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Por Marat
Abril se despedía con un nuevo aporte a la factoría de ideas mágicas de Sumar, dentro de los documentos base elaborados por uno de sus 35 grupos de trabajo, diseñados desde su fórmula de “participación democrática” para ir pergeñando su programa electoral: la “herencia universal” al cumplir la mayoría de edad, los 18 años.
La herencia universal consistiría en la entrega de 20.000 € del Estado español a cada ciudadano al alcanzar la mencionada edad. Con el paso de los días parece que la propuesta podría acabar incorporándose al programa de Sumar. En cualquier caso, no se determina el destino al que debiera dedicarse esta cantidad pero, si se vincula con los propagandistas modernos de la misma, Thomas Piketty y Anthony Barnes Atkinson, sería empleada para cuestiones como la entrada para la adquisición de una vivienda, el emprendimiento y la formación.
Conviene señalar que la universalidad de esta renta es más publicitaría que real puesto que, al no tener carácter retrospectivo para quienes hubiesen superado los 18 años, su carácter general sólo lo tendría al ser independiente de las rentas de sus familias (se supone que la casi totalidad de sus beneficiarios no estaría emancipado); esto es, al margen de que se trate de familias de rentas altas o bajas, algo en línea con los criterios extrañamente igualitarios de las Rentas Básicas Universales y sus variantes.
El coste de la herencia universal sería de unos 10.000 millones de euros al año para unos 500.000 jóvenes que anualmente alcanzan la mayoría de edad. Se financiaría vía impuestos a las rentas superiores a un millón de euros.
El objetivo socioeconómico declarado de la propuesta sería favorecer la "igualdad de oportunidades y combatiría las desigualdades" de origen.
Y ahora hablemos en serio de la llamada herencia universal para jóvenes de 18 años.
Para entender toda la quincalla ideológica que se esconde en la trastienda progre de la llamada herencia universal es necesario dar varios pasos atrás y desmontar, hasta verle las tripas, el objetivo aludido de favorecer “la igualdad de oportunidades y combatir las desigualdades de origen”.
La sociedad capitalista se asienta en la dualidad de legitimación política y moral de la libertad y la igualdad, que nacen de la Revolución Francesa y de la “De los derechos del hombre y del Ciudadano” de 1789 (no confundir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos) que, en su artículo 1º proclama: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. Igualdad sí pero sin exagerar, no vayamos a caer en el comunismo.
Bajo la forma de dominación capitalista la igualdad es meramente declarativa ya que tiene un tratamiento jurídico diferente que el de la libertad.
En el concepto de ciudadanía liberal, el entramado del poder político se apoya en un orden legal que garantiza un conjunto de libertades políticas tales como el sufragio universal, el derecho a representar y ser representado, las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pertenecen al ámbito de lo público y directamente político.
Pero la idea de igualdad, cuando va más allá de su enunciado legal, relativo a los derechos políticos, se estrella contra lo económico; de hecho, es en la economía donde la igualdad proclamada en la esfera jurídico-política se desmonta como falacia.
La sociedad capitalista se organiza sobre la libre concurrencia de los intereses particulares, sometidos al sistema económico de la propiedad privada empresarial. En esa libertad de concurrencia se encuentran tanto la empresa como el trabajador pero lo hacen desde distintas situaciones: mientras la empresa dispone del dinero para contratarle y de un número potencialmente muy amplio de trabajadores a los que puede contratar por igual o menor salario, el trabajador sólo puede vender su capacidad productiva a un número mucho más reducido de empresas.
El contrato de trabajo se establece entre una persona jurídica (empresa) y una persona física (trabajador individual). En la gran mayoría de los contratos de trabajo no hay negociación de los mismos, salvo para categorías específicas de alta cualificación, y esto sólo en una parte de los casos. No se negocia desde la igualdad de condiciones salariales, de trabajo, etc. El trabajador sólo tiene la opción de aceptar un contrato de trabajo previamente redactado por la empresa o de rechazarlo. Hasta ahí su libertad en una desigualdad de condiciones ante el contrato -esto sin contar los trabajos en la economía sumergida o las condiciones de trabajo y salariales no reflejadas en el contrato -. Pero, a partir del acuerdo desaparece la libertad del trabajador, obligado a venderse por horas, por meses, por años de su vida por un sueldo establecido previamente a la venta del producto de su trabajo por la empresa a la que ha generado un beneficio muy superior al salario recibido.
