HUELGAS CONTRA UN GOLPE DE ESTADO FINANCIERO EN TRANCE DE OBLIGAR A EUROPA SUICIDIO ECONÓMICO, DEMOGRÁFICO Y FISCAL

Michael Hudson

NOTA DEL AUTOR DEL BLOG: Aunque los acontecimientos que narra el autor del presente artículo Michael Hudson aluden a fechas ya pasadas, pero recientes, reproducimos su artículo por su alto nivel de interés analítico. Espero que lo disfruten como yo mismo lo he hecho.

“La Comisión Europea está utilizando la crisis bancaria hipotecaria –y la innecesaria prohibición de que  los bancos centrales financien los déficits públicos—como una oportunidad para penalizar, y aun llevar a la quiebra, a los gobiernos, si éstos se niegan a hacer retroceder los salarios. (…) los planificadores neoliberales han venido expresando la esperanza de que unos salarios más bajos en el sector público traigan consigo unos salarios más bajos en el sector privado. El objetivo es hacer retroceder los salarios un 30% o más, a niveles de depresión, pretendiendo que eso ‘dejará más excedente’ disponible para pagar el servicio de la deuda. No habrá tal, huelga decirlo. Se trata simplemente de un malévolo proyecto para revertir la era de reformas democrático-sociales que conoció Europa en el siglo pasado. Europa, tal es el designio, ha de ser convertida en una república bananera por la vía de gravar fiscalmente al trabajo, no a

las finanzas, ni a las aseguradoras, ni al sector inmobiliario. Y los gobiernos tienen que imponer una carga fiscal más pesada al empleo y al comercio, al tiempo que recortan las pensiones y otros gastos públicos. Este es el mensaje de la Comisión Europea a los distintos gobiernos de la UE: “O te unes a la lucha contra el mundo del trabajo, o te destruiremos”. Eso precisa de una dictadura, y el Banco Central Europeo (BCE) se ha arrogado ese poder, arrebatándoselo a los gobiernos electos.”

El grueso de la prensa ha descrito las manifestaciones y las huelgas obreras europeas del miércoles del pasado 29 de septiembre en términos de una acción común y corriente, con trabajadores del transporte provocando la irritación de los pasajeros con interrupciones y ralentización de servicios, así como con muchedumbres prendiendo fuegos a modo de desahogo. Pero la cosa es mucho más profunda que una mera reacción al desempleo y la recesión económica. Pues lo que anda en juego son propuestas para alterar drásticamente las

leyes y la estructura de funcionamiento de la sociedad europea para la próxima generación. Si triunfan los fuerzas hostiles al mundo del trabajo, quebrarán el espinazo de Europa, destruirán el mercado interno y convertirán al continente en un remanso de agua embalsada. Así de graves son las consecuencias del golpe de Estado financiero. Y mucho más grave serán, y a no tardar. Como ha dejado dicho John Monks, el jefe de la Confederación Sindical Europea: “Esto es sólo el comienzo de la lucha, no su final”.

España ha recibido la mayor atención, gracias a su Huelga General de diez millones de personas (la mitad del total de su fuerza de trabajo). Con esa Huelga, la primera desde 2002, la fuerza de trabajo española protestaba contra la política de su gobierno socialista, consistente en servirse de la crisis bancaria (generada por préstamos inmobiliarios de mala calidad y por la morosidad, no por unos costes laborales altos) como ocasión para cambiar las leyes y permitir que las empresas privadas y los entes públicos puedan despedir de barato y más discrecionalmente a los trabajadores, así como reducir las pensiones y el gasto social a fin de pagar más a los bancos. Portugal está haciendo lo mismo, y todo indica que Irlanda seguirá idéntico camino: y todo eso, en países cuyos bancos han sido prestamistas superlativamente irresponsables. Los banqueros exigen que se reconstruyan sus reservas de préstamo a costa de los trabajadores, al modo como lo está haciendo aquí el programa aplicado por el presidente Obama, pero sin las pretensiones santurronas de éste.

El plan más hostil a los trabajadores desde los años 30

El problema afecta a toda Europa, y ha tenido efectivamente su centro en la capital de la Unión Europea, Bruselas, a donde entre 50 mil y 100 mil trabajadores acudieron para protestar contra la propuesta de alterar las reglas sociales. Sin embargo, ese mismo día, la Comisión Europea se libró al diseño de una guerra en toda línea contra el mundo del trabajo. Se trata del plan de campaña más hostil a los trabajadores desde los años 30, aún más extremo que los Planes de Austeridad impuestos en el pasado al Tercer Mundo por el FMI y el Banco Mundial.

