ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 39 AÑOS DE COMPLICIDAD REFORMISTA CONTRA LA CLASE TRABAJADORA

Colección de payasos del sistema parlamentario español.
Solo faltaban los de los grupos catalalanes y vascos. Sus
payasadas las hacen en circos locales

Por Marat

El pasado 6 de febrero se ha conmemorado por tierra (largo puente vacacional), mar (filibusteros mediáticos) y aire (conmilitones del circo estatal de marcas parlamentarias) la fiesta del 39 aniversario de la aprobación de la Constitución española.

Es socorrido entre los progres y la socialdemocracia (no me refiero al PSOE, social-liberal) hablar de ella con un tono de tanguista estafado, apelando al incumplimiento de los supuestos derechos sociales de la Constitución española.

El señor Anguita fue el precursor socialdemócrata de esta cantinela tontuna, manteniendo inasequible al desaliento la exigencia de que se cumpliera la Constitución en cuanto a los citados derechos sociales. Para él y para los posteriores coordinadores federales de la socialdemócrata IU, una Constitución que cumpliera con dichos derechos sería casi revolucionario.

En el caso de los progres de Podemos nos encontramos con una combinación calculada de estímulo de la estupidez y de mentiras a partes iguales en cuanto a la defensa de los mágicos derechos sociales de la Constitución española. Pablo Iglesias, a quien ahora la web oportunista llamada Insurgente que tanto le defendió en su día, llama traidor, ha declarado: "Uno de los grandes acuerdos de la Constitución de 1978 era la garantía de los derechos sociales para todos los ciudadanos y una promesa de prosperidad que en muchos aspectos se cumplió. Ese gran acuerdo está roto".

Decía Lenin, a propósito de este tipo de vendedores de productos homeopáticos que, “se denomina ilusiones constitucionalistas al error político que consiste en tomar por existente, normal, jurídico, reglamentado y legal, en una palabra, “constitucional”, un régimen que en realidad no existe” (“Entre dos revoluciones”. V. Illich).

Y es que el régimen de democracia parlamentaria, ratificado en referéndum el 6 de Diciembre de 1978, consagra en su artículo 38 “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”. Y, por si fuera poco claro al respecto, señala que “los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general”. Para entendernos, la clave que va a definir el lugar que le corresponden a los mitológicos derechos sociales es el de la rentabilidad capitalista. Si no hay un beneficio suficiente, y de determinar cuánto es un “beneficio suficiente” de las empresas se encargan lo economistas liberales, se pueden guardar reformistas y progres dichos derechos en el lugar en el que se entierran las decepciones nunca admitidas: la papelera de reciclaje de sus "relatos". En cuanto a la coletilla final que se añade al párrafo, “y, en su caso, de la planificación” es solo un señuelo para dummies que asocian exclusivamente planificación y sistema económico socialista. Solo la demagogia liberal puede defender que los ministerios de economía de los gobiernos, los bancos centrales y otras instituciones (estadísticas oficiales, organismos sectoriales empresariales, etc.) no llevan a cabo intentos, más o menos logrados, a pesar del carácter cíclico de las crisis capitalistas, de planificar la “economía libre de mercado”.

Pero la clave de la obscena mentira que se encuentra tras la “ilusión constitucionalista”, que promueven progres y socialdemócratas respecto a la exigencia de cumplimiento de los famosos derechos sociales, está en el diferente tratamiento que tienen los “derechos fundamentales” de la sección primera del Capítulo II, “Sobre derechos y libertades” del texto constitucional y los relativos a los “derechos” de la sección segunda, que podemos calificar de simples derechos o principios jurídicos de tipo potestativo o, para entendernos, derechos respecto a los que no existe un mandato imperativo constitucional en cuanto a su implementación.

