LAS RAZONES DE LA CRISIS QUE NO NOS CUENTAN, O CÓMO SE HACE LA LUCHA DE CLASES DESDE ARRIBA

Andrés Piqueras. Rebelión

En las sociedades europeas centrales a finales de la década de los 60 del siglo XX y muy especialmente a partir de la quiebra económico-energética de 1973, se evidenciaría el cierre del modelo de crecimiento keynesiano, ligado a lo que se llamó el “capitalismo organizado”, que entrañaba a su vez la prevalencia de la opción reformista o “socialdemócrata” en las relaciones Capital/Trabajo.

Dan cuenta de esa quiebra un par de razones estructurales, nunca aludidas en las pseudo-explicaciones de la crisis que machaconamente nos proporcionan desde todo tipo de plataformas y de medios de difusión de masas.

Por un lado, la automatización o, en general, la tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas, que se supone inherente a la acumulación capitalista, tiende a la mayor utilización de (e innovación en) tecnologías intensivas en capital. Estas últimas entrañan una significativa menor utilización de fuerza de trabajo por unidad de capital invertido, lo que además de provocar una tendencia hacia la eliminación de empleos implica una consecuencia realmente grave para el funcionamiento capitalista, que es la sobreacumulación de capital invertido por unidad de valor que se es capaz de generar (digamos que al reducirse la masa de valor representada por la fuerza de trabajo, se restringen cada vez más los impactos de los aumentos de la productividad en la elevación de la tasa de plusvalía, y se limita también la conversión de plusvalía extraordinaria en ganancia extraordinaria, que es el objetivo básico de la inversión capitalista). Este proceso transcurre paralelo a otro de igual calibre, y es que la tecnificación de los procesos productivos va dejando cada vez menos tiempo de trabajo excedente del que apropiarse para la obtención de plusvalía, ya que el trabajo necesario de los seres humanos (la mano de obra) va quedando más y más reducido con el desarrollo tecnológico. Esto implica que con cada aumento de composición orgánica de capital el aumento proporcional de la plusvalía es menor.

Por otra parte, se desata una feroz batalla en torno al I+D, que deviene cada vez más onerosa, dado que la rápida caducidad tecnológica no permite la satisfactoria amortización del capital invertido.

Estos procesos están en la base de la crisis de valorización del capital, que es la causa profunda o histórica de la crisis que padecemos en la actualidad, que no es sino la prolongación angustiosa de aquélla.

En todo este tiempo el capitalismo se ha desorganizado de nuevo a través de su versión “neoliberal”, dejando de lado la reforma progresiva de sí mismo y emprendiendo una ofensiva unilateral de clase en todos los frentes contra la población que vive de su trabajo.

Toda una trama de recetas “neoliberales” se pusieron en marcha, si no para salir de esa crisis (que en sí misma el capital no puede exorcizar), al menos para huir de ella hacia adelante. Entre las más importantes:
1. Aumentar la explotación de la fuerza de trabajo. Tanto extensiva (duración de la jornada, horas extras, aumento de días de trabajo anuales, elevación de la edad de jubilación…), como intensiva (a través del propio proceso de tecnificación de los procesos productivos y, en general, de desarrollo de fuerzas productivas).
Esto se hizo con relativa escasa resistencia de la población gracias a la alta capacidad de sustitución de la fuerza de trabajo que proporcionaron al capital principalmente tres factores: a) el incremento del ejército de reserva mundial que se produjo con la entrada del Segundo Mundo (URSS, China, etc.) en la órbita capitalista, con una fuerza de trabajo enormemente más barata; b) una fuerza de trabajo migrante a escala global, lista para desempeñar el papel de ejército de reserva a discreción; c) la deslocalización empresarial, que significa que son las empresas las que emigran allá donde los costos de capital variable y circulante son menores y las exacciones fiscales mayores.

Con ello el poder social de negociación de la población trabajadora se fue a pique, y la fortaleza sindical (de unos sindicatos que además habían adaptado sus estructuras y estrategias a la época de los pactos y a la institucionalización del conflicto) quedaba seriamente mermada.

Esto queda patente en la pérdida de poder adquisitivo de la fuerza de trabajo en general, así como en el reparto de la riqueza social. En el Reino de España, la participación depurada de los salarios bajó de casi el 75% al 61% del PIB, calculado según costes de factores, entre 1967 y 2007, lo que es congruente con el hecho de que el salario promedio real esté prácticamente estancado desde principio de los años 80.