Es en el trabajo asalariado bajo las relaciones de producción capitalistas donde nace la desigualdad social de origen. Y es en la reproducción social donde se hereda una posición de clase determinada, y se perpetúa la desigualdad social, especialmente en períodos históricos en los que la movilidad social ascendente apenas funciona.
Cuando el objetivo buscado no es derribar el sistema capitalista y transformar la propiedad privada de la empresa en propiedad social (no confundir con propiedad estatal) para superar la contradicción capital-trabajo, fuente de la desigualdad social, sino una reforma del mismo que palíe sus peores lacras, la intervención política se realiza sobre la redistribución de la riqueza generada.
Pero desde el reformismo ya no se está planteando acabar con la desigualdad real, la de origen, la causada por la diferencia entre el enriquecimiento que genera el beneficio empresarial y el salario del trabajador, que es sólo una parte del valor que éste produce con su trabajo, sino “favorecer la igualdad de oportunidades”.
El concepto “igualdad de oportunidades” engarza dentro de una visión moralista que tiene su origen en la filantropía de economistas liberales como Stuart Mill, reformadores sociales cristianos como Thomas Paine, defensores de la idea del “bien común” como Adam Smith o jesuitas como Luigi Taparelli, que acuñó la expresión “justicia social”.
Desde el jesuitismo de Taparelli se avanzó hacia el socialismo fabiano, contrario a la lucha de clases, asumido después por el laborismo británico, el socialismo francés y el alemán, al que Marx combatiría en su “Crítica al Programa de Gotha”
A lo largo de más de dos siglos la miseria intelectual de los Paine, continuada en el presente por los Piquetty, los Raventós o los Van Parijs, ha intentado soslayar la desigualdad social, nacida de la explotación laboral para vender una falsa igualdad de oportunidades de quienes son desiguales desde la cuna y el trabajo. Los profetas de esa calaña que hoy justifican el fin de las conquistas de la clase trabajadora a través de sus recetas de Renta Básica Universal son incapaces de responder a críticas como las planteadas en el artículo “Lo que no te cuentan los “progres” cuando hablan de la renta básica universal” (aquí) y al modo en que su propuesta trata de legitimar el fin del llamado Estado del Bienestar.
La llamada “igualdad de oportunidades” no es sino la coartada legitimadora del orden social capitalista, del mismo modo que el “interés general”, en cuya filosofía se integra la primera, es la argucia con la que la clase dominante pretende camuflar sus intereses particulares como intereses de toda la sociedad. En dicha retórica, y en la práctica política que conlleva, la diferencia entre derecha e izquierda es, en el mejor de los casos, de grado.
Dentro de la falacia de la igualdad de oportunidades adquiere toda su lógica el Ministerio de Igualdad de la señora Montero. Lo suyo no es intentar una igualdad de clase. Con igualar la situación de mujeres y hombres de la clase dominada ya le basta. Reto a cualquiera de ustedes a que me mencionen una sola ley del ministerio podemita de la señora Montero que sea de clase y no de género. El capitalismo, intocable.
REGALITOS EN CAMPAÑA QUE SON GATO POR LIEBRE
El cuerno de la abundancia ofreció en la campaña de las municipales y autonómicas regalitos para distintos segmentos de votantes como si se tratase de “las chuches” de Rajoy. Desde el cine a dos euros para pensionistas, el 50% en interrail por Europa para jóvenes, el aval del ICO para la compra de la primera vivienda, a las flores en cada balcón de Ayuso y los chupetes con el oso y el madroño de Almeida. Es la fiesta de la democracia.
Y ahora vayamos al grano, a lo que de verdad importa.
El salario del trabajador se compone de tres partes:
El salario directo: el sueldo neto que recibe a final de mes, lo que cobra.
El salario indirecto: educación, sanidad,…
El salario diferido: pensiones, coberturas de desempleo.
El salario indirecto nace de los impuestos. El diferido fundamentalmente de la parte del salario bruto descontada cada mes al trabajador.
