Alvaro Rein | Sin Permiso
Desde la crisis del euro y de la deuda pública Europea de Mayo del 2010 las clases dirigentes europeas han acelerado notablemente su proyecto de rediseñar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) Europeo y el sistema entero de gobierno económico europeo.
La motivación es obvia: evitar que el sistema vuelva a encontrarse al borde del precipicio si emergen nuevos episodios de inestabilidad como los suscitados por la crisis griega de Mayo.
Este era el empeño principal de la reunión de los líderes de la UE del 28-29 de Octubre en Bruselas, que aprobó las propuestas del ´task force on economic governance´.
Los contenidos de las propuestas se pueden dividir en dos grandes áreas: 1) endurecer notablemente la disciplina fiscal impuesta por el PEC sobre los gobiernos de la zona euro; 2) crear un mecanismo permanente de resolución de crisis que sustituya al Fondo de Estabilidad Financiera Europea (EFSF por sus siglas en inglés) y al Mecanismo de Estabilidad Financiera Europea (EFSM por sus siglas en inglés) que fueron creados en Mayo de 2010 pero que caducan a mediados de 2013. Además de esto se empieza a discutir sobre la propuesta alemana de crear un mecanismo que permita la reestructuración y el impago de la deuda pública.
Como es habitual en la Europa de las elites, los líderes de Alemania y Francia (Merkel y Sarkozy) se pusieron antes de acuerdo sobre los principios básicos de estas propuestas en su reunión de Deauville del 18 de Octubre de 2010, como se puede consultar en la declaración conjunta franco-alemana que emitieron ese mismo día.
Para convencer a los ingleses de que apoyasen las propuestas en el Consejo Europeo y permitiesen una reforma del Tratado de Lisboa bastó que Merkel le prometiese a Cameron una drástica reducción en el aumento anual previsto del presupuesto de la UE, que ahora crecerá en un 2,9% en vez de un 6%. A pesar de que Inglaterra estaría exenta de la aplicación de las sanciones por incumplimiento del PEC que propone Alemania (gracias al Protocolo 15 del Tratado de Lisboa), podría bloquear la aprobación de dichas propuestas en el Consejo Europeo. Por lo que Cameron aprovechó la ocasión para emplear a fondo su posición de fuerza y obtener contrapartidas a cambio de apoyar medidas que en cualquier caso no iban a afectar a Inglaterra. Así se trapichea en las esferas más altas de la UE con las políticas que afectan a millones de ciudadanos.
¿Pero de qué tratan estas propuestas exactamente?
En lo que concierne a la disciplina fiscal, estamos ante el rediseño más importante del PEC desde el tratado de Maastricht.
El task force, por ejemplo, propone crear un mecanismo de coordinación ex-ante de las políticas macro y fiscales de los países de la zona euro. Este mecanismo obligará a los gobiernos de cada país a consultar con la Comisión Europea y el Consejo de ministros europeos los presupuestos nacionales antes de que se hayan siquiera discutido en el parlamento del país. Propone además obligar a los gobiernos a incluir las recomendaciones de la Comisión/Consejo en la propuesta presupuestaria que los gobiernos presenten a sus parlamentos nacionales. Un ataque en toda regla contra la soberanía y la democracia nacionales.
Endurecer y facilitar (a través de un proceso sancionador más rápido y automático) la aplicación de sanciones a los países que incumplan el pacto de estabilidad. Ahora ya no bastará con reducir el déficit por debajo del 3%, sino que además tienes que convencer a la Comisión de que vas a ser capaz de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB de manera sostenible y rápida. Además, las sanciones se podrán aplicar si la mayoría del Consejo no se opone a ello (reverse majority rule), no si la mayoría del Consejo está de acuerdo con ello.
Al Presidente de la UE, Van Rompuy, se le encarga que siga estudiando la posibilidad de suspender el derecho de voto a los países que incumplan el pacto de estabilidad. La idea es que, como acabar aplicándole multas financieras significativas a los países que incumplan el PEC (países que en tales situaciones seguramente ya se encontrarían en dificultades económicas importantes) puede convertirse en algo complicado de hacer en la práctica, quizás acabe siendo más eficaz aplicarles sanciones políticas sustitutorias. Esta es una de las famosas propuestas controvertidas de Alemania (Merkel) ante la que el presidente de Comisión Europea (Barroso) se rasgaba las vestiduras durante la reunión del Consejo Europeo.
Desde el punto de vista de la gestión eficaz de la Europa neoliberal, uno puede imaginarse lo que le haría a la ya maltrecha legitimidad popular de la UE en los países afectados por tales sanciones políticas la aplicación de una medida así. El descontento popular que suscitaría sería sin duda algo arriesgado de gestionar políticamente para cualquier gobierno. Quizás más importante para el buen gobierno de la Europa neoliberal sería el riesgo de que una medida así suscitaría una importante desconfianza y resentimiento por parte de las elites políticas de la UE del país afectado y que posiblemente debilitaría la solidaridad entre las clases dirigentes europeas en el futuro.