En cuanto al aumento del tiempo de trabajo, para los años 1999 y 2002, según el CIS (Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo”), un 46,4% de los trabajadores prolonga su jornada laboral más allá de la jornada nominal, y la quinta parte del conjunto de la población asalariada (un 22,3%) lo hace sin compensación económica. Los asalariados a tiempo completo, según Eurostat1, trabajan un promedio de 8,5 horas extra a la semana, de las cuales 4,7 horas no son pagadas (lo que quiere decir que más del 10% de la jornada laboral regular acordada por convenio se le regala a la patronal). No hablemos ya de la temporalidad o en general precariedad laboral del mercado de trabajo español.
2. Recortar la parte de contribución al conjunto social que aporta el gran empresariado. En general, eximir de impuestos a los ricos, al tiempo que se aumenta la carga impositiva sobre la población trabajadora.

Así, tomando de nuevo el ejemplo español, si en 2005 las rentas del trabajo sufrían una carga impositiva del 16,4%, las rentas del capital sólo tenían un 7,4%, es decir, menos de la mitad. Trece años después, en 2008, la situación apenas ha variado: 16,7% para las rentas del trabajo, 8,6% para las del capital. Esto hace que lo recaudado en la actualidad de la población trabajadora sea más de 9 veces el monto total recaudado del mundo del capital. Todo ello sin contar la evasión fiscal consentida, como consentidos están los paraísos fiscales.

Según el GESTHA, organismo de los cargos técnicos e inspectores de Hacienda (http://www.gestha.es/), las grandes fortunas y empresas españolas evadieron 42.771 millones de euros sólo en 2010. Si a ello añadimos la evasión de la pequeña y mediana empresa, según esa misma fuente, obtenemos 59.032 millones. Sumando a esto el fraude a la seguridad social que se realiza a través de la economía sumergida, nos da la enorme suma de unos 90.000 millones de euros. Los recortes sociales impuestos por el gobierno del PSOE para el periodo 2010-2013 ascienden a 50.000 millones de euros. Es decir, se podría no hacer un solo recorte si los ricos pagaran lo que les corresponde (que ya de por sí es proporcionalmente muy poco en comparación con lo que paga el resto de la sociedad).
3. Reducir los servicios y gastos sociales en el conjunto de la población
Ya antes de la crisis de finales de la primera década de los 2000, si miramos los datos del Reino de España en protección social, entre 1994 y 2005 se redujeron esos gastos del 22,8 al 20,8% del PIB2. En la UE, a pesar de estar mucho más altos, como promedio también descendieron esos gastos: entre 1993 y 2002 pasaron del 27,4 al 26,9% del PIB3.
4. Apropiarse privadamente de los bienes públicos (esto es, la reprivatización o lo que se ha llamado también acumulación privada por desposesión colectiva).
Esto afecta tanto a los servicios públicos (sanidad, educación, transporte, comunicaciones, etc.), como a las infraestructuras (red viaria, instalaciones…), como a la riqueza natural o ecológica (territorios, recursos naturales, patentización del genoma de las especies…), etc.
5. Reducir sustancialmente el capital destinado a la inversión en producción, dado que ésta ya no es tan rentable por sobreacumulación, y dedicarlo al préstamo y al ‘juego’ bursátil, esto es, básicamente a la especulación. Como si imparablemente el dinero pudiera generar dinero por sí mismo, fuera de la producción. Pero como eso sólo era un espejismo lo que se generó fue una enorme pirámide invertida de capital de crédito-deuda y especulativo en relación al capital real. Es decir, se creó una ingente suma de capital ficticio.

El Bank for International Settlements en su Quarterly Review de junio de 2011, reportaba haber recibido datos bancarios hasta diciembre de 2010 por un total de 601 billones de dólares en derivados emitidos, lo que supone más de 10 veces el PIB mundial. Otras fuentes consultadas por el Observatorio Internacional de la Crisis (http://www.observatoriodelacrisis.org/), sin embargo, estiman ese monto de capital ficticio en torno a 30 veces la riqueza mundial “real” (es decir, ¡en torno a los 1200 billones de dólares!).

Esto ha sido posible gracias a la desregulación del sistema bancario y de las finanzas, que ha permitido crecer a costa de endeudamiento (proceso que recibe el nombre de “apalancamiento”). En este caso hablaríamos de “crecer ficticiamente” (dado que el apalancamiento ha sido a costa de un capital “ficticio”). Al mismo tiempo, los Estados hacen dejación de su soberanía, permitiendo que los Bancos Centrales se independicen de ellos, mientras que ellos mismos pasan a emitir títulos de deuda en los mercados financieros mundiales, con lo que entran como cualquier otra entidad en el “rating internacional de riesgo” dictaminado por agencias privadas, obligándose a llevar a cabo políticas ortodoxas monetarias y fiscales subordinadas a los intereses del capital financiero internacional.

