17 de abril de 2014

EL VERDADERO ROSTRO DE EUROPA

Muy pronto, antes de lo que muchos piensan, carniceros
criminales fascistas como Anders Breivik pueden llegar a ser
la norma en Europa y las libertades la excepción 
Luciana Cueto. Página12

La vieja y desgastada Europa, la misma que guerrea en otros continentes mientras se presenta ante el mundo como modelo de bienestar y garante de moral, se enfrenta con graves problemas internos, cada vez más tangibles y difíciles de enmascarar. Como si de un espectro del pasado se tratara, viejos discursos xenófobos y racistas vuelven a emerger, en medio de un latente, y creciente, descontento popular.

La semana pasada, tras unas deslucidas elecciones municipales que se caracterizaron por la baja participación ciudadana (tan sólo el 53,9 por ciento del electorado concurrió a las urnas), Holanda se vio conmocionada por las declaraciones racistas del líder del Partido de la Libertad (PVV), Geert Wilders.

La marcada brecha social entre la población autóctona y la inmigrante se ensancha. Un espinoso rompecabezas social, cuyas piezas parecen desarticularse sin remedio, se contrapone con la bandera de tolerancia que los Países Bajos han blandido durante décadas. Los recortes a los derechos sociales, la recesión y el empobrecimiento de la clase media (cuyo nivel de vida es aún uno de los más altos del continente) funcionan como disparador para la propagación de discursos xenófobos y poco sensibles, esgrimidos por la nueva clase política ávida de votos, pero carente de propuestas.

Tras salir airoso de las elecciones, y tal vez nostálgico de los tiempos en que se imponían los discursos xenófobos y fascistas en Europa, el líder del ultraderechista y antiislamista Partido de la Libertad holandés ha sido acusado de discriminación, luego de protagonizar un vergonzoso acto frente a cámaras, mientras festejaba el resultado de los comicios con sus seguidores: “Mi pregunta es, ¿quieren en esta ciudad y en Holanda más o menos marroquíes?”.

“Menos, menos, menos...”, vociferaron sus votantes. “Entonces vamos a arreglarlo”, exclamó un sarcástico Wilders, seguido por decenas de risas burlonas, sin explicitar cómo pensaba lograrlo.

Ante estas expresiones, la ciudadanía y el resto de la clase política mostraron preocupación e indignación. La Asociación de Marroquíes Holandeses, que representa a los 368 mil ciudadanos de ese origen en los Países Bajos, garantizó que presentará cargos por discriminación contra el político ultraderechista. Un notoriamente disgustado embajador marroquí en los Países Bajos expresó estar “horrorizado” y condenó “el señalamiento de cualquier comunidad, porque va en contra de todas las leyes, de todas las religiones, de toda ética y de todo principio”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia Ivo Opstelten mostró indignación por las infortunadas declaraciones de Wilders y lo instó a retractarse: “Estas expresiones realmente no deben hacerse, son repugnantes. No encajan en un país como Holanda. Debería retirar sus dichos”. El primer ministro holandés y líder del partido liberal de centroderecha (VVD), Mark Rutte, aseveró que será imposible realizar futuras colaboraciones con el partido ultraderechista si mantiene su posición con respecto a los marroquíes, y lo criticó “por pasarse una vez más de la raya”.

Mientras tanto, las denuncias de cientos de ciudadanos contra el líder del Partido de la Libertad (paradójico nombre, si se tiene en cuenta que entre sus principios figuran limitar los derechos de residencia, recortar las libertades religiosas, prohibir el Corán, deportar fundamentalistas islámicos, prohibir el uso del burka, cerrar escuelas islámicas e imponer los “valores occidentales”) se multiplican con rapidez en todo el país. La fiscalía habla de un altísimo número de denuncias en su contra, aunque aún carece de estadísticas exactas. La página de Facebook “Yo denuncio a Wilders” ya tiene más de 95 mil “me gusta”. Aunque también siguen multiplicándose páginas como “Yo no denuncio a Wilders”.

Bram van Ojik, jefe de la banca del Partido Izquierda Verde (Groen Links), expresó que “los partidos políticos tendrán que luchar contra Wilders en la arena política”, y que él lo hará “con el corazón y el alma”.

Sin embargo, y a pesar de las voces que se elevan indignadas ante la línea cruzada por el político de extrema derecha, un sondeo reciente asegura que si hoy se celebraran elecciones generales en los Países Bajos, el PVV conseguiría 25 escaños en el Parlamento (diez más de los que ya posee).

El panorama político europeo pinta aún peor. Los ultraderechistas buscan unirse para sumar fuerzas en las próximas elecciones de la Eurocámara y pretenden alentar a los movimientos euroescépticos a formar un partido conjunto en el Europarlamento. Geert Wilders y Marine Le Pen, presidenta del partido francés Frente Nacional, sellaron en La Haya una “alianza histórica” y manifestaron su deseo de “frenar la integración europea y combatir la inmigración”. En la conferencia de prensa que brindaron en La Haya, ambos políticos afirmaron que es “histórica” su intención de formar un frente común en contra de la Unión Europea, a la que Wilders calificó de “estado nazi”.

En una Europa con recesión y crisis económica, con recortes en el área social, cultural y de salud, el descontento es cada vez mayor, y en este contexto, voces como las de Le Pen o Wilders empiezan a elevarse. Sus discursos, vacíos de propuestas y basados sobre todo en el liderazgo personal y en el ataque constante a la inmigración, recuerdan épocas pasadas y revelan la cara menos agraciada de la Comunidad Europea. Si como expresó el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky “las democracias europeas se están acercando al colapso total”, tal vez los viejos odios comiencen a resucitar y los fantasmas del pasado se apoderen de la escena política.

