Telam
El
gobierno francés reconoció que está utilizando las reservas
estratégicas de carburantes para tratar de garantizar el
aprovisionamiento frente a las huelgas y bloqueos en refinerías y
depósitos petrolíferos contra su reforma laboral, que han agotado
los tanques de centenares de estaciones de servicio en todo el país.
El
secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, explicó que se
ha extraído el equivalente de tres días de consumo de esas reservas
estratégicas, que son de 115 días, pero insistió en que no hay
riesgo de agotamiento.
Vidalies,
en declaraciones a los medios al término del Consejo de Ministros,
se esforzó en señalar que se están utilizando esas reservas “de
forma marginal”, al tiempo que reconoció que la situación en
las gasolineras había empeorado en la región de París, donde un
40% se habían quedado sin carburante, mientras en el oeste del país
ha “mejorado”.
En
total, son más de 4.000 las estaciones de servicio en las que se
había agotado total o parcialmente la nafta, lo que equivale a un
tercio de las estaciones que hay en Francia, informó el funcionario,
quien vinculó la situación con el comportamiento de los
automovilistas, que realizan compras de combustible por precaución.
El
responsable de Transportes insistió en que el problema no es de
disponibilidad de carburante, sino de acceso a los depósitos donde
está almacenado -en muchos casos bloqueados por piquetes de
huelguistas-.
A
ese respecto, señaló que las fuerzas del orden han procedido hoy al
desbloqueo de 11 complejos petroleros y el vocero del gobierno,
Stéphane Le Foll, había indicado anteriormente que esas operaciones
van a continuar “con responsabilidad”.
El
primer ministro Manuel Valls afirmó hoy ante la prensa que van a
continuar las operaciones policiales para levantar los bloqueos, de
los que se habían llevado a cabo once hasta esta mañana.
Valls
reafirmó su posición de que no se retirará el proyecto de ley de
reforma laboral, ni se modificará sus artículos más polémicos, y
denunció la actitud de la Confederación General del Trabajo (CGT,
que lidera la protesta), “una organización minoritaria que
quiere hacer plegar al gobierno”, consignó la agencia de
noticias EFE.
“La
CGT no dicta la ley en este país”, advirtió el primer
ministro, que argumentó que si bien “el derecho de huelga y de
manifestación son derechos absolutos, esta radicalización (…)
es inaceptable”, como también sus amenazas con paralizar una
central nuclear.
Ante
las perturbaciones que la escasez de carburante está empezando a
causar en varios sectores económicos, y ante el riesgo de que las
protestas se extiendan a la electricidad -hay una convocatoria de
huelga desde hoy en, al menos, una central nuclear-, las
organizaciones patronales reclamaron al gobierno que garantice la
libertad de circular y trabajar.
En
un comunicado conjunto, seis de esas organizaciones empresariales
señalaron que “frente a esta situación, corresponde al Estado
velar por el respeto del derecho y tomar las medidas que garanticen
el interés general, la libertad de trabajar y de circular
libremente”.
Pierre
Gattaz, presidente de la principal de todas ellas, el Movimiento de
Empresas de Francia (Medef), calificó de “irresponsables”
a las centrales que bloquean los centros petroleros para tumbar la
ley de la reforma laboral, que a su juicio “no servirá para
nada” en su redactado actual.
Más
allá del sector petrolero, el paro en los ferrocarriles hoy tuvo un
seguimiento inferior al de la semana pasada, con un 10% de
huelguistas, frente al 15% el miércoles de la semana pasada, según
los datos presentados por la empresa SNCF.
Tras
más de tres meses de protestas, mañana habrá una nueva
movilización nacional en decenas de ciudades de todo el país, una
jornada importante para las centrales sindicales que exigen la
retirada de la reforma laboral.
También
se han convocado huelgas intersectoriales, entre ellas en el control
aéreo, que va a obligar a las compañías que operan en el
aeropuerto parisino de Orly a cancelar un 15% de sus vuelos.
La
CGT ya ha preparado para la semana próxima una batería de paros
indefinidos en los ferrocarriles y en el transporte metropolitano de
París, a los que se sumará otro de tres días (el 3, el 4 y el 5 de
junio) de los controladores aéreos (en este caso por motivos propios
de su convenio colectivo).
El
inicio de la Eurocopa de fútbol, el 10 de junio, aparece como una
fecha clave, porque según una encuesta publicada hoy, si las
protestas tuvieran impacto en ese evento -con consecuencias negativas
para la imagen del país-, un 61% de los franceses considerarían
responsable al gobierno de Valls.
LA
OLA DE PROTESTAS PONE EN JAQUE A HOLLANDE
Eduardo
Febbro. Página12
 |
En
Douchy-Les-Mines, los policías antidisturbios
rodean el piquete de
trabajadores de una refinería en
contra de la reforma laboral. Imagen: AFP
|
Las
protestas contra la reforma de la ley laboral desembocaron en Francia
en una crisis mayor que supera en mucho las manifestaciones que se
vienen llevando a cabo desde el pasado 31 de marzo e, incluso, el
nacimiento del movimiento de ocupación de las plazas NuitDebout. La
huelga en las refinerías y las trabas a la distribución de
combustible obligó al Estado a utilizar sus reservas estratégicas
al tiempo que, de manera inesperada, la CGT lanzó un amplio
movimiento de huelga en las centrales nucleares. Según Alain
Vidalies, Secretario de Estado para los transportes, poco más de 20%
de las estaciones de servicio de Francia tienen dificultades para
abastecerse. Además de la distribución de carburante y la energía
nuclear, los ferrocarriles, la aviación civil, el personal portuario
y los conductores de camiones se sumarán en los próximos días a
esta ola de huelgas convocada principalmente por la CGT y a la cual
se han asociado otros sindicatos potentes.