A pesar de todo ello, el intento de resolución de la crisis de valorización a través del empobrecimiento de las poblaciones y del detraimiento del gasto público, ha venido generando más y más obstáculos para la realización de la ganancia (que sólo se puede consumar mediante la venta). Esto se conoce como crisis de realización que, por mucho que se haya intentado regatear a costa del crédito, la caducidad cada vez más prematura de los productos o el consumo de lujo entre otras opciones, no ha hecho sino agudizarse con los crecientes recortes salariales y sociales, agravando aún más, consecuentemente, la ya cronificada crisis de valorización, pues se entra en un bucle de sobreproducción-subconsumo, como causa derivada, del que en otros momentos históricos sólo se salió a través de la guerra o la expansión económica a nuevos territorios.

Lejos de atacar ese bucle, las medidas que se toman son sólo de evasión, destinadas a dar un poco más de tiempo a los grandes capitales. Porque en sí mismas son procíclicas, esto es, tendentes a perpetuar y reforzar la crisis. Así el creciente retraimiento de la inversión del Estado, la disminución de los servicios sociales, la bajada de salarios, el aumento de impuestos a la población trabajadora, la pérdida general del poder adquisitivo de las poblaciones y la drástica disminución del consumo conllevan la acentuación de la crisis de realización (esto es, a dificultar la venta que es como se realiza la ganancia capitalista). Socavan tan drástica como patentemente, además, los ingresos del Estado y por tanto su capacidad para intervenir como agente económico.
De todo esto se percata cualquiera. El capitalismo histórico no pudo salir de ninguna gran depresión sin una fuerte inyección de gasto público, sobre todo desde que alcanza su fase de monopolización en el último cuarto del siglo XIX. Sólo el fortalecimiento de los servicios y, en general, de la economía pública, podría dar algo más de margen a la acumulación capitalista. Luego, la pregunta clave es ¿porqué se están llevando a cabo políticas económicas procíclicas, esto es, tendentes a la depresión?

No valen las respuestas que apelan al “despiste” o a la “falta de cordura”, como se repiten por doquier últimamente cuando ya no parecen quedar otras “salidas” para explicar la crisis sistémica en la que nos encontramos.

Mejor ofrezcamos aquí algunas otras posibilidades de respuesta, que pasan por distintas claves:

I. Claves de relación de clase
1. Hay un profundo cambio en la composición interna del poder mundial y de los poderes en cada formación socio-estatal. La lucha de poder entre las clases dominantes y entre las distintas expresiones del capital, nos llevan a un escenario en el que el capital financiero mundial trata de hacerse con el mando del sistema, estrangulando el poder del capital productivo, y en que las entidades estatales siguen actuando para sí, más allá de la dimensión universal del capital, con la consiguiente pugna de intereses también entre las distintas burguesías estatales, combinada con la tradicional supeditación de las burguesías de las formaciones más débiles (lumpenburguesías y burguesías delegadas) a las de las más fuertes.
2. Sin embargo, ambos capitales (productivo y de interés-especulativo), junto al rentista, así como unas y otras burguesías estatales, se coordinan y aprovechan la coyuntura para reestructurar el poder de clase y golpear la fuerza histórica conseguida por el Trabajo, rebajando al máximo su poder social de negociación y desbaratando todos los dispositivos de preservación de esa fuerza y de regulación de la relación Capital/Trabajo, así como las formas institucionalizadas de pacto de clases, propias del “capitalismo organizado” keynesiano, e incluso del Estado popular o populista de muchas de las formaciones periféricas. Deprimiendo en general, más allá de ciertas excepciones que merecen análisis aparte (el grupo ALBA en América Latina, por ejemplo), las condiciones sociolaborales de las poblaciones.

II. Claves económico-estratégicas y geoestratégicas (político-militares).
Asistimos también a una lucha entre Estados vinculados al capital financiero-especulativo (los anglosajones, especialmente) y los ligados al capital productivo-extractivo (Alemania, China, Rusia, sobre todo).

