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NOTA DEL EDITOR DE ESTE BLOG:
La información que
les hago llegar este sábado es especialmente grave por lo que implica. No se
trata sólo de que la venta de historiales clínicos constituya un ataque
demoledor al derecho a la privacidad de los pacientes clínicos, lo que, en
muchos casos, podría afectarles de forma muy lesiva a sus relaciones con el
mundo, sino de que dicha cesión a entidades privadas puede facilitar que tanto
empresas a la hora de contratar como mutualidades médicas utilicen dicha
información de forma muy discriminatoria, decidiendo las empresas quiénes son
susceptibles de integrar sus plantillas, en un mundo en el que el trabajo se ha
convertido en un bien tan escaso, o a quienes aceptar la solicitud de contrato
de una póliza sanitaria, por parte de las aseguradoras privadas de salud, en
función de sus previsiones de coste-beneficio por paciente. Ello es
especialmente grave cuando la sanidad pública está siendo destruida y saboteado
por una derecha con más que demostradas conexiones con intereses privados.
Por último, y en
relación con el último párrafo del artículo, en el que se amplían a “gobiernos
socialdemócratas” las responsabilidades en el diseño de las políticas liberales
en materia de sanidad es necesario aclarar a quien hace estas declaraciones, una
responsable de ATTAC, que socialdemócratas no son los partidos autodenominados
socialistas, como el PSOE. Éste y sus partidos hermanos europeos son
social-liberales, algo bastante más a la derecha de la socialdemocracia.
No seré yo quien
rompa una lanza por la socialdemocracia pero viniendo el término de ATTAC en la
que abundan los socialdemócratas, al menos en España, resulta llamativo. Con
alta frecuencia la expresión socialdemócrata se ha utilizado más como
descalificación política que como término definitorio de unas ideas y de una práctica
política “sensu stricto”.
Socialdemócratas
en la actualidad son, en Francia el Frente de Izquierdas, en Grecia Syriza, por
mucho que guste autodefinirse como izquierda radical, en España el PCE e IU y
en general las opciones en las que están organizaciones a la izquierda de los
Partidos Socialistas (PPSS), en muchos casos Partidos Comunistas (PCs), se
autodefinan como lo hagan. Lo son por sus programas políticos y por su acción
política, en aquellos espacios que no son los Estados centrales en los que
gobiernan.
La
socialdemocracia no podrá gobernar con programas socialdemócratas, en el caso
de que alcance los gobiernos centrales, porque un programa tal exige un pacto
con el capital de paz social a cambio de beneficios para la clase trabajadora
pero hoy el capital ni quiere ni necesita tal pacto. Y sin pacto social, un
intento de reformas progresistas está condenado al fracaso, al giro a la
derecha o a su radicalización, lo que supondría ya una política distinta a la
socialdemócrata al necesitar romper las reglas políticas del juego que imponen
las constituciones capitalistas y el poder económico, al modo en el que ha
sucedido en Bolivia o en Venezuela, por ejemplo.
Este tipo de
aclaraciones políticas suelen servir de muy poco porque los lectores y el público
en general carecen de la base formativa necesaria para entenderlas y porque se
llega a las lecturas con posiciones ya muy prefijadas, lo que hace que se interpreten
con filtros distorsionantes, pero es necesario seguir haciéndolas en un
contexto de tan graves carencias de cultura política.
Sin más, les dejo con el artículo aludido.
La venta de historiales clínicos, la
guinda de la privatización sanitaria
Toni
Martínez. La Marea
Los datos médicos de los pacientes británicos podrán
venderse y comprarse a partir de marzo. El pasado mes de mayo,
el diario The Guardian publicaba
una información en la que adelantaba los deseos del Gobierno británico de mercantilizar los historiales
clínicos de los usuarios de la
Sanidad pública. Además, la información ya
apuntaba a uno de los posibles compradores, la empresa aseguradora Bupa.