La
trama de la impugnación de la reforma de una ley que modifica
algunos puntos hasta ahora intocables del mundo laboral se complicó
cuando la misma CGT anunció que al menos 16 centrales nucleares de
las 19 que hay en Francia habían votado a favor de una huelga que
comenzará hoy 26 de mayo. La central sindical llamó a un movimiento
de acción “lo más fuerte posible”.
Desde
el pasado martes ya se advirtieron focos de paro en varias centrales
que dejaron sin luz a tres zonas del país. El primer ministro
francés, Manuel Valls, denunció en la Asamblea Nacional estos
llamados a la huelga como “chantajes” y dijo que no era la
CGT quien “establece las leyes en Francia”. Gobierno y
sindicatos juegan en este conflicto su propia partida. Con la reforma
de la ley laboral, el Ejecutivo zanja el antagonismo entre las dos
izquierdas que acompañó todo el mandato del socialista François
Hollande. Entre la llamada izquierda social y la izquierda reformista
liberal, el jefe del Estado y su primer ministro optaron por la
segunda. A su vez, los sindicatos, en plena crisis de
representatividad y con un pasivo de militantes cada vez más
elocuente, se meten en la pelea para demostrar que siguen vivos y con
un fuerte poder de movilización.
Como
lo resalta en un editorial el semanario de centro izquierda Le Nouvel
Observateur, “la tasa de adhesión sindical en Francia es una de
las más débiles de Europa y el patronato local sigue siendo sin
dudas uno de los más arcaicos”. El Ejecutivo navega entre la
debilidad de ambos y inserta su reforma en ese contexto. El mundo
sindical percibe sin embargo una oportunidad de llevar la bandera
opositora detrás de la cual buena parte de la sociedad cierra filas.
Un sondeo realizado por la consultora Elabe indica que 69 por ciento
de los franceses se pronuncia por un retiro de la reforma laboral
para evitar así “un bloqueo de todo el país”. La misma
encuesta aporta además un dato que los sindicatos han leído con
mucha atención:59% de los franceses designan a François Hollande y
a Manuel Valls como “los principales responsables de las
tensiones” debido a que “rehúsan introducir nueva modificaciones
al proyecto de ley”. Esta, sin embargo, ya fue aprobada de
forma expeditiva por el jefe del Ejecutivo. Valls recurrió al
artículo 49.3 que le permite hacer pasar una ley por decreto, es
decir, sin debate parlamentario. La división en el seno de los
Diputados socialistas es tal que era muy probable que la reforma de
la ley no obtuviera la mayoría. De ser haber sido así, el gobierno
hubiese quedado en minoría. Valls evitó la caída pero no acalló
las discordias que, cuando falta un año para las elecciones
presidenciales de 2017, han desfigurado a la izquierda francesa.
Entre reformistas que se autocalifican de modernos y socialistas
tratados por los primeros de vivir en un museo del pasado, las
relaciones se han empañado.
Ahora,
el conflicto ha pasado a mayores. La CGT y el otro sindicato
importante que respalda las huelgas, Fuerza Obrera, afirman al
unísono que no tienen la más mínima intención de “detener”
el movimiento. En cuanto a Philippe Martinez, el secretario general
de la CGT, éste promete que “irán hasta el final, y sin
límites”, es decir, hasta que el Ejecutivo retire o modifique
substancialmente la reforma laboral.
Lo
cierto es que la nueva batalla entre el gobierno y los sindicatos
empieza a amenazar a los sectores claves de la economía. Dos
terceras partes de las poco más de 12.000 estaciones de servicio con
que cuenta el país atraviesa serios problemas de suministro. El
hecho de que la CGT haya logrado implicar en las protestas al
personal de las centrales nucleares es tanto más decisivo cuanto que
la energía nuclear cubre el 75% de las necesidades eléctricas de
Francia. De las 12.000 estaciones de servicio, 4.000 han visto su
aprovisionamiento perturbado y han decidido limitar la venta de
combustible a 20 litros por vehículo. Hay que remontar a la reforma
del sistema de jubilaciones de Francia decidida por el entonces
presidente Nicolas Sarkozy (2207-2012) para encontrar una crisis
semejante y, sobre todo, el hecho de que se hayan tenido que tocar
las reservas estratégicas del país para cubrir las necesidades
vitales. Tal y como lo hubiese hecho la derecha, Valls calificó de
“ilegales” las trabas a la distribución de combustible y
los paros en las refinerías. El primer ministro advirtió que el
Estado actuaría con “firmeza” para estabilizar la
situación. El anuncio y las medidas de fuerzas decididas para
levantar las barreras en cerca de 19 refinerías y depósitos han
tenido el efecto contrario. La respuesta sindical fue una
insurrección aún mayor, con más problemas en la distribución. El
cuadro llegó a tal extremo que las distintas patronales de Francia
se dirigieron al gobierno advirtiéndole que se está llegando a un
extremo inadmisible y que ya hay varias fábricas que, por falta de
combustible, están “viendo su existencia amenazada”. La
confrontación social ingresó en una zona muy densa. Ante un
gobierno que repite que no cambiará la ley, la acción sindical hizo
pasar el antagonismo desde la calle, o sea, las manifestaciones y las
acciones testimoniales, a golpear con fuerza el corazón de la
economía.
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