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Fernando Sanz. Cinco Días
Sucedió el miércoles 5 de febrero. A las 18.22 de
la tarde, llegó a todas las redacciones de Madrid un correo electrónico del
nuevo grupo embotellador de Coca-Cola en España, el holding Coca-Cola Iberian
Partners. En él, la firma presidida por Sol Daurella, matriarca de una
multimillonaria familia catalana, ligada desde siempre al negocio de La Chispa de la Vida en España, da su versión
del estado de las negociaciones que sus asesores laborales mantienen con los
sindicatos, en orden a instrumentar un Expediente de Regulación de Empleo con
el que despedirá a 1.250 trabajadores y cerrará cuatro de las 11 fábricas que
posee en España. Además, el documento adjunto que contenía el correo, ofrece la
ratificación de una novedad asombrosa. La empresa no se refiere ya a sí misma
con el poderoso nombre de la marca de Atlanta.
Coca-Cola Company tiene derecho de veto sobre el
nombramiento de los ejecutivos de la empresa española.
El holding desecha el nombre –ya lo había hecho por
primera vez con ocasión del comunicado que remitió dando cuenta de su decisión
de poner en marcha los despidos–, y se refiere a sí misma en todo momento como
Iberian Partners, a secas.
La decisión parece razonable, en el mismo documento y como anotaciones a
pie de página, la empresa da detalles sobre un hecho incontrovertido. El ERE no
lo presenta Coca-Cola Company, filial de la multinacional estadounidense. La reestructuración
del negocio de embotellado en España es una decisión cuya responsabilidad recae
sobre Coca Cola Iberian Partners y en concreto sobre su director general,
Víctor Rufart.
Es comprensible que Coca-Cola Company y su primer ejecutivo en España,
Marcos de Quinto, quieran tomar distancias de un problema que ha alcanzado ya
una dimensión social y económica tal, que de mantenerse en sus términos
actuales solo puede empeorar, a la vista de la tensión sindical y social que
está adquiriendo. Su cristalización más visible son las llamadas, desde ámbitos
sindicales y políticos, al boicot de los productos de la marca.
Pero la separación y distancia que ahora se quiere aparentar no es tan
clara. A pesar de los esfuerzos de los portavoces de Coca-Cola Iberian Partners
de dejar claro que son dos empresas distintas, el grado de interacción es
elevadísimo y no solo a niveles operativos sino que afectan al primer y segundo
nivel directivo de la empresa.
Para convencerse de ello, basta leer la página 31 del documento
entregado a los sindicatos por la empresa bajo el titulo de Memoria. En esa
página se reconoce que la independencia de la empresa española no es tal si se
analiza a la luz de esta cita literal. “Por
compromisos contractuales CCIP (Coca-Cola Iberian Partner) está obligada a
compartir con TCCC (The Coca-Cola Company) el primer y segundo nivel directivo
del grupo CCIP. Una vez se comunicó y validó el primer nivel, los comités de
dirección de cada uno de los embotelladores quedaron disueltos (...)”.
Los
dueños de Fuenlabrada sacaron de la empresa 400 millones antes de la fusión
Casbega, la empresa propietaria de
la condenada planta de Fuenlabrada en Madrid, tenía una fortuna acumulada en
sus cuentas antes de la fusión que en mayo de 2013 dio lugar a Coca-Cola
Iberian Partners.
Tras advertir la multinacional estadounidense a sus
franquiciados españoles que para renovar los contratos de embotellado “resultaba necesario que la fabricación
pasase a realizarse al amparo de un nuevo y único contrato de embotellador”,
las siete embotelladoras españolas comenzaron a maniobrar y a reestructurar sus
negocios.
Fue el caso de Casbega. Sus accionistas, liderados
por los empresarios Víctor Urrutia y Jaime Castellanos, celebraron una junta
extraordinaria el 22 de diciembre de 2011 en la que aprobaron repartirse las
reservas de la sociedad en forma de dividendo extraordinario.
En aquel momento la foto fija de la empresa
arrojaba 448 millones de fondos propios, según las cuentas depositadas en el
Registro Mercantil. Sus reservas eran de 373 millones. Y antes, en la junta
ordinaria de junio de 2011, se aprobó un reparto de 28 millones de dividendo
ordinario. Un puñado de accionistas cobraron casi 400 millones en poco menos de
seis meses. La empresa asegura hoy que el cierre de Fuenlabrada generará unos
ahorros anuales de 24 millones de euros tras despedir a 370 trabajadores.
“Que Madrid no se cierre”
Las plantas de Alicante, Oviedo y
Palma de Mallorca tienen una solución relativamente sencilla. En base a
recolocaciones y a prejubilaciones el daño que el ERE de Coca-Cola hace en
ellas es asumible desde un punto de vista de negociación sindical. Donde no se
puede ceder es en Madrid.
En Fuenlabrada la situación es dramática, alejada
de cualquier otra fábrica de la empresa, la solución es complicada se mire como
se mire. El objetivo claro es “que Madrid
no cierre”, es el literal de un razonamiento de un miembro de la mesa
negociadora, que cree que todo se encauzaría enormemente si la empresa se
sentara a negociar desde otros parámetros.
“Confío que esta
semana –hay previstas dos reuniones de la mesa de negociación– Coca-Cola se habrá dado cuenta ya de que
será más fácil si reconsidera parte de su plan inicial y ofrece bajas
voluntarias”. Coca-Cola Iberian Partners asegura en su oferta que la
totalidad de los 90 trabajadores de la planta de Alicante irán a trabajar a la
de Valencia. Los 80 empleados de la de Asturias, podrán ser recolocados en A
Coruña y Bilbao y casi todos los de Palma de Mallorca (77) “tendrán opción a recolocación”. Para Fuenlabrada (370 en total)
ofrece 100 prejubilaciones y “el resto
podrán optar a una recolocación”.
NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG:
Cada Coca-Cola que compras es una puñalada en el derecho de sus trabajadores al empleo en España. No pidas solidaridad cuando la necesites si no estás dispuesto a darla porque no la merecerás. ¡Boicot a Coca-Cola!
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