CARMENA AHONDA EN EL ABANDONO DEL PROGRAMA ELECTORAL

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Juan Carlos Arias. La Izquierda Diario

Manuela Carmena, tras la vuelta de las vacaciones, ha continuado con la alteración del programa que llevó a Ahora Madrid a la victoria en las elecciones municipales. El respeto a la ley y a los grandes capitalistas por delante de atender la emergencia social.

Desde los primeros momentos de su mandato, Carmena ha tratado de tranquilizar a toda costa al capital financiero, asegurándoles que no va a adoptar medidas que pongan en cuestión sus propiedades inmobiliarias. A la vez ha ninguneado al movimiento anti-desahucios al dejarles relegados en todo el proceso. En los últimos días se ha centrado en asegurar que se hará frente “religiosamente” a la deuda total, sin dispensar trato diferente para la deuda “ilegítima”, y que los grandes pelotazos urbanísticos tendrán un final feliz.

Manuela Carmena ya señaló que el programa electoral con el que resultó elegida en realidad eran solamente “una serie de sugerencias”. Se rompía de este modo, el vínculo directo entre programa electoral y acción política. Esta era una de las críticas que Podemos hacía contra la “casta política bipartidista” y la práctica política habitual del Régimen del 78. Lo mismo se trasladó desde la candidatura de Ahora Madrid. El programa electoral pasaba a ser una especie de “contrato social” que vinculaba al partido electo con la ciudadanía y que le comprometía a desarrollar medidas de emergencia social en favor de las clases populares.

Prometía que la gestión de Ahora Madrid iba a transformar la forma de “hacer política” y que podría ser percibida desde el principio como un cambio político a favor de los pobres y los sectores sociales más necesitados de la ciudad de Madrid.

De la auditoría al pago total de la deuda

La deuda de la ciudad fue uno de los principales temas de su programa. Casi 6.000 millones, de los que se consideraba que una gran parte de los mismos tenían un carácter ilegítimo, cuando no ilegal. Por eso se planteaba como imprescindible la realización de una auditoría de cara a clarificar y proponer el no pago de la que no fuera legal o legítima. Una deuda que saquea gran parte de los recursos necesarios para desarrollar políticas de emergencia social.

Carmena acaba de asegurar que el Ayuntamiento de Madrid pagará todas sus deudas, no habrá ningún tipo de impago. La deuda es “ineficiente” y “políticamente irresponsable” pero no “ilegal”, según la alcaldesa. Ya no se contempla la “ilegitimidad” de la misma que podría llevar a su impago.

Todo pese a una serie de declaraciones previas del Concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, según las cuales no se pagaría la deuda “ilegal” y habría muchas dudas sobre cómo afrontar la “ilegítima”. Añadió incluso que se establecerían mecanismos de participación ciudadana para determinar que conceptos son” legítimos” o “ilegítimos”, lo que influiría en decisión a adoptar por parte del gobierno municipal.

Sin embargo, la primera pregunta es si Carmena estaría dispuesta a llevar a los tribunales, o a la Fiscalía, algunas de esas deudas basadas en amplios sobrecostes por precios muy por encima de mercado. No lo parece. Quizás es que como ex-jueza conoce a la perfección la defensa de la justicia burguesa de los ricos, sus intereses y sus propiedades, sin que haya resquicios para castigar a los responsables y recuperar los dineros malversados.

La segunda pregunta sería porque se incluyó en el programa electoral esa posibilidad y se defendió como eje central de la campaña si, pese a todo, y teniendo pruebas evidentes de una gestión fraudulenta, ahora se renuncia a hacerlo. Quizás tenga algo que ver el hecho de que representantes de Standard & Poor’s (S&P) vayan a mantener un encuentro con responsables del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento para hablar, entre otros temas, de la auditoría de la deuda.

Es decir que, como se ha visto claramente con el caso griego, las presiones para pagar las deudas públicas adquiridas, derivadas en muchos casos de la deuda privada, van a ser muy fuertes e insostenibles para gobiernos reformistas que resultan incapaces de mantener incluso sus moderados programas. La crisis estructural capitalista y las políticas impuestas por el capital financiero impiden cualquier reforma por mínima que sea.