Ya hay quienes designan a Wilders como el “nuevo Hitler” y mientras su discurso xenófobo se fortalece y reproduce, nutrido por el descontento popular, los demás partidos se muestran desconcertados. Parece que estas últimas décadas de primavera social han llegado a su fin, y que el rostro real de una Europa en decadencia comenzará a revelarse.

14 de abril de 2014

LA INVERSIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA SE DERRUMBA HASTA NIVELES NUNCA VISTOS EN MEDIO SIGLO

Autor de los cuadros estadísticos: A. Meraviglia
Jaume Viñas. CincoDías

La formación bruta de capital es la partida que más se ha reducido durante la crisis económica
Las comunidades autónomos lideran los recortes en inversión pública

España se mueve entre los extremos. Durante la etapa de expansión económica y también en los primeros compases de la crisis, en 2009, el gasto público alcanzaba el 4% del PIB, uno de los niveles más elevados de la UE y muy por encima de la media de la zona euro (2,6%). Seis años más tarde, y tras una durísima crisis, España se ha convertido en el país de la zona euro con menor gasto en obra civil. En 2013, la partida de formación bruta de capital ascendió a 15.167 millones, un 1,48% del PIB. Es el nivel más bajo, como mínimo, desde 1964, ejercicio a partir del cual existen cifras comparables. 

La inversión pública es la partida de gasto que más ha caído en el proceso de reducción del déficit emprendido por el actual Gobierno y también el anterior. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrentó a la recesión en un primer momento incrementado el gasto a través de medidas como el Plan E. Ello fue en 2009, cuando el gasto alcanzó los 46.763 millones. Esta medida sirvió para mantener la actividad económica con respiración artificial, aunque también desbocó el déficit público, que ese mismo año alcanzó un nivel desorbitado: 116.000 millones de euros, un 11,1% del PIB.

Los elevados números rojos encendieron todas las alarmas y marcaron el inicio de una fase de subida de impuestos y austeridad en el gasto que tuvo como principal víctima a la inversión pública.

Las empresas dedicadas a obra civil lamentan que su área de actividad haya resultado la más afectada. Por ejemplo, entre 2007 y 2013, la inversión pública disminuyó un 64,4% y, en ese mismo periodo, el gasto en personal se incrementó un 7,6%. Seopan, la patronal del sector, defiende que las infraestructuras públicas no provocaron la crisis económica y recuerda que los casos de despilfarro, como la construcción de aeropuertos infrautilizados, representan una excepción.

Las comunidades, las que más ajustan
Todos los eslabones de la Administración han recortado la inversión, aunque el ajuste ha sido más severo en las comunidades autónomas. Antes de la crisis, en 2007, las autonomías eran la administración que más invertía en obra pública. Destinaban 16.330 millones frente a los 14.227 millones de los ayuntamientos y los 12.030 millones de la Administración central. Entre 2007 y 2013, el gasto en inversión de las comunidades ha retrocedido un 70% frente al 65,9% de los municipios y el 55,5% del Gobierno central, que actualmente es quien más recursos destina a obra pública.

Por comunidades, Madrid y Cataluña fueron los territorios con menor gasto en inversión, un 0,08% y un 0,28% de su PIB, respectivamente. En cambio, Cantabria, Extremadura y Asturias se situaron como las comunidades más inversoras. En los tres casos la partida superó el 1% del PIB regional.

El bajo nivel inversor se mantendrá en los próximos ejercicios. Una mala noticia para las empresas dedicadas obra civil. El déficit público cerró el año pasado en el 6,62% del PIB y debe reducirse hasta el 2,8% en 2016. Ello equivale a un recorte de unos 40.000 millones. Bajo este escenario, resulta improbable que la formación bruta de capital fijo de la Administración abandone la zona de mínimos históricos actuales.

Además, hay que tener en cuenta que el gasto en intereses seguirá aumentando en los próximos ejercicios en la medida en que España deberá recurrir a los mercados financieros para cubrir su déficit público. Ello dificulta el incremento de otras partidas. El sector público destinó a pagar intereses 35.096 millones el año pasado, más del doble que el dinero empleado para inversión productiva.

El hecho de que el próximo año se celebren elecciones locales, autonómicas y generales podría provocar un repunte de la inversión. La experiencia indica que la proximidad de comicios eleva el gasto público, sin embargo, la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y el deterioro de las cuentas públicas dejan poco margen de maniobra.

¿En qué gasta el dinero la Administración Pública?
La mayor partida de gasto de la Administración Pública son las transferencias sociales, que incluyen las pensiones y las prestaciones por desempleo. Representan en torno al 40% del gasto público total que, en 2013, alcanzó los 454.000 millones de euros. El gasto salarial es el segundo epígrafe presupuestario más importante.

La Administración destinó el año pasado 116.090 millones, el 25,6% del total. Los intereses de la deuda se sitúan en tercera posición y sumaron el año pasado 35.096 millones, el 7,7% del dinero gastado por el Estado en su conjunto. Un porcentaje muy elevado y que antes de la crisis se movía en torno al 4%. La inversión pública, por su parte, solo supuso el 3,3% del gasto público, lejos del 9,6% registrado en el año 2009.