EL MINISTRO DE ECONOMÍA, LUIS DE GUINDOS, TAMBIÉN VENDIÓ ‘PREFERENTES’

El diputado Antonio Hurtado muestra los
documentos en los que se demuestra que
Lehman Brothers, compañia de la que De
Guindos fue Presidente para España y
Portugal, vendió preferentes

Luis Díez. Cuarto Poder

Cuando el hombre de la pajarita subió a la tribuna de oradores, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantenía el dominio de la situación y parecía tranquilo. No esperaba que el hombre de la pajarita, Antonio Hurtado, diputado socialista por Córdoba y portavoz adjunto en la Comisión de Economía, fuese tan peligroso. Pero lo era. Hurtado desveló que cuando el ahora ministro De Guindos era presidente ejecutivo de Lehman Brothers vendió una gran cantidad de participaciones preferentes a muchos ahorradores estafados, algunos de los cuales seguían el debate desde el palco de invitados. El ministro frunció el entrecejo y elevó el tono en la réplica, pero no pudo desmentir a Hurtado. La estafa de las preferentes afecta a más de 100.000 personas en toda España.

Dijo el economista Hurtado: “He estado viendo unas 20 sentencias judiciales favorables a estas personas (los ahorradores engañados). Nunca con la intención de encontrarme con lo que me he encontrado y que creo que debe conocer la Cámara, porque para mí ha sido una sorpresa, desde la más absoluta sinceridad. De las 20 que he visto, me he encontrado que un tercio de ellas corresponde a la comercialización de preferentes de Lehman Brothers. Participaciones comercializadas a través de otras entidades, emitidas por Lehman Brothers, y comercializadas durante los años 2006 a 2008, siendo usted presidente ejecutivo de esa entidad (quebrada) en España y Portugal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted no está legitimado para hablar de herencia, porque usted ha sido parte del sistema financiero, parte de los causantes”.

No terminó ahí la acusación, pues Hurtado recordó que antes del primer movimiento de la “puerta giratoria”, De Guindos amplió en 2003, como Secretario de Economía del último gobierno de Aznar, las desgravaciones fiscales para que se emitiesen muchísimas más preferentes, en contra de las advertencias del Banco de España. “¿Ha leído usted el último informe del Defensor del Pueblo? El Informe dice que en 2002, siendo usted secretario de Estado de Economía, el Banco de España advirtió que las participaciones preferentes tenían un peso muy elevado en los recursos bancarios y señaló que la comercialización estaba siendo inadecuada. Ese informe le llegó a usted, pero en 2003 adoptó una medida, no para evitar lo que le estaba informando el Banco de España, sino, justamente, lo contrario: ampliar las desgravaciones fiscales para que se emitiesen muchísimas más preferentes”.

Al ministro se le atragantó el sapo. En la réplica, Hurtado se interesó por las buenas prácticas de De Guindos en el otro lado de la puerta giratoria, y le preguntó si siendo presidente ejecutivo de Lehman Brothers había avisado a las entidades que comercializaban sus preferentes de que la entidad iba a quebrar, y si él había perdido dinero en ese producto bancario. Unas preguntas molestas que tampoco merecieron la respuesta del ministro, cuyo objetivo fue presentar el decreto gubernamental para que una comisión de arbitraje examine, caso por caso, los depósitos de los ahorradores en participaciones preferentes y determine si les devuelven el dinero o solo una parte.

Los afectados que asistían al debate no pudieron contenerse y estallaron en gritos de protesta–“¡Queremos nuestro dinero!”–, lo que obligó al presidente Jesús Posada a ordenar a los ujieres y policías que los desalojaran. Dos que imprecaron a sus señorías y a los miembros del Gobierno presentes, llamándoles “chorizos, ladrones, sinvergüenzas”, fueron fichados y no podrán entrar en el Congreso en dos años. Pese a la aparente tranquilidad del ministro, muchos periodistas saben que los “escraches” de los estafados por el sistema financiero rescatado por Bruselas le molestan muchísimo. El martes pasado, un grupo de “preferentistas” le esperó a las 9 de la mañana ante el Hotel Ritz para manifestar su protesta. Después, los escoltas del ministro se emplearon a fondo en revisar los bolsos de las periodistas y en exigir el carné de identidad a los informadores en una sala del interior del hotel desde la que seguían su intervención y la de su colega de Agricultura, Miguel Árias Cañete, en un “desayuno informativo”, no fuera a ser que hubiera escrachadores entre ellos.

Una de las personas afectadas por las preferentes que
fueron desalojadas de la tribuna de público del Congreso

La sesión plenaria del jueves estuvo marcada por los desalojos; el presidente Posada también desalojó de la tribuna de oradores a los diputados de ERC Joan Tardà, Alfred Bosch y Teresa Jordà porque, uno tras otro, insistieron en hablar en su “lengua materna”, el catalán, “en lógica correspondencia” con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga al sistema educativo catalán a impartir la clase en castellano si un alumno lo pide. Posada no aceptó “esa correspondencia” invocada por Tardà y pidió a los de ERC que intenten reformar el reglamento, como ya hicieron hace seis años sin ningún resultado.

Tampoco el Gobierno de Mariano Rajoy acepta la “correspondencia” del uso del catalán en la Administración General del Estado. El ejemplo más reciente es el de la viuda de un funcionario de Hacienda destinado en Barcelona que para solicitar su pensión remitió a la Delegación de Hacienda de Madrid el certificado de defunción de su cónyuge redactado en catalán y le fue rechazado. El diputado de CiU Carles Campuzano preguntó al Gobierno si “consideraba razonable” ese rechazo, máxime cuando las diferencias en este tipo de escritos son mínimas: “defunció por defunción, mort el día por muerto el día y tom por tomo”. Y el Gobierno le contestó el 21 de enero pasado: “La lengua de los procedimientos tramitados en la Administración General del Estado es y será el castellano”. O como diría Cristóbal Montoro, concernido en este caso: “¿Les queda claro?”