Esa venta incluirá información sensible acerca de las visitas al hospital, los
tratamientos psiquiátricos de
los pacientes, las estancias en los centros y datos personales como el código postal, sexo, edad y situación económica de los pacientes, según avanzaba The Guardian el pasado domingo.
Esta situación ha provocado la señal de alarma entre los
defensores del sistema nacional público de salud por las implicaciones que
podría tener en España. De hecho, la consultora
PricewaterhouseCoopers (PwC)
en su informe Diez temas candentes para la sanidad española en 2013,
ya dedica un apartado específicamente al open data en
salud.
En el informe de PwC, se asegura que “la liberación de los datos que se generan en el sector de la salud y
su reutilización, generarán beneficios para proveedores, pagadores,
administración, ciudadanos e investigadores”. En este sentido concluyen que
“la información debe estar disponible
como un todo y a un coste razonable” y apela a que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial”.
La comercialización de los historiales clínicos será posible
desde que se ponga en marcha un nuevo programa para facilitar
la historia clínica electrónica a todos los centros de salud y
hospitales del Estado. Se trata de uno de los ejes principales del Ministerio
de Sanidad, que ha hecho suya una de las demandas recurrentes de las aseguradoras privadas.
En junio del año pasado, la ministra Ana Mato ya anunció que había que asegurar
que los médicos dispongan de todos los datos de cada paciente, “venga del servicio que venga”.
El anuncio preocupa desde entonces a los defensores de la
salud pública y a los colectivos que velan por la protección de datos
personales. Si las empresas privadas acceden a datos hasta ahora considerados
confidenciales, pueden comprobar las enfermedades preexistentes de sus asegurados,
estimar los riesgos que presentan y valorar su rentabilidad, un cálculo que
incide directamente en la cuota de su póliza.
La interrelación entre la asistencia pública y privada ya es
un hecho. Hasta ocho hospitales de la red pública tienen como proveedores de
servicios sanitarios a empresas como Adeslas, DKV, Sanitas y Asisa, tal y como
recuerda el portavoz de CASMadrid, Ángel Navarro: “Ya se están filtrando datos de la salud de los ciudadanos,
y esto puede ser peligroso porque se pueden usar por parte de las empresas”,
asegura. En este sentido, Navarro explica que “la intención es que las mutuas
patronales acaben gestionando las bajas del sistema público de salud y ahora
los datos estarían en sus manos”.
España, como Inglaterra
Los defensores de la Sanidad pública alertan del peligro de que se
exporte el modelo británico también en este sentido. Vicente Losada, de la
plataforma auditoria ciudadana de la deuda No debemos no pagamos, sostiene que “el proceso que se está dando en el Estado
español es una reproducción literal del
proceso de privatización que se dio en el Reino Unido, con
consecuencias terribles”.
Para
Losada, “no es baladí que en Inglaterra
se estén planteando vender las historias clínicas de los pacientes a las empresas
privadas ya que uno de los grupos que está haciendo más presión es el Fórum PPP
(Public-Private Partnership), que hace cinco años llegó a España”.
Por
ahora, en el caso de las derivaciones en España, las clínicas privadas no
tienen el historial médico. La única información de la que disponen es el
nombre y apellidos del paciente y su DNI. Cuando le hacen una prueba
diagnóstica, le entregan en mano los resultados, aunque ya hay casos en los que
se envían al médico, lo que hace sospechar que se manejan más datos de los
pacientes.
Carmen Esbrí, del Observatorio de Servicios Públicos de la
organización ATTAC, critica el informe de PwC: “Es de una gravedad enorme ya que quieren clasificar a los
individuos como en una fábrica”. A su juicio, “está clarísimo que el trazado del modelo
que tenemos ahora está muy definido por los sucesivos gobiernos (incluso en
los socialdemócratas) porque esto no
hubiera irrumpido de manera violenta si no se hubiera permitido con leyes
anteriores”.
