos derechos sindicales, a un
empleo y unas pensiones dignas, a la sanidad y la educación públicas,…a tantas
cosas que hoy nos son arrebatadas mientras tratan de criminalizar el combate
social contra el capital y sus gobiernos.
Éstas son en esencia, junto con las expuestas en el Manifiesto del blog libertadesdemocraticas.org –“recortes sociales y recortes de las libertades son dos caras de la misma moneda”-, las razones que nos han llevado a un grupo de trabajadores y trabajadoras de izquierdas pero no ligad@s a ninguna organización concreta a crear la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD) a la que invitamos a toda persona de izquierdas, que crea en la clase trabajadora, en la lucha de clases y en la necesidad de defender las libertades junto con nuestras conquistas sociales a sumarse porque los tiempos que vienen son mucho más duros que los que hemos vivido en estos 5 años de crisis capitalista y, junto con nuestros derechos sociales y económicos hoy arrebatados, corremos el peligro de que también lo sean la protesta, la voz y la palabra.
