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| Colección de payasos del sistema parlamentario español. Solo faltaban los de los grupos catalalanes y vascos. Sus payasadas las hacen en circos locales |
Por
Marat
El
pasado 6 de febrero se ha conmemorado por tierra (largo puente
vacacional), mar (filibusteros mediáticos) y aire (conmilitones del
circo estatal de marcas parlamentarias) la fiesta del 39 aniversario
de la aprobación de la Constitución española.
Es
socorrido entre los progres y la socialdemocracia (no me refiero al
PSOE, social-liberal) hablar de ella con un tono de tanguista
estafado, apelando al incumplimiento de los supuestos derechos
sociales de la Constitución española.
El
señor Anguita fue el precursor socialdemócrata de esta cantinela
tontuna, manteniendo inasequible al desaliento la exigencia de que se
cumpliera la Constitución en cuanto a los citados derechos sociales.
Para él y para los posteriores coordinadores federales de la
socialdemócrata IU, una Constitución que cumpliera con dichos
derechos sería casi revolucionario.
En
el caso de los progres de Podemos nos encontramos con una combinación
calculada de estímulo de la estupidez y de mentiras a partes iguales
en cuanto a la defensa de los mágicos derechos sociales de la
Constitución española. Pablo Iglesias, a quien ahora la web
oportunista llamada Insurgente
que tanto le defendió en su día, llama traidor, ha declarado: "Uno
de los grandes acuerdos de la Constitución de 1978 era la garantía
de los derechos sociales para todos los ciudadanos y una promesa de
prosperidad que en muchos aspectos se cumplió. Ese gran acuerdo está
roto".
Decía
Lenin, a propósito de este tipo de vendedores de productos
homeopáticos que, “se denomina ilusiones constitucionalistas al
error político que consiste en tomar por existente, normal,
jurídico, reglamentado y legal, en una palabra, “constitucional”,
un régimen que en realidad no existe” (“Entre dos
revoluciones”. V. Illich).
Y
es que el régimen de democracia parlamentaria, ratificado en
referéndum el 6 de Diciembre de 1978, consagra en su artículo 38
“la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”.
Y, por si fuera poco claro al respecto, señala que “los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la
productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía
general”. Para entendernos, la clave que va a definir el lugar
que le corresponden a los mitológicos derechos sociales es el de la
rentabilidad capitalista. Si no hay un beneficio suficiente, y de
determinar cuánto es un “beneficio suficiente” de las empresas
se encargan lo economistas liberales, se pueden guardar reformistas y
progres dichos derechos en el lugar en el que se entierran las decepciones nunca admitidas: la papelera de reciclaje de sus "relatos". En
cuanto a la coletilla final que se añade al párrafo, “y, en su
caso, de la planificación” es solo un señuelo para dummies
que asocian exclusivamente planificación y sistema económico
socialista. Solo la demagogia liberal puede defender que los
ministerios de economía de los gobiernos, los bancos centrales y
otras instituciones (estadísticas oficiales, organismos sectoriales
empresariales, etc.) no llevan a cabo intentos, más o menos
logrados, a pesar del carácter cíclico de las crisis capitalistas,
de planificar la “economía libre de mercado”.
Pero
la clave de la obscena mentira que se encuentra tras la “ilusión
constitucionalista”, que promueven progres y socialdemócratas
respecto a la exigencia de cumplimiento de los famosos derechos
sociales, está en el diferente tratamiento que tienen los “derechos
fundamentales” de la sección primera del Capítulo II, “Sobre
derechos y libertades” del texto constitucional y los relativos
a los “derechos” de la sección segunda, que podemos calificar de
simples derechos o principios jurídicos de tipo potestativo o, para
entendernos, derechos respecto a los que no existe un mandato
imperativo constitucional en cuanto a su implementación.