La Comisión Europea está utilizando la crisis bancaria hipotecaria –y la innecesaria prohibición de que los bancos centrales financien los déficits públicos— como una oportunidad para penalizar, y aun llevar a la quiebra, a los gobiernos, si éstos se niegan a hacer retroceder los salarios. Se pide a los gobiernos que tomen prestado a interés de los bancos, en vez de aumentar sus ingresos gravando fiscalmente a esos mismos bancos, según hacían hace medio

siglo, tras el final de la II Guerra Mundial. Unos gobiernos incapaces de recaudar fiscalmente dinero para pagar los intereses están inevitablemente obligados a cerrar el grifo de sus programas sociales. Y si eso trae consigo el encogimiento de la economía –y por lo tanto, el de los ingresos fiscales del estado—, tanto más tendrá que seguir reduciéndose el gasto social público.

Desde Bruselas hasta Letonia, los planificadores neoliberales han venido expresando la esperanza de que unos salarios más bajos en el sector público traigan consigo unos salarios más bajos en el sector privado. El objetivo es hace retroceder los salarios un 30% o más, a niveles de depresión, pretendiendo que eso “dejará más excedente” disponible para pagar el servicio de la deuda. No habrá tal, huelga decirlo. Se trata simplemente de un malévolo proyecto para revertir la era de reformas democrático-sociales que conoció Europa en el siglo pasado. Europa, tal es el designio, ha de ser convertida en una república bananera por la vía de gravar fiscalmente al trabajo, no a las finanzas, ni a las aseguradoras, ni al sector inmobiliario. Y los gobiernos tienen que imponer una carga fiscal más pesada al empleo y al comercio, al tiempo que recortan las pensiones y otros gastos públicos.

Este es el mensaje de la Comisión Europea a los distintos gobiernos de la UE: “O te unes a la lucha contra el mundo del trabajo, o te destruiremos”. Eso precisa de una dictadura, y el Banco Central Europeo (BCE) se ha arrogado ese poder, arrebatándoselo a los gobiernos electos. Su “independencia” respecto del control político se celebra como “hito de la democracia” por la nueva oligarquía financiera de nuestros días. Tal neolengua mendaz trae al recuerdo la idea de Platón, según la cual la oligarquía es simplemente la etapa política que viene a suceder a la democracia. El próximo paso de la nueva elite en el poder en ese eterno triángulo político es hacerse a sí propia hereditaria –para principiantes: abolir los impuestos a los bienes raíces—, y convertirse en aristocracia.

Y, en efecto, se trata de un juego viejísimo. Llegó la hora, o tal parece, de dejar de lado a Adam Smith, a John Stuart Mill y a los teóricos de la Era Progresista, por no hablar de Marx y de Keynes. Europa va camino de meterse en una era de dominación neoliberal totalitaria. Contraeso se movilizaban las huelgas y las manifestaciones del pasado 29 de septiembre. La guerra de clases ha regresado a la vida económica europea. ¡Y con creces!

Un suicidio económico impulsado por la dictadura del BCE

Es un suicidio económico, pero lo cierto es que la UE está exigiendo a las gobiernos de la eurozona que mantengan sus déficits por debajo del 3% del PIB, y su deuda total, por debajo del 60%. El pasado 29 de septiembre la UE aprobó una ley para multar a los gobiernos con una suma equivalente al 0,2% de su PIB si no logran imponer este tipo de austeridad fiscal y “controlar” sus déficits presupuestarios. Las naciones que hagan empréstitos para financiar un gasto contracíclico de “estilo keynesiano” que eleve su deuda pública por encima del 60% del PIB tendrán que reducir el exceso en un 5% anual, o sufrir un duro castigo. La Comisión Europea penalizará a los Estados de la eurozona que no se plieguen a estas recomendaciones neoliberales, supuestamente con el objetivo de “corregir” los equilibrios presupuestarios.

La verdad es que toda “cura” neoliberal no hace sino empeorar las cosas. Pero, lejos de entender el incremento de los niveles salariales y de vida como una condición necesaria de la productividad del trabajo, la Comisión de la UE pretende “controlar” los costes laborales partiendo del dogma de que los aumentos salariales dañan, no benefician, la competitividad. Si los euromiembros no pueden devaluar su moneda, entonces, pretendidamente, no queda sino hostigar al mundo del trabajo; no gravar fiscalmente los bienes raíces, las finanzas u otros sectores rentistas; no regular los monopolios; no suministrar servicios públicos que puedan privatizarse (aun a costes muy superiores). Se pretende que la privatización no está condenada a dañar la competitividad; sólo los incrementos salariales, con independencia de cualquier consideración de productividad.