El task force propone también crear un nuevo marco de ´surveillance´ macroeconómico para vigilar a los países (como España por ejemplo) que acumulen desequilibrios por cuenta corriente y desequilibrios competitivos importantes. La propuesta permitiría, además, que se sancione a los países que no implementen las recomendaciones de la Comisión y el Consejo para corregir esos desequilibrios. Asegurar la estabilidad fiscal en cada país de la zona euro es demasiado complejo como para confiarlo en unas simples reglas fiscales mecánicas como las contenidas en el PEC. La crisis demostró que países como España, que aparentemente cumplen con todos los criterios del PEC, pueden desmadrar sus cuentas públicas de un día para otro en situaciones de crisis económica como la que acabamos de vivir y crear problemas para la estabilidad financiera de la zona euro. Por ello hay que ampliar el campo de análisis preventivo para tener en cuanta también aquellos desequilibrios macroeconómicos y competitivos que amenacen con destrozar las cuentas públicas en una situación de crisis. Un ejemplo, las cuentas públicas españolas aparentemente eran sólidas al iniciarse la crisis pero esta solidez se basaba en el aumento de la recaudación fiscal que había producido un modelo de crecimiento insostenible construido sobre una burbuja del sector inmobiliario y de la construcción. Vigilar los desequilibrios que van más allá de lo puramente fiscal es un poco la idea detrás de esta propuesta.
Se propone crear un mecanismo permanente para la resolución de futuras crisis ‘a la griega’ y reformar el tratado de Lisboa para darle cabida. Ésta es otra de las propuestas estelares de Alemania. Las clases dirigentes alemanas tienen un problema: según ellas cualquier plan de rescate de gobiernos de la zona euro acabará siempre inevitablemente teniendo que ser financiado en su mayor parte por sus propios contribuyentes. Esto ya les acarreó serios problemas a la hora de convencer al público alemán de que era necesario crear mecanismos como el EFSF y el EFSM en mayo para salvar a países en situaciones como las de Grecia, aunque solo fuese por el bien mayor de la estabilidad del capitalismo europeo. Lo consiguieron solo a cambio de numerosas condiciones, entre las cuales se encontraba la premisa de que estos mecanismos serían solo temporales y que se les impondrían duras condiciones de ajuste a los países receptores de estas ayudas para que se ´espabilasen´ y no hubiese una próxima vez. El Tribunal Constitucional alemán estuvo a punto de bloquear, por inconstitucional, la participación alemana en el EFSF y solo lo permitió al final bajo la premisa de que se trataría solo de medidas ´temporales´. El problema es que nadie se espera que las crisis del capitalismo europeo se acaben para siempre en 2013, ni que mecanismos como el PEC, por muy duros que sean, puedan realmente desterrar cualquier posibilidad de que se produzcan nuevas crisis fiscales europeas en el futuro.
La única forma que tiene Merkel de ´blindarse´ legalmente ante la amenaza del Tribunal Constitucional alemán es que la existencia de un mecanismo de resolución de crisis permanente esté amparado legalmente por el tratado de Lisboa. El problema para el resto de las elites europeas es que la última vez que se intentó reformar los tratados de la UE se abrió una caja de Pandora muy arriesgada de controlar políticamente (como por otra parte sucede cada vez que se le da la oportunidad a la ciudadanía europea de decir lo que realmente piensa de la UE) y se tardó más de ocho años en llegar al actual tratado de Lisboa.
Por lo visto, en medio de este dilema entra en escena el Presidente de la UE Van Rompuy para calmar a las clases dirigentes diciéndoles que no se preocupen, que se puede reformar el tratado de Lisboa a través de un fast track approach y legislación secundaria basados en los artículos 48.6 y 48.7 del tratado de Lisboa, que evitaría tener que recurrir a cosas desagradables como referenda populares en países como Irlanda y Dinamarca y quizás también pueda evitar tener que pedir aprobación parlamentaria en cada uno de los países miembros de la UE.
La propuesta alemana de crear un marco que permita el impago y la reestructuración ordenada de la deuda pública en la zona euro divide a las clases dirigentes Europeas. Las recomendaciones del ´task force´ aluden a esta propuesta controvertida solo de un modo tangencial y abstracto refiriéndose solo ´...al papel del sector privado´. La declaración de Deauville del 18 de Octubre de Sarkozy y Merkel habla de ´...una participación adecuada de los acreedores privados...’.
Sin embargo, la idea general alemana está bastante clara. Se trata de incluir al lado de la cláusula que establezca un mecanismo permanente de resolución de crisis otro mecanismo que permita impagos y una reestructuración ordenada de la deuda de los países que cometan impago. De acuerdo con los informes de la prensa, los alemanes están pensando en permitir la prolongación del vencimiento de la deuda o la congelación de los pagos de intereses sobre la deuda en aquellos casos en los que los gobiernos se vean en dificultades de poder seguir pagando. Es decir, una suspensión temporal de los derechos de los acreedores y posiblemente también una renegociación de la deuda en la que los acreedores reciban al final del día menos del 100% de lo que se les debe. El gobierno Finlandés ha lanzado también una propuesta que incluya las llamadas ‘cláusulas de acción colectivas´ que impidan que una minoría de acreedores bloquee un plan de reestructuración de deuda.
