Alejandro
Teitelbaum. CEPRID
Los
ciudadanos –cada vez menos- creen todavía que sus respectivos
países son gobernados por medio de sus representantes (que en
realidad –cualquiera sea su color político- representan
puntualmente al poder económico).
Pero
esos mismos ciudadanos hace ya tiempo que mayoritariamente no se
tragan la píldora de que las instituciones de la Unión Europea los
representan de alguna manera y que se ocupan de la construcción de
una Europa solidaria, democrática y social.
Esa
es la interpretación que cabe hacer del resultado del plebiscito
favorable al Brexit.
Veamos.
Las
tres instituciones principales de la Unión Europea son el Consejo de
la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento. Los miembros de este
último son elegidos por el voto directo de los ciudadanos de los
Estados Miembros.
El
Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros) está
constituido por los primeros ministros o Jefes de Gobierno de los
Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo en algunas ocasiones
participan en las reuniones los primeros ministros o jefes de
Gobierno, pues a sus reuniones periódicas asiste el ministro
correspondiente de cada uno de los gobiernos según sea el tema a
tratar (en temas de agricultura, asistirán los ministros de
agricultura, etc.).
El
Consejo tiene seis responsabilidades básicas:
-
Aprobar leyes europeas (directrices), en muchos ámbitos legisla en común con el Parlamento Europeo. Pero, y esto es importante, por regla general el Consejo no toma la iniciativa y solo actúa a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento.
-
Coordinar las políticas económicas de los Estados miembros. Tarea a cargo de los Ministros de Economía y Hacienda.
-
Concluir acuerdos internacionales entre la UE y una o más organizaciones de Estados o internacionales. También puede concluir convenios entre los Estados miembros de la UE en determinados campos como el de impuestos, etc.
-
Aprobar el Presupuesto de la UE, junto con el Parlamento. El Consejo tiene la última decisión sobre los gastos obligatorios mientras que el Parlamento la tiene en los gastos no obligatorios, si no se ponen de acuerdo en la aprobación del presupuesto.
-
Desarrollar la política exterior y de seguridad común de la UE (PESC), basándose en las directrices decididas por el Consejo Europeo.
-
Coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia penal (Justicia y asuntos de interior – CPJP).
El
Consejo toma sus decisiones, según establezcan los Tratados, por
unanimidad, por mayoría cualificada: se asigna a cada Estado miembro
un número de votos (voto ponderado), que es la forma en la que se
toman las decisiones más importantes y por mayoría simple para las
decisiones de procedimiento.
El
Parlamento, elegido por el voto directo de los ciudadanos, no tiene
sin embargo el poder de iniciativa en materia legislativa, que
corresponde en lo esencial a la Comisión Europea.
La
Comisión Europea es algo así como el Poder ejecutivo de la Unión
Europea, aunque también con amplias facultades legislativas
(directrices) espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones
fundamentales, como ya se ha señalado.
El
Consejo de la Unión Europea (reunión de los ministros o jefes de
Estado de los Estados Miembros) designa, por mayoría calificada, al
Presidente de la Comisión Europea y dicha designación se somete a
la aprobación del Parlamento Europeo. El Presidente designado de la
Comisión nombra, en consulta con el Consejo de Ministros, a los 27
Comisarios que componen la Comisión. El conjunto de los miembros de
la Comisión recibe la aprobación del Parlamento por mayoría
simple, tras una serie de comparecencias de cada comisario ante las
diferentes comisiones parlamentarias competentes. Al final de este
proceso el Consejo de Ministros nombra a la Comisión en su conjunto,
por mayoría calificada. Buena parte de los Comisarios siempre
ostentan un currículo ostensiblemente ligado a grandes empresas
transnacionales.
La
función principal de la Comisión es proponer y poner en práctica
las políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los
tratados europeos y tiene el cuasi monopolio del derecho de
iniciativa en el llamado «primer pilar» de la Unión Europea, que
son sobre todo los temas económicos básicos, lo que le permite
pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros.
Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión
Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de Ministros
modifique una propuesta de la Comisión.
Pero,
como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de Ministros
pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia.
En
los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el derecho
de iniciativa con el Consejo de Ministros.
Existe
lo que se llama el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y
Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión
Europea es la Comisión, por razones institucionales y también
porque las tendencias neoliberales y privatizadoras son compartidas
por los Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición
conservadores-socialistas de los países de la Unión Europea, que
juntos tienen el control total de las instituciones europeas.
Prueba
de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de codecisión
en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos proyectos sobre 420.
Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o
después de un procedimiento de conciliación.
Así
es como la política de la Unión Europea es consecuentemente
ultraliberal y al servicio del gran capital y su ejecutante es la
Comisión Europea.
Un
periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta[1] cómo,
mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea y de la Mesa
Redonda de los Industriales Europeos ERT (las transnacionales Volvo,
Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ayudados por el Tribunal
Europeo de Luxemburgo que interpreta a su manera las reglas comunes
sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó la
Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al
patrimonio público de los países europeos de las industrias
actualmente más dinámicas y rentables: las telecomunicaciones y las
comunicaciones electrónicas.
Más
allá del círculo íntimo de la Comisión Europea y de la Mesa
Redonda de los Industriales Europeos está la UNICE -Unión de las
Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- que controla
estrechamente a la Comisión europea. Los 39 miembros de la UNICE
mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero
ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la
Comisión [2].
El
libro de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la
ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios
públicos (con el respaldo activo de las sociedades transnacionales)
no ha cesado: en su punto de mira se halla ahora el correo, la salud,
la educación y el medio ambiente. En un artículo publicado en Le
Monde Diplomatique de julio del 2000 (Susan George y Ellen Gould,
Libéraliser, sans avoir l’air d’y toucher) se cita un documento
de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente: “la
participación activa de las industrias de servicios en las
negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos
de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo
general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un
acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del
mundo de los negocios” [3].
El
4 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, reunido en sesión
plenaria en Estrasburgo, acordó por amplia mayoría autorizar la
liberalización de los mercados de la electricidad y el gas, incluido
el suministro a particulares, a partir del 1º de julio de 2007.
Después
del rechazo del proyecto Constitución Europea se elaboró un nuevo
texto que firmaron los Gobiernos europeos en Lisboa el 13 de
diciembre de 2007.
Salvo
algunos cambios institucionales positivos (aumento de algunas
prerrogativas, más bien formales, del Parlamento Europeo, resguardo
en algunos aspectos de las facultades soberanas de los Estados
nacionales), el nuevo tratado no modifica en nada la orientación
prevaleciente de una normatividad y una práctica de las
instituciones europeas poco democráticas y al servicio del gran
capital.
En
mayo de 2005 se realizó un referéndum en Francia para convalidar o
no la adhesión al nuevo Tratado. El 55% del electorado se pronunció
en contra. Pero en 2008 el Gobierno francés –ignorando el
resultado del referéndum- hizo aprobar el Tratado de Lisboa por el
Parlamento con el voto de los diputados de derecha y de la mayoría
de los diputados del Partido socialista.
La
Unión Europea está negociando una serie de acuerdos regionales de
asociación económica, (Economic Partnership Agreements- EPA), con
países pobres. Los EPA son convenios de preferencias comerciales
recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonu, entre la UE y el
grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en
África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de
acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus
mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias
y servicios públicos en las naciones más pobres.
La
UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía
mundial, promoverán el desarrollo sustentable y contribuirán a la
erradicación de la pobreza.
Los
convenios propuestos bajo el Pacto de Cotonu eliminarían los
aranceles a los productos de importación y facilitarían a los
países de la UE la venta de bienes subsidiados.