La privatización financiera y el monopolio de la creación de crédito que los gobiernos han consentido a los bancos se dispone ahora a pasar factura: el precio es la quiebra de Europa. A diferencia de lo que ocurre con cualquier otro banco central del mundo, la Carta del Banco Central Europeo –que está libre de cualquier control político democrático, pero no del control de aquellos de sus miembros que proceden de la banca comercial privada— prohíbe expresamente la financiación de la deuda pública. Los gobiernos se ven, así pues, forzados a

tomar prestado de los bancos privados, los cuales crean desde sus computadores una deuda reportadora de intereses que podría perfectamente crearse por la banca pública a coste cero.

Los miembros del Banco Central Europeo, a quienes nadie ha elegido para el cargo, han arrebatado a los gobiernos electos el poder de planificación. Obligado para con sus comitentes financieros, el Banco Central Europeo ha convencido a la Comisión Europea para que vaya en apoyo del verdadero asalto al poder acometido por la nueva oligarquía. Esa destructiva política ha sido experimentada sobre todo con los bálticos, usados a modo de conejillos de indias para comprobar hasta qué punto puede oprimirse al mundo del trabajo, antes de que comience a responder combativamente. Letonia dio rienda suelta a las políticas neoliberales imponiendo impuestos planos del 51% (y más) al trabajo y dejando prácticamente libres de presión fiscal a los bienes raíces. Los salarios del sector público han sido reducidos en un 30%, empujando ala emigración en tropel a población en edad de trabajar (entre 20 y 35 años). Eso, obviamente, ha llevado al desplome de los precios inmobiliarios y de la recaudación fiscal. La esperanza de vida de los varones se está acortando, aumentan las tasas de enfermedad y se contrae el mercado interno. Lo mismo que en el conjunto de la población europea; como en los años 30, cuando el “problema demográfico” no era otra cosa que un desplome de la fertilidad y de las tasas de natalidad (sobre todo en Francia). Eso es lo que ocurre en una depresión.

Experimentos neoliberales en Islandia, Grecia y Letonia

Vino, primero, el saqueo de Islandia por parte de los banqueros, pero la gran noticia fue Grecia. Cuando esta nación entró en su actual crisis fiscal, generada por la falta de presión fiscal sobre los ricos, los funcionarios de la Unión Europea le recomendaron que imitara a Letonia, que sigue siendo el emblema de referencia de la devastación neoliberal. La teoría básica es que, en la medida en que los miembros del euro no pueden devaluar su moneda, tienen que someterse a una “devaluación interna”: al drástico recorte de salarios, pensiones y gasto social. Así, a medida que Europa entra en recesión, sigue precisamente lo contrario de las políticas keynesianas. Reduce salarios, manifiestamente con vistas a “liberar” más ingreso con que pagar las deudas que los europeos han contraído para comprar sus hogares y sufragar la carrera universitaria de sus hijos (hasta ahora suministrada gratuitamente en muchos países, como en la Stockholm School of Economics de Letonia), el transporte y otros servicios públicos. Muchos de esos servicios han sido privatizados, lo que ha traído consigo el drástico incremento de su precio. Los privatizadores justifican eso apuntando a las enormes cargas financieras que tienen que pagar a banqueros y aseguradoras a fin de obtener el crédito necesario para comprar la infraestructura que les fue vendida por los gobiernos.

Así pues, Europa está en trance de cometer un suicidio económico, demográfico y fiscal. Tratar de “resolver” el problema al estilo neoliberal sólo empeora las cosas. Los trabajadores letones del sector público, por ejemplo, vieron reducidos sus salarios el año pasado en un 30%, y las autoridades del banco central letón me dijeron que tratan de forzar nuevos recortes, en la esperanza de que eso presionará también a la baja los salarios del sector privado. Lo mismo, como dicho, esperan los neoliberales que ocurra en otros países de Europa.

Cerca de 100.000 letones se reunieron en asambleas y manifestaciones de protesta sólo en la pequeña ciudad de Daugavilpils en el contexto de una “Jornada de crisis” convocada a escala nacional. En la capital de Letonia, Riga, el Día de Acción convocado para el miércoles 29 de septiembre se celebró parando el transporte y dando bocinazos durante 10 minutos a las 13 horas para hacer saber a la opinión pública que algo estaba pasando. Seis sindicatos independientes y el Centro para la Armonía organizaron una manifestación de protesta en el Parque de la Explanada de Riga, a la que acudieron entre 700 y 800 personas, una cifra relativamente grande para una ciudad pequeña. Otra protesta sindical reunió a la mitad de personas ante el Consejo de Ministros que planeó y puso por obra el programa de austeridad.