Atravesamos un tiempo el que a la clase trabajadora no le va especialmente bien
En sanidad la protesta social ha demostrado que el problema es nacional y que si en Madrid el avance hacia la destrucción de la sanidad pública está pronto a ser logrado donde gobierna la izquierda la cosa sólo va un poco mejor ¿ O es que no han habido manifestaciones en defensa de la sanidad pública donde gobierna el PSOE? En esos lugares no es para tirar cohetes
En pensiones recomiendo la lectura de la parte que afecta a las mismas en mi artículo “Transfondo del show a hostia limpia de la izquierda”. En resumen: 29 años el período de cálculo de las pensiones futuras, edad de jubilación a los 67 años, incremento de años para acceder al 100% de la pensión, entrada de capital privado en los sistemás de pensiones,…
Sugiero la lectura de un texto anterior por lo que afecta a la Reforma Laboral: se mantiene el despido fácil y barato de la reforma Rajoy, dejando como estaba en el despido improcedente los 33 días por año trabajado y un tope de 24 meses, permite, como anteriormente sucedía, que la empresa cambie sustancialmente las condiciones de trabajo de un empleado y le despida con un máximo de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, no recupera los salarios de tramitación y perpetúa la precariedad laboral, aunque con el bonito nombre de “fijos discontinuos”.
Más allá de todas las promesas que hizo el PSOE para convertir unas autonómicas y municipales en unas generales adelantadas están dos hechos evidentes:
Los regalitos electorales, incluídos los 38,5 millones para salud mental, y otras 100 chuches van en detrimento del gasto social incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
El gasto en los posibles "regalitos" prometidos es puramente coyuntural y va en detrimento del que estructuralmente debería corresponder a gasto público.
La "herencia universal" de Sumar tiene de fondo un sesgo liberal opuesto a la tradición de las organizaciones de la clase trabajadora, antes de que dejaran de defender sus intereses, y lo es porque supone varias dejaciones políticas e ideológicas concretas.
La primera es la desrresponsabilización por parte de Estado capitalista, que lo es gobierne el partido que gobierne, de la protección social, vía impuestos y aportaciones de trabajo a la protección social de los ciudadanos y particularmente de las clases subalternas para trasladar dicha responsabilidad al individuo en una especie de "toma 20.000 € al cumplir la mayoría de edad y búscate la vida". Es el sueño húmedo de cualquier liberal; hallar una forma de ir desmantelando el Estado social sin que implosione de golpe su legitimidad.
La segunda es la desvinculación de las nuevas formas de redistribución social, llámense Ingreso Mínimo Vital, Renta Básica Universal, Renta Garantizada o Herencia Universal, de los derechos conquistados por la clase trabajadora, como son la sanidad pública, las pensiones o las coberturas de desempleo, para ser sustituidos por otros de tipo potestativo y asistencial, que son más fácilmente eliminables por factores coyunturales como un cambio de gobierno o una crisis económica aguda, al no estar asociados a los derechos nacidos del trabajo.
Es cierto que el segmento de población activa más golpeada por el paro es el juvenil pero también lo es que 20.000 € no resolverían su situación y que si ese dinero se dedicase a los posibles fines de los que hasta el momento se ha hablado (entrada a la compra de la primera vivienda, formación y emprendimiento), la falacia se mostraría con toda claridad. Si estás en paro, el banco no te concederá una hipoteca, aunque dispongas de 20.000 €. Esto en un país en el que en 2022 las prestaciones por desempleo cubren al 68,7% de los parados mientras en 2009 alcanzaban al 80%. A los 10 años entre el 65 y el 70% de los negocios creados por emprendedores habrán fracasado, con su consiguiente endeudamiento, según afirman los expertos en la materia. En cuanto a emplear dicho dinero en formación, ¿no será ésta una nueva forma de continuar con el proceso privatizador en los ciclos de enseñanza pública no obligatoria, como sucede en la primera?
Aún siendo regalitos envenenados diferentes, la Renta Básica Universal y la Herencia Universal están dentro del mismo objetivo de desmonte por fases del llamado Estado del Bienestar a lo largo de las distintas etapas de la vida de la persona.
Es sintomático que un un economista poco sospechoso de bolchevismo como Santiago Niño Becerra sea quien arroje luz sobre este tipo de regalitos:
Espero que la elección de la papeleta electoral entre el mal mayor y el mal menor les haya resultado provechosa.
