Las marchas por la dignidad que llegan hoy a Madrid se producen en un país con más de 650.000 hogares en situación de pobreza severa, según los datos de la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre de 2013 (ver gráfico). La cifra indica que 2,6 millones de personas carecen de ingresos. La pobreza severa de esos hogares (en España hay 17 millones de familias) ha sido reconocida por el Gobierno y desglosada por provincias en respuesta al diputado socialista andaluz Miguel Ángel Heredia Díaz. La situación de esas familias –más de 220.000 tienen al menos un hijo en edad escolar– mereció el miércoles pasado una pregunta de la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien se limitó a recordar que “ya había 578.000 cuando dejaron el Gobierno. La gran brecha de desigualdad social se produjo en la pasada legislatura por la falta de políticas adecuadas, y así lo dicen el Fondo Monetario Internacional y la OCDE”.
En efecto, el análisis que la OCDE difundió el miércoles sobre el periodo comprendido entre 2007 y 2010 dice que España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad y en el que peor se ha repartido el impacto de la crisis financiera y económica. Apenas se han reducido los ingresos del 10% de la población más rica mientras que el 10% de la población más pobre ha sufrido un 14% de reducción anual de su renta. Si consideramos que los ajustes más duros de la política de austeridad, los copagos y las cargas impositivas más fuertes se han producido a partir de 2011, la renta de la clase media y baja se ha reducido en más de un 30% en los dos últimos años.
Las marchas por la dignidad se producen también en un país donde los estragos de la Troika (incluido el FMI) han colocado a 11 millones de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza, según las estimaciones de la OCDE. La mencionada organización afirma que España e Italia son los dos países donde la crisis ha repercutido de un modo más desigual, pero mientras las rentas de los italianos más pudientes presentan una erosión similar a la de los españoles, la renta de los pobres ha caído mucho menos: un 4% en Italia, frente al 14% en España. Al mayor nivel de desempleo se suman aquí unas leyes desequilibradas contra los derechos de los trabajadores y una poda despiadada de las prestaciones sociales.
Al mismo tiempo que los gobernantes de la derecha política aplican el cuento del japonés Kobo Abe según el cual el ser humano es el recurso natural más abundante y barato que produce la naturaleza, la pobreza severa –hogares sin ingreso salarial ni subsidio de paro ni pensión alguna– se extiende como una mancha de aceite y afecta ya a más de 80.000 madrileños, 65.000 barceloneses, 25.000 malagueños, más de 30.000 valencianos (Ver cuadro). Las prestaciones por desempleo se han reducido 10 puntos porcentuales en dos años, ha desaparecido el subsidio a los parados de larga duración con más de 45 años, y el Gobierno ha olvidado revalorizar el salario mínimo interprofesional (645,3 euros al mes) en el bienio de Mariano Rajoy en La Moncloa.
La búsqueda de empleo y de una vida digna está llevando a miles de jóvenes al exilio económico. Los datos que difundió el jueves el Instituto Nacional de Estadística sobre los españoles registrados en el extranjero indican que la emigración creció en más de 40.000 personas el último año y que la población residente fuera supera los dos millones (2.058.048 a 1 de enero de 2014). El incremento de los registros en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero fue del 6,6% en los últimos doce meses (126.800 personas), si bien dos de cada tres inscripciones corresponden a españoles nacidos fuera.
Si los datos sobre la escalada de la pobreza y sus consecuencias (contratos precarios, desahucios, penuria energética con dos millones de hogares a los que cortaron la luz o el gas por no poder pagar la factura), sólo han servido hasta ahora para que el Ejecutivo impute el daño a sus antecesores, existe el riesgo de que la pacífica reivindicación de la dignidad por parte de los cientos de miles de personas llegadas a Madrid sea acogida con sordina y reciba un mero trato policial, como avanzó el viernes la delegada del Gobierno, Cistina Cifuentes, con alarmista intención. Sería un error: no solo son datos, son personas.
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