Decenas de miles de trabajadores finlandeses
colapsaron este viernes el centro de Helsinki en una multitudinaria
manifestación en protesta contra los recortes sociales anunciados por el
Gobierno derechista del primer ministro Juha Sipilä.
La manifestación, convocada por las tres grandes
centrales sindicales de Finlandia (SAK, STTK y Akava), ha venido acompañada de
huelgas en muchos sectores, lo que ha paralizado buena parte de la producción y
los servicios de todo el país.
Estas tres organizaciones sindicales suman un
total de 2,2 millones de afiliados, una cifra que equivale a cerca del 80 % de
la población activa de Finlandia.
Aunque los sindicatos descartaron convocar una
huelga general, se trata de la mayor protesta obrera que ha tenido lugar en las
últimas dos décadas en el país nórdico.
La movilización ha provocado el cierre durante 24
horas de los puertos de mercancías y de las fábricas de papel y celulosa, así
como paros parciales en gran parte de las industrias y comercios.
Las huelgas han obligado a suspender durante
varias horas el transporte público y han generado cancelaciones en el tráfico
aéreo nacional y retrasos en los vuelos con salida o llegada a los aeropuertos
finlandeses del país.
Finlandia encadena tres años consecutivos de
contracción económica, debido principalmente al declive de sus dos industrias
clave, la forestal y la tecnológica -con Nokia a la cabeza-, lo que ha
provocado que la deuda pública se haya duplicado desde el inicio de la crisis
financiera en 2008, hasta superar el 60 % del producto interior bruto (PIB).
Actualmente es el país de la Unión Europea (UE)
con menor crecimiento económico y mayor índice de despidos de trabajadores.
La coalición liberal del primer ministro Juha
Sipilä, en el poder desde el pasado mayo, presentó la semana pasada una serie
de medidas que incluyen pérdida de derechos laborales para la clase
trabajadora.
Este programa aboga, por ejemplo, por la reducción
de las vacaciones de los funcionarios, desde el máximo actual de 38 días
laborables hasta los 30 días.
Además, contempla reducir por ley la compensación
por trabajar horas extraordinarias o en días festivos, así como dejar de pagar
el primer día de las bajas por enfermedad y recortar la paga de los demás días
de baja del 100 % al 75 %.
También establece una rebaja del 1,72 % de la
cotización que las empresas pagan a la seguridad social por cada trabajador y
convertir dos días festivos al año en días libres no remunerados.
Las tres centrales sindicales se oponen
unánimemente a los recortes anunciados por Sipilä, ya que, en su opinión,
afectan sobre todo a los empleados públicos y a los trabajadores con empleos
más precarios.
Los sindicatos critican lo que consideran “una
injerencia sin precedentes” del Gobierno en la negociación de los agentes
sociales, al sustituir de forma unilateral los convenios entre patronal y
sindicatos por una serie de leyes laborales que empeoran las condiciones de los
trabajadores.
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