Lo más importante ahora son la elecciones al Parlamento nacional del sábado, 2 de octubre. La principal coalición, la izquierda del Centro de la Armonía, está comprometida programáticamente con la puesta por obra de una política fiscal y económica alternativa a las políticas neoliberales que tan radicalmente han reducido los salarios de los trabajadores y empeorado las condiciones de trabajo en la última década. Hace unos días, una gira en autobús acercó a los periodistas hasta las víctimas más visibles de esas políticas: escuelas y hospitales cerrados, edificios públicos cuya fuerza de trabajo ha sido jibarizada y cuyos empleados subsistentes han visto drásticamente reducidos sus salarios.

Todas esas manifestaciones parecen haber ganado la simpatía de los votantes para los sindicatos más militantes, encabezados por las cien secciones pertenecientes a la Asociación Sindical Independiente. La otra unión sindical –la Unión de Sindicatos Libres (LBAS, por sus siglas en letón)— se desacreditó al allanarse, en junio de 2010, a la propuesta gubernamental de recortar en un 10% las pensiones (en realidad, en un 70% para los pensionistas que trabajan). El Tribunal Constitucional letón fue lo bastante independiente como para anular esos drásticos recortes el pasado mes de diciembre de 2009. Y si el gobierno cambia efectivamente de manos el próximo sábado, 2 de octubre [la coalición de la izquierda, Centro de Armonía, quedó en segundo lugar, con un 26% del sufragio y 29 escaños en la Saeima, el parlamento letón; T.], se hará explícito el conflicto entre la revolución neoliberal y los dos últimos siglos de reformas progresistas.

Una lucha política a muerte por imponer ahora en Europa lo que el neoliberalismo empezó imponer en EEUU a partir de 1979

En suma: la revolución neoliberal busca lograr en Europa lo que se logró en los EEUU a partir de 1979, cuando se interrumpió el crecimiento salarial: desde entonces, la proporción de riqueza en manos del 1% más rico de la población se ha doblado. Condición necesaria de lo cual es la reducción a la pobreza de la clase media trabajadora, la quiebra del poder sindical y la destrucción del mercado interior.

El programa de la coalición Centro de la Armonía muestra que hay un camino mucho más fácil que el recorte salarial para reducir a la mitad el coste del trabajo: consiste, sencillamente, en desplazar la carga fiscal del mundo del trabajo a los bienes raíces y a los monopolios (especialmente a los de la infraestructura privatizada). Eso dejará menos excedente económico libre para su capitalización en forma de préstamo bancario, lo que se traducirá entonces en una bajada del precio de la vivienda (el factor más determinante del coste de la vida), así como del precio de los servicios públicos. (Los propietarios de los monopolios de los servicios públicos privatizados se verían impedidos de sumar la carga de los intereses a los costes del desarrollo de su negocio. La idea es incentivarlos para que sean financieramente rentables. Si quieren pedir prestado o no, es una decisión empresarial suya, no una decisión que tenga que financiar ningún gobierno.) La deductibilidad fiscal será anulada: no hay nada en el presente subsidio fiscal que venga “dictado por la lógica del mercado”. (Puede verse ese programa políticoeconómico pulsando: rtfl.lv.)

Lo que no ofrece duda es que las economías postsoviéticas se verán obligadas a salir de la zona euro para evitar una fuga de trabajo y de capital. Ellas constituyen el ejemplo más extremo del experimento neoliberal concebido para ver hasta qué punto es capaz aguantar una población la destrucción de sus niveles de vida antes de rebelarse.

Ello es, sin embargo, que hasta ahora los neoliberales disponen del control total de la burocracia y están volviendo a dar vida a la consigna de Margaret Thatcher: “No Hay Alternativa (TINA, por sus siglas en inglés). Pero sí hay una alternativa, huelga decirlo. En las pequeñas economías bálticas, los partidos pro-trabajo están presionando a los gobiernos para volver a desplazar de nuevo la carga fiscal de los empleados y los consumidores hacia la propiedad inmobiliaria y la riqueza financiera. Las deudas mal contraídas, que rebasan toda posibilidad razonable de ser satisfechas, deben depreciarse. Puede que sea necesario dejar que los bancos se hundan (son principalmente bancos suecos), aun si eso significa salir del euro. La cuestión es: ¿quién tiene que sucumbir? ¿Los bancos o el trabajo? Los políticos europeos se percatan ahora de que esto es verdaderamente una lucha a muerte.

Ésa es la ideología que ha venido a reemplazar a la democracia social.

Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Su dedicación a los problemas de las economías postsoviéticas, y especialmente la letona, le ha llevado a ser comisionado recientemente, por parte de la coalición de izquierda letona Centro de la Armonía, como economista jefe de la Reform Task Force Latvia, un think tank encargado de elaborar una política económica alternativa para ese país báltico. Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009).

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

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www.sinpermiso.info, 10 octubre 2010 [Fuente original: New Economic Perspectives, 30 septiembre 2010]