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El Ayuntamiento de Barcelona anunció este jueves que paraliza las obras de derribo de lo que queda de Can Vies y “mantiene su apuesta para encontrar una solución acordada y satisfactoria para todas las partes”. La asamblea de Can Vies, sin embargo, no tiene intención de negociar con el ayuntamiento y este sábado ha convocado una “jornada de reconstrucción” para rehabilitar el inmueble.
Can Vies llevaba 17 años ocupado por un colectivo que se dedicaba a la promoción cultural. La ocupación de este inmueble, propiedad del Ayuntamiento y por tanto de los barceloneses, nunca había provocado ningún disturbio en la ciudad. Su taller literario nunca había causado la quema de contenedores. Su ciclo de cine nunca había sido el detonante de lanzamiento de piedras contra entidades financieras.
Los disturbios que durante cuatro días han dejado una imagen desoladora de algunos barrios de la capital catalana se produjeron después y con el motivo del desalojo de un centro social, que durante 17 años había funcionado sin incidentes y coexistido en paz con sus vecinos dándoles una opción cultural que el Ayuntamiento había negado al barrio.
El estallido de violencia social vino precedido de un ejercicio de violencia estructural del Ayuntamiento de Barcelona, que con una actitud caciquil y autoritaria pasó por encima de los intereses vecinales. Xavier Trías, alcalde de Barcelona, menospreció e ignoró a los ciudadanos a los que debe servir y actuó de una manera soberbia, intransigente e irresponsable que provocó una reacción violenta al negarse a los vecinos cualquier otro canal de expresión y negociación.
De la violencia que se ha producido en el barrio de Sants estos días no sólo es responsable el que la ejerce, sino también el que en el ejercicio de su cargo de gobierno ignora todos los elementos de riesgo y actúa de forma imprudente. Valorar los peligros y las consecuencias de una decisión política forma parte de la responsabilidad de un dirigente.
Cuando la Comunidad de Madrid quiso poner una pantalla en la Puerta del Sol para que las aficiones del Real Madrid y el Atlético pudieran ver la final de la Liga de Campeones estaba actuando de un modo claramente negligente. Si las aficiones se hubieran juntado en un espacio tan reducido y hubiera habido incidentes violentos entre las aficiones, todos estaríamos de acuerdo en que los responsables habrían sido los que tomaron la decisión de unir a las aficiones de dos equipos rivales en torno a una plaza. La violencia no sólo se reprime, también se deben evitar las condiciones para que esta surja.
Pero no solamente hay que valorar la responsabilidad política en la sucesión de cuatro días de actos violentos y represión policial, sino también la innegable eficacia de la protesta, incluyendo actitudes violentas, a la hora de defender las posiciones sociales frente a los abusos de poder y las formas autoritarias. Porque la percepción de la violencia es un acto subjetivo.
Hay quien considera que desalojar por la fuerza un centro social, ejerciendo la violencia, es un acto legítimo y legal, porque tiene el respaldo de la ley, parte irrefutable del contrato social. Esta percepción se basa en el monopolio de la violencia por parte del Estado. Un elemento que no tiene en consideración la moralidad de la actuación, es aceptable por el simple hecho del elemento que ejerce la violencia. Es legal ergo es aceptable.
Esta apreciación de la violencia suele ir acompañada de la negación absoluta del ejercicio de ésta por todo aquel que no pertenezca a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, quemar un contenedor, un daño mínimo, es completamente condenable sin entrar a valorar los motivos por los que ese acto se produce, no importa los objetivos que persiga la protesta, es inaceptable por el autor que la produce.
Sin embargo, la apreciación moral de la violencia no está sujeta a las leyes. Algo moralmente aceptable puede ser ilegal, y a la inversa. Desahuciar de forma violenta a una familia de un piso propiedad de una entidad financiera rescatada para dejarlo vacío es completamente legal, pero moralmente inaceptable. Hacer barricadas y quemar contenedores para protestar por el derribo de un centro social que promocionaba la cultura de un barrio es ilegal, pero moralmente aceptable. Al menos para el escribiente.
La violencia es un camino peligroso, sólo a algunos psicópatas les puede parecer la mejor forma de solucionar cualquier situación social. Nadie quiere que la violencia sea el camino para mantener las conquistas sociales y los espacios autogestionados que los ciudadanos se han otorgado. Pero la violencia en las protestas sociales y en la larga historia de la lucha obrera es reactiva.
Si no quieren violencia en las calles que no derriben Can Vies. Si no quieren violencia en las cuencas mineras que no mermen los derechos ni la seguridad de los mineros. Si no quieren violencia en los astilleros que doten de carga de trabajo a las miles de familias que viven de ellos. Si no quieren ciudadanos radicales, que les permitan vivir con dignidad y los poderes públicos pasen a estar a su servicio.
Las protestas violentas en Sants han conseguido parar el derribo del centro social. Otra victoria de las protestas violentas como ya ocurrió en el barrio de Gamonal en Burgos. Una violencia que no se hubiera producido si se hubiera mantenido el statu quo del centro cultural, si se hubiera escuchado a los vecinos. La protesta violenta ha vuelto a ser el único camino de expresión que han dejado a los ciudadanos, y mil declaraciones de condena de la violencia con voz afectada no cambiarán que cuando se presiona de forma sostenida a las clases populares, cuando se les impide ejercer sus derechos y no se escucha sus reivindicaciones pacíficas, acaba ejerciendo la violencia.