Aclaremos un poco más de qué estamos hablando: según señala el economista marxista Diego Guerrero, “la distinción [entre ambos tipos de derechos] no es irrelevante porque, tal y como reconoce el artículo 53.2, "cualquier ciudadano podrá recabar la tutela" de los primeros "ante los Tribunales ordinarios", mientras que no ocurre lo mismo con los segundos. Pues bien, aunque curiosamente, los derechos de sindicación y huelga se incluyen entre los de la sección 1ª (art. 28), el derecho al trabajo, que debería ser previo a los citados, sólo aparece dentro de la segunda sección (en el art. 35), indicando que ningún español puede reclamar ante los tribunales su derecho al trabajo. (“Desempleo, keynesianismo y teoría laboral del valor”. Apartado 5. “El derecho al trabajo y el desempleo en la Constitución española”. Diego y Marina Guerrero)

Si el trabajo, del que emanan todos los demás derechos (pensiones, la educación, la sanidad, etc.), por ser la base sobre la que se sustenta la idea roussoniana de contrato social entre trabajadores y capitalistas dentro de las constituciones burguesas no está garantizado, imaginen lo que sucede con los derivados citados del mismo.

Tienen razón los podemitas en la idea de que el contrato social capital-trabajo ha sido roto pero no porque no se cumplan los mal llamados derechos sociales en la Constitución (en la práctica no se tienen esos derechos porque no son de obligado cumplimiento) sino porque al agotamiento del modelo keynesiano de acumulación capitalista le ha sobrevenido el de acumulación por desposesión de la que habla David Harvey (vuelta a la rapiña de la acumulación originaria señalada por Marx en relación a los bienes comunes, que aquí sería la vía privatizadora de lo público).

El fraude “ideológico” (en el peor sentido del término que le da Marx, el de representación invertida de la realidad o falsa conciencia) de podemitas, progres, charlatanes de nuevas identidades opuestas a las de las clases sociales,…) es el de vincular los supuestos derechos sociales del ya mortecino Estado del Bienestar con los Derechos Humanos, esos que pretenden que existen por el mero hecho de haber nacido y estar vivos, como si fueran compatibles con la lógica del beneficio y la inversión productiva para el capital. Su claudicación política es tan indecente que intentan enterrar el carácter histórico de las luchas de la clase trabajadora por la conquista de sus derechos (jornada laboral de 8 horas, protección social, educación pública y acceso a la cultura, etc.). Son los cómplices pequeñoburgueses y servidores del Estado capitalista, necesarios para una nueva vuelta de tuerca contra la clase trabajadora. Con su venta de la “ilusión democrática”, según la cuál lo más grave que existe en España es una falta de democracia, burguesa, juegan a patriotas de una u otra bandera, según les indiquen los zigzags enloquecidos de su oportunismo y a ocupantes parásitos de escaños del parlamento a costa de los impuestos pagados por la clase trabajadora. Lenin definió muy bien a esa ralea:

“Sólo los canallas o los bobos pueden creer que el proletariado debe primero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y que sólo después debe conquistar el poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto es sustituir la lucha de clases y la revolución por votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo poder” (V. Illich, “Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemanes”, Obras Completas, Tomo X)

Hace algún tiempo publiqué un artícuo sobre el salvaje atentado contra las pensiones que estaba realizando el brazo político temporal del capital, el PP. Se llamaba “Desmontando la trampa del fin de las pensiones públicas”. Pueden encontrarlo en la página 50 del enlace que acabo de ponerles. Estamos ya en la fase de aterrorización de la clase trabajadora o del juego de la aceptación de lo que se le viene encima, mientras la vileza burguesa y sus “granujas republicanos de la democracia” entretienen a los ingenuos y desclasados con banderas patrióticas catalanas o españolas. Se venden 17 Ínsulas Baratarias al cacique local más interesado en la oferta o, en su defecto, 17 “naciones” leales al precio de “cupos” que pagará la clase trabajadora con el sudor que le quede por ser robado. Y, mientras tanto, venga el negocio de los planes de pensiones a los que puedan pagárselas. Y al resto...que les vayan dando.