Cruzándose con ella, se da la pugna del hegemón actual (EE.UU.) y países centrales subordinados (buena parte de la UE occidental, Japón, Canadá, Australia), con el potencial hegemón del siglo XXI (China), más sus posibles aliados (¿Rusia?). Las claves pasarán por un lado, por la toma de postura de unas y otras formaciones periféricas (especialmente India y los países decisivos de América Latina). Por otro, esas claves estarán vinculadas a la evolución de las crecientes rivalidades entre las potencias centrales y la decantación estratégica futura de la Gran Alemania (que puede ser la sustituidora de la UE, una vez que haya terminado de adueñarse de Europa o al menos de desencuadernar la capacidad agencial del resto de formaciones estatales europeas).

Estas medidas o procesos tienen, no obstante, al menos dos grandes elementos contradictorios y una constatación de gran importancia.

Las contradicciones:
1. El permanente socavamiento del capital productivo implica el estrangulamiento del propio modo de producción capitalista, pues sólo de él se genera la acumulación de capital.
b) Al mismo tiempo, al destruir la capacidad adquisitiva de los productores, se destruye, como hemos indicado ya, la de los consumidores (pues en el sistema capitalista unos y otros son los mismos y constituyen el único sustento final de la producción capitalista, dado que tanto las entidades empresariales como estatales son sólo consumidores intermedios del consumo final, que es el de la población).

La constatación es que no hay nadie al frente de la nave capitalista, no hay una entidad de comando. Lo cual ha sido el gran déficit de la universalización del sistema capitalista como Sistema Mundial: su incapacidad de desarrollar una entidad rectora del tipo del Estado que generó para su fase de acumulación socio-nacional.

A partir de todo ello, además, podemos atrevernos a formular algunas posibles implicaciones, aunque sea (todavía) en forma de preguntas.

La ruina consciente de sus propias bases de existencia, ¿quiere decir que de alguna manera el Capital está haciendo las maletas hacia otra forma de dominación? Si es así, ¿cuál?:
· ¿Una forma de extremación del capitalismo salvaje a escala mundial, funcionando a partir de un todavía muchísimo más reducido número de consumidores que en la actualidad?
· ¿Un postcapitalismo, con otras formas de acumulación-dominación y de apropiación de los (cada vez más escasos) recursos?

Para ambas salidas necesitaría de medidas drásticas frente a la Humanidad, y éstas pasarían de forma necesaria por la opción bélica a gran escala. Podría estar combinada con otros procesos catastróficos de carácter sanitario-epidémico y ecológico.

Irreformismo del sistema
En cualquier caso, y de momento, esta guerra de clases desde arriba, unilateralmente desatada por el Capital cuando en las formaciones centrales el Trabajo más amodorradamente integrado en el orden capitalista de consumo se encontraba (por más que en las últimas décadas fuera gracias al crédito –también en gran parte “ficticio”-), y en las periféricas ese consumo y niveles de vida se habían convertido en la aspiración legitimadora del sistema, no hace sino proclamar el agotamiento de las posibilidades del reformismo, parejo a la crisis sistémica y civilizatoria a que con toda probabilidad conducirá el colapso de la acumulación capitalista en sus núcleos centrales.

El acoplamiento de las formaciones periféricas y la crisis ecológica nos dirá hasta qué punto y hasta cuándo será posible que esa acumulación se traslade a éstas.

Mientras tanto, el resultado es una acentuada deslegitimación del orden socioeconómico que la alternancia de dos partidos en las diferentes elecciones presidenciales no podrá frenar por mucho más tiempo4. Entramos, forzados por el desgaste del sistema y la ofensiva del gran capital, en una más que probable nueva era de enfrentamientos de clase. Estos se verán adaptados, más pronto o más tarde, a los nuevos contextos de dominación y de acumulación del capitalismo degenerativo. Su dinámica antagónica y sus resultados irán proporcionando los elementos constructivos del mundo del siglo XXI.

Se hace, en cualquier caso, cada vez más probable que en su desesperada salida cortoplacista, el mundo rico despierte al monstruo que dormía, al que tanto ha temido siempre: las fuerzas del trabajo organizado (y sublevado).

* El autor es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis
Notas:
1 Ver para los datos citados aquí, Hans Schweiger y Antonio Rodríguez, “La participación de los salarios”, en Taifa, seminari d’economia critica, nº 4. Barcelona, 2007.
2 Colectivo IOE. Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994-2006. Traficantes de sueños. Madrid, 2008.
3 Vicenç Navarro. El subdesarrollo social de España. Ediciones de Diario El Público. Madrid, 2009.
4 La creciente ilegitimidad e ingobernabilidad de las expresiones sociopolíticas capitalistas irán probablemente aconsejando a las clases dominantes hacer gobiernos de “concertación nacional”, e ir asumiendo directamente la dirigencia del Estado, desplazando al cuerpo de gestores-administradores intermediarios entre ellas y el resto de la población.