Desde el punto de vista del gobierno alemán, como es imposible fiarse de sus socios ‘despilfarradores’ europeos (particularmente, los de la llamada ´periferia´) y no han conseguido imponer su plan inicial –que las sanciones por incumplimiento del PEC se impusiesen de modo totalmente automático, sin siquiera tener que recurrir a una votación del Consejo (evitando así posibles negociaciones de última hora entre ´políticos´ para eludir la aplicación de sanciones)—, hay que fomentar que sean los propios mercados los que sancionen y dobleguen a los gobiernos que incumplan el PEC. Y esto ¿cómo se consigue? Fácil, se le hace creer al mercado que el impago es una posibilidad real y que los alemanes no van a estar siempre allí para rescatar a futuras grecias. Con lo cual los mercados de deuda empezarán a ponerle precio a este riesgo y a hacer pagar tipos de interés más elevados a los países mas ‘irresponsables’ con sus cuentas públicas.
Esta propuesta no podría ser más controvertida entre las clases dirigentes. El presidente del BCE, Trichet, por ejemplo, ya ha puesto el grito en el cielo y se opone con uñas y dientes, aunque poco puede hacer para impedirlo si los ‘malditos políticos’ en cuyas manos están al final las decisiones más importantes de como gestionar el capitalismo europeo llegan a un acuerdo entre ellos. Para colmo, el gobernador del banco central alemán y candidato favorito a sustituir a Trichet, Axel Weber, va por ahí dando discursos y argumentando en favor de la propuesta alemana de crear un mecanismo de reestructuración e impago ordenado de la deuda. El propio boletín de octubre del banco central alemán contiene una discusión en favor de las ventajas que puede acarrear permitir, bajo determinadas circunstancias, el impago y la reestructuración ordenada de la deuda pública.
Desde el punto de vista de Trichet, se está jugando con fuego de manera irresponsable. Hablar de permitir el impago no solo puede llevar a que cunda el pánico en los mercados financieros al menos de manera temporal en una situación de fragilidad como la actual. De hecho, la semana pasada los mercados iniciaron una nueva ronda de ventas de deuda griega que rompía con la tendencia de estrechamiento de la prima de riesgo de la deuda griega que se había conseguido en semanas anteriores con las distintas medidas Europeas de apoyo al país. Esta oleada de ventas también salpicó a Irlanda y Portugal (aunque en esos dos países había también causas interiores que influyeron en las ventas), ya que los inversores justamente se empezaban a plantear que si se habla de la posibilidad de permitir un impago en Grecia mejor ir preparándose también para otros impagos en Portugal e Irlanda.
Permitir el impago llevaría a enquistar la percepción de los mercados de que efectivamente creer en la posibilidad de crear un marco capaz de imponer la disciplina fiscal en la zona euro es solo una utopía y que al final habrá que ponerle un precio totalmente distinto a la deuda de cada uno de los países de la zona euro de modo permanente. Es decir que esto de la coordinación y homogenización de las políticas fiscales para permitir que funcione de manera efectiva un área económica común con una moneda única es un cuento chino en el que no creen ni los propios líderes europeos. Esta perspectiva es la que más temen los detractores de la propuesta alemana. Su contrapropuesta es sencilla: más disciplina fiscal a través del endurecimiento del PEC, y ni hablar de impago, que contradice la credibilidad de la primera propuesta.
Ante este debate y las distintas propuestas, uno se pregunta qué esta proponiendo como alternativa la izquierda que no estén ya discutiendo o hayan ya puesto en práctica las clases dirigentes para salvar su sistema. Como se puede ver, las propuestas de impago y reestructuración de deuda que proponen varios economistas de izquierda son perfectamente asumibles desde una de las visiones existentes de gestión del neoliberalismo capitalista, el cual, encima, las tiene bastante mejor concretadas. Otras propuestas que se realizaron desde la izquierda como la de pedir que el BCE comprase deuda pública ya ha sido puesta por obra por el BCE, a fin de garantizar la estabilidad del sistema. Se demuestra una vez más que la clase dirigente capitalista en momentos de crisis es mucho más flexible en la aplicación de sus dogmas que la izquierda, sobre todo cuando de lo que se trata es de salvar su sistema.
Ante este panorama, se plantea con urgencia que desde la izquierda social y política se empiece ya a proponer alternativas de envergadura para crear una Europa alternativa a la del neoliberalismo.
Álvaro Rein es el heterónimo de un analista económico que colabora regularmente con Sin Permiso en temas de política financiera europea.
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