Aclaremos
un poco más de qué estamos hablando: según señala el economista
marxista Diego Guerrero, “la
distinción [entre
ambos tipos de derechos]
no es irrelevante porque, tal y como reconoce el artículo 53.2,
"cualquier ciudadano podrá recabar la tutela" de los
primeros "ante los Tribunales ordinarios", mientras que no
ocurre lo mismo con los segundos. Pues bien, aunque curiosamente, los
derechos de sindicación y huelga se incluyen entre los de la sección
1ª (art. 28), el derecho al trabajo, que debería ser previo a los
citados, sólo aparece dentro de la segunda sección (en el art. 35),
indicando que ningún español puede reclamar ante los tribunales su
derecho al trabajo. (“Desempleo,
keynesianismo y teoría laboral del valor”.
Apartado 5. “El
derecho al trabajo y el desempleo en la Constitución española”.
Diego y Marina Guerrero)
Si el trabajo, del que emanan
todos los demás derechos (pensiones, la educación, la sanidad,
etc.), por ser la base sobre la que se sustenta la idea roussoniana
de contrato social entre trabajadores y capitalistas dentro de las
constituciones burguesas no está garantizado, imaginen lo que sucede
con los derivados citados del mismo.
Tienen razón los podemitas en
la idea de que el contrato social capital-trabajo ha sido roto pero
no porque no se cumplan los mal llamados derechos sociales en la
Constitución (en la práctica no se tienen esos derechos porque no
son de obligado cumplimiento) sino porque al agotamiento del modelo
keynesiano de acumulación capitalista le ha sobrevenido el de
acumulación por desposesión de la que habla David Harvey (vuelta a
la rapiña de la acumulación originaria señalada por Marx en
relación a los bienes comunes, que aquí sería la vía privatizadora
de lo público).
El fraude “ideológico” (en
el peor sentido del término que le da Marx, el de representación
invertida de la realidad o falsa conciencia) de podemitas, progres,
charlatanes de nuevas identidades opuestas a las de las clases
sociales,…) es el de vincular los supuestos derechos sociales del
ya mortecino Estado del Bienestar con los Derechos Humanos, esos que
pretenden que existen por el mero hecho de haber nacido y estar
vivos, como si fueran compatibles con la lógica del beneficio y la
inversión productiva para el capital. Su claudicación política es
tan indecente que intentan enterrar el carácter histórico de las
luchas de la clase trabajadora por la conquista de sus derechos
(jornada laboral de 8 horas, protección social, educación pública
y acceso a la cultura, etc.). Son los cómplices pequeñoburgueses y
servidores del Estado capitalista, necesarios para una nueva vuelta de
tuerca contra la clase trabajadora. Con su venta de la “ilusión
democrática”, según la cuál lo más grave que existe en
España es una falta de democracia, burguesa, juegan a patriotas de
una u otra bandera, según les indiquen los zigzags enloquecidos de
su oportunismo y a ocupantes parásitos de escaños del parlamento a
costa de los impuestos pagados por la clase trabajadora. Lenin
definió muy bien a esa ralea:
“Sólo
los canallas o los bobos pueden creer que el proletariado debe
primero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas bajo el
yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y
que sólo después debe conquistar el poder. Esto es el colmo de la
estulticia o de la hipocresía, esto es sustituir la lucha de clases
y la revolución por votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo
poder” (V. Illich, “Saludo
a los comunistas italianos, franceses y alemanes”,
Obras Completas, Tomo X)
Hace
algún tiempo publiqué un artícuo sobre el salvaje atentado contra las pensiones que
estaba realizando el brazo político temporal del capital, el PP. Se
llamaba “Desmontando
la trampa del fin de las pensiones públicas”. Pueden
encontrarlo en la página 50 del enlace que acabo de ponerles.
Estamos ya en la fase de aterrorización de la clase trabajadora o
del juego de la aceptación de lo que se le viene encima, mientras la
vileza burguesa y sus “granujas republicanos de la democracia”
entretienen a los ingenuos y desclasados con banderas patrióticas catalanas o
españolas. Se venden 17 Ínsulas
Baratarias al cacique local más interesado en la oferta o, en su
defecto, 17 “naciones” leales al precio de “cupos” que pagará
la clase trabajadora con el sudor que le quede por ser robado. Y,
mientras tanto, venga el negocio de los planes de pensiones a los que
puedan pagárselas. Y al resto...que les vayan dando.