DE LA DEMAGOGIA RACISTA A LA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL

Inmigración, servicios públicos y prestaciones sociales

Vidal Aragonés. Mientras tanto

En los últimos años viene imponiéndose un mensaje que caracteriza la inmigración desde la negatividad, estableciendo la misma como oportunista respecto a prestaciones sociales y no como una posibilidad de alejarse de la pobreza y conseguir una vida digna.

Esta construcción se inició con el discurso de algunos medios de comunicación sobre el concepto “inmigrante ilegal”, estableciendo una imagen peyorativa sobre trabajadores y trabajadoras extranjeros: curiosamente, nunca hemos escuchado que refieran “empresa ilegal” o “conductor ilegal” para esos sujetos cuando cometen ilícitos administrativos. “Ninguna persona es ilegal” no es tan solo una consigna en defensa de la igualdad, sino rigurosidad jurídica: tan sólo los actos son ilegales. Además, instrumentos jurídicos internacionales establecen la migración como un Derecho. Se ha transformado un mero ilícito administrativo, la falta del permiso de trabajo o de residencia, en una construcción de ilegalidad. Esta realidad no combatida en su día ha logrado parcialmente la fragmentación de la clase trabajadora, según país de origen, a la vez que puso las bases para que la derecha y la extrema derecha lanzasen un discurso demagógico sobre la inmigración, en el cual se transformaba a los sectores más explotados en supuestos aprovechados de ayudas y prestaciones sociales, cuando la realidad demuestra que el uso es inferior al que por su participación en el total de población con menos recursos les correspondería. Curiosamente los mismos que establecen el demagógico discurso sobre inmigración y prestaciones nunca protestan por los recortes que sufren en conjunto de los derechos sociales.

El populismo racista traslada que los inmigrantes realizan un uso desproporcionado de los servicios públicos, como si tener que recurrir a la educación o la sanidad pública fuese una opción viciosa y no una necesidad. Desde el rigor todos los estudios sobre la cuestión van en sentido contrario. Por citar el de una empresa privada separada de cualquier visión progresista, La Caixa, en Inmigración y Estado del bienestar en España indicaba: “Menos del 1% de los pensionistas son extranjeros” “Los inmigrantes consultan un 7% menos el médico de cabecera y un 17,5% a especialistas” “Tan sólo el 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales y el 11,2% de rentas mínimas de inserción se dirigen a inmigrantes” y todo ello teniendo en cuenta que el 30% de los inmigrantes están situados en lo que son considerados umbrales de pobreza, siendo el porcentaje de los nacionales españoles del 18%.

Debería no ser necesario afirmarlo, pero no existe ninguna ayuda, prestación o subsidio sobre el que la inmigración tenga un derecho preferente; más bien lo contrario: existen diferentes prestaciones de las que son privados algunos extranjeros. Así, a los inmigrantes que no cuentan con permiso de trabajo se les niega la prestación de desempleo, con independencia que hayan trabajado el tiempo requerido para la misma y se haya procedido a levantar las correspondientes actas de cotización. De la misma manera, es excusa para no aprobar el subsidio para mayores de 52 años o las pensiones de invalidez por enfermedad común el carecer de permiso de trabajo y residencia. En un paso más, según denuncian diferentes asociaciones, desde el SPEE se está procediendo a enviar instrucciones para que se requiera pasaportes a inmigrantes de determinadas nacionalidades con el objeto de controlar sus periodos de ausencia del Estado español y retirar así las prestaciones que perciben, lo que supondría en todo caso un acto de discriminación directa. De la misma manera se empieza a establecer para ayudas sociales requisitos de hasta 5 años de residencia, lo que supone una vulneración de los principios de libertad de circulación y puede ser constitutivo de una discriminación indirecta por razón de nacionalidad. En todo caso, más allá del análisis jurídico, tendrá como efecto la imposibilidad de acceder a esas ayudas a un sector importante de la inmigración.

Difícilmente se podrá ahora solicitar ese confuso discurso de la integración a quien se discrimina. Al poder político le correspondería establecer medidas para evitar actuaciones discriminatorias en las prácticas privadas, evitando así una construcción del gueto por el cual, con independencia del esfuerzo y el trabajo, se margina por origen nacional y de clase. Por el contrario empezamos a encontrar regulaciones públicas que suponen actos discriminatorios. Mañana, los populistas de las tertulias se preguntarán por qué arden los barrios de la periferia.