LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANGRE

Luisa Lores Agüin. Nueva Tribuna

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la privatización de la gestión de las donaciones de sangre, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros (67 euros por donación).

La crisis económica disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso

Realizar cualquier crítica a la gestión de la donación y del uso de la sangre humana conlleva gran responsabilidad, ya que la sangre es un bien imprescindible y gracias a su donación altruista muchas personas logran recuperar su salud y salvar su vida, pero precisamente por eso debemos exigir la mayor transparencia y evitar cualquier suspicacia.

A finales de la década de los 80 y principios de los 90 las empresas privadas que comerciaban con sangre humana contrataron a donantes de alto riesgo en EEUU, incluyendo presos y consumidores de drogas inyectables y trataron con productos derivados de estas donaciones a personas afectadas de hemofilia en muchos países, entre ellos España, sin realizar los controles pertinentes, provocando miles de contagios de hepatitis y VIH.

Las compañías farmacéuticas implicadas lograron acuerdos extrajudiciales para evitar la mayor parte de las demandas, pero la alarma creada impulsó la prohibición de comerciar con sangre humana y la generalización de las donaciones voluntarias y no remuneradas.

A pesar de estos graves hechos y de que la OMS sigue alertando sobre la inseguridad asociada a la mercantilización de la sangre y se ha marcado el objetivo de que todos los países obtengan sus suministros de sangre de donantes voluntarios no remunerados entre 2014 y 2020, Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty caminan en dirección opuesta y acaban de aprobar la privatización de la gestión de las donaciones de sangre en la comunidad madrileña, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros (67 euros por donación)

La Cruz Roja es una institución privada patrocinada por grandes empresas españolas y aunque las personas voluntarias son merecedoras de gran respeto no sucede lo mismo con su presidente, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, un banquero que compatibilizaba hasta hace unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la presidencia de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración de BFA/Bankia.

Por otra parte, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno como Francia y Holanda, donde la fabricación de hemoderivados corre a cargo del sistema público, en España este proceso está en manos de la compañía farmacéutica (CF) Grifols, Multinacional catalana vinculada a fondos de inversión, que además de recibir gratuitamente el plasma donado por la población española, importa plasma de USA para elaborar hemoderivados para el mercado Europeo.

Esta CF tiene gran interés en disponer de cantidades suficientes de plasma sin necesidad de importarlo desde el otro lado del atlántico, así que su presidente Victor Grifols ha solicitado al gobierno de España la legalización del comercio de la sangre. “Me comprometo a pagar 60 o 70 euros por donante a la semana, lo que sumado al paro es una forma de vivir”.

La privatización iniciada en Madrid abre las puertas a este mercado y facilita el acuerdo comercial entre Grifols y la Cruz Roja. Tanto el gobierno madrileño como las empresas privadas saben que estos hechos pueden generar desconfianza entre los donantes y disminuir su número, pero las nuevas tecnologías permiten incrementar la producción por donante, ya que la reintroducción de los hematíes tras la extracción de la sangre evita la anemia y posibilita realizar dos donaciones semanales y hasta 24 anuales, frente a las 3 ó 4 permitidas con el método convencional. Además, la crisis económica disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso, como ya ocurrió en épocas a las que creímos no regresar, posibilitando una gran oportunidad de negocio para la  industria privada, a costa de desgajar otro servicio esencial del SNS y de una enorme pérdida para la credibilidad y la seguridad de la gestión de la sangre en España, que costará mucho recuperar.

Se da la circunstancia de que el presidente de Cruz Roja no ha dimitido ni tampoco ha sido destituido por la cúpula de su organización a pesar de su imputación en el caso Bankia, el mismo banco que ha hecho perder sus casas y sus ahorros a los mismos madrileños a los que ahora se les conmina a vender su sangre para sobrevivir.

Hay que exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, la paralización del convenio de la Comunidad de Madrid con la Cruz Roja y la gestión pública de la totalidad de las donaciones de sangre.