La
UE negocia acuerdos similares con otros países pobres
Dos
organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y
EcoNews Africa, de Kenia, señalaron en un informe titulado "Los
EPA a través de los lentes de Kenia", publicado en
setiembre de 2005, que el deteriorado sector manufacturero, la
creciente pobreza y el desempleo en países como Kenia deben ser
seriamente considerados antes de firmar estos convenios, agregando
que la liberalización económica y comercial de los últimos años
en ese país africano produjo "situaciones extremas",
incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución,
deterioro de la educación e incluso suicidios y que el número de
personas pobres aumentó de 11 a 17 millones", más de la mitad
de la población keniata [4].
Últimamente
la Unión Europea se ha “ilustrado”
con el feroz chantaje ejercido contra Grecia (véase Feroz chantaje
sobre Grecia, http://www.alainet.org/es/articulo/169961)
y el virtual genocidio que está cometiendo contra la inmigración
clandestina (véase La “solución final” de la Unión Europea
para la inmigración clandestina
http://www.alainet.org/de/node/169163)
En
cuanto a América Latina y el Caribe, la Declaración Final de la
Cumbre social de los pueblos, “Enlazando Alternativas”
realizada en Lima del 13 al 16 de mayo de 2008, decía entre otras
cosas: ...”rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación
propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos
latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar
el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros
pueblos. La estrategia de la Unión Europea "Europa Global:
Competir en el mundo", supone la profundización de las
políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan
implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las
políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el
cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social.
A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de
cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es
abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la
inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover
el desarrollo económico y social”.
En
conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial (con 20
millones de desocupados y donde las desigualdades no cesan de
profundizarse), atlantista y belicista (participación en la guerra
del Golfo y en las agresiones contra Yugoslavia, Irak y Afganistán)
a las antípodas de lo que tendría que ser: una potencia
independiente y pacífica en el concierto mundial, democrática y
social y dispuesta a establecer relaciones mutuamente ventajosas y en
un pie de igualdad con otras regiones y países.
No
debe sorprender entonces el resultado del referéndum en Gran Bretaña
y tampoco es de extrañar que la abstención en las elecciones para
el Parlamento Europeo sea cada vez más elevada. Los pueblos europeos
tienen conciencia de que la Unión Europea no representa sus
intereses y que los Gobiernos que la integran (de derecha y
socialistas) evitan cuidadosamente una verdadera democratización de
sus instituciones y un giro hacia políticas sociales. Aunque tratan
de reconquistar a la opinión pública con algunas reformas
gatopardistas luego de cada rechazo popular en las urnas, cada vez
más contundente.
Notas
[1]
Gérard de Selys, Privé de public. A qui profitent les
privatisations?, Ediciones EPO, Bruselas, 1995.
[2]
Veamos qué dice la UNICE de sí misma (http://www.unice.org/
Le porte-parole des entreprises en Europe). La UNICE es la voz del
mundo de los negocios ante las instituciones de la Unión Europea.
Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales
y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y
representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y
medianas. La UNICE es también un interlocutor en el diálogo social
europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea principal de la UNICE
es informar e influenciar los procesos de decisión en la Unión
Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas
con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en
cuenta las necesidades de las empresas. La primera prioridad de la
UNICE es promover la competencia en el medio económico y la
inversión a escala europea, el único camino para alcanzar un
desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de los
negocios necesita una Comisión eficaz.
[3]
Un grupo de investigadores, que forma parte del Corporate Europe
Observatory (CEO) ha publicado un estudio muy completo sobre el papel
de las sociedades transnacionales en el seno de la Unión Europea:
Belén Balanya, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adan Ma’anit y Erik
Wesselius, Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et
milieux d’affaires européens, Agone Editeur, Marseille, 21
trimestre del 2000. Edición original en inglés: Europe Inc.
Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power,
Pluto Press and CEO, 1999.
[4]
Reports exposes impact of free trade deals.
http://www.traidcraft.co.uk/template2.asp?pageID=1867
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