Solo un programa decidido y audaz de carácter anticapitalista y revolucionario sobre la base de la movilización generalizada de la clase obrera y las clases populares, podría llevar a cabo un programa de emergencia social suficientemente profundo como para garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría de la población.

Otras promesas electorales incumplidas

Otra gran promesa fue la lucha contra los desahucios y su paralización. Se indicaba que los desahucios serían impedidos y recuperado el parque de viviendas público que había sido malvendido a fondos buitre para facilitar su especulación capitalista.

También la necesidad de revisar todos los proyectos urbanísticos pendientes de aprobación definitiva por ser el origen de gran parte de los pelotazos y comportamientos corruptos a combatir y el desagüe por el que se arrojaban miles de euro de recursos públicos en obras faraónicas.

Ante la emergencia social existente plantearon la necesidad de abrir los comedores escolares durante el verano. Al final esto no fue así y se destinaron paquetes de comida a través de catering privados a los domicilios, sin que haya quedado muy claro el resultado de esta política.

La realidad es que transcurridos más de 100 días de gobierno no se ha adoptado, por el momento, y no parece que se vaya a adoptar, ninguna medida contundente que haya satisfecho alguna necesidad real y profunda que haga frente a la emergencia social de las clases populares y la clase trabajadora.

La remunicipalización de muchos de los servicios municipales que habían sido privatizados resultando más costosos e ineficaces por ello era otra de las propuestas estrella. En muchos casos, habían servido para desarrollar el capitalismo de “amiguetes”, puesto que las concesiones habían sido manipuladas, generando casos de corrupción vía comisiones y “mordidas” de diferente tipo. De momento no se ha producido ninguna remunicipalización y más bien las palabras de la alcaldesa van en la dirección de aumentar las exigencias de eficacia sobre las empresas subcontratistas. Nada ha dicho sobre la posible situación precaria de muchos de sus trabajadores ni de iniciar ningún proceso de remunicipalización. Solo indicó su posibilidad en caso extremo de incumplimiento reiterado por parte de las empresas externas.

Otro hecho significativo ha sido la reducción impositiva anunciada sobre el IBI que supuestamente favorecería a los sectores más desprotegidos. Sin embargo, la bajada será finalmente un porcentaje lineal, tal y como lo establece la legislación. Por lo tanto, esta bajada será aplicada a todos los contribuyentes con uso residencial que con independencia de su valor catastral verán reducida su factura, pero de un modo tan injusto, que mientras un propietario de una vivienda en Carabanchel se ahorrará 15 euros, un propietario del barrio de Salamanca se ahorrará 350 euros. Es decir, la medida se convierte en regresiva.

La pregunta es en este caso si dadas esas circunstancia no resultaría mejor no aplicar esa reducción que apenas beneficia a los pobres, mientras los ricos verán muy reducida su contribución a las arcas públicas. Si es cierto que se subirá para los usos no residenciales, en este caso sí, en función del valor del inmueble. También se subirá el IAE y el ICIO, todas estas subidas sí podrían favorecer en mayor medida a las clases populares. Con todos estos ingresos se espera lograr un remanente de 50 millones de euros que esperemos vayan destinados a política sociales, aunque con la rémora de la deuda que acaba de asumir será complicado. De hecho aunque el gobierno municipal ha hablado de un incremento del 20% en gasto social, el Concejal de Hacienda, ha indicado al más puro estilo capitalista liberal que se hará frente a las necesidades “solo cuando sepamos con qué recursos contamos”, bajo lo que denominó el “principio de suficiencia fiscal”.

El respeto a la ley y a los intereses de los grandes capitalistas, por delante de atajar la emergencia social

Manuela Carmena, en todas sus declaraciones no para de insistir en dos aspectos básicos. Por una parte su insistencia en el respeto más absoluto a la legalidad burguesa vigente. 

Por otro sus continuos mensajes tranquilizadores a los poderes económicos.

Lo último ha sido ejemplificado con sus declaraciones ante un foro de empresarios organizado por ABC y Deloitte en el Casino de Madrid. Estando presentes el presidente de la patronal CEOE, entre otros empresarios muy influyentes, ha señalado: “tranquilos, no soy comunista”. Dedicando gran parte de su discurso a justificarse ideológicamente y a tranquilizar a la concurrencia sobre sus políticas municipales. Indicando también la necesidad de las empresas capitalistas porque “en Madrid no sobra nadie”. No tengáis miedo, necesitamos a las empresas, dais trabajo” ha dicho.

Se vanaglorió de que había aumentado la inversión extranjera en Madrid, sobre todo en bienes inmuebles. Es decir, con una mano quiere resolver el problema de la vivienda entendiendo que es un problema social y un derecho, mientras por otra da pábulo a la especulación inmobiliaria que precisamente es la causa y el objeto de los desahucios. Incluso el Consistorio va a habilitar una oficina para facilitar estas inversiones. De paso lanzaba a Esperanza Aguirre, presente en el acto, un llamamiento a la colaboración y al entendimiento, cuando ya todos sabemos qué tipo de entendimiento se puede tener con el PP.

En una línea ya surrealista y tremendamente bonapartista, se negaba a criticar en el acto mencionado al PP de Rajoy y su política sobre acogimiento de los refugiados, alegando que nos encontramos en un período preelectoral, y dado que ella es la alcaldesa de todos los madrileños y no podía apartarse de ninguno, por lo que tampoco podía emitir opinión política sobre el proceso catalán. Es decir, el abandono de facto de la defensa intransigente de los derechos de los oprimidos y en favor de los poderes dominantes, haciéndolo pasar por un tamiz de supuesta moderación, neutralidad y objetividad que solo beneficia al poder establecido.

Respecto al tema de la legalidad, solo habría que recordar los problemas que se suscitaron en la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, gobernada en colación PSOE-IU, cuando la consejera de IU responsable de la política de vivienda, pretendió forzar a la propiedad inmobiliaria de las entidades financieras a poner las viviendas al servicio de las necesidades sociales. Manuela Carmena, ex-jueza para más señas, no ha hecho ningún movimiento que pudiera siquiera bucear en los resquicios legales para afrontar la problemática social. En realidad en cuanto a la vivienda, lo ha dejado en manos de los propios especuladores. Los propios banqueros que voluntariamente nos aseguran que solucionarán el problema, junto con el posible realojo por parte del Ayuntamiento, cuando las entidades financieras no cedan vivienda. Ahora Madrid, es por tanto, incapaz de alcanzar siquiera medidas que un gobierno de coalición PSOE-IU intentó poner en marcha.

En el mismo foro empresarial la alcaldesa abordó otro aspecto fundamental del programa electoral y muy sensible a la fuerzas del capital. Se trata de las grandes operaciones urbanísticas en proyecto y desarrollo. Señaló que “van marchando”. Y más con un proceso electoral en pocos meses. Carmena ha recomendado “prudencia”.

Es decir, de nuevo ha abandonado claramente todo el programa respecto a las actuaciones urbanísticas que supuestamente iban a impulsar un desarrollo de la ciudad diferente y en consonancia con los intereses materiales y sociales de las clases populares.

100 días de gobierno, la bancarrota del programa reformista de Ahora Madrid

Después de tres meses desde las últimas elecciones municipales todo apunta a una bancarrota del programa reformista en la ciudad de Madrid. Como ha sucedido en Grecia, la renuncia de facto a las más mínimas reformas que podrían paliar la situación de emergencia social de amplios sectores de las clases populares, resulta un hecho repetido y continuamente constatable en este tipo de gobiernos reformistas.

No es un fenómeno casual ni circunstancial, sino que responde a la profunda impotencia política del reformismo ante situaciones de grave crisis social, política y económica. El reformismo no puede operar si no cuenta con el beneplácito de la clase capitalista, de la que es su ala izquierdista. El reformismo, además fomenta la pasividad de las masas y trata de reorientar los procesos de la lucha de clases para dominarlos y reducirlos a la impotencia, para acabar derrotándolos.

Solo el desarrollo de una alternativa política y una estratégica anticapitalista y revolucionaria basada en la movilización social de la clase trabajadora con el apoyo de las clases populares, que recogiera un programa amplio de conquista de derechos sociales, económicos y políticos profundos que alterara la relación de fuerzas en su favor, permitiría el desarrollo de un programa de vivienda, empleo, cultura, etc…auténticamente transformador de la realidad social y superador del